Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Julio de 1999

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:30 de Julio de 1999
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. ELSA MENNDEZ DE GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA ENSEÑANZA CATÓLICA (COLEGIO JAVIER), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 106-96 DE 31 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CON... (ver resumen completo)

 
CONTENIDO

VISTOS:

La Lcda. E.M. de G., actuando en representación de la Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier), ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 106-96 de 31 de enero de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por la Junta Directiva al no resolver el recurso de apelación, y para que se hagan otras declaraciones.

  1. La pretensión y su fundamento.

    En la demanda se formula pretensión consistente en que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 106-96 de 31 de enero de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social y los actos confirmatorios contenidos en la Resolución Nº 780-96 de 5 de junio de 1996, también dictada por el Director de la Caja de Seguro Social, y la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, al no resolver en tiempo oportuno el recurso de apelación presentado. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita a la Sala se absuelva a la Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier) de pagar B/. 6,846.28 sobre los supuestos montos no reportados, para la cual se solicita se ordene a la Caja de Seguro Social rebaje de la suma total de la condena impuesta, los cálculos efectuados a esas dos personas, más los intereses y recargos.

    Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, la apoderada judicial de parte actora sostiene que en el acto acusado, se interpretó de manera simplista lo dispuesto en el artículo 2, literal b) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, pues, se asimilan como "trabajadoras" de su representada, a las señoras M.P. y A. de C., cuando las mismas no se enmarcan en la definición que de ello consagra la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social ni el Código de Trabajo. Ello es así, pues, ambas son amparadas por una pensión de vejez, y a los efectos de completar sus ingresos, prestan servicios profesionales a distintas personas naturales, razón por la que los servicios que prestan a su representada no constituyen única y principal fuente de sus ingresos. A ello añade que no existe contrato de trabajo verbal ni escrito, como tampoco están sujetas al Reglamento Interno de Trabajo del plantel.

    En ese orden de ideas, igualmente afirma que no existe disposición alguna en la ley Orgánica de la Caja de Seguro Social ni en los reglamentos, que expresamente obligue a un pensionado por vejez a afiliarse a cotizar obligatoriamente al régimen de seguridad social, por el contrario, a su juicio el artículo 3, literal b) de la Ley Orgánico, prevé como opción el ingreso al régimen a los trabajadores que hayan dejado de estar sujetos al régimen obligatorio de la Caja de Seguro Social.

    Entre las disposiciones que se alegan como infringidas figuran los artículos 2, literal b) y 62 literal c) del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954; el artículo 3 literal b) del Decreto Ley 14 de 1954 y el artículo 82 del Código de Trabajo.

    En opinión de la apoderada judicial de la parte demandante, los artículos 2 literal b) y 62 literal c) del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, fueron violados al ser interpretados erróneamente en el acto que se acusa, en la medida que pone de manifiesto la existencia de una relación de trabajo entre las señoras P. y C. con su representada que no existe.

    En cuanto al literal b) del artículo 3 de la Ley 14 de 1954, la parte actora estima que se violó, pues, se aplicó a una situación de hecho no contemplada en esa disposición. Ello es así, dado que al acogerse la señoras P. y C. a la pensión de vejez, dejan de estar automáticamente bajo el régimen de cotización obligatoria, aún cuando éstas puedan afiliarse voluntariamente, no existe disposición alguna que las obligue a ello.

    Finalmente, la apoderada judicial de la parte demandante, aduce como violado directamente el artículo 82 del Código de Trabajo, pues, a las señoras P. y C. se les endilgó la condición de "trabajadoras" cuando no existe contrato de trabajo de forma alguna, no están sujetas al Reglamento Interno de la institución, y no se encuentran bajo la subordinación jurídica ni la dependencia económica de su representado.

  2. El informe explicativo de conducta expedido por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

    Mediante escrito fechado el 5 de noviembre de 1996, la Directora General de la Caja de Seguro Social rindió el respectivo informe explicativo de conducta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946. En dicho informe la Directora General de la Caja de Seguro Social sostiene que el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 106-96-D. G. de 31 de enero de 1996, se basó en el Informe de Auditoría Nº A. E. I-95-238 de 11 de diciembre de 1995, en el que se estableció que al patrono Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier) adeuda a la Institución la suma de nueve mil novecientos cincuenta y cinco balboas con cuarenta y nueve centésimos (B/. 9,955.49) en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y demás recargos de ley, sumas que fueron dejadas de pagar en el período comprendido del mes de enero de 1990 a julio de 1995, como consecuencia de la omisión en el pago de las cuotas y en la declaración de los salarios devengados por sus trabajadores y no reportados a la Caja de Seguro Social. En ese sentido afirma la Directora General de la Caja de Seguro Social que las sumas recibidas por las trabajadoras M.D.P., A. de C., T.C., M. de L. y D.M., denominadas servicios profesionales, son producto de una relación de trabajo, la cual no escapa del ámbito de la aportación prevista en el campo de la seguridad social; prueba de ello son las hojas de detalle de las omisiones de honorarios pagados visibles a fojas 8, 9, 10, 11, 12, y 13 del expediente administrativo, donde se observa la continuidad de pagos denominados servicios profesionales.

    Por su parte, la Procuradora de la Administración, en la Vista Fiscal Nº 555 de 17 de diciembre de 1996, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. En su opinión, la resolución atacada no está encaminada a sostener la obligatoriedad de cotización de un jubilado, sino la existencia de una relación laboral permanente, independientemente que la persona sea o no jubilada, ya que la Ley que rige la Caja de Seguro Social es muy clara al indicar en el artículo 2, que quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social, "los trabajos al servicios de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional", y en este caso, ha quedado demostrado que las señoras P. y C. siguieron trabajando para el mismo patrono luego de acogerse a la jubilación, con las mismas funciones y bajo la subordinación jurídica de éste. A ello añade que siguieron devengando el mismo sueldo e incluso tuvieron aumento en el mismo.

  3. Decisión de la Sala.

    Evacuados los trámites que a ley corresponden, la Sala procede a resolver la presente controversia con las siguientes consideraciones.

    Mediante la Resolución Nº 106-96 de 31 de enero de 1996, el Director General de la Caja de Seguro Social, resolvió condenar a la Empresa Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier) a pagar a la Caja de Seguro Social la suma de nueve mil novecientos cincuenta y cinco balboas con cuarenta y nueve centésimos (B/. 9,955.49), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de Ley. La actuación de la Caja de Seguro Social descansa sobre la base de que el Departamento de Auditoría a Empresas, procedió a examinar los libros de contabilidad, comprobantes de pago, planilla y demás documentos de la empresa Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier).

    Mediante auto de 28 de octubre de 1996, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada fue admitida y se dió traslado de la misma a la Directora General de la Caja de Seguro Social y a la Procuradora de la Administración.

    Observa la Sala, que el asunto se centra en determinar, en primer lugar, la condición jurídica de las señoras M.P. y A. de C., en lo que concierne a si son catalogadas como trabajadoras de la mencionada empresa, y de allí determinar si las sumas a ellas pagadas no fueron en concepto de salario, sino en concepto de honorarios profesionales, razón por la que no están sujetas al descuento obligatorio de las cuotas obrero patronales.

    La Sala observa que el período auditado por la Caja de Seguro Social, comprende los meses de enero de a diciembre de los años 1990, 1991; de enero a julio de 1992; de enero a diciembre de 1993, y 1994; de enero a julio de 1995.

    Una vez efectuado el examen de rigor, la Sala concluye que, en efecto, la condición jurídica de las señoras P. y C. con respecto a su desempeño en la empresa Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier), de modo alguno puede ajustarse al concepto de "trabajador" previsto en el artículo 82 del Código de Trabajo, motivo por el que las sumas a ellas pagadas y que fueron indicadas en el alcance definitivo elaborado por la Caja de Seguro Social, no fueron en concepto de salario y, por tanto, no están sujetas al régimen de descuento obligatorio de las cuotas obrero patronales.

    Debe tenerse presente que las mencionadas señoras, al momento de efectuarse el alcance definitivo por parte de la Caja de Seguro Social, ya estaban pensionadas por vejez, razón por la que tal como lo indica la apoderada judicial de la parte actora, si se parte de ese hecho, los emolumentos que recibían de su representada no constituían su única ni principal fuente de ingresos, requisito que junto a la subordinación jurídica deben converger para que se configure la relación de trabajo en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 62 del Código de Trabajo. En ese orden de ideas, tampoco existe disposición legal alguna que obligue a los pensionados o jubilados que continúen laborando, a quedar sujetos al régimen obligatorio de la Caja de Seguro Social, mas sí se prevé expresamente para estos casos, la "opción" de ingresar al régimen voluntario en el literal b) del artículo 3 del Decreto Ley 14 de 1954.

    Queda, pues, en evidencia que las señoras M.P. y A. de C. no son trabajadoras de la empresa Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier), pues su condición jurídica no se ajusta al concepto de "trabajador" prevista en el artículo 82 del Código de Trabajo, motivo por el que las sumas que se reflejan en el alcance definitivo, no corresponden a "sueldos" sino a honorarios profesionales por razón de los servicios prestados, sumas éstas de las que no se deducen cuotas de seguridad social. En cuanto a los honorarios profesionales, la jurisprudencia de la Sala Tercera ha sido constante al sostener que no son asimilables a la definición de sueldo prevista en el literal b) del artículo 62 del Decreto Ley 14 de 1954, motivo por el que no están sujetos al pago de cuotas de seguridad social.

    En virtud de lo anotado, es dable acceder a lo impetrado, ya que la Sala coincide con la tesis en que descansa la demanda y el alegato de conclusión, en cuanto a que, efectivamente, la Caja de Seguro Social al expedir el acto acusado ha infringido los artículos 2 literal b), 3 y 62 literal c) del Decreto Ley 14 de 1954, así como también el artículo 82 del Código de Trabajo.

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES PARCIALMENTE NULA, la Resolución Nº 106-96 de 31 de enero de 1996 expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social, en relación con el alcance de los montos omitidos que corresponden a las señoras M.P. y A. de C. como también lo son sus actos confirmatorios en ese sentido y, en consecuencia, SE ABSUELVE a la Organización para la Enseñanza Católica (Colegio Javier) de pagar B/. 6,846.28 sobre los supuestos montos no reportados y SE ORDENA rebajar de la suma total de la condena impuesta los cálculos efectuados a estas dos personas, más los intereses y cargos aplicables.

    N. y Cúmplase.

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.B. DE GERNADO

    Secretaria