Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 16 de Marzo de 2007

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución16 de Marzo de 2007
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

LA QUERELLA PENAL

El Licenciado HERNÁN DELGADO QUINTERO formula la querella en contra del Licenciado G.S. D., en su condición de FISCAL GENERAL ELECTORAL, por la supuesta comisión del delito que consagra el artículo 164 del Código Penal, que se refiere al delito de violación de domicilio.

Según se desprende del libelo de querella, el Licenciado G.S. D., en su condición de FISCAL GENERAL ELECTORAL, efectuaba investigaciones con el fin de vincular al Licenciado H. D.Q. con la comisión de hechos que constituyen delitos, pero el Decreto Ejecutivo No. 317 de 25 de agosto de 2004, lo favoreció con un INDULTO.

En la tarde del 9 de septiembre de 2004, el querellado "...irrumpió personalmente con arrogancia inexplicable a las oficinas profesionales de H.D.Q., ubicada en el 2do. Piso del Edificio L., calle 50, No. 59, Ciudad de Panamá, y a pesar de la oposición de las personas Presentes, la mayoría empleados de la oficina, se introdujo en el despacho de H. D., quien no estaba presente, para entregarle según dijo, una boleta de citación con el fin de que comparezca a la Fiscalía Electoral, para la practica de una diligencia judicial" (fs.2-3).

El querellante concluye que el A.. F.E.G.S. D.... molestó, con carácter de violación, los derechos y el domicilio profesional de H.D.Q.@ (f.3).

El querellante presenta como medios de pruebas dos declaraciones extrajudiciales suscritas por ROLANDO ELÍAS BROOKS y ANGEL ALMANZA, además de la boleta de citación de 9 de septiembre de 2004, firmada por el F. General Electoral (fs.5-9).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El 28 de septiembre de 2004, el Licenciado JOSÉ A.S.R., entonces PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, aprehendió el conocimiento de la querella en cuestión.

Mediante Vista No.53 de 27 de diciembre de 2004, el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN opina que el querellante yerra en la conducta penal que supuestamente infringió el querellado, porque transcribe el contenido del artículo 164 del Código Penal, que sanciona a las personas particulares, y no a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones (f.139)

Explica el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN que un funcionario entrega personalmente una boleta de citación no constituye la acción delictiva que establece el artículo 165 del Código Penal, "...y menos aún, como un allanamiento del lugar de trabajo del querellante...", por lo que solicita al Pleno de la Corte Suprema que dicte un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO E IMPERSONAL, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2207 del Código Judicial. (f.14).

DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA

Es importante destacar que el 5 de enero de 2005, se efectuó el sorteo de este expediente (f.15), cuya sustanciación recayó en la MAGISTRADA ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO . Sin embargo, la Magistrada en mención solicitó su separación de la causa con base en el numeral 2 del artículo 760 del Código Judicial. Mediante resolución de 2 de febrero de 2005, el Pleno de la Corte Suprema declara legal el impedimento solicitado por la Magistrada TROITIÑO, y ordena llamar a su suplente, en este caso la Magistrada M.V.D.P..

Por otra parte, es necesario destacar que el artículo 142 de la Constitución Política de la República de Panamá, le atribuye al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de las faltas o delitos que, en el ejercicio de sus funciones, incurra el FISCAL GENERAL ELECTORAL.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución Política consagra la inviolabilidad del domicilio o residencia como principio y derecho fundamental, y que a la letra dice.:

"Artículo 26. El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.

Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y

de sanidad pueden practicar, previa identificación, visitas domiciliarias o de

inspección, a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de

las Leyes Sociales y de salud pública."

Para los fines de esta causa, resulta importante señalar que el bien jurídico sobre la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO está penalmente protegida a través de los artículos 163, 164 y 165 del Código Penal.

Aún cuando no identifica correctamente el número de la norma penal, el querellante le endilga al servidor público electoral el tipo penal que establece el artículo 164 del Código Penal, cuyo contenido es el siguiente:

"El que se introduzca en oficina privada o en el lugar reservado de trabajo de una persona, sin la voluntad de quien ejerza en él sus funciones o actividad profesional o laboral, será sancionado con prisión de seis meses a un año y hasta 25 días multa"

De acuerdo al libelo de querella, el FISCAL GENERAL ELECTORAL había iniciado un proceso que investiga la posible comisión de delitos ocurridos por ocasión de las elecciones generales del 2 de mayo de 2004.

Esto puede corroborarse con la boleta de citación J-N1 85-FE-04 de 9 de septiembre de 2004 (f.5), que en su parte inferior izquierda indica "Exp.018-04", lo que infiere que esa boleta fue expedida dentro de un proceso que es de competencia del FISCAL GENERAL ELECTORAL, ya que el numeral 3 del artículo 144 de la Constitución Nacional establece con claridad que a dicho funcionario público le corresponde "Perseguir los delitos y contravenciones electorales".

La boleta de citación J-N1 85-FE-04 de 9 de septiembre de 2004 establecía que el Licenciado H.D.Q. estaba citado para el día 10 de septiembre de 2004, a las 10:00 a.m para que rindiera una declaración jurada (f.5). La boleta de citación también revela que fue recibida a las 3:30 p.m (f.5) Al confrontar esta información con los artículos 395 y 400 del Texto Único del Código Electoral, se desprende que dicha boleta de citación fue expedida conforme a la Ley, pues el funcionario electoral puede expedir boletas de citación, y puede hacerla efectivas "... entre las seis de la mañana y las diez de la noche, incluso en días inhábiles".

En cuanto a la supuesta presencia del FISCAL GENERAL ELECTORAL en las oficinas delLicenciado H.D.Q. con el fin de entregarle la boleta de citación, esta conducta encuentra justificación en los artículos 356 y 357 del Texto Único del Código Electoral (G.O No. 23, 437 de 13 de diciembre de 1997), que señalan con claridad que el funcionario electoral competente tiene el deber de darle al proceso que dirige "...rápida tramitación...", y para logarlo "... tomará las medidas tendientes a evitar su paralización".

Respecto al argumento del querellante, que sostiene que el servidor público acusado " irrumpió" o se "introdujo en el despacho" del Licenciado H. D.Q., el Pleno de la Corte considera que el expediente carece de las pruebas idóneas para corroborar esa afirmación. Cabe anotar que el querellante presenta dos declaraciones extrajudiciales, pero éstas no fueron ratificadas durante la instrucción del sumario, además que lo más lógico era aducir como posibles deponentes, a alguno de los "empleados de la oficina" para que así hubiese coherencia con lo que afirma en el libelo de querella.

El Pleno de la Corte es del criterio que la conducta desplegada por el funcionario público demandando no es antijurídica, toda vez que actuó en cumplimiento de un deber legal, en el sentido que realizó todas las acciones pertinentes para lograr que el Licenciado H.D.Q. compareciera a la FISCALÍA GENERAL ELECTORAL el día y la hora señalada en la boleta de citación.

De la mano con lo anterior, no se puede soslayar el hecho que la propia Constitución Nacional señala una inviolabilidad del domicilio de carácter relativa, porque destaca que no ocurre tal infracción cuando exista mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos.

Por lo expuesto, la actuación del servidor público acusado se produjo conforme a los trámites legales, lo que implica que no puso en peligro el bien jurídico que se refiere al derecho que tiene toda persona a garantizar la inviolabilidad de su domicilio, al no contrariar la norma penal que le endilga su comisión al funcionario público demandado.

Estos antecedentes ocasionan que la actuación del FISCAL GENERAL ELECTORAL se encuadre en la causa de justificación que consagra el artículo 19 del Código Penal, que se refiere al CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL , la que aparece como un elemento negativo del delito que excluye la antijuridicidad de la acción típica

En esta causa, queda claro que el servidor público demandado tenía un deber que cumplir, cuyo origen es de orden legal, y que su conducta adecuó para cumplir con ese mandato legal.

En síntesis, en este proceso penal no concurre el elemento constitutivo de la antijuridicidad porque aún cuando existe un tipo que describe la conducta punible, su conducta se adecua a una causa de justificación.

Por lo antes expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO, E IMPERSONAL, de acuerdo al numeral 3 del artículo 2207 del Código Judicial, dentro del proceso penal iniciado por la QUERELLAPENAL que, en su propio nombre, formaliza el Licenciado H. D.Q. en contra del Licenciado G.S. D., en su condición de FISCAL GENERAL ELECTORAL, por la supuesta comisión del delito que consagra el artículo 164 del Código Penal, es decir, por el delito de violación de domicilio.

N. y archívese.

MIRTHA VANEGAS DE PAZMIÑO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- ROBERTO GONZÁLEZ R. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T.P. --A.A. ARJONA L.

YANIXSA YUEN (Secretaria General)

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