Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Abril de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:29 de Abril de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce el sumario remitido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, incoado a V.G.U., B.E.P.Q.Y.A.A.U.B., por presunto delito Contra La Administración Pública, en perjuicio de la Junta Comunal de Chilibre. I- LA INVESTIGACIÓN SUMARIA La denuncia penal presentada el día 27 de julio de 2006, por L.R., R. de Corregimiento de Chilibre, para esa fecha, ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, fue motivada por los resultados del Informe de Auditoría realizado por el Contador Público Autorizado, O.E.C., a las operaciones contables de esa Junta Comunal, durante el período comprendido de 1999 a 2004. En el informe de auditoría de marras, se determinó la existencia de malos manejos con relación a la venta y cobro de terrenos pertenecientes a esa Junta Comunal y se detectó una partida de ingresos varios por la cantidad de noventa y siete mil ochocientos cincuenta balboas (B/.97,850.00) para el mes de marzo de 2002, considerada como venta de tierras. Esta partida fue depositada en el Banco Nacional de Panamá, en la cuenta de la Junta Comunal de Chilibre No.06-84-0017-1, que de acuerdo al auditor, ese dinero es de dudosa procedencia, toda vez que en el libro de control bancario existe una anotación a lápiz que dice "H.L. Garrido". En ese informe de auditoría se determinó también, la existencia de un contrato de compraventa de terrenos a nombre del ex- R. de Corregimiento de Chilibre, V.G.U., quien intervino como vendedor y comprador de un lote de terreno, según el contrato No.009 de 18 de junio de 1998. Correspondió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante resolución de 27 de julio de 2006, aprehender el conocimiento del sumario y ordenó la práctica de las diligencias tendientes a cumplir con lo preceptuado en el artículo 2031 del Código Judicial, relativo a la instrucción del sumario. En este sentido, solicitó a la C.ía General de la República, realizara una auditoría a la Junta Comunal de Chilibre, a fin de determinar la existencia o no de irregularidades en la venta de terrenos propiedad de la referida Junta Comunal, en el período comprendido de 1999 a 2004. A solicitud del agente de instrucción, el Tribunal Electoral, mediante Nota No.1479N/SG/2006 de 9 de agosto de 2006, remitió copia autenticada de la credencial de V.G.U., que lo acreditó como representante del Corregimiento de Chilibre para el período constitucional de 1999-2004 (f. 15-16). El Registro Público de Panamá, mediante Nota CERT/5069/2006 de 30 de agosto de 2006, remitió las certificaciones sobre las fincas No.23514 y 27593, que indican que el propietario de estos inmuebles es la Junta Comunal de Chilibre (fs. 20-22). Con fundamento en la Resolución de 12 de enero de 2007 de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Tercera Anticorrupción dispuso la remisión del sumario a la Fiscalía Décima del Primer Circuito Judicial de Panamá, a efecto de que ejerciera la acción penal y demandara lo que en derecho correspondía. Mediante V.F. No.130 de 31 de julio de 2007, la Fiscalía Décima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, solicitó al Juez del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en turno, dictara un sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal, por considerar que a esa fecha no se había incorporado el Informe de Auditoría de la C.ía General de la República para determinar si existió o no lesión patrimonial al erario público (fs. 50-54). El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó la ampliación del sumario, en Resolución de 7 de septiembre de 2007, para que, entre otras diligencias, se incorporara el Informe de Auditoría de la C.ía General de la República (fs. 56-59). Posteriormente, mediante Vista de Ampliación No.009 de 30 de noviembre de 2007, se devolvió el sumario al Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, con solicitud de Sobreseimiento Provisional de Carácter Objetivo e Impersonal, ya que se había cumplido con lo dispuesto en el Auto de Ampliación, a excepción del Informe de Auditoría que aún no se había incorporado al cuaderno penal (fs. 143-146). El Tribunal de la causa en Resolución Sob. Provisional No.215-07 de 26 de diciembre de 2007, resolvió sobreseer provisionalmente de manera objetiva e impersonal, dentro de la presente causa penal. La C.ía General de la República, mediante Nota No.2,525-2007-DAG-DAGL, de 17 de diciembre de 2007, remitió copias debidamente autenticadas del Informe de Auditoría Especial No.246-576-2007-DAG-DAGL, relacionado con irregularidades en la venta de terrenos propiedad de la Junta de Chilibre, durante el período del 1° de septiembre de 1999 al 21 de agosto de 2004. Como resultado de la auditoría se determinaron irregularidades en los cobros de ventas de terrenos no reportados por B/.7,338.12; además, se detectó un faltante producto de cobros realizados y reportados, los cuales no fueron depositados, por B/.130.00. Concluye el informe que el R.V.G.U., no cumplió con lo dispuesto en el artículo 304 de la Constitución Política vigente al momento en que se celebró el Contrato de Compraventa de terreno, ya que en su condición de R. de Corregimiento estaba inhabilitado para comprar terrenos de propiedad de la Junta Comunal, además, omitió dentro del contrato, el valor de la estructura existente, obtenido de los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y la C.ía General de la República por B/.1,476.87, al momento de formalizar el contrato de compraventa y ajuste realizado en el auxiliar del señor V.G.U. por B/.1,692.09, sin documento sustentador, lo que ocasionó un perjuicio económico, por B/.10,637.08, a los fondos de la Junta Comunal de Chilibre (fs. 649). El Informe de Auditoría en mención, señala que a estas irregularidades se encuentran vinculados los señores: V.G.U.M., B.E.P.Q. y A.A. U.B. (fs. 669). En virtud de poder especial otorgado por la denunciante, la Magister Militina Long, presentó ante el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, escrito de solicitud de reapertura del sumario (fs. 681-683). El Tribunal de la causa corrió traslado a la Fiscalía Décima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, de la solicitud de reapertura del sumario, accediendo a la peticionado mediante Contestación de Traslado No.07 de 7 de marzo de 2008 (fs. 717-720). Mediante Auto Vario No.43-08 de 18 de abril de 2008, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, decretó la reapertura del sumario (fs. 722-724). Las auditores de la C.ía General de la República, M.E.T. de S. y M.I.V. de M., mediante declaración jurada se ratificaron del Informe de Auditoría Especial No. 246-576-2007-DAG-DAGL - JUNTA COMUNAL DE CHILIBRE, relacionado con la investigación sobre irregularidades en la venta de terrenos, propiedad de la Junta Comunal de Chilibre, del 1° de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004. Se observa, que de acuerdo al Informe de Auditoría la lesión al patrimonio del Estado es por la suma de B/.10,637.08, desglosados de la siguiente manera: · Producto de juegos adicionales de libretas B/.7,338.12; · Por la estructura en el lote No.13, se tiene B/.1,476.87; · Omisión de los depósitos por B/.130.00 · Ajuste realizado en el libro auxiliar de cuenta por cobros, a nombre del señor V.G., por B/.1,692.09 El agente de instrucción giro el Oficio No.6076-03 de 2 de septiembre de 2008, al Tribunal Electoral para que certificara si V.G.U., contaba con fuero electoral. En este sentido, C.P.H., Secretaria General del referido Tribunal, certificó que G.U. para esa fecha había sido postulado como pre candidato al cargo de R. por el Corregimiento de Las Cumbres, Distrito de Panamá, para las elecciones primarias del partido Cambio Democrático que se celebraron el 3 de agosto de 2008, en consecuencia, gozaba de fuero penal electoral y de adelantarse alguna investigación, se debería solicitar el levantamiento de dicho fuero al Tribunal Electoral. (fs. 778-780) Ante solicitud de la Fiscalía Décima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, de levantar el Fuero Penal Electoral de V.G.U., los Magistrados del Tribunal Electoral mediante Acuerdo 12 Sala de Acuerdos 73, de 28 de octubre de 2008, autorizaron el levantamiento de dicho fuero. (fs. 792-794) Visible a fojas 795-810 del expediente, consta la resolución calendada 30 de diciembre de 2008, emitida por la Fiscalía Décima de Circuito Penal, mediante la cual formularon cargos a V.G.U., B.E.P.Q. y A.A.U.B., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título X, del Libro II del Código Penal, es decir, por la comisión de delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de las Diferentes Formas de Peculado. (fs. 795-710) Al rendir sus descargos V.G.U. (fs.836-846), manifestó que no tenía ningún tipo de vinculación con el presente proceso, ya que lo acusan por una partida del L. Garrido de San Blas, quien le solicitó el favor que hiciera los trámites con el fondo de Inversión Social para la partida de las becas para San Blas; solicitud que también le hizo su partido político para ese entonces, el Partido Arnulfista. Explicó que realizado ese trámite, los fondos ni siquiera fueron depositados en la Junta Comunal, eso lo manejaron el L. Garrido y su secretaria E.A.. Con relación al contrato de compraventa del terreno propiedad de la Junta Comunal de Chilibre, señaló que es cierto que él compró mil metros de terreno, cuyo valor fue totalmente cancelado. Agregó que mandó a la C.ía General de la República, pruebas de las viejas estructuras que había en dicho terreno, ya que desconocía que contara con un valor de depreciación. Concluida la instrucción sumarial, la agente de instrucción remitió el sumario al Juzgado Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal, con su correspondiente V.F.. El Tribunal de la causa fijó para el día nueve de julio de 2009, a las 10:00 A.M., la celebración de la Audiencia Preliminar. Posteriormente la Audiencia Preliminar fue programada para el día 8 de septiembre de 2009. Antes de esa fecha, la apoderada judicial de V.G. presentó al Tribunal memorial mediante el cual les ponía en conocimiento que el prenombrado era Diputado de la Asamblea Nacional; condición funcional que se acreditó con la certificación que emitiera el Tribunal Electoral, a solicitud del Tribunal de la causa (f. 974). Mediante Auto Inhibitorio No.65-09 de 27 de agosto de 2009, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal se inhibió de resolver el mérito legal del sumario, y ordenó su remisión al Pleno de esta Superioridad Judicial para que decida sobre la situación jurídica de V.G.U.. II. VISTA FISCAL DE LA FISCALIA DÉCIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Concluida la fase de instrucción del sumario, la Fiscalía Décima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó su V.F. No.263 de 31 de marzo de 2009, en la cual recomendó al Juez A quo que al momento de valorar los medios probatorios que obran en el expediente, dictara un Auto de Llamamiento a Juicio contra V.G.U., B.E.P.Q. y A.A.U.B., por presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título X, del Libro II del Código Penal, en la modalidad de las Diferentes Formas de Peculado; vigente a la fecha de la ocurrencia del hecho ilícito. La representante de la vindicta pública consideró que el aspecto objetivo del delito se encontraba debidamente acreditado con las siguiente pruebas: · Con el Informe de Auditoría Especial Especial Núm.246-576-2007-DAG-DAGL-JUNTA COMUNAL DE CHILIBRE, relacionado con la investigación sobre irregularidades en la venta de terrenos, propiedad de la Junta Comunal de Chilibre, del 1° de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004, que consta a fojas 155-676 del sumario. · Con la copia autenticada de la credencial de V.G.U., que lo acreditó como R. de Corregimiento de Chilibre, Provincia de Panamá, para el período constitucional de 1999-2004. · Con la ratificación del Informe de Auditoría por parte de las Auditoras de la C.ía General de la República, M.E.T. de S. y M.I.V. de M., (fs.731-737). En lo que respecta a la vinculación de V.G.U., la Fiscalía consideró lo establecido en el informe de auditoría, que determinó que él, como Ex-R. de Corregimiento y Presidente de la Junta Comunal de Chilibre, no estableció los controles y procedimientos que asegurasen que la recaudación se reportara y depositara; por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 304 de la Constitución Política, vigente al momento en que celebró el contrato de compraventa de terreno, ya que en su condición de R. de Corregimiento estaba inhabilitado para comprar terrenos de la Junta Comunal, además de que omitió dentro del contrato incluir la estructura existente, que según el avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas y la C.ía General de la República, tenía un valor de B/.1,476.87 al momento de la formalización del contrato de compra venta. III- ANÁLISIS DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Una vez examinados los hechos acreditados en este proceso, así como la V.F. elaborada por la agente instructora, corresponde a este Tribunal calificar el sumario. Antes de entrar a la tarea de valorar las constancias procesales que obran en el expediente, se consideró necesario solicitar al Tribunal Electoral certificación sobre la condición funcional de V.G.U.. En este sentido, mediante Nota 1819/SG/2014 de 27 de noviembre de 2014, la Secretaría General del Tribunal Electoral certificó que V.G.U., es actual Diputado de la Asamblea Nacional, por lo que el Pleno de esta Superioridad Judicial tiene la competencia para pronunciarse sobre su situación jurídica, respecto de los cargos que se le imputan. Se observa que al Diputado V.G.U., se le atribuye la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de las Diferentes formas de Peculado, que al momento de los hechos investigados se encontraba tipificado en el Título X, Capítulo I del Libro II del Código Penal de 1982, que comprendía de los artículos 322 al 328. Esto es así, dado que el período examinado por la C.ía General de la República, comprendió del año 1999 al año 2004, lapso en el cual se cometieron los presuntos hechos ilícitos que se le endilga a V.G.U.. El período examinado y/o investigado conduce necesariamente a constatar si dentro de la presente causa penal se ha producido o no el fenómeno jurídico de la prescripción penal. Se observa que en el informe de auditoría de marras, se determinó la existencia de malos manejos con relación a la venta y cobro de terrenos pertenecientes a esa Junta Comunal y se detectó una partida de ingresos varios por la cantidad de noventa y siete mil ochocientos cincuenta balboas (B/.97,850.00) para el mes de marzo de 2002, considerada como venta de tierras. Se determinó además, la existencia de un contrato de compraventa de terrenos a nombre del ex- R. de Corregimiento de Chilibre, V.G.U., quien intervino como vendedor y comprador de un lote de terreno, según el contrato No.009 de 18 de junio de 1998. Lo anterior permite constatar que de la ocurrencia de esos presuntos hechos irregulares, a la fecha, han transcurrido aproximadamente doce (12) años. El delito Contra La Administración Pública (Peculado) que se le imputa a V.G., de acuerdo al artículo 322 del Código Penal de 1982, conlleva pena de prisión de 3 a 10 años, y se agrava de 5 a 15 años, cuando la cuantía de lo apropiado supera la suma de Quinientos Mil Balboas (B/.500,000.00). En este sentido, al efectuar la revisión de la normativa vigente al momento de la comisión del presunto hecho punible, que conduce a analizar si dentro de la presente causa la acción penal ha prescrito, constata el Pleno que la Asamblea Nacional aprobó la Ley No.35 de 23 de mayo de 2013, "Que reforma el Código Procesal Penal, sobre el procedimiento de extradición, y dicta otras disposiciones", y el artículo 2 de esta ley modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, y que queda así. "Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: · En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. · Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. · En un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública, que no será menor a diez años. En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penal". Cabe destacar que el texto del numeral 1 del artículo 116 del Código Procesal Penal no sufrió modificación con la referida Ley No.35 de 23 de mayo 2013. Corresponde, en consecuencia, determinar si las penas previstas por el artículo 322 del Código Penal de 1982 que tipifica el delito de Peculado se adecuan a las exigencias o requerimientos del transcrito artículo 116 del Código Procesal Penal para que se reconozca la prescripción de la acción penal. Sobre el particular, el artículo 322 del Código Penal de 1982, establecía: "ARTÍCULO 322. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consiente que otro se apropie o sustraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, sera sancionado con prisión de 3 a 10 años. La pena será de 5 a 15 años si la cuantía de lo apropiado supera la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) ..." Se observa que el perjuicio económico que según las auditoras de la C.ía se ocasionó a la Junta Comunal de Chilibre, y que se atribuye a V.G.U., es por la suma de B/.10, 637.08, por lo que de determinarse responsabilidad penal, la sanción a aplicar sería de 3 a 10 años de prisión. Lo anterior implica que se cumple con la exigencia del numeral 1 del precitado artículo 166 del Código Procesal Penal, que señala que la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. En este sentido, la pena máxima a imponer en la presente causa sería de diez (10) años, por lo que se advierte que desde la ocurrencia de los hechos 1998-2002, a la fecha, se ha excedido en demasía ese plazo de diez (años). El juzgador de oficio puede declarar que en esta causa ha operado la prescripción de la acción penal; es decir, que ha cesado el derecho del Estado a imponer una sanción por el transcurso del tiempo. Cabe ponderar, antes de examinar si es viable la declaratoria de prescripción, dimensionar la aplicación de uno de los principios nodales del Estado De Derecho, el de Legalidad. Éste es concebido como la piedra angular que rige el actuar de la Administración Pública. Se apoya en dos ideas fundamentales: a) Gobierno de las leyes como expresión de la voluntad popular o de la soberanía b) La administración, como brazo del ejecutivo, ha de ajustarse a los dictados establecidos por las normas jurídicas y no a la voluntad de quienes ostentan los órganos de gobierno de la Administración Pública. El principio de legalidad administrativa se encuentra contenido en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional en el Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo 1º Garantías Fundamentales: Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los Derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Artículo 18: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por estas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas. También lo encontramos expresamente mencionado en el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, "Por medio de la cual se dicta el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y regula el Procedimiento Administrativo General, y se dictan disposiciones especiales": Artículo 34: Las actuaciones administrativas en todas la entidades públicas se efectuarán con arreglo a las normas de informalidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. (lo resaltado es del PLENO). De lo que se desprende que la ley estructura la toda la actuación de la administración, este marco de legalidad envuelve a la propia administración, este "marco de legalidad" o "técnica estructural" es lo que forma el fundamento del principio de legalidad, por efecto del cual "ésta está sometida a la ley, a cuya ejecución limita sus posibilidades de actuación". El principio de legalidad consagrado en nuestra norma suprema, se erige para la Administración Pública, no como un mero límite de la actuación administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. En virtud de lo anterior se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos los entes y órganos de la Administración Pública para la consecución de sus fines, están expresamente consignadas en la normativa jurídica reguladora de la actividad pública que están llamados a desarrollar. En consecuencia, los titulares tienen la obligación de supeditar las facultades encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la ley. Contrario sensu, conllevaría transgresiones a la ley y por supuesto violación al principio de legalidad. Es oportuno señalar que en el expediente de marras, los funcionarios no actuaron en tiempo oportuno, no fueron diligentes y permitieron el surgimiento de los supuestos jurídicos que tipifican la prescripción, muy a pesar de que en el expediente se encuentran evidencias de la comisión de un hecho punible perpetrado por un funcionario elegido por votación popular. Sin embargo, no cabe la duda que la prescripción de la acción penal ha sido concebida como institución de garantía que le asiste a toda persona para que se defina su situación jurídica en el proceso penal que se le sigue, dentro de los plazos previstos por la Ley penal material. Este Pleno manifiesta que la prescripción desde el punto de vista general, es la institución jurídica, mediante la cual por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de las obligaciones. Pero desde el punto de vista penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontencimientos humanos, o la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido, borra los efectos de la infracción, existiendo a penas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en la norma fundamental inspirada en el principio constitucional y convencional pro homine; la ley penal material (Código Penal), otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolímita su potestad punitiva; orientación que se fundamenta en la necesidad de que pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo a quien lleva mucho tiempo pendiente de un proceso, por el principio de seguridad jurídica. En este orden de ideas, resulta lesivo al derecho en razón del plazo razonable del proceso, que el representante del Estado, Ministerio Público y Órgano Judicial, continuen con la potestad presuntoria del Estado, cuando se encuentra extinguida la acción penal, aunque puede ser cuestionada la prescripción. Lo anterior significa que este órgano jurisdiccional, en pleno, no puede continuar el proceso penal, a pesar de que hubiera transcurrido o prescrito la acción penal, pues violaria normas de derechos humanos y constitucionales de garantía para el presunto imputado. Pues, si bien es cierto, que el Estado tiene la obligación de perseguir el delito y de conseguir la ejecución de la pena, ese poder no es absoluto, por las reglas propias del debido proceso; porque la espada de la justicia, no puede ser amanezadora ni estar indefinidamente sobre la cabeza del imputado. Además toda investigación indefinida e intemporal, contraviene los derechos fundamentales, de manera que esa es la razón de ser de la prescripción de la acción penal, en todo Estado de Derecho, pues esa prescripción es un límite a la potestad punitiva del Estado, y no se puede ejercer la función sancionadora más allá de los plazos determinados y razonables de tiempo. Sin embargo, es importante señalar por parte de este Pleno que la falta de una eficiente investigación dentro de un plazo razonable por parte del Ministerio Público, pues, como consta en el proceso, desde que se solicitó la auditoría a la Junta Comunal de Chilibre por parte del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Tercera Anticorrupción el 4 de agosto de 2006, con el Oficio No.1880 (ver fs.13), y la respuesta del señor C. de la República el 24 de agosto de ese mismo año fue que contemplaban la solicitud, en la medida que la disponibilidad del recurso humano, se los permitiera. Posteriormente ocurrió una reiteración, esta vez, de la Fiscal Décima de Circuito el 18 de mayo de 2007, porque la C.ía no había remitido el informe. Como se aprecia en una investigación penal de trascendencia, la C.ía no envió el informe de auditoría en tiempo oportuno. Luego, en razón del cargo de Diputado del señor V.G. se dictó el oficio de 24 de septiembre de 2009, dirigido al S. General de la Corte Suprema, por el Juez Primero de Circuito de lo Penal. Al recibirse en la Secretaría se sometió al reparto efectuado el 5 de octubre de 2009, y desde esa fecha no existió actuación del ponente a quien le correspondía sustanciar en su oportunidad el proceso, sino hasta el 18 de noviembre de 2014 cuando en Sala Unitaria se dictó el auto con la finalidad que el Tribunal Electoral nos certificara si el señor V.G.U. poseía fuero penal electoral (Oficio 1819/SG/2014 de 27 de noviembre de 2014 a fs.1002-1003); contestando el Tribunal Electoral que el diputado V.G.U. goza del aludido fuero penal electoral, contemplado en el artículo 143 del Código Electoral. Es evidente que desde que ocurrieron los hechos a la fecha ha transcurrido el tiempo suficiente para que opere el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. A lo señalado debe considerar este Pleno que no se puede desconocer el hecho que obra a favor de V.G.U. el plazo requerido por el numeral 1 del artículo 116 del Código Procesal Penal modificado por la Ley No.35 de 23 de mayo de 2013; y lo que procede en consecuencia es, que esta Corporación judicial, declare que ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. Es importante destacar que junto a V.G., también fueron investigadas las señoras B.E.P.Q. y A.A.U.B., ya que ambas laboraban en la Junta Comunal de Chilibre, durante el período examinado por la C.ía General de la República, y quienes también fueron vinculadas a las irregularidades detectadas, por lo que la Fiscalía Décima de Circuito de lo Penal, también recomendó un Auto de Llamamiento a Juicio, contra ellas, por presuntas infractoras de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal (delito Contra La Administración Pública). No puede desconocer este Pleno los principios de Derechos Humanos, Unicidad y Economía Procesal por lo que se estima que debe pronunciarse igualmente sobre la situación jurídica de B.E.P.Q. y A.A.U.B., ya que no tendría ninguna utilidad práctica ordenar la compulsa de copias del expediente para que el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se pronuncie sobre la situación jurídica de las prenombradas, cuando ya esta Superioridad Judicial ha llegado a la conclusión que dentro de la presente causa penal ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA la prescripción de la acción penal dentro de las sumarias seguidas a V.G.U., Diputado de la Asamblea Nacional, B.E.P.Q. y ARACELLYS A. URRIOLA B., por la supuesta comisión de delito Contra La Administración Pública, en perjuicio de la Junta Comunal de Chilibre y ORDENA el archivo del expediente. Fundamento de Derecho: Artículos 155, 206 numeral 3 y concordantes de la Constitución Política; artículo 139 del Código Penal; numerales 1 y 2 del artículo 116 del Código Procesal Penal modificado por la Ley No.35 de 23 de mayo de 2013. Notifíquese Y CÚMPLASE, ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)