Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 16 de Octubre de 2014

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:16 de Octubre de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado el sumario iniciado en virtud de denuncia presentada por el Licenciado H.S.C., en representación de H.R., contra Z.R.L., Diputada de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales). . ANTECEDENTES La Procuraduría General de la Nación recibió de la Dirección General de Sistema Penitenciario la Nota No. 350/DGSP/DIR, calendada 3 de abril de 2014, por medio de la cual se adjuntó la solicitud especial formulada por el Licenciado H.S.C., en representación de su apoderado H.A.R., para que a éste le fuera redoblada su seguridad personal dentro del Centro Penitenciario de La Chorrera, donde cumplía prisión preventiva a esa fecha, debido a los señalamientos y declaraciones que había efectuado contra la Licenciada Z.R., motivo por el cual manifiesta sentirse preocupado por su seguridad personal. Mediante Resolución de veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014), la Procuradora General de la Nación dispuso acoger la investigación y ordenó la práctica de la actividad procesal correspondiente, con observancia de lo dispuesto en la Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008. En cumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución de 25 de abril de 2014, compareció a la Procuraduría General de la Nación, H.S.C., a fin de rendir una declaración jurada, manifestando lo siguiente: "Toda vez que la nota que se me pone de presente en la cual reconozco mi firma se debe a que en días pasados visité en el Centro Penitenciario de La Chorrera a mi cliente el señor H.A.R., el cual se encuentra privado de libertad en ese centro, manifestándome el mismo que estando en el Centro Penitenciario, no sé mediante que vía, ha recibido fuertes y muy serias amenazas en contra de su vida producto de una declaraciones y denuncias públicas que presentó el prenombrado ante los medios de comunicación en contra de la licenciada Z.R.. Debido a su alto grado de preocupación y nerviosismo y tratándose de que su vida ciertamente pudiera estar corriendo peligro hicimos la solicitud ante el sistema penitenciario, ante el L.A.C., ya que su custodia y protección depende en este momento del sistema de corrección para que a éste se le prestara algún tipo de seguridad por su vida"... Explicó el Licenciado S.C., que solicitó que H.A. ROJAS fuera trasladado de manera urgente e inmediata al Centro de Recepción de Denuncias o a la Procuraduría General de la Nación, para que el mismo aportara pruebas sustantivas con relación a las denuncias públicas que presentó ante los medios de comunicación en Panamá, las cuales según él le refiere, vinculan de manera directa a la licenciada Z.R. en algún tipo de actividades que él, H.A.R., en su declaración jurada podría explicar aportando las pruebas que menciona tener en su poder. La Procuraduría General de la Nación mediante Resolución de dos (2) de mayo de dos mil catorce (2014), declaró abierta la investigación y dispuso remitir lo actuado a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada; agencia del Ministerio Público esta que mediante diligencia de cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014) asumió el conocimiento de la presente causa, conforme al régimen de competencia previsto en la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011. La Agencia de instrucción antes mencionada, consideró necesario trasladar el Despacho al Centro Penitenciario de La Chorrera, con la finalidad de recibirle declaración jurada al señor H.A.R., y así lo dispuso mediante providencia de cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014). El seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), la Secretaria Judicial de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se trasladó a las instalaciones del Centro Penitenciario de La Chorrera, actuando en función de Agente Especial, a fin de recabar el testimonio de H.A.R., quien manifestó lo siguiente: "Es correcto y ratifico la declaración de mi abogado, ya que he recibido amenazas, en las cuales se está pagando, por matarme en esta cárcel pública de la Chorrera y adicional le están pagando fletes para meter las armas, según la información que he obtenido; todo esto se basa de acuerdo a las declaraciones hechas por mi persona en contra de la Licenciada Z.R., basándonos en los casos de extorsión en el juzgado catorce de lo penal; estas amenazas que depende mi vida han sido producto de todas las declaraciones hechas el día 30 de marzo y 1, 2 y 3 de abril del presente año, en el Periódico Panamá América y el canal 21"... Señaló el declarante que toda esta situación guarda relación con la candidatura de la licenciada Z.R. por el partido PRD, y con la candidatura presidencial de J.C.N., ya que había mucho en juego. Explicó que él le presentó a la Licenciada Z.R., un cliente de nombre J.J.O.V., presunto socio del C.G., de acuerdo a un expediente elevado para una detención a la Procuraduría General de la Nación y Relaciones Exteriores, ya que a dicho cliente se le estaba cobrando un millón doscientos mil balboas (B/.1,2000.000.00), para obtener su liberación mediante pagos a funcionarios judiciales, y así evitar su extradición por la Corte Federal de Nueva York. Refirió el denunciante, que la Licenciada Z.R. recibió a los familiares de J.J.O.V., y en su presencia le entregaron a ella, seiscientos mil balboas (B/.600.000.00) para ir "cuadrando" Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y adicionalmente esos familiares le entregaron a la L.R., doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250, 000.000) para su campaña política, y para apoyar la candidatura presidencial de J.C.N., ya que la licenciada Z.R. les comunicó a los familiares del señor J.O. que ella tenía línea directa con el candidato para lavar activos por veinte a treinta millones de balboas (B/. 20,000.000.00 a B/. 30,000.000.00) cada dos (2) meses. Aduce que estos señalamientos los hizo en las declaraciones que rindió en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en los expedientes que reposan en los Juzgados 14 y 16 de Circuito de lo Penal, seguidos contra su persona, y que son manejados por la Licenciada Z.R.. Refirió H.A.R., que lo declarado por su persona le consta, ya que la Licenciada Z.R. le rendía informes detallados de todo lo que ella hacía, para que posteriormente él se lo informara al cliente; ya que según ella, no podía figurar porque estaba siendo postulada como Diputada por el Distrito de San Miguelito, por lo que ella gestionaba mediante abogados de su entera confianza. Así, señaló que la Licenciada Z.R., el Licenciado R.A., y su persona se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el funcionario encargado del expediente de J.J.O., quien los puso en contacto con el Director Legal de Extradiciones; aduce que todo ello puede ser verificado en sus correos. Mediante Resolución calendada siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014), la Fiscalia Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con fundamento en la Ley 55 de 1 de octubre de 2003, que dicta disposiciones sobre el Sistema Penitenciario, dispuso solicitar al Director General de Sistema Penitenciario, que tomara las medidas necesarias de protección con respecto al señor H.A.R., con cédula de identidad personal No. 8-443-241. Mediante Oficio No. 2790 de 08 de mayo de 2014, el Fiscal Contra la Delincuencia Organizada, R.M.O., solicitó al Tribunal Electoral, le certificara si Z.L.R.L. gozaba de fuero penal electoral o inmunidad parlamentaria, con motivo de ser una candidata o haber sido escogida para un cargo de elección popular. En este sentido, M.C., Secretaria General, a.i., del Tribunal Electoral de Panamá, mediante Nota 843/SG/2014 calendada 20 de mayo de 2014, remitió certificación a la agencia de instrucción antes mencionada, en la que hace constar: "Que la señora Z.L.R.L., con cédula de identidad personal 8-309-602, fue postulada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), como candidata al cargo de Diputada (principal) por el circuito 8-6, provincia de Panamá para las Elecciones Generales celebradas el 4 de mayo de 2014. Que con fundamento en el artículo 3 del Decreto No. 11 de 28 de abril de 2008, modificado por los Decretos 19 de 2008, 6 de 2009 y 8 de 2012, la señora Z.L.R.L., goza de fuero penal electoral que concede el artículo 143 del Código Electoral, a partir del 4 de diciembre de 2013, fecha de la convocatoria del proceso electoral y hasta tres (3) meses después de cerrado el proceso electoral. Que en consecuencia, la señora Z.L.R.L., goza de fuero electoral y de adelantarse alguna investigación en su contra, se deberá solicitar el levantamiento de dicho fuero al Tribunal Electoral" A foja 31 del expediente, consta Informe Secretarial de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de 21 de mayo de 2014, por medio del cual se hace constar que en esa fecha se presentaron a esa agencia de instrucción, los apoderados legales del señor H.R., L.A. De Gracia y H.S., quienes manifestaron tener en su poder un dispositivo digital (USB) que contiene información relacionada con las acusaciones que su representado hace contra la Licenciada Z.R., el cual sería aportado como evidencia el día 23 de mayo de 2014. A fojas 32, 33 y 43, constan los Informes Secretariales de 23 de mayo, 16 y 23 de junio de 2014, respectivamente, en los que se deja constancia que los apoderados legales de H.A.R. no se presentaron en las fechas acordadas a la referida agencia del Ministerio Público, para la aportación de la evidencia (USB) que manifestaron tener en su poder y que supuestamente guarda relación con las acusaciones que su representado ha formulado contra la Licenciada Z.R.. La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada tomando en consideración la certificación del Tribunal Electoral de 20 de mayo de 2014, que hace constar que Z.R.L., salió electa como Diputada por el Circuito 8-6 para el período 2014-2019, dispuso mediante Resolución de 24 de junio de 2014, remitir el presente sumario al Pleno de esta Superioridad Judicial, ya que de conformidad con lo normado en los artículos 39 y 487 del Código Procesal Penal, le corresponde conocer de los procesos penales y las medidas cautelares contra los Diputados de la Asamblea Nacional. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Mediante Acto Legislativo N° 1 de 27 de julio de 2004 se aumentaron las atribuciones constitucionales y legales a la Corte Suprema de Justicia en cuanto al juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, en los artículos 155 y 206 numeral tercero, que transcribimos a continuación: "Artículo 155: Los miembros de la AsambleaNacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo ..." "Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: 1... 2... 3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. ..." En estas normas se establece la competencia de la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la etapa sumaria en todo proceso que vincule a un miembro de la Asamblea Nacional. La Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, "Que adopta el Código Procesal Penal", fija la competencia en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados (art. 39). La condición de Diputada de Z.R. fue acreditada con la certificación emitida por la Secretaría General del Tribunal Electoral, el 20 de mayo de 2014. PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD Como se ha indicado, las normas precitadas le conceden la competencia al Pleno de esta Superioridad Judicial, para la investigación y el procesamiento de los actos delictivos y policivos seguidos contra los Diputados Principales o Suplentes. No obstante lo anterior, resulta necesario observar lo dispuesto por la Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012, "Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional", que entró en vigencia el primero (1°) de noviembre de 2012. El artículo 487 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 55 de 2012, mantiene la competencia en el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia para investigar y procesar los actos delictivos y policivos seguidos contra un Diputado de la República, principal o suplente. Con la modificación efectuada al artículo 488 del Código Procesal Penal, se advierte la exigencia al denunciante o querellante, que su pretensión para el inicio de la investigación debe ser promovida por escrito, a través de abogado, y que para su admisibilidad debe expresar o contener: 1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal. 2. Los datos de identificación del querellado o domicilio. 3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización. 4. Prueba idónea del hecho punible investigado. Si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su admisibilidad, será rechazada de plano. De cumplirse con estas exigencias, el Pleno de la Corte deberá expedir la resolución de admisibilidad en un término no mayor de diez días, contados desde el reparto correspondiente. La Ley 55 de 2012 le impone al denunciante y al querellante la obligación de probar, mediante prueba preconstituida, el hecho punible atribuido al Diputando denunciado o querellado. Corresponde en consecuencia, analizar las constancias que obran en el expediente, a fin de determinar si se ha cumplido con las exigencias o requisitos de procedibilidad para la admisión de la denuncia que nos ocupa, tomando en consideración que el presunto hecho ilícito en que se pretende sea investigada la Diputada Z.R., es el que atenta contra la Economía Nacional, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. Se constata que la presente causa penal inició con la solicitud presentada por el Licenciado H.S.C., para que a su representado H.A.C. le fuese redoblada su seguridad dentro del Penal de La Chorrera, debido a las amenazas que presuntamente estaba recibiendo debido a los señalamientos y declaraciones que había hecho contra la Licenciada Z.R.. De esta solicitud escrita, posteriormente se ratifica mediante declaración jurada. En principio se constata que la denuncia no cumple con las exigencias de los numerales 1 y 2 del precitado artículo 488 del Código Procesal Penal, pues si bien el denunciante se identificó con su nombre y número de cédula, con relación a la persona denunciada, únicamente la identificaron por su nombre, sin proporcionar algún otro dato. Tampoco se cumplió con el requerimiento del numeral 3 de la norma citada, que requiere que se brinde una relación precisa y clara, con las circunstancias del hecho atribuido, lugar y tiempo de realización. En este sentido, se advierte que el denunciante se limitó a indicar que la Licenciada Z.R. recibió a los familiares de éste (J.J.O.V., y en su presencia le entregaron a ella, seiscientos mil balboas (B/. 600.000.00) para ir "cuadrando" Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y adicionalmente esos familiares le entregaron a la Licenciada Z. doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250,000.000) para apoyar su campaña política y la candidatura presidencial de J.C.N., ya que la licenciada R. comunicó a los familiares del señor J.O. que tenía línea directa con el candidato para lavar activos por veinte a treinta millones de balboas (B/. 20,000.000.00 a B/. 30,000.000.00) cada dos (2) meses. De estas graves acusaciones el denunciante no ofreció ninguna prueba que permitiera corroborar sus afirmaciones. El señor R. no identificó a la persona que supuestamente le entregó ese dinero a la licenciada R., ni tampoco indicó donde ni cuando se produjo la entrega del mismo, y si se hizo en efectivo o mediante documentos negociables. Se trata en consecuencia de una denuncia desprovista de soporte probatorio que vulnera la exigencia del comentado numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal. Otro aspecto importante a resaltar, es que el numeral 4 de la excerta legal citada, modificada por la Ley 55 de 2012, requiere la presentación de la prueba idónea del hecho punible, cuya investigación se demanda. En relación a esta exigencia, consideramos necesario efectuar algunas consideraciones en torno al hecho ilícito (Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales) por el que se pretende sea investigada la Licenciada Z.R., actual Diputada de la Asamblea Nacional. Así se observa, que mediante la Ley 14 de 28 de mayo de 2007, se reformó el artículo 389 del Código Penal, que tipificaba el delito de Blanqueo de Capitales, tomando como marco de referencia los contenidos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Las reformas efectuadas y que se implementaron a partir de mayo de 2008, aumentó el catálogo de delitos precedentes al Blanqueo de Capitales El Delito de Blanqueo de Capitales se encuentra tipificado en el Título VII (Delitos Contra el Orden Económico), Capítulo IV, del Código Penal, que en su artículo 254 describe el tipo penal base, así: "Artículo 254: Quien personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos Contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión". Se considera lavado de dinero o blanqueo de capitales el proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos financieros para darles la apariencia de que son de origen lícito; por ello, se le considera como el método de esconder o transferir el origen ilegal de los recursos. En otras palabras son las actividades destinadas a conservar, transferir o movilizar recursos económicos en cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen el quebrantamiento de la ley (R.G., M.. "Inteligencia Financiera y Prevención de Lavado de Dinero". Revista de Ciencias Penales, Número 12, segunda época, México, INACIPE-2005, pág.39) De acuerdo al tipo penal base del delito de Blanqueo de Capitales, cualquier persona puede ser autora de un ilícito de esta naturaleza, por tratarse de un delito de sujeto activo indiferenciado, siempre y cuando se conjuguen los elementos del delito: 1. La intención de llevarlo a cabo o representación de la realización. 2. Conocimiento del origen delictivo de los activos objeto del blanqueo de capitales. 3. Realización de las conductas previstas en el artículo 254 del Código Penal. En este orden de ideas, la tendencia moderna considera que para inferir que se está ante la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, deben observarse ciertos indicios o actuar del agente, tales como: 1. Utilización de documentos de identidad falsos y otros documentos alterados. 2. Uso de testaferros o sociedades interpuestas. 3. Vinculación con sociedades ficticias carentes de actividades económicas. 4. Inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero. 5. Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios. 6. Operaciones o negocios simulados. 7. Transportes clandestinos. 8. Beneficiarios desconocidos. 9. Cambios sistemáticos y continuos de dinero 10. Cobros de elevadas comisiones. Estas breves consideraciones sobre el delito de blanqueo de capitales, permiten al Pleno de esta Superioridad Judicial razonar que en la presente causa no se ha cumplido con la exigencia del numeral 4 del precitado artículo 488 del Código Procesal Penal, por cuanto que lo declarado por el señor H.A.R. carece de la eficacia y validez jurídica suficiente para que se ordene el inicio de la instrucción sumarial en este caso. Esto así, dado que en el expediente no cuenta con los elementos probatorios que permitan establecer al menos indiciariamente, que estamos ante un blanqueo de capitales, es decir una conducta encaminada al encubrimiento de activos financieros de modo que puedan ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. En el expediente sólo se cuenta con lo declarado por el señor ROJAS, sobre el presunto actuar de la Licenciada Z.R., quien en ejercicio de la profesión de abogada supuestamente recibió determinada cantidad de dinero de un cliente J.J.O., presunto socio de C.G., dinero que supuestamente sería utilizado en la campaña política de Z.R. y del candidato presidencial J.C.N., según lo dicho por H.A.R., sin que éste haya aportado las pruebas que acrediten este hecho. En el expediente no existe ninguna prueba que acredite los señalamientos del denunciante, que en todo caso deberían estar dirigidas a demostrar la existencia de un dinero proveniente de las actividades ilícitas, previstas en el artículo 254 del Código Penal, y del conocimiento de esa procedencia por parte de la Diputada denunciada. En el presente caso, ninguno de estos presupuestos se encuentran acreditados. Como se ha expresado, la investigación de los delitos de blanqueo de capitales generalmente inicia ante la existencia de comportamientos o conductas sospechosas, tales como el uso de identidades y documentos falsos, uso de testaferros o sociedades interpuestas o la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, entre otros; elementos o indicios que se encuentran ausentes dentro de la presente investigación sumarial. Por lo tanto, se puede concluir que no existe la prueba idónea que permita acreditar la existencia de un delito Contra la Economía Nacional (Blanqueo de Capitales). En consecuencia, ante la inexistencia de una probable conducta típica, antijurídica y culpable, mal podría hablarse de un sujeto responsable o sujeto activo, que en este caso, según el denunciante lo seria la Licenciada Z.R.. Ante este razonamiento, lo que procede es que el Pleno de esta Superioridad Judicial no admita la denuncia presentada contra la Diputada Z.R., y en consecuencia, se ordene el archivo del expediente. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 1. NO ADMITE la denuncia presentada por el licenciado H.S.C., por la presunta comisión de un Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) contra la Diputada de la Asamblea Nacional, Z.L.R.L.. 2. ORDENA el archivo del expediente. Fundamento de Derecho: Artículos 155 y 206 de la Constitución Política; artículos 39, 487 Y 488 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012; Capítulo IV, Titulo VII del Código Penal de Panamá. HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL A. ZAMORANO-- OYDÉN ORTEGA DURÁN --JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS --VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)