Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 24 de Marzo de 2014

Ponente:Alejandro Moncada Luna
Fecha de Resolución:24 de Marzo de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la denuncia presentada por el licenciado C.E.R., en su propio nombre y representación, contra el Diputado S.G.E., Presidente de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de delito contra la libertad y pureza del sufragio. I. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia observa que dentro de la presente denuncia, se involucra directamente al señor S.G., quien tiene la condición de Diputado de la Asamblea Nacional. El artículo 155 de la Constitución Política de Panamá señala: "Artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia." Por su parte el artículo 206, numeral 3, de nuestra Constitución, en consonancia con el citado artículo 155, dispone: "Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia, tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: 1... 2... 3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Las Decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial." La Ley 25 de 2006, que desarrolla los artículos 155 y 206, numeral 3, de la Constitución Política, antes citados, reitera que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para investigar y procesar los actos delictivos y policivos seguidos a los Diputados Principales o S.. El artículo 2 de la referida Ley, que adiciona el artículo 2495-B al Código Judicial, establece que cuando se trate de causas penales iniciadas en una agencia en el Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral o en la jurisdicción aduanera, en las que aparezca vinculado un Diputado Principal o Suplente, le corresponderá el conocimiento, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como en efecto ocurrió en el presente proceso. Las normas del Código Procesal Penal aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que entró a regir desde el día 2 de septiembre de 2011, le son aplicables a los procesos penales que se instruyen en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), en el Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos), y a aquellos que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en la Sala Penal, como tribunal de única instancia. El artículo 39 del Código Procesal Penal, preceptúa que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer de los procesos penales, y de las medidas cautelares contra los Diputados. II. DE LA DENUNCIA. Los hechos delictivos y policivos que se le atribuyan a los Diputados pueden ser denunciados a través de denuncia o querella, sujeto al cumplimiento de las formalidades legales contenidas en el artículo 488 del Código Procesal Penal, mismas que son indispensables para ser admitida la denuncia o querella en cuestión. La norma legal en mención señala lo siguiente: "Artículo 488. Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado, y para su admisibilidad deberá expresar lo siguiente: 1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal. 2. Los datos de identificación del querellado y su domicilio. 3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar, tiempo de su realización. 4. Prueba Idónea del hecho punible imputado. Si la querella o de la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano ...". Así, el Pleno examinará la documentación aportada por la parte denunciante, a efectos de establecer si reúne los requisitos de admisión. 1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal. Este Tribunal advierte que el Lcdo. C.E.R. en su propio nombre y representación, presentó la denuncia en contra del Diputado S.G.. En el libelo de la denuncia, visible a fojas 1 y 4 del expediente correspondiente, constan los datos de identidad, domicilio y firma del denunciante, por lo cual se cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente al numeral 1 de la norma precitada. 2. Los datos de identificación del querellado y su domicilio. A efectos de cumplir con este requisito, el denunciante señala que la persona denunciada es el Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado y R. de Corregimiento, S.G.. De igual manera, indica que el mismo es localizable en el Palacio Justo Arosemena, edificio del Palacio Legislativo, Corregimiento de Calidonia, Distrito y Provincia de Panamá, por lo cual se cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente al numeral 2 de la norma precitada. 3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización. El Pleno observa que en el libelo de la denuncia, el Licdo. C.E.R. señala que el Diputado S.G.E. ha estado regalando comida y jamones con candidatos de Cambio Democrático, partido en gobierno y que administra las arcas públicas, en varias comunidades y corregimientos que son parte del Circuito 8-7. Esta relación la hace basada en una publicación del Diario la Prensa en donde se manifiesta que el D.G. ha sido beneficiado con bolsas de alimentos a finales de octubre de este año, por la suma de 325 mil dólares, comprados por el Programa de Ayuda Nacional (PAN), la cual es una institución del Estado Panameño. Agrega que, los propósitos del Diputado G. de entregar la referida comida y jamones son los de alterar la voluntad popular de los electores, cuestión prohibida en el Código Electoral, pues lo ha hecho poniendo propaganda proselitista en los mismos, tomando en consideración que S.G. es candidato a la reelección como R. del Corregimiento de El Chorrillo y a Diputado por el Circuito 8-7, en los comicios del año 2014. Igualmente, señala el licenciado R. que las conductas atribuidas al Diputado S.G., se encuentran tipificadas en el artículo 338 del Código Penal, y en el artículo 392 del Código Electoral, que preceptúan lo siguiente: "Artículo 338. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie, sustraiga, o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiados por razón de su cargo será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión." "Artículo 392. Se sancionará con prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años, a las personas que: ... 6. Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos legalmente constituidos o en formación." Advierte el Pleno que, la relación hecha por el denunciante, no ha llenado los requerimientos de "precisión, clara y circunstanciada del hecho atribuido", en virtud que el denunciante no ha precisado ni especificado el momento o momentos en que ocurrieron dichos hechos, la cantidad de insumos que fue supuestamente obsequiada, o los nombres de las personas que supuestamente acompañaban al Diputado G. al momento de la ocurrencia de los hechos. De igual manera, indica que estos hechos ocurrieron en varias comunidades y corregimientos del circuito 8-7, sin indicar con claridad los lugares y tiempos de su realización. Como puede apreciarse, lo expuesto por el denunciante, carece de la precisión y claridad exigida por el artículo 488 del Código Procesal Penal, lo cual es fundamental para encuadrar los hechos en los tipos penales denunciados, en este caso, los artículos 338 del Código Penal y 392 del Código Electoral. Finalmente, con respecto a este tema consideramos que se ha incumplido el requisito contenido en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, el cual no es de naturaleza meramente formal, sino que tiene una incidencia directa sobre la ponderación del mérito de la denuncia por parte del Tribunal, toda vez que, si no existe certeza de la forma en que se dieron los hechos denunciados, o siquiera de la ocurrencia de los mismos, no puede alegarse la infracción penal señalada. 4. Prueba idónea del hecho punible imputado. Como señala G.C., en su Obra Diccionario Jurídico Elemental[1], la prueba consiste en una actividad procesal dirigida a alcanzar la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. De lo anterior se desprende, que la prueba no es el hecho mismo que se investiga, es decir, una cosa es la prueba y otra el hecho conocido, por tales motivos la prueba consiste en verificar un hecho. Siendo ello así, el elemento de prueba aportado por el denunciante debe ser capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los cargos presentados en contra del Diputado. De igual forma, el Diccionario de la Real Academia Española[2], conceptúa los vocablos prueba e idóneo, de la siguiente manera: Prueba: Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por efectivos la ley. Idóneo: Adecuado y apropiado para algo[3]. De las anteriores definiciones, se colige que el requisito consistente en aportar prueba idónea del hecho punible imputado, implica proporcionar un medio adecuado y apropiado para justificar la verdad de los hechos que se señalan como delictivos, realizada a través de los medios que autoriza y que reconoce como efectivos la ley. Ahora bien, se observa que la parte denunciante aportó como única prueba, una página del periódico la Prensa de fecha jueves 15 de diciembre de 2013, tal como es visible a foja 6 del expediente, en donde consta en la página 6A, la noticia "Gastan 15 millones en juguetes"; sin embargo, a pesar que si bien el medio probatorio es un medio reconocido por ley, dicha publicación no es la adecuada ni apropiada para probar la veracidad de los hechos denunciados, que se refieren al supuesto reparto de jamones y comida por parte del Diputado S.G., por lo tanto, no reviste el carácter como prueba idónea. En conclusión dicha prueba no ofrece mayores elementos que nos permitan evaluar los señalamientos formulados por el denunciante, que señalan que el D.G. cometió un delito de peculado, y utilizó ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, por lo cual se considera como no cumplido el requisito contenido en el numeral 4 precitado. Se observa pues, que la denuncia interpuesta contra el Diputado S.G., no reúne dos de los requisitos de admisibilidad, los cuales, como ya mencionamos con anterioridad, corresponden a los numerales 3 y 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal, ya que ésta no ha llenado los requerimientos de precisión, clara y circunstanciada del hecho atribuido, ni ha señalado con claridad los lugares y tiempos de su realización del supuesto delito, y que la única prueba aportada no es considerada como idónea. Sobre lo anterior, recientemente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de forma unánime, se pronunció en Fallo de 22 de enero de 2013, sobre el mismo tema, de la siguiente manera: "... Ahora bien, se observa que la parte denunciante aportó como prueba, el periódico La Prensa de fecha 15 de diciembre de 2012, como es visible a fojas 4 y 34 del expediente, en donde consta en la página 6ª, la noticia "Jamones, precios y política"; sin embargo, la noticia del periódico no reviste el carácter como prueba idónea, toda vez que no ofrece mayores elementos que nos permitan evaluar los señalamientos formulados por el denunciante de que el D.G. cometió un delito de peculado, y utilizó ilegítimamente los bienes y recursos del Estado. Se observa pues, que la denuncia interpuesta contra el Diputado S.G., no reúne dos requisitos de admisibilidad, los cuales, como ya mencionamos con anterioridad, corresponden a los numerales 2 y 4 establecidos en el artículo 488 del Código Procesal Penal, por tales motivos, lo que en derecho procede es rechazarla de plano." En virtud de lo todo lo antes expuesto, y dado que la denuncia no reúne los requisitos para su calificación, lo que en derecho procede es rechazarla de plano, tal como lo establece el artículo 488 del Código Procesal Penal. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, la denuncia presentada por el licenciado C.E.R., en su propio nombre y representación, contra el Diputado S.G., Presidente de la Asamblea Nacional. Notifíquese Y ARCHÍVESE, ALEJANDRO MONCADA LUNA OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario) [1] Diccionario Jurídico Elemental, Décimo novena Edición, Editorial Heliasta, 2008, página 313. [2] Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, tomo 8, página 1257. [3] I. tomo 6, página 844.