Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 1995

Ponente:DÍDIMO RÍOS VÁSQUEZ
Fecha de Resolución:30 de Octubre de 1995
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

El Lcdo. J.C.G. actuando en representación de Textiles La Chorrera, S.A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula, por ilegal, la Resolución Nº 3-4843 de 10 de agosto de 1993 emitida por la Comisión de Clasificación de la Caja de Seguro Social y el acto confirmatorio contenido en la Resolución Nº 9610-94-J. D. de 5 de septiembre de 1994, emitida por la Junta Directiva de la misma entidad demandada, y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos los actos antes mencionados y a su vez, se decrete que la clasificación de la demandante es Clase II grado promedio correspondiente al porcentaje de 0.98%.

En el acto impugnado, la Caja de Seguro Social exige a la expresa Textiles de la Chorrera el 2.10% de los salarios mensuales pagados a los trabajadores en concepto de prima de antigüedad al efectuar una reclasificación de ella a la Clase III grado 30. La Caja de Seguro Social sostiene que conforme lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 1970, es facultad de ese organismo que cada tres años se lleve a cabo la revisión de las clases y grados de riesgo de las empresas. Aunado a ello, sostiene la Caja de Seguro Social que según lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias en materia de riesgos profesionales, las primas a pagar por las empresas se determinan en atención a las actividades económicas de las mismas, así como al margen de peligrosidad a que están expuestos los trabajadores. En este caso, en opinión de la entidad demandada, previa evaluación del informe presentado y en base a los riesgos que caracterizan a la actividad desempeñada por la empresa Textiles La Chorrera, entre ellos "ergonómicos (posturales) respiratorios y afecciones en la piel" se decidió reclasificar a dicha empresa dentro del grado y clasificación antes mencionado.

La parte actora estima que se ha violado el artículo 50 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970, cuyo texto es el siguiente:

La determinación de clases y grados de riesgo de cada empresa se hará en base a un Reglamento, en el que se clasificarán las actividades según la menor o mayor peligrosidad a que estén expuestos los trabajadores.

La Caja de Seguro Social colocará a cada empresa, individualmente considerada, dentro de la clase que le corresponde, de acuerdo con la clasificación que haga el Reglamento.

Además, la Caja hará la fijación del grado de riesgo de la empresa, en atención a las medidas de prevención e higiene del trabajo, condiciones de este y demás elementos que influyen sobre el riesgo particular de cada empresa o establecimiento, según el Reglamento.

P.. Inicialmente las empresas quedarán ubicadas en el grado promedio de la clase que corresponden.

El Lcdo. C. sustenta su pretensión en base en que, según su opinión, el acto impugnado es nulo por ilegal ya que fue emitido en violación directa de la ley, con quebrantamiento de las formalidades legales y desviación de poder, dado que a su mandante le corresponde se le aplique la Clase II grado promedio 0.98 en atención a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 50 del Decreto de Gabinete 68 de 1970.

A juicio de la parte actora, el artículo 50 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970 que hace referencia a la determinación de clases y grados de riesgos de la empresa, ha sido violado de manera directa por omisión o falta de aplicación, pues, a su criterio, dicha disposición prevé la existencia de un Reglamento donde se clasifiquen las actividades de las empresas según su peligrosidad y que el grado de riesgo en cada clase se fijará en atención a las medidas de prevención e higiene en el trabajo. Sostiene el Lcdo. Costarangos que no existe tal reglamento, razón por la cual hasta que no se haga efectivo el mismo, no se puede reclasificar a ninguna empresa, y a su mandante se le debe mantener en la Clase II, Grado Promedio cuyo porcentaje es de 0.98% al tenor de lo que dispone el párrafo final del artículo 50 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970. Añade el apoderado judicial de la parte actora, que la Caja de Seguro Social mediante el Acuerdo Nº 2 por el cual se dicta el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y R. de Seguro de Riesgos Profesionales, sólo estableció una tabla de aporte para el seguro de riesgos profesionales que establece las clases y diferentes tarifas dentro de las mismas, mas no se definen las actividades aplicables a cada clase.

A juicio de la parte actora entre los motivos de ilegalidad que se endilgan al acto que se acusa se vislumbra la violación directa de la ley, el quebrantamiento de las formalidades legales y la desviación de poder, dado que la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social no tiene facultad para reclasificar a ninguna empresa hasta que se emita el correspondiente reglamento en el cual se defina y clasifique por actividad la clase que le es aplicable.

El Director General de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo mediante nota fechada el 6 de febrero de 1995 en los siguientes términos:

"De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970, y tomando en consideración la actividad económica que realiza la empresa TEXTILES LA CHORRERA, S.A., (ensamblaje de ropa interior de mujer), la Comisión de Clasificación de Empresas, mediante Resolución 3-4843 de 10 de agosto de 1993, reclasificó a la mencionada empresa en la Clase de Riesgo III. Grado 30 y Tarifa de 2.10% de los salarios mensuales pagados a los trabajadores, en concepto de prima de riesgos profesionales.

Surtidos los trámites de notificación previos para estos casos, el cual se efectuó el 21 de octubre de 1993, la empresa presentó dentro del término legal conferido, el Recurso de Apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revocatoria del acto impugnado.

La solicitud de apelación fue resuelto mediante la Resolución Nº 9610-94-J. D. de 5 de septiembre de 1994, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en la cual se resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 3-4843 de 10 de agosto de 1993, por la cual la Comisión de Clasificación de Empresas, resolvió reclasificar a la empresa TEXTILES LA CHORRERA, S.A., distinguida con el número patronal 86-243-0010 en la Clase de Riesgo III, Grado 30 y por lo tanto, pagar 2.10% de los salarios mensuales pagados a los trabajadores, en concepto de prima de riesgos profesionales.

En cuanto a la reclasificación de la empresa TEXTILES LA CHORRERA, S.A., resulta oportuno señalar que la Comisión de Clasificación de Empresas procedió a realizar una revisión de la tarifa, tomando como fundamento el Artículo 54 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970 ...

Por otro lado, el Artículo 52 del texto legal en referencia, en concordancia con el Artículo 15 del Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Recargos de Seguro de Riesgos Profesionales, determinan que la clasificación individual de las empresas se hará tomando en cuanta la actividad principal o predominante que cada una desarrolle.

Además, dispone el Artículo 12 del citado Reglamento, que las empresas quedarán ubicadas en el grado medio de riesgo, dentro de la clase que les correspondan, según su actividad económica.

En consecuencia, la Comisión de Clasificación de Empresas, en atención a la actividad económica y los recargos propios de la empresa, procedió a ubicarla en la Clase de Riesgo III, correspondiéndole según la Tabla de Aporte para el Seguro de Riesgos Profesional, tipificada en el Artículo 36 del Reglamento en estudio, el grado medio de Riesgo 30, con una tarifa de 2.10% sobre los salarios."

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Nº 11 de 14 de marzo de 1995, se opone a las pretensiones de la parte demandante, pues, a su criterio, la Comisión de Clasificación de Empresas sí tiene facultad para clasificar de acuerdo al artículo 19 del Reglamento de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social conjuntamente con los artículos 63 y 64 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 1970. Aunado a ello afirma la Procuradora de la Administración, que la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social, hace la respectiva clasificación al tomar en cuenta determinados patrones y circunstancias consignados en las respectivas normas legales. A su juicio, esta clasificación toma en cuenta elementos objetivos. Es de allí, que para la clase de riesgos se toma en cuenta la actividad predominante o principal a la que se dedica la empresa de acuerdo a la mayor o menor peligrosidad, y, para determinar los grados de riesgo, se analiza la frecuencia o severidad de los accidentes que ocurren en la empresa y si se toma igualmente en consideración las correspondientes medidas de seguridad adoptada por la patronal, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de dicho reglamento. A ello añade la Procuradora de la Administración, que el artículo 12 del mismo reglamento señala que las empresas quedarán ubicadas en el grado medio de riesgos dentro de la clase que le corresponda. En ese sentido, opina dicha funcionaria, al tener la empresa TEXTILES LA CHORRERA, S.A. como principal actividad el ensamblaje de ropa interior, implica que los riesgos profesionales que corren los trabajadores se incluyen operaciones de tipo "ergonómicas" que incluyen a su vez, efectos respiratorios y afecciones en la piel tal como se evidencia a foja 27 del expediente administrativo.

Para resolver, la Sala entra a considerar en primer lugar, la facultad de la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social para efectuar la clasificación de las empresas y la asignación del grado de riesgo en la respectiva clase. En relación a ello, se observa que en el artículo 19 del Acuerdo Nº 2 por el cual se dicta el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y R. de Seguro de Riesgo Profesionales, se le asigna a la Dirección de Riesgos Profesionales dicha función bajo la aprobación de la Comisión de Clasificación de Empresas. El artículo en mención, nos remite a su vez a los artículos 63 y 64 parte final del Decreto de Gabinete Nº 68 de 1970, donde se prevé claramente la competencia de dicha comisión para efectuar la clasificación y la asignación del grado de riesgo en la clase que corresponda, para los efectos de la fijación de las primas del Seguro de Riesgos Profesionales a que alude el artículo 49 del mismo decreto.

En segundo lugar, observa la Sala que para efectuar la clasificación a que hacen referencia los artículos antes mencionados, tanto para la clase de riesgo como para el grado de los mismos, se toma en cuenta la actividad predominante que desarrolle cada empresa y la frecuencia o severidad de los accidentes que ocurran conjuntamente con las medidas de seguridad adoptadas por el patrono respectivamente, tal como lo estipula el artículo 11 del Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y R. de Seguro de Riesgos Profesionales.

En relación a la violación endilgada al artículo 50 del Decreto Nº 68 de 31 de marzo de 1970, que a juicio de la parte actora se dio por violación directa, quebrantamiento de las formalidades legales y desviación poder, no coincide la Sala con lo expuesto por el recurrente por las razones que exponemos a continuación.

Una vez comprobada la facultad concedida a la Comisión de Clasificación de Empresas para llevar a cabo la clasificación de las empresas, y que a juicio de la parte actora no puede efectuar dada la ausencia del reglamento a que prevé el artículo 50 del Decreto 68 de 1970, observa la Sala que sí existe ese instrumento legal contenido en el Acuerdo Nº 2 de 29 de mayo de 1995 por el cual se dicta el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y R. de Seguro de Riesgos Profesionales publicado en la G.O. Nº 22.805 de 15 de junio de 1995 al que ya hemos hecho referencia, razón por la cual la actuación contenida en la Resolución Nº 3-4843 de 10 de agosto de 1993, se ajusta a derecho.

Observa igualmente la Sala que dentro del expediente se evidencia que la Empresa Textiles La Chorrera, no había sido objeto de evaluación pormenorizada durante todo el tiempo de operaciones. Es en razón de lo anterior, que la Comisión de Clasificación de Empresas efectúa la reclasificación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto Nº 68 de 31 de marzo de 1970, en el cual se prevé la revisión de las clases y grados de riesgos cada tres años por parte de la Caja de Seguro Social.

A juicio de la Sala, la reclasificación de la Empresa Textiles La Chorrera, S.A., dentro de la clase de riesgo III, Grado 30 tiene claro fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970 conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento en mención. Dichas disposiciones establecen que la clasificación de las empresas se hará tomando en cuenta la actividad principal o predominante que cada una desarrolle, en este caso, el ensamblaje de ropa interior de mujer el cual tiene riesgos ocupacionales inherentes, tales como los "riesgos ergonómicos" que implica largos períodos de tiempo sentados y afecciones respiratorias, como se observa en el Informe Nº DAL-IJD-32-94 de 11 de mayo de 1994 para la Junta de la Caja de Seguro Social que reposa de fojas 27 a 29 del expediente administrativo. Una vez efectuada la clasificación para la clase de riesgo según la actividad principal o predominante de la empresa, se determina el grado del riesgo, y el artículo 11 literal b) de reglamento y el artículo 50 del Decreto 68 de 31 de marzo de 1970 regulan esta situación cuando establecen que los grados de riesgos se determinan por la frecuencia o severidad de los accidentes que ocurran en la empresa, conjuntamente con las medidas de seguridad adoptadas por el patrono y en atención a las medidas de prevención e higiene más otros elementos que inciden en los riegos particulares de cada empresa respectivamente.

Finalmente, y para tales efectos, observa la Sala que el artículo 36 del Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y R. de Seguro de Riesgos Profesionales establece la Tabla de Aporte para Seguro de Riesgos Profesionales, y es en razón de ella, que la Comisión de Prestaciones determinó que la Empresa Textiles La Chorrera, S.A., está clasificada en la Clase III, por lo tanto el grado medio de Riesgo que le corresponde es 30 y la tarifa a pagar para el grado medio es 2.10% sobre los salarios.

Por todo lo antes expuesto, a juicio de la Sala la actuación de la Comisión de Clasificación de Empresa de la Caja de Seguro Social contenida en la Resolución Nº 3-4843 de 10 de agosto de 1993, no ha violado el artículo 50 del Decreto de Gabinete Nº 68 de 31 de marzo de 1970, razón por la cual lo procedente es, pues, desestimar las pretensiones de la parte demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución Nº 3-4843 de 10 de agosto de 1993, emitida por la Comisión de Clasificación de Empresa de la Caja de Seguro Social ni tampoco lo es su acto confirmatorio.

N. y Cúmplase.

(fdo.) D.R. VÁSQUEZ

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) J.S.

Secretaria