Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 1996
| Ponente | EDGARDO MOLINO MOLA |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 1996 |
| Emisor | Primera de lo Civil |
VISTOS:
la firma T., V. y V., en nombre y representación de LA DOLORES, S.A., ha interpuesto demanda contenciosos administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor de la República, el cual ha ordenado al Director General del Registro Público que se abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue, entre otras, la Finca Nº 48,088, inscrita al Tomo 1134, F. 152; Finca Nº 639, inscrita al Tomo 15, F. 28; y Finca Nº 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del B..
CONSIDERACIONES DE LA PARTE ACTORA
Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado resulta violatorio de los artículos 1, 2, 11, 29, 55 literales f) y g), y 82, todos de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República; los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal; y artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1943.
El demandante fundamenta su apreciación en el hecho de que con fecha de 14 de diciembre de 1993, el Comité Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del B., emitió una Resolución mediante la cual autorizó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que en su condición de P. de dicho Comité, solicitara la excepción de licitación pública y se autorizara la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en la Finca Nº 48,088, inscrita al Tomo 1134, F. 152; Finca Nº 639, inscrita al Tomo 15, F. 28; y Finca Nº 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95, inscritas en el Registro Público, Provincia de Panamá, antiguos arrendatarios y expropietarios. Que dicha Resolución, establecía un precio de trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00) por hectárea y se otorgó un plazo de 90 días calendario para la formalización del contrato de compra venta y para el pago del precio de venta, contados a partir de la publicación de la Resolución del Consejo de Gabinete.
Continúa exponiendo la parte actora, que al adoptar el Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano la decisión de venta, estuvo presente, con derecho a voz, la Contraloría General de la República, representada por el licenciado T.U., quien participó avalando todas y cada una de las decisiones, sin que se evidenciara dentro de la función fiscalizadora que tenía alguna objeción a las mismas. Que el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución Nº 768 del 22 de diciembre de 1993, resolvió exceptuar del requisito de Licitación Pública al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y autorizar la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en las Fincas Nº 48088, 639 y 490, y en dicha sesión participó el Ex-Contralor General de la República, licenciado J.C.B., quien nada objetó.
La Resolución Nº 768, estableció como precio de venta la suma trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00) por hectárea, en donde el plazo y condición estaban plasmadas en la Resolución del Comité Ejecutivo de la Corporación Bayano. Que esta Resolución fue adicionada por la Resolución Nº 96 de 9 de febrero de 1994, en donde se exceptuaba al Ministerio de Desarrollo Agropecuario del trámite de Licitación Pública y lo autorizó para que vendiera directamente a los arrendatarios que desde 1992, mantiene contrato con la Corporación, y ese es el supuesto en que quedó incluida LA DOLORES, S. A.
Sigue indicando el recurrente, que en virtud de la celebración del contrato de compraventa, de los globos de terreno de propiedad de la Corporación Bayano, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Escritura Pública Nº 3467 de 14 de abril de 1994 otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, ingresa al Registro Público para cumplir con la exigencia legal de transferir el dominio sobre los bienes inmuebles aprobados.
Que posteriormente la Contraloría General de la República emite Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, ordenándose al Director del Registro Público que se abstenga de inscribir dichas fincas.
Finalmente manifiesta el recurrente, que el Contralor General de la República para tomar la medida cautelar que afecta la inscripción de la Escritura Pública que contienen los contratos de compraventa celebrados por LA DOLORES, S.A., con la Corporación sostuvo que la Resolución del Consejo de Gabinete no se ajustaban a lo regulado por el Código Fiscal sobre la materia concerniente a la disposición de Bienes Nacionales, sin tomar en cuenta que los bienes no son nacionales sino pertenecientes a una Institución Autónoma regida por su propia Ley.
Una vez admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador, le solicitó al Contralor General de la República rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada por LA DOLORES, S. A.
INFORME DE CONDUCTA DEL CONTRALOR
Mediante Nota Nº 158-DC-1-F-28 de 30 de agosto de 1995, el Contralor General de la República señaló que La Contraloría General de la República dictó la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, mediante la cual ordenó al Director General del Registro Público de Panamá se abstuviera de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase, o segregue las fincas pertenecientes a la Corporación para el Desarrollo Integral del B., descritas detalladamente en dicha Resolución. Igualmente se ordenó a la Dirección general de Ingeniería de la Contraloría que efectuara sobre las fincas aludidas diligencia pericial, para que se determinara las medidas, los linderos, la superficie, la ubicación y el valor o avalúo por hectárea de cada uno de los terrenos, además de que se le dio instrucciones a esta Dirección para que elaborara un informe de auditoría que reflejara todo lo relacionado a la enajenación de los terrenos y las fincas de la Corporación Bayano para precisar si se han cometido actos que lesionen el patrimonio público.
Que la Resolución Nº 33-94 de 18 de mayo de 1994, se dictó toda vez que el Consejo de Gabinete emitió las Resoluciones de Gabinete Nº 768 de 22 de diciembre de 1993, Nº 96 de 9 de febrero de 1994 y Nº 137 de 9 de marzo de 1994, mediante las cuales se dispuso enajenar parte de los terrenos que ocupan y administra la Corporación para el Desarrollo Integral del B.. Que el Consejo de Gabinete igualmente autorizó la venta directa de algunas fincas a antiguos arrendatarios, entre ellos a la empresa LA DOLORES, S.A., y se fijó un precio de venta de la hectárea en la suma de trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00). Que este precio es objetado por parte de esa institución, y fue lo que motivó la expedición de la Resolución recurrida.
De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la sociedad precitada para que defendiera el acto.
CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Procuradora de la Administración por medio de la Vista Nº 391 de 21 de septiembre de 1995, se opuso a la pretensión de la parte demandante bajo el argumento de que las supuestas violaciones de los artículos 11, 55, 82, 1, 2 y 29 de la ley Orgánica de la Contraloría general de la República, no se dan bajo ningún concepto, ya que la intervención de esta institución de fiscalización se dio dentro de las normas legales y constitucionales, y que con el dictado de la Resolución Nº 33-94, que es el acto acusado, se está dando cumplimiento a las estipulaciones legales; que caso contrario sería el hecho de que la Contraloría se hubiera abstenido de actuar como lo hizo. Que en lo que respecta a las normas que aluden a los bienes nacionales, las tierras vendidas por la Corporación para el Desarrollo Integral del B. no pueden ser consideradas como tales.
Por último en lo concerniente a los artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1943, señala la funcionaria que las disposiciones antes mencionadas se refieren a la notificación personal de los actos. Que la resolución Nº 33-94, no pone término al proceso o actuación administrativa, y en ella, no ha intervenido particular alguno, ni ha quedado obligado. Que por el contrario, este acto administrativo va dirigido al Director del Registro Público y lo obliga a abstenerse de realizar inscripciones sobre las fincas que enumera la Resolución. Que la Contraloría General actuó conforme a derecho y notificó la Resolución impugnada por Edicto Nº 37 de 3 de junio de 1994.
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