Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 7 de Abril de 2022

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución 7 de Abril de 2022
EmisorCuarta de Negocios Generales

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Cuarta de Negocios Generales

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 07 de abril de 2022

Materia: Exequator / reconocimientos de sentencias extranjeras

Divorcio

Expediente: 1225672021

VISTOS:

El Licenciado ANDREY MOCK HO USUGA, apoderado judicial de R.D.Á.G., solicita a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el Reconocimiento y Ejecución de la Sentencia Extranjera de Divorcio de la Escritura N°359 de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), proferida por la Notaría Única del Círculo de Lorica - Córdoba, República de Colombia, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre los señores S.M.P.G. y R.D. ÁNGEL GIL.

ANTECEDENTES

El L.A.M.H.U., fundamenta su solicitud en que los señores R.D. ÁNGEL GIL y S.M.P.G. contrajeron matrimonio en la Notaría Tercera de Circuito, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, el veintiocho (28) de junio del año dos mil diez (2010); que posterior a su matrimonio establecieron su domicilio en la República de Colombia, por lo que inscribieron su matrimonio en dicho país.

Señala que mediante E.N.°359 de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), de la Notaría Única del Círculo de Lorica - Córdoba, República de Colombia, se disolvió el vínculo matrimonial.

Junto con la solicitud de Exequátur se adjuntó la siguiente documentación, plasmadas de fojas 4 a 16:

  1. Copia de Escritura número Trescientos Cincuenta y Nueve (N°359) de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) de la Notaría Única del Círculo de Lorica - Córdoba de la República de Colombia, contentiva de la Copia del Acuerdo de Divorcio.

  2. Copia del Poder Especial para el Divorcio de los señores R.D. ÁNGEL GIL y S.M.P.G..

  3. Copia de Certificación que no consta hijos dentro del matrimonio de la Subsecretaría de la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de la República de Panamá.

  4. Copia de Acta de Nacimiento del señor R.D.Á.G., Copia de Registro de Nacimiento de la señora S.M.P.G..

  5. Copia de la cédula de ciudadanía de los señores R.D. ÁNGEL GIL y S.M.P.G. debidamente apostillada; Certificado de Matrimonio N°Ins:8-299-1293, expedido por la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de la República de Panamá con su respectivo timbre fiscal.

  6. Copia simple del pasaporte N°720182497 del señor R.D.Á.G..

    Mediante Providencia de veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), se admite y corre traslado de la presente solicitud por el término de cinco (5) días al Procurador General de la Nación, para que emita opinión de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1420 del Código Judicial.

    OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    En la Vista N°04 del veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), el Procurador General de la Nación, Encargado, señaló:

    "...

    En este sentido, no es posible considerar procedente la solicitud formulada, en virtud de que el acuerdo de divorcio y liquidación conyugal otorgado ante Notario Público en la República de Colombia solo constituye un acto jurídico, y no una decisión jurisdiccional expedida por una autoridad competente producto de un proceso de divorcio, tal como presupone la Ley panameña.

    En el caso que nos ocupa, estamos frente a un simple acto jurídico realizado por las partes con el propósito de que su voluntad conste en un documento público; sin embargo, para proceder a la ejecución de 'sentencia extranjera', como se peticiona (f. 2), debe tratarse de una resolución judicial, y como tal, emitida por un órgano jurisdiccional competente. Esto se denota de la lectura de los artículos 1419 y 1420 del Código Judicial que hacen referencia a las sentencias pronunciadas por Tribunales Extranjeros.

    ...

    OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    Por lo antes expuesto, recomiendo a la Honorable Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, no acceder a la petición de reconocimiento y ejecución en la República de Panamá, de la Escritura de divorcio N°359, fechada 25 de mayo de 2021, pronunciada por la Notaría Única del Círculo de Lorica-Córdoba, República de Colombia, por medio de la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial habido entre S.M.P.G. y R.D.Á. GIL toda vez que la misma no es viable jurídicamente, por no cumplir con los requisitos que exige nuestro ordenamiento legal."(Cfr. Fojas 23 y 24)

    CONSIDERACIONES DE LA SALA

    El artículo 100, numeral 2 del Código Judicial, faculta a laSala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, para examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en un país extranjero, a efecto de decidir si pueden ser o no ejecutables en la República de Panamá.

    En este sentido, para que una Sentencia Extranjera se reconozca y declare ejecutable en la República de Panamá, debe cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 156 del Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, adoptado mediante Ley N°61 de 7 de octubre de 2015, en concordancia con los artículos 877 y 1419 del Código Judicial.

    El artículo 156 del Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá establece lo siguiente:

    "Artículo 156. Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos:

  7. Que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente, es decir, que no haya conculcado la competencia privativa de los tribunales panameños. Se entiende que la competencia sobre bienes inmuebles ubicados en la República de Panamá es de competencia privativa de los jueces panameños.

  8. Que la sentencia no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de este artículo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, es decir, que el proceso evacuado en el extranjero haya cumplido con el principio de contradictorio.

  9. Que la sentencia pronunciada por tribunal extranjero no conculque principios o derechos fundamentales del orden público panameño.

  10. Que la copia de la sentencia sea auténtica y, si fuere el caso, debidamente traducida al idioma español.

    Se entiende por sentencia extranjera objeto de exequátur toda sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada y que en el resorte de su jurisdicción esté en firme y no sujeta a recurso alguno".

    Por su parte, el artículo 1419 de nuestro Código Judicial señala:

    Artículo 1419. Las sentencias pronunciadas por Tribunales extranjeros y los fallos arbitrales extranjeros, tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos.

    Si no hubiere tratados especiales con el Estado en que se haya pronunciado la sentencia, ésta podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba de que en dicho Estado no se da cumplimiento a las dictadas por los Tribunales panameños.

    Si la sentencia procediera de un Estado que no se dé cumplimiento a la dictada por los tribunales panameños, no tendrá fuerza en Panamá.

    Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos.

    1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, salvo lo que la Ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en países extranjeros;

    2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de este artículo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, habiéndose ordenado la notificación personal por el tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución;

    3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y

    4. Que la copia de la sentencia sea auténtica.

    Se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión.

    Mientras que el artículo 877 del Código Judicial, dispone lo citado a continuación:

    Artículo 877. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, según los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomático o consular de una nación amiga. En este último caso, se acompañará un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomático de Panamá.

    Se presume, por el hecho de estar autenticados así, que los documentos están expedidos conforme a la Ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo contrario.

    Si los documentos procedentes del extranjero estuvieren escritos en lengua que no sea el español, se presentarán traducidos o se solicitará su traducción por intérprete público y en defecto de éste, por uno ad hoc, nombrado por el Tribunal.

    Así las cosas, cabe señalar que el divorcio de las partes fue presentado ante Notario y no ante un J., en otras palabras no proviene de un órgano jurisdiccional; sin embargo, siendo este proceso materia de familia, debemos remitirnos al contenido del artículo 11 del Código de la Familia de Panamá, que dispone lo siguiente:

    Artículo 11. La Ley del domicilio conyugal regirá todo lo concerniente a demandas de divorcio y separación de cuerpos, así como los derechos derivados de la respectiva sentencia. Se entiende por domicilio conyugal, el lugar donde viven los cónyuges habitualmente con singularidad y estabilidad.

    Tal como se observa, la situación planteada en la norma nos obliga a verificar la legislación foránea, en cuanto a la facultad de las notarias en recibir y registrar divorcio; de modo que el artículo 34 de la Ley N°962 de 8 de julio de 2005 de la República de Colombia, estipula que:

    "ARTÍCULO 34. DIVORCIO ANTE NOTARIO. Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley.

    El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente."(Lo subrayado es de la Sala)

    Igualmente, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han tratado este tema unificando criterios sobre los llamados "Divorcios no Judiciales", denominados de esta manera, ya que son disoluciones matrimoniales sin intervención de un Juez, en donde se debe solucionar estableciendo una "equivalencia funcional" entre la autoridad extranjera y la autoridad judicial.

    Sobre ello, el Profesor J.C.G., Profesor Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, en su escrito titulado "Divorcios Extranjeros sin Intervención Judicial: Práctica del Tribunal Supremo", manifiesta que:

    "Existen ciertos 'divorcios no judiciales' que, en su estructura, son idénticos a los tradicionales "divorcios judiciales" del Derecho Occidental. Lo que cambia es, únicamente, la "autoridad" que interviene para dictar el divorcio: no es un órgano jurisdiccional sino otra autoridad pública (notarios, órganos administrativos, autoridades públicas y a la vez religiosas, etc.). Estos divorcios privados no presentan aspectos de gran interés para el DIPr. Basta realizar una operación de "equivalencia funcional" entre la "autoridad extranjera" y la "autoridad judicial". Es un mero cambio de autoridad, pero las funciones de ambas permanecen: la autoridad no judicial extranjera pronuncia una resolución constitutiva de divorcio, tal y como lo haría un juez. Es, en esencia, un divorcio pronunciado por autoridad pública extranjera. Que sea o no una autoridad jurisdiccional es un dato menor. Por ello, el tratamiento legal de estos 'falsos divorcios privados' debe ser el mismo que se dispensa al 'divorcio judicial extranjero' ".(; Editorial Colex,2000; página 56).

    Por su parte, A.L.M., en su obra "El Reconocimiento de decisiones Extranjeras de Divorcio, Separación Judicial y Nulidad Matrimonial en España", afirma que:

    "A.D. sin intervención judicial

    En España no hay divorcio sin intervención judicial (Art. 81 y 88 cc). No obstante, según se ha dicho, en muchos Estados extranjeros las decisiones son adoptadas por autoridades públicas distintas de las judiciales: autoridades administrativas (Japón, Dinamarca, Noruega, Islandia) notarios (Cuba, Egipto, Marruecos) encargados del Registro Civil (Mexico), etc.

    ....No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene sosteniendo que, a pesar de no tratarse técnicamente de resoluciones judiciales, el procedimiento de exequátur resultará aplicable si (a) la autoridad pública encargada de otorgar la separación o el divorcio está dotada de "imperium" y (b) lleva a cabo una función equivalente a la que las leyes españolas otorgan al Juez en casos similares: comprobación de la legalidad del acto". (www.revistasocialesyjurídicas.files.wordpress.com; Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche; Volumen I, Número 1; julio 2006;página 121).

    Asimismo, nuestra jurisprudencia sobre este tema ha manifestado lo siguiente:

    "...

    Cumplido con el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la Escritura Pública No. 0643 de 14 de marzo de 2018, proferida por la Notaría 69 del Círculo de Bogotá, República de Colombia, en la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre I.D.M. y R.A.A.C., cumple con los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente.

    El numeral 2 del artículo 100 del Código Judicial faculta a la Sala de Negocios Generales a examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero.

    Es Importante advertir, que el caso bajo estudio no se trata de una sentencia propiamente dicha, sino de una Escritura Pública dictada por una Notaría, la cual está facultada por la Ley 962 de 8 de julio de 2005, mediante la cual el Congreso de Colombia, decretó en su Capítulo IV referente a "las regulaciones y trámites del sector del Interior y de Justicia, artículo 34 lo siguiente:

    'Artículo 34. Divorcio ante notario. Reglamentado por el Decreto Nacional 4436 de 2005. Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley:

    El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente.

    P.. El Defensor de Familia intervendrá únicamente cuando existan hijos menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al que han llegado los cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores.' (El resaltado es nuestro)

    Siendo ello así, observamos que la Escritura Pública No. 0643 de 14 de marzo de 2018, proferida por la Notaria 69 del Círculo de Bogotá, República de Colombia, en la cual se declara la Cesación de Efectos Civiles y Liquidación de Sociedad Conyugal por mutuo acuerdo existente entre I.D.M. y R.A.A.C., objeto de este petitium, cumple con los requisitos señalados en el artículo 1419 del Código Judicial, ya que la misma fue dictada en ejercicio de una pretensión personal, pues se trata de una solicitud de divorcio; y, se desprende del contenido de la misma que ambas partes presentaron un Convenio de Divorcio por mutuo acuerdo, lo que indica que tenían conocimiento del mismo, además, de estar debidamente representados.

    Al confrontar la petición formulada con los artículos 1419 y 877 del Código Judicial, en concordancia con la Ley 61 de 2015, se aprecia que la documentación se encuentra debidamente autenticada, con su correspondiente, Apostilla incorporada.

    Es importante señalar que la Escritura Pública objeto de estudio, fue proferida dentro de un Acto de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Religioso y Liquidación de Sociedad Conyugal por mutuo acuerdo de I.D.M. y R.A.A.C., quienes contrajeron nupcias matrimoniales en Bogotá; sin embargo ambos tienen, actualmente, residencia en la ciudad de Panamá. Comoquiera que las nupcias fueron contraídas en la ciudad de Bogotá, Parroquia San Nicolás, de acuerdo a la Ley Ley 962 de 8 de julio de 2005, las Notarías son competentes para todo lo concerniente a las demandas de divorcio, y tendrán los mismos efectos que lo decretado judicialmente, por ser lo que corresponde a la Ley del domicilio conyugal, tal como lo contemplan las reglas de conflicto contenidas en el artículo 11 del Código de la Familia en concordancia con el artículo 38 de la Ley 61 de 2015, que adopta el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá."(Sentencia de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020); Magistrado Ponente: L.R.F.S.; Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera).

    "...

    La sentencia objeto del presente exequátur, no proviene de un Órgano Jurisdiccional, dado que se trata de una Escritura Pública N° 799 de fecha 20 de junio de 2018, expedido por la Notaria Única de T., República de Colombia por la cual se acuerda la cesación de efectos civiles y liquidación de la sociedad conyugal que hasta la fecha existía entre C.C.A.S. y el señor R.O.C.S.; no obstante, la misma no conlleva a la violación al orden público panameño, toda vez que, la Legislación Colombiana en el artículo 34 de la Ley 962 de 08 de julio de 2005 preceptúa lo siguiente:

    'Artículo 34. Divorcio ante notario. . Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley.

    El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente.'

    En ese mismo sentido el artículo 11 del Código de la Familia, que trata sobre normas de Derecho Internacional Privado establece que la Ley del domicilio conyugal regirá lo concerniente a la demanda de divorcio; también se establece en el artículo 3 de la citada Ley, que las normas contenidas en ella, son de orden público y de interés social y se aplicarán con preferencia a otras normas.

    Por otra parte, el artículo 7 del mismo texto, establece la no aplicabilidad de la Ley extranjera cuando vulnere nuestro orden público, o cuando se pretenda invocarla en fraude a la Ley que debió regular el acto o relación jurídica; de igual forma, esta norma prohíbe a los tribunales patrios ejecutar resoluciones judiciales o administrativas que declaren algún derecho, sin que se confirme que las resoluciones proferidas en país extranjero hayan sido emitidas por autoridad competente, conforme a la Ley interna extranjera aplicable y que no hayan sido dictadas en ausencia; presupuesto éste que también establece el numeral 2 del artículo 1419 del Código Judicial.

    Es por lo antes expuesto, que queda demostrado que el Acta Notarial elevado a Escritura Pública mencionada, ha sido emitida por una autoridad competente en el país extranjero, tal como lo dispone el artículo 7 del Código de la Familia panameño, ya que quien emitió dicha dictamen fue el N.N.O.M.M., funcionario competente para decretar el divorcio de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 de la República de Colombia.(Sentencia de nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); Magistrado Ponente: H.A.D.L.B.; Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera).

    "...

    Con relación a la licitud de la obligación, resulta importante realizar la aclaración que la declaratoria de divorcio matrimonial no proviene de un Órgano jurisdiccional, tal y como lo señala la Procuradora al emitir su opinión, dado que se trata de la Escritura Pública N° 0226 de fecha treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), expedido por la Notaria Cuarta del Circuito de Cali-Encargada, capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, por la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial entre G.L.N. y la señora M.D.F.C.M.; no obstante, la misma no conlleva a la violación al orden público panameño, toda vez que la Legislación Colombiana en el artículo 34 de la Ley 962 de 08 de julio de 2005 preceptuá lo siguiente:

    'Artículo 34. Divorcio ante notario. . Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley.

    El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente.'

    En ese mismo sentido el artículo 11 del Código de la Familia, que trata sobre normas de Derecho Internacional Privado establece que la Ley del domicilio conyugal regirá lo concerniente a la demanda de divorcio; también se establece en el artículo 3 de la citada Ley, que las normas contenidas en ella, son de orden público y de interés social y se aplicarán con preferencia a otras normas.

    Por otra parte, el artículo 7 del mismo texto, establece la no aplicabilidad de la Ley extranjera cuando vulnere nuestro orden público, o cuando se pretenda invocarla en fraude a la Ley que debió regular el acto o relación jurídica; de igual forma, esta norma prohíbe a los tribunales patrios ejecutar resoluciones judiciales o administrativas que declaren algún derecho, sin que se confirme que las resoluciones proferidas en país extranjero hayan sido emitidas por autoridad competente, conforme a la Ley interna extranjera aplicable y que no hayan sido dictadas en ausencia; presupuesto éste que también establece el numeral 2 del artículo 1419 del Código Judicial.

    Es por lo antes expuesto, que queda demostrado que el Acta Notarial elevado a Escritura Pública mencionada, ha sido emitida por una autoridad competente en el país extranjero, tal como lo dispone el artículo 7 del Código de la Familia panameño, ya que quien emitió dicho dictamen fue la Notaria Encargada, S.P.T.P., funcionaria competente para decretar el divorcio de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 de la República de Colombia.(Sentencia de diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017); Magistrado Ponente: J.E.A.P.C.; Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera).

    Del mismo modo, jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, en un caso concreto, sostuvo lo siguiente:

    "Es reiterada posición del TS, respecto de la cuestión planteada relativa a divorcio de mutuo acuerdo ante Notario de Cuba, que cumplen los requisitos del art.954 LEC/1881, atendiendo a que, la circunstancia 1a ha de entenderse cumplida habida cuenta de la naturaleza personal de la acción de divorcio; que el requisito 2° del mismo art.954 LEC, se cumple si se tiene por probado que el divorcio fue promovido conjuntamente por ambos cónyuges; y por lo que interesa el requisito 3° del precitado art.954 LEC, refiere el ATS, S.1., de 20 de enero de 1998, que: "...el art.85 CC establece, la posibilidad del divorcio cualquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio. Se hace necesario precisar, llegado este punto, la posible vulneración que del orden público puede suponer la existencia de un divorcio acordado por ambos cónyuges y autorizado ante notario. Esta Sala mediante Autos de 1 de octubre y 19 de noviembre de 1996, despejaba de cualquier duda que dicho tipo de divorcio pudiera plantear, por cuanto del tenor del derecho cubano parece desprenderse que la intervención del Notario no se limita a funciones fedatarias, autorizando un mutuo discenso sobre el vínculo matrimonial, sino que se le atribuyen competencias en orden a la comprobación de determinadas condiciones a las que quedan sujetos la ruptura del vínculo y los efectos derivados de él en orden a los hijos menores comunes, ello dentro de un determinado procedimiento al que de modo preceptivo deberán acomodarse las solicitudes de divorcio de mutuo acuerdo. De esta suerte, no cabe desconocer en la intervención notarial la existencia de un cierto ejercicio de funciones de homologación de la voluntad de las partes traídas del ordenamiento de origen, que atribuye a los fedatarios competencias en tal materia, al parecer, de manera exclusiva, de modo que no puede decirse que el divorcio así obtenido repugne al orden público interno, concepto éste que ha ido desarrollando hasta cobrar un contenido netamente constitucional, comprensivo de los principios jurídicos y derechos constitucionalmente consagrados (SSTC 54/1989 y 132/1991, entre otras), lo cual posibilita el reconocimiento de la escritura notarial que lo declara, en línea con la postura mantenida por la Sala ante casos en los que, como el presente, no interviene un órgano jurisdiccional en su concesión sino una autoridad o funcionario de distinto orden con competencia para ello de acuerdo con el ordenamiento de origen (vid. AATS 2 de julio de 1996, 16 de julio de 1996, 19 de noviembre de 1996, 4 de febrero de 1997 y 24 de junio de 1997". Esta posición jurisprudencial se mantiene y se reitera la argumentación en Autos posteriores, así los de 5 de octubre de 1999 y de 21 de noviembre de 2000, respecto de los Notarios cubanos. Consiguientemente, el exequátur no se limita a las sentencias judiciales, y se hace extensivo a otros documentos. A mayor abundamiento, en reciente ATS de 17 de octubre de 2006, se resuelve, sin oposición del Ministerio Fiscal, el otorgar el exequátur a resolución dictada por el Notario de la Oficina del Registro Civil de El Cairo, Egipto, por la que se acordaba el divorcio de matrimonio contraído en el Cairo e inscrito en el Registro Civil español." (disponible en: www.ocw.uv.es/ciencias-sociales-y.../ii-2).

    De lo expuesto, la figura del divorcio ante notaría es viable cuando la Ley le otorga al funcionario público, el Notario, una investidura judicial permitiéndole conocer exclusivamente sobre los divorcios por mutuo consentimiento; puesto que, estos tipos de procesos no son litigiosos, la autoridad solamente se remite a verificar sí cumple con los requisitos para que se configure la disolución marital entre las partes, esto sin tener que entrar a discernir a quién le asiste el derecho y a quién no, ya que los cónyuges en común acuerdo expresan su voluntad en poner fin a su relación matrimonial.

    De lo señalado en el artículo 11 de nuestro Código de la Familia, citado anteriormente y el artículo 38 del Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, adoptado mediante Ley N°61 de 7 de octubre de 2015, que establece lo siguiente:

    "Artículo 38. La ley del domicilio conyugal regirá todo lo concerniente a demandas de divorcio o separación de cuerpos, así como los derechos derivados de la respectiva sentencia.

    Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde viven los cónyuges habitualmente con singularidad y estabilidad.

    Los tribunales competentes en materia de familia son los tribunales del último domicilio conyugal."

    Así pues, teniendo en cuenta que el domicilio conyugal de las partes se estableció en la República de Colombia, de esto se colige de la Escritura Pública N° 359, que señala: "...R.D.A.G., varón, mayor de edad, residenciado y domiciliado en la ciudad de Montería, identificado con la C.C#79.439.246 de Bogotá y S.M.P.G., mujer, mayor de edad, residenciada y domiciliada en Montería, identificada con la C.C#1.082.879.695 de Santa Marta..."(Cfr. Foja 5). Además que la Ley N°962 de 8 de julio de 2005 de la República de Colombia, en su artículo 34 le otorga esta facultad a los notarios, y observando que no contraviene lo señalado en el artículo 7 del Código de la Familia de la República de Panamá, que citamos a continuación:

    "Artículo 7: No se aplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público panameño, o cuando la aplicación o invocación del derecho extranjero haya sido constituido en fraude a la ley que debió regular el acto o la relación jurídica."

    Tomando como base lo planteado en párrafos previos, por Ley la Notaria Única del Círculo de Lorica-Córdoba, República de Colombia, está facultada para conocer sobre divorcios de mutuo acuerdo, en donde el pronunciamiento del N. tiene el mismo efecto que el divorcio decretado por un tribunal jurisdiccional; igualmente este acto no entra en conflicto, ni contravención con nuestro orden público, ni fue constituido en fraude a la ley.

    En cuanto al numeral 1 del artículo 156 del Código de Derecho Internacional Privado y del artículo 1419 del Código Judicial, se aprecia que la voluntad de las partes en poner fin a su relación marital llega al conocimiento del notario por la pretensión personal de las partes.

    Por otra parte, el numeral 2 del artículo 156 de la Ley N°61 del 7 de octubre de 2015, en concordancia con el numeral 2 del artículo 1419 del Código Judicial, contemplan como segundo requisito "Que la sentencia no haya sido dictada en rebeldía".

    La doctrina define la rebeldía, en este caso internacional, como:

    "... la causal de denegación que se configura cuando el proceso evacuado en el extranjero, no ha cumplido con la notificación de la parte demandada violando así el principio del contradictorio, de la bilateralidad y de cognición procesal". (G.B., 2002: P.. XLVII, en su obra Derecho Internacional Privado)

    Podemos manifestar que la rebeldía no se configura en este caso, puesto que las partes presentaron mutuo acuerdo de divorcio ante la funcionaria encargada de la Notaría del Circulo de Lorica - Córdoba de la República de Colombia.

    Sobre el tercer requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 156 de la Ley N°61 del 7 de octubre de 2015, el cual dispone: "Que la sentencia pronunciada por tribunal extranjero no conculque principios o derechos fundamentales del orden público panameño". Respecto al orden público, la doctrina ha señalado que:

    "Adscribimos a una consideración jurídica del orden público que evite desviaciones interpretativas que surgen de considerar al mismo desde una posición meramente ontológica. El orden público comprende, en consecuencia al conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios generales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia, como por ejemplo las normas penales.

    En el Derecho Civil el orden público constituye el límite infranqueable por la voluntad individual.

    En un Estado de Derecho, el orden público supremo se identifica con la Constitución en su carácter de supraestructura jurídica y condición de validez de las restantes normas del ordenamiento.(D.V., A.R.. Relevancia del Orden Público en la Afirmación de la Autonomía Personal)

    Puesto que, el divorcio por mutuo consentimiento y la cesación de sus efectos civiles ante notario produce los mismos efectos que el decretado judicialmente; además de ello, fue la voluntad de las partes llegar a la terminación de su relación marital, no se observa que conculque con los principios o derechos fundamentales de nuestro orden público.

    En relación con el numeral 3 del artículo 1419 del Código Judicial, que señala: "Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá", guarda relación con las formalidades y solemnidades seguidas para la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial.

    Al respecto, se constata que lo presentado ante la notaría es un mutuo acuerdo, en donde los cónyuges eran mayores de edad, dieron su consentimiento mediante abogado y tenían más de un año de contraído nupcias, elementos que ajustan a los requisitos del mutuo consentimiento, establecidos en el numeral 10 del artículo 212 del Código de la Familia panameño, que cita lo siguiente:

    Artículo 212: Son causales de divorcio:

    1. ...

    2. ...

    3. ...

    4. ...

    5. ...

    6. ...

    7. ...

    8. ...

    9. ...

    10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

    1. Que los cónyuges sean mayores de edad;

    2. Que el matrimonio tenga como mínimo un año de celebrado; y

    3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos meses desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de los seis meses de la citada presentación.

    Igualmente se debe procurar el cumplimiento del artículo 218 del Código de la Familia; sin embargo, se deja constancia que no hubo hijos dentro del matrimonio, eximiendo a las partes de lo establecido en este artículo.

    Finalmente, se puede observar que la Escritura cuya ejecución se solicita es auténtica, cumpliendo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 156 de la Ley N°61 del 7 de octubre de 2015, así como con el numeral 4 del artículo 1419 del Código Judicial; puesto que la misma se encuentra debidamente apostillada.

    De igual forma, se observa que la República de Panamá y la República de Colombia son signatarios de LACONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LA APOSTILLA, la cual en su artículo 2 establece:

    Art. 2- Cada uno de los Estados contratantes exonerará de legalización a los documentos a los que se aplica la presente Convención y que deben ser exhibidos en su territorio. La legalización en el sentido de la presente Convención se refiere solamente a la formalidad por la cual los agentes diplomáticos o consulares del país en el territorio del cual se debe exhibir el documento certifican la veracidad de la firma, la calidad en virtud de la cual la persona que firma el documento lo ha hecho y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre colocado en el documento.

    Por lo tanto, se exonera al solicitante de la legalización señalada en el artículo 877 del Código Judicial.

    En virtud de lo anterior, esta Sala accederá a la solicitud de Reconocimiento y Ejecución en la República de Panamá, de la Sentencia Extranjera de Divorcio de la Escritura N°359 de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), presentada por el Licenciado ANDREY MOCK HO USUGA en su condición de apoderado judicial de R.D. ÁNGEL GIL.

    DECISIÓN DE LA SALA

    En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECONOCE Y DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá, la Sentencia Extranjera de Divorcio de la Escritura N°359 de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), proferida por la Notaría Única del Círculo de Lorica - Córdoba, República de Colombia, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre los señores R.D.Á.G., varón, estadounidense, mayor de edad, con número de pasaporte 720182497, y S.M.P.G., mujer,colombiana, mayor de edad, con número de pasaporte CC1082879695.

    SE AUTORIZA a la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de la República de Panamá, que realice las anotaciones e inscriba en los libros correspondientes, la sentencia de divorcio antes señalada, en los mismos términos que ella indica.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 100 numeral 2, 1419 y 1420 del Código Judicial; artículo 212 del Código de la Familia; artículo 156 de la Ley N°61 del 7 de octubre de 2015; Convención de la Haya sobre La Apostilla; artículo 34 de la Ley N°962 de 8 de julio de 2005 de la República de Colombia.

Notifíquese Y CÚMPLASE.

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

OLMEDO ARROCHA OSORIO --- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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