Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 28 de Mayo de 1999

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:28 de Mayo de 1999
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

El doctor U.P., actuando en nombre y representación de las sociedades SERVICENTRO, S.A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S.A. y COMISARIATOS, S.A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción con el propósito de que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Las demandas antes mencionadas fueron interpuestas por separado y, por medio del auto de 22 de mayo de 1996, el Magistrado Sustanciador ordenó la acumulación de los respectivos expedientes de conformidad con los artículos 709, 710, 711 del Código Judicial.

Cabe señalar que mediante resolución de 7 de junio de 1996, visible de fojas 84 a 87 del expediente, la Sala Tercera suspendió provisionalmente los efectos de las resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social.

  1. La pretensión y su fundamento.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de las resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social. También se le solicita a la Sala que declare que las empresas SERVICENTRO, S.A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S.A. y COMISARIATOS, S.A. no se encuentran obligadas a pagar suma alguna a la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales, prima de riesgos profesionales y recargos de ley.

Señala la recurrente que en cuanto a la empresa SERVICENTRO, S.A., objeta el alcance llevado por la Caja del Seguro Social con respecto a los pagos realizados a los señores V.M. y M.C., puesto que los mismos no tiene la calidad de trabajadores, sino de profesionales independientes. Agrega que el señor V.M. queda excluido porque el mismo estableció su residencia de forma permanente en Italia.

Con respecto a la empresa SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A. manifiesta que no acepta realizar el pago a F.M. y al licenciado M.C., pues no tienen la calidad de trabajadores. Ello es así, ya que el señor F.M. por ser dueño, no está sujeto a subordinación jurídica ni a dependencia económica en las empresas que conforman el grupo empresarial M. y el licenciado C. en el período en que la Caja de Seguro Social pretende el cobro de las cuotas obrero patronales, prestaba sus servicios profesionales de contador como profesional independiente.

Expresa la actora que en el caso de la empresa COMISARIATOS, S. A. objeta efectuar el pago a favor de M.C., B.M., V.M., R.M. y A.M., ya que B.M. prestaba sus servicios como técnico de la empresa y R. y A.M. son propietarios y dignatarios de la empresa, por lo que no tienen la calidad de trabajadores.

Según la parte actora las resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, han infringido los artículos 62, 82, 87 y 140 del Código de Trabajo, el literal b) del artículo 2, artículo 35-B, los literales c), d) y e) del artículo 62, artículo 66-A, artículo 19 y 22 del Decreto Ley 14 de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social.

La actora señala que el artículo 62 del Código de Trabajo fue infringido, pues a pesar de que esta norma define lo que es el contrato de trabajo, la Caja de Seguro Social se aparta de este concepto y le impone la obligación de pagar cuotas a favor de personas que no son ni han sido nunca sus trabajadores, que están sin subordinación jurídica ni de dependencia económica que ofrecen libremente sus servicios profesionales.

Con respecto al artículo 82 del mismo cuerpo legal, la demandante señala que esta norma fue infringida en concepto de violación directa por omisión, puesto que entre las empresas del grupo MANGRAVITA y las personas señaladas en el informe de auditoría como trabajadores de las mismas, no existe una relación de tipo laboral, porque está ausente el elemento indispensable para que ella se configure, que es la subordinación o dependencia, por tanto, mal puede obligar la Caja de Seguro Social a pagar cuotas obrero patronales por personas que no tienen la calidad de trabajadores de estas empresas.

Otra norma que se estima infringida es el artículo 87 del Código de Trabajo, que define el concepto de empleador, el cual no fue tomado en cuenta por los funcionarios de la Caja de Seguro Social. Señala la actora que no es empleadora de V.M., A.M., R.M. y M.C., ya que con respecto a este último los servicios que prestó se dieron en forma profesional e independiente y con respecto a los anteriores éstos no ejecutaron obra alguna ni prestaron sus servicios a las empresas por ser dueños y dignatarios.

También se considera infringido el artículo 140 del Código Laboral que define lo que es el salario. Manifiesta la actora que la Caja de Seguro Social de todas maneras pretende desnaturalizar el pago efectuado porque no se le pagó salario a las personas mencionadas, sino honorarios profesionales, dietas, gastos de representación y viáticos.

La demandante considera que se ha quebrantado el literal b) del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que obliga a los trabajadores a someterse al régimen obligatorio de seguro social, ya que se está obligando a pagar cuotas obrero patronales por personas que no prestan servicios como trabajadores y cita los casos de cada una de las empresas.

Con respecto a la violación del artículo 35-B del Decreto Ley Nº 14 de 1954, reformado por el artículo 27 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, la actora advierte que no existe relación de tipo obrero patronal entre ellas y los profesionales independientes y dueños y dignatarios de las mismas, por lo que no están obligadas a pagar las cuotas del seguro social por estas personas.

Otra norma que la actora estima que se ha quebrantado es el literal c) del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que se refiere a lo que debe entenderse como trabajador, resaltando la característica de patrono o empleador, la cual está ausente en el presente caso con relación a la persona independiente o no dependiente o ejecutivo o dueño de la empresa que se mencionan en el Alcance.

Igualmente señala que se violó el contenido del literal d) de esta misma norma que define lo que se entiende por patrono o empleador, por lo que ninguna de las características de esta definición están presentes en las relaciones de las empresas M. con las personas incluidas en el Alcance de Auditoría.

Asimismo estima como infringido el literal e) de la misma norma que define como independiente a toda persona natural que trabaje por su propia cuenta, sin depender de un patrono o empleador, ya que ese es el caso de las personas incluidas como trabajadores en el Informe de Auditoría.

Con respecto al concepto de infracción del artículo 66-A del Decreto-Ley 14 de 1954, señaló que no existe obligación de las empresas de deducir cuotas a las personas mencionadas o incluidas erróneamente en el informe o el Alcance de Auditoría, toda vez que algunas son personas independientes y las otras son propietarios de las empresas, que no le prestan a las empresas del grupo M. servicios en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

La actora reputa como infringido el artículo 19 del Decreto-Ley 14 de 1954 que preceptúa que en caso de ausencia del Director General de la institución, éste designará al funcionario que representará a la Caja de Seguro Social, si el Subdirector General tuviese que ausentarse igualmente. De igual forma, indica que cuando el Director General fuese suspendido provisionalmente, será reemplazado en sus funciones por el Subdirector General. Por lo anteriormente señalado, la actora impugna el contenido de las resoluciones emitidas por la Subdirección de la Caja de Seguro Social, porque fueron suscritas por la señora E.M. en nombre del Subdirector General, sin que se hubiese acreditado que en la fecha de emisión de los actos impugnados el Director General y el Subdirector General estaban ausentes, en uso de licencia o de vacaciones, desconociendo entonces el contenido de la norma antes comentada.

Finalmente, considera como infringido el literal h) del artículo 22 que le atribuye al Director General el deber de resolver, en primera instancia, reclamos y consultas e imponer sanciones, y como vimos el Director General sólo puede ser reemplazado en sus funciones siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 19, por ello al expedir otro funcionario las dos primeras resoluciones de primera instancia, se usurparon funciones privativas del Director General.

  1. El informe de conducta del Director de la Caja de Seguro Social.

    El Director General de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta, visible de fojas 92 a 101, en el que señala que el alcance de que fueron objeto las empresas demandantes está debidamente fundamentado, ya que en el caso del licenciado M.C. al efectuarse una inspección ocular a las empresas M., los tres peritos que actuaron, dos de ellos en representación de la Caja de Seguro Social y uno en representación del patrono, afirmó que éste prestó servicios profesionales en los años 1986, 1987 y 1988 y que a partir de febrero de 1989 pasó a ser asalariado. También señala que el planteamiento anterior es parcialmente incorrecto, ya que el señor C. venía siendo declarado al seguro social desde diciembre de 1986, como empleado de la Casa de la Carne No. 3, hecho que fue obviado por los tres peritos, lo que evidencia que es empleado de las empresas M., toda vez que el mismo ejerce sus funciones específicamente en la Casa de la Carne No. 1, lugar en el que está localizado el departamento de Contabilidad de todo el grupo empresarial y que al atender desde un solo despacho todas sus funciones y pagársele individualmente un emolumento en cada empresa a título de honorarios y en una sola de ellas pagarle salarios y declararlo al seguro social, parece indicar que se quería cotizar una suma mínima y omitir el resto de los emolumentos del régimen de seguro social.

    En cuanto al señor R.M. indica que el mismo es empleado regular declarado a la Caja de Seguro Social por el patrono F.M., S. A., empresa del grupo M., y que recibió adicionalmente del patrono M., S.A. a título de honorarios profesionales y bonificación, entre los años de 1986 y 1990, emolumentos que no fueron declarados a la Caja de Seguro Social, a pesar de que se trataba de salarios.

    Con respecto al señor A.M. manifiesta que es empleado regular declarado a la Caja de Seguro Social por el patrono Supermercados y C., S.A. y cobró entre 1985 y 1990, otros emolumentos a título de honorarios profesionales de las empresas F.M., S.A., Casa de la Carne No. 3, S.A., M., S.A. y C., S.A.

    En relación al señor F.M. señala que actuó como G. General del grupo empresarial, no fue declarado a la Caja de Seguro Social por ninguna de las empresas, ni registraba regularmente cobros de un salario fijo, pero que a discreción retiraba dineros de las empresas y al final del año se realizaba un solo asiento de contabilidad registrando el valor de los servicios gerenciales prestados durante el año el valor de B/.42000.00 anuales, considerados como abonos para rebajar el monto de los retiros previamente efectuados, siéndoles remuneradas a base de honorarios profesionales y nunca le pagaron intereses, honorarios y dietas como se pretende afirmar.

  2. La vista de la Procuradora de la Administración.

    La señora Procuradora de la Administración, mediante la vista No. 355 de 13 de agosto de 1996 (fs. 102-119), solicita a la Sala Tercera que rechace las pretensiones del doctor U.P., apoderado judicial de las sociedades SERVICENTRO, S.A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S.A. y COMISARIATOS, S. A. Ello es así, pues está demostrado que los señores V.M., F.M. y M.C. tuvieron una relación laboral con las empresas Servicentro, S.A., Supermercados y C., S.A. y C., S.A., estando caracterizado dicho vínculo en la dependencia económica y subordinación jurídica, pues las empresas del grupo M. no atendieron al contenido del literal b) del artículo 2 y 35-B del Decreto Ley 14 de 1954 y, además, que no se ha configurado la relación de trabajador independiente en el caso de los señores V. y B.M., ya que en 1984 estos señores recibieron de las empresas M. sumas de dinero periódicas y estuvieron sujetos a horarios en las empresas demandantes, por lo que estas empresas están obligadas a pagar cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social, conforme a lo que dispone el artículo 66-A de la Ley Orgánica del Seguro Social.

  3. Decisión de la Sala.

    En esta etapa procesal, los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver la presente controversia, previas las consideraciones siguientes.

    La pretensión de las empresas SERVICENTRO, S.A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S.A. y COMISARIATOS, S.A. es que se deje sin efecto el alcance decretado por el Departamento de Auditoría de la Caja de Seguro Social contra estas empresas en relación con la obligación de las empresas demandantes de pagar las cuotas obrero patronales de los señores F.M., R.M., A.M., B.M. y el licenciado M.C., porque con respecto a otros trabajadores, se aceptó el alcance de las cuotas obrero patronales.

    Las normas que la actora estima como violadas en el Código de Trabajo son los artículo 62, 82, 87 y 140 porque la institución de seguridad social les ha atribuido la calidad de trabajadores a personas que no lo son, imponiéndole la obligación de pagar cuotas por estas personas que no han sido nunca sus trabajadores.

    Con respecto al señor M.C. es necesario señalar que los peritos designados en este proceso, practicaron una inspección judicial (fs. 209-213) a las oficinas del licenciado C., ubicadas en Ave. Perú, Edificio del Banco Nacional, 4to. piso Nº 18 con el fin de aclarar la situación laboral del mismo. En este sentido, la Sala observa que no se ha probado que el señor C. tenía una oficina independiente.

    De acuerdo con los informes periciales el licenciado C. inició labores para las empresas del grupo M. desde 1986, por lo que no podría considerarse su actividad profesional como de tipo independiente, cuando esa misma función la desempeñaba de manera simultánea para el resto de las empresas que integran el mismo grupo empresarial.

    Por lo tanto, la relación del señor C. con las empresas SERVICENTRO, S.A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S.A. y COMISARIATOS, S. A. desde diciembre de 1986 es de carácter laboral.

    Del análisis anterior, se colige que toca hacer el ajuste correspondiente al año de 1985 y parte de 1986 para el señor M.C. en las Resoluciones No. 3620-92 SUB-D. G. y 3619-92 SUB-D. G., toda vez que de las pruebas aportadas y de los dictámenes periciales practicados se pudo demostrar que venía siendo declarado como trabajador de una de las empresas demandantes desde diciembre de 1986, por tanto, no procede el alcance efectuado con anterioridad a esa fecha en relación con el licenciado C..

    Cabe advertir que esta S. se ha pronunciado con respecto a la condición del licenciado C. en las empresas M. en las sentencias de 17 de agosto de 1998 y de 14 de diciembre de 1998.

    Con respecto al señor V.M. se observa una nota con fecha de 10 de julio de 1990 (f. 48 del expediente de Comisariatos, S. A.), recibida en la sección consular de la embajada de Panamá en Roma, en la que éste deja constancia de que se encuentra con vida y que reside en Italia con carácter de permanente desde enero de 1987. También consta de foja 238 a 239 del expediente la Nota No. SG-3044 de 21 de septiembre de 1990 del Departamento de Migración en el que se certifica el movimiento migratorio del ciudadano italiano V.M.. No obstante, la actora señala que el señor V.M. recibía sumas de dinero en concepto de honorarios profesionales, pero la Sala observa que no existe documento alguno que compruebe tal afirmación.

    En relación con el señor F.M. se infiere que el mismo era el Gerente General de las empresas M., tal como consta en el expediente administrativo, y, por tanto, debe ser considerado como trabajador de la empresa, por lo que le correspondía reportar las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social.

    Según certificación emitida el 9 de junio de 1998, por la Junta Directiva del Grupo Mangravita, visible de fojas 225 a 228, el señor F.M., además de ser el accionista mayoritario de todas las empresas que conforman el Grupo Mangravita, es el Gerente General de cada una de estas empresas desde el inicio de sus operaciones.

    En cuanto al señor V.M., la Sala advierte que consta a foja 21 del expediente de Supermercados y C., S.A. una carta notariada en la que V.M. declara que en su calidad de empresario independiente, recibió de la empresa Supermercados y Comisariatos, S. A. la suma de B/.25,000.00 por servicios profesionales prestados a la empresa en la compra y la selección de ganado en pie para el sacrificio sin estar sujeto a honorarios de oficina y bajo su propio riesgo. Sin embargo, la Sala considera que sí existió una relación laboral durante 1984, dado que los servicios técnicos de selección y compra de ganado en pie que el señor V.M. prestó a la empresa Supermercados y Comisariatos, S. A. están relacionados con la actividad comercial a la que se dedica la empresa.

    En el caso del señor R.M., la certificación que consta a foja 227, acredita que es el Gerente de Producción y Compras de todas las empresas M., por lo tanto, como explicáramos anteriormente, el hecho de que sea uno de los dueños de la empresa, no impide que sea un trabajador de la misma, si las funciones que desempeña son necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa, y si además, es remunerado por esa labor.

    Con respecto a lo argumentado por los actores de que por ser A.M. uno de los dueños y dignatarios de este grupo empresarial, no puede calificársele como empleado de la empresa, tanto la entidad demandada, en su informe de conducta, como la Procuraduría de la Administración, por medio de su V.F., han señalado que el señor A.M. estaba registrado como empleado regular de Supermercados y C., S.A., y que adicionalmente, entre los años 1985 y 1990 recibió una serie de emolumentos registrados como honorarios profesionales.

    Por otro parte, se observa el peritaje practicado por los licenciados E.J. y D.Q., peritos nombrados por la Procuraduría de la Administración, quienes informan lo siguiente:

    "El señor A.M. es Accionista y D. desde diciembre de 1979, ocupaba y ocupa el cargo de Gerente de Operaciones de todas las empresas del Grupo Mangravita, desde el inicio de operaciones de cada una.

    ...

    En la verificación del auxiliar de Egresos e Informe de Auditoría, confirmamos que, en el período de enero de 1984 a marzo de 1990 los señores A.M. y R.M. cobraban por sus servicios G. el monto bruto de sus salarios el cual era de B/.1,000.00 y B/.530.00 respectivamente, los cuales estaban reportados en la planilla.

    La Declaración Jurada de Rentas de estos períodos no reporta pagos en conceptos de gastos de representación y dietas.

    ...

    Los señores R.M. y A.M., de acuerdo con la estructura administrativa del grupo Empresas Mangravita, han tenido y tienen como superior jerárquico a su padre el señor F.M. quien ocupa el cargo de Gerente General.

    (Inspección judicial practicado a la empresa Comisariatos, S.A., fs. 231-236)

    También debe tenerse presente que el señor A.M. ha ocupado el puesto de Gerente de Operaciones de todas las empresas M. desde su creación, cargo que supone funciones propias del curso normal y principal de las empresas, por lo que no podrían calificarse las sumas percibidas como honorarios profesionales.

    Con relación al caso del señor B.M. se observa a foja 37 del expediente de Comisariatos, S.A. una carta notariada en la que B.M. declara que en el año 1984, prestó servicios profesionales a la empresa Comisariatos, S.A. como experto en corte, refrigeración y preservación del ganado en canal y entrenamiento del personal por un monto de B/.42,600.00 sin estar sujeto a ningún horario específico de trabajo y bajo su propio riesgo y responsabilidad. Es necesario señalar que el señor B.M. realizó para las empresas una actividad relacionada con la actividad a la que se dedican los M., como lo es la preservación de carne en canal, refrigeración y cortes de carne, además de que adiestró al personal que labora en la venta de carne, percibiendo la suma de B/.3,500.00 mensualmente durante el año 1984. Por lo tanto, se deduce que entre el señor B.M. y C., S.A. existió una relación laboral, ya que éste no es un trabajador independiente, pues para ser considerado como tal es necesario que los servicios sean prestados por sus propios medios y poseer autonomía técnica y administrativa.

    En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala considera que deben desestimarse los cargos de violación transcritos al principio de esta resolución contra las normas del Código de Trabajo.

    Igualmente, se estiman violados los artículos 19 y 22, literal h) del Decreto Ley 14 de 1954, Orgánico de la Caja del Seguro Social, por considerar que la expedición de los actos impugnados se dio de forma irregular, toda vez que fueron suscritos por la Subdirectora de la institución y no por el Director General, tal como corresponde según el literal h del artículo 22 de la ley citada.

    La Sala discrepa de lo expresado por el apoderado judicial de la actora, pues consta en el expediente certificaciones dictadas por el S. General a. i. de la Caja de Seguro Social, en las cuales consta que E.M. ocupaba el cargo de Subdirectora de la Caja de Seguro Social y que estaba debidamente autorizada por el Director General de la institución para firmar las Resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992.

    Lo anterior indica que no existió una usurpación de funciones, pues a la fecha en que fueron emitidos, la señora E.M. estaba legalmente autorizada para suscribirlos, por lo que tampoco prosperan estos cargos de violación.

    En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE ES ILEGAL el alcance llevado a cabo por la Caja de Seguro Social, en relación con el licenciado M.C., pero sólo hasta diciembre de 1986 y DECLARAN QUE NO SON ILEGALES el resto de las decisiones adoptadas en las Resoluciones No. 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, así como los actos confirmatorios y, por lo tanto, no accede a las otras declaraciones.

    N. y C.

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) J.S.

    Secretaria