Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Octubre de 2019

Ponente:Efrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha de Resolución:25 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
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CONTENIDO

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Efrén Cecilio Tello Cubilla

Fecha: 25 de octubre de 2019

Materia: Juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva

Excepción

Expediente: 35-17

VISTOS:

La Licenciada L.A. G., en su propio nombre y representación, ha presentado ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia una excepción de prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá-Área Metro, le sigue a L.G. de A. (q.e.p.d.) (fs. 2-4 del cuadernillo judicial).

Mediante Auto fechado 1 de febrero de 2017, el Magistrado Sustanciador admitió dicha excepción; le corrió traslado al Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y al Procurador de la Administración; así como también ordenó suspender el remate (f. 17 del cuadernillo judicial).

Luego de ello, se continuaron los trámites procesales correspondientes, encontrándose esta incidencia en estado de resolver el fondo; labor a la cual se avoca este Tribunal, no sin antes hacer una síntesis de los hechos y el derecho que fundamentan la pretensión de la excepcionante, así como la posición que al respecto tiene el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, y el Procurador de la Administración.

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

Entre los hechos que fundamentan la acción promovida, la actora señala lo siguiente:

§ Que la entidad bancaria ejecutante pretende que L. G. de A. (q.e.p.d.) cumpla con la obligación contenida en la Escritura Pública N° 2175 de 15 de marzo de 1999, que contiene un contrato de préstamo que la misma contrajo con el Banco Nacional;

§ Que en el expediente existe plena constancia del fallecimiento de la prenombrada y que, en razón de ello, se inició un proceso de sucesión intestada, radicado en el Juzgado Segundo de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá;

§ Que en su condición de heredera declarada se acercó al Banco Nacional de Panamá para que le dieran información sobre la obligación contraída por su difunta madre, sin embargo, el banco se negó a dársela, indicándole que la información sería suministrada al tribunal donde se tramita el juicio de sucesión, pero a la fecha de presentación de esta incidencia, el banco no había remitido información alguna al juzgado, ni propuesto acción de cobro como acreedora de los bienes de su difunta madre;

§ Que hasta donde tiene conocimiento, su difunta madre dejó de pagar el préstamo hipotecario el 10 de mayo de 2010, por lo que de conformidad con el artículo 1650 del Código de Comercio, que establece que la prescripción de la acción mercantil es de cinco (5) años, la obligación que exige el Banco Nacional de Panamá está prescrita; y

§ Que la vía procesal para deslindar esta ejecución es dentro del proceso de sucesión, de conformidad con los artículos 1556, 1589-1597 del Código Judicial, y 933-938 del Código Civil (fs. 2-3 del cuaderno judicial).

OPOSICIÓN DEL JUZGADOR EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA METRO.

El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, se opone a la acción promovida, basándose en lo siguiente:

§ Que esta ejecución persigue el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas entre el Banco Nacional de Panamá y L. G. de A. (q.e.p.d.), por lo que se está citando a los presuntos herederos para que éstos ejerzan sus derechos, instándolos a cumplir con el pago del crédito a fin de evitar el remate de la finca 11844;

§ Que en el proceso por cobro coactivo se aportó copia autenticada de los autos que declaran como herederos a M., L., Ó. y P., todos A. G.;

§ Que mediante Auto N° 766 J-I de 17 de agosto de 2016, se libró mandamiento de pago a favor del Banco Nacional de Panamá, contra L. G. de A. (q.e.p.d.), resolución ésta que fue notificada a S., P. y O.A. G. el 28 de septiembre de 2016, y a L.A. G. el 21 de octubre de 2016;

§ Que el último pago registrado por L. G. de A. (q.e.p.d.) fue el 29 de octubre de 2016 y se libró mandamiento de pago el 17 de agosto de 2016, actuación ésta de la cual quedaron notificados los presuntos herederos el 28 de septiembre y el 21 de octubre de 2016;

§ Que de acuerdo con el artículo 32 del Código de Comercio, los actos de comercio realizados por dependencias del Estado, están sujetos a las disposiciones de la ley mercantil, y que de conformidad con el numeral 7 del artículo 1652 del Código de Comercio, el plazo de prescripción para las acciones derivadas de los contratos bancarios o financieros es de tres (3) años;

§ Que a partir del 29 de octubre de 2014, cuando se registró el último pago, la entidad ejecutante estaba facultada para exigir a los presuntos herederos el pago de la obligación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1650 del Código de Comercio, a partir de esa fecha también comenzó a correr el plazo de prescripción de tres (3) años, el cual se vencía en octubre de 2017. No obstante, antes de vencerse dicho plazo, la entidad ejecutante dictó y notificó a los presuntos herederos el auto que libró mandamiento de pago, el cual notificó a los presuntos herederos el 28 de septiembre y el 21 de octubre de 2016 (fs. 5-8 del cuaderno judicial).

CONCEPTO DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, el Procurador de la Administración remitió a esta S. la Vista N° 600 de 6 de junio de 2017, a través de la cual emitió concepto en relación con la excepción de prescripción bajo examen (fs. 19-27 del cuaderno judicial).

En tal sentido, el referido servidor público solicitó a este Tribunal se sirva declarar no probada la excepción de prescripción; postura que, en lo concreto, sustentó de la siguiente manera:

"Al revisar el expediente ejecutivo y el cuaderno judicial, no podemos perder de vista que la obligación que genera el proceso ejecutivo por cobro coactivo que ocupa nuestra atención, surge del contrato de Préstamo Hipotecario...suscrito entre L. G. de A. (q.e.p.d.) y el Banco Nacional de Panamá por la suma de...(B/.150,000.00), a un plazo de...(20) años, el cual en su cláusula quinta señala que 'la falta de pago de dos de los abonos establecidos en este documento dará derecho a EL BANCO a declarar la deuda vencida y a exigir inmediatamente el pago del saldo deudor'...

Sobre este punto, consideramos necesario citar lo dispuesto en el artículo 1043 del Código Civil; y los artículos 1589 y 1596 del Código Judicial...

Si tomamos en cuenta lo dispuesto en el artículo 1043 del Código Civil ya citado, la obligación no se extingue con la muerte; sin embargo, es importante acotar que luego del estudio del expediente ejecutivo, vemos que el Banco Nacional de Panamá está llamando a L. G. de A. (q.e.p.d.) para que en su calidad de deudora enfrente el proceso por cobro coactivo instaurado por esa entidad, sin considerar que como persona natural dejó de existir y, por lo tanto, no puede ser sujeto de ningún litigio.

Lo anotado encuentra sustento en el artículo 45 del Código Civil, que expresa: 'La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas', de lo que se infiere que la entidad ejecutante libró mandamiento de pago en contra de L. G. de A. (q.e.p.d.) lo que a todas luces es improcedente; puesto que una persona fallecida no puede ser parte de ningún proceso tal como se desprende de la citada norma, de ahí que para exigir el cobro de la deuda contraída, el Banco Nacional de Panamá debió dictar el auto ejecutivo directamente en contra de los presuntos herederos o interesados, tal como lo dispone el artículo 1589 del Código Judicial previamente transcrito, y acudir a la jurisdicción ordinaria; ya que no concurrió al proceso de sucesión.

...En el caso que nos ocupa la señora L. G. de A. (q.e.p.d.), contrajo un préstamo hipotecario con el Banco Nacional de Panamá, por ende la obligación de pagar le correspondía a la señora G. de A. (q.e.p.d.), una vez la misma fallece, esta obligación no se extingue, sin embargo, es necesario realizar un proceso de sucesión para saber quiénes son los herederos, trámite del cual el Banco Nacional de Panamá tenía pleno conocimiento que se estaba efectuando...

Aunado a lo anterior, se observa a foja 68 del expediente...que uno de los cuatro (4) herederos, el señor O.A.G., presentó una nota calendada 22 de diciembre de 2016, en la cual señaló entre otras cosas que 'gestiona préstamo personal cuyo importe será cedido íntegramente al Banco Nacional de Panamá para extinguir esa cuenta, cuyo cobro cursa hoy por vía judicial...' Sin embargo, no existe en el expediente nada que acredite la masa herencial que le corresponde a los herederos ya declarados. Por lo tanto, mal podría la entidad bancaria exigir a los presuntos herederos que hagan cumplir una obligación cuando no existe un documento que legitime a éstos para ser ejecutados, considerando que a pesar de tener conocimiento de quiénes eran los herederos de L. G. de A. (q.e.p.d.), a través del auto que libró mandamiento de pago se quiere cobrar una obligación a presuntos herederos, sin especificar quiénes son a pesar de contar con dicha información.

Explicado lo que antecede y de acuerdo a las mencionadas disposiciones, consideramos que la excepción de prescripción en examen, aun cuando haya sido admitida por la S. Tercera tal y como la denominó la excepcionante, estimamos que la misma no constituye el mecanismo idóneo para advertir algunos elementos de carácter procesal que han sido pretermitidos por el Banco Nacional de Panamá, sino que se debió interponer una excepción por falta de legitimidad pasiva..." (fs. 19-27 del cuaderno judicial).

ALEGATOS.

En tiempo oportuno, la Juez Ejecutora del Banco Nacional de Panamá presentó escrito de alegatos, en el cual reiteró su respectiva posición, a la cual nos hemos referido en apartados anteriores, añadiendo lo siguiente:

"VIGÉSIMO PRIMERO: La obligación entre acreedor y deudor se extinguió con el pago efectivo de la deuda.

La Hipoteca es un derecho real que gravita sobre un bien inmueble afectado al cumplimiento de una obligación. G. a una cosa en lugar de gravar a una persona.

Por la hipoteca se tiene un derecho real sobre el objeto que garantiza el crédito y da al ACREEDOR un derecho de preferencia por el cual escapa al concurso de acreedores, se paga con el objeto afectado a su crédito.

El acreedor tiene derecho de persecución sobre el objeto para que éste sea entregado de manos de quien lo tenga, desconociendo las enajenaciones y constitución de derechos reales, teniendo el derecho de vender la cosa gravada...

Las obligaciones hipotecarias pasan a los herederos de éstos a los legatarios por causa de muerte del deudor.

VIGÉSIMO SEGUNDO

..

En virtud de lo extinción de la obligación principal por el pago de la deuda, se cancela la hipoteca...que pesa sobre la Finca No.11844...de propiedad de L.G.D.A., (Q.E.P.D.), se emitió el Auto 864 J-1 de 3 de julio de 2017 que ORDENA el LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO decretado mediante Auto N° 766-J-I de 17 de agosto de 2016.

VIGÉSIMO TERCERO

El referido Auto, hasta tanto no quede en firme y ejecutoriado, no será comunicado, al Registro Público, para su inscripción, tal como fue informado a las partes, hasta tanto no sean resueltos los Incidentes, la Excepción de Prescripción y la Apelación ante la S. Tercera Contencioso Administrativa.

..." (fs. 73-78 del cuaderno judicial).

ANÁLISIS DE LA SALA TERCERA.

Una vez cumplido el trámite procesal de rigor, este Tribunal, con fundamento en la atribución que nos otorga el numeral 4 del artículo 97 del Código Judicial para conocer de las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente que se presenten en los procesos por cobro coactivo instaurados por entidades públicas, procederá a resolver la excepción de prescripción que ha sido interpuesta por L.A. G., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, inició contra L. G. de A. (q.e.p.d.).

En ese sentido, esta S. observa que en la copia autenticada del expediente que contiene dicho proceso ejecutivo, yace la Escritura N° 2175 de 15 de marzo de 1999, otorgada por la Notaría Primera del Circuito de Panamá, en la cual consta que L. G. de A. (q.e.p.d.), recibió del Banco Nacional de Panamá, sucursal de Calidonia, en calidad de préstamo, la suma de B/.150,000.00, la cual se comprometió a pagar en un plazo de 20 años, con intereses del 8% anual y mediante abonos mensuales consecutivos no menores de B/.1,327.29, y que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en dicho documento, la prenombrada constituyó primera hipoteca y anticresis a favor del banco sobre la finca N°11844, inscrita en el Registro Público, al rollo complementario 31704, documento 4, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, la cual era de su propiedad. Igualmente, se estableció que la falta de pago de dos de los abonos establecidos daría derecho al banco a declarar la deuda de plazo vencido y a exigir inmediatamente el pago del saldo deudor (fs. 6-10 y sus reversos del expediente ejecutivo).

También se advierte que, dado que la deudora había incumplido con el pago de sus obligaciones en los términos acordados, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, emitió el Auto N°766-J-1 de 17 de agosto de 2016, por medio del cual declaró la obligación de plazo vencido, libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de L. G. de A. (q.e.p.d.) y decretó formal embargo sobre la finca N°11844, ya descrita, hasta la concurrencia de la suma de B/.60,032.15, en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se causaran hasta el completo pago de la obligación. Cabe señalar, que dicho auto le fue notificado a los herederos de la ejecutada el 28 de septiembre (S., P. y Ó.A. G.) y el 21 de octubre de 2016 (L.A. G.) (fs. 34-36 y su reverso del expediente ejecutivo).

Posteriormente, esto es, el 1 de noviembre de 2016, L.A.G. presentó la excepción de prescripción que ocupa nuestra atención, pues, según la información que ella maneja, su madre L. G. de A. (q.e.p.d.), dejó de pagar el préstamo que mantenía con el Banco Nacional de Panamá el 10 de mayo de 2010, por lo que desde esa fecha hasta el momento en que es notificada del auto ejecutivo, la obligación se encuentra prescrita, de conformidad con el artículo 1650 del Código de Comercio (f. 2-3 del cuadernillo judicial).

No obstante, el 22 de noviembre de 2016, O. y P.A. G., herederos de L. G. de A. (q.e.p.d.), solicitan al Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que se liquide y fije por escrito el monto adeudado al 30 de diciembre de 2016, a fin de pagar la referida obligación (f. 68 del expediente ejecutivo).

Es por lo anterior que el Banco Nacional de Panamá expide una certificación el 1 de diciembre de 2016, en la que hace constar que el préstamo hipotecario N° 100000078404, a nombre de L.G. de A. (q.e.p.d.) mantiene un saldo de B/.61,048.23 (f. 72 del expediente ejecutivo).

En una certificación expedida el 12 de mayo de 2017, el Banco Nacional de Panamá hace constar que: "La facilidad de crédito tipo 'PRESTAMOS JUBILADOS Y TERCERA EDAD' N° 100000078404, concedida el 15 de abril de 1999, a nombre de: L.G.D.A., con número de identificación 03-00025-000448, ha sido cancelada el 11 de marzo de 2017" (f. 125 del expediente ejecutivo).

Por lo antes expuesto, mediante el Memorando 17 (42070-02) 144 fechado 30 de mayo de 2017, la Jefa de Recuperación de Créditos Legal Consumo y la Gerente de Área de Recuperación de Créditos, comunica al Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá lo siguiente:

"Agradecemos se proceda con el levantamiento de embargo que pesa sobre la finca N° 11844, que garantiza el Préstamo Hipotecario N° 100000078404, a nombre del cliente fallecido en asunto.

Lo anterior obedece a que el préstamo constituido con dicha garantía fue cancelado el pasado 11 de marzo de 2017" (f. 124 del expediente ejecutivo).

Seguidamente, se advierte el Auto N° 864-J-1 de 3 de julio de 2017, mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, tomando en consideración la certificación de cancelación expedida por el Departamento de Procesos Operativos de Préstamos, Área Metro, Gerencia de Área de Procesos Operativos de Crédito, sobre la cancelación de la obligación que mantenía L. G. de A. (q.e.p.d.) el 11 de marzo de 2017, resolvió lo siguiente:

"En virtud de lo anterior, quien suscribe, Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, en uso de las facultades conferidas por la Ley, y en él delegadas, ORDENA EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO decretado mediante Auto No. 766-J-I de 17 de agosto de 2016...sobre la Finca No. 11844...de propiedad de L.G.D.A., (Q.E.P.D.), con cédula de identidad personal No. 3-25-448.

En virtud de la extinción de la obligación principal por el pago de la deuda, se cancela la hipoteca inscrita a la ficha 204659...que pesa sobre la Finca No.11844...de propiedad de L.G. DE ALVARADO (Q.E.P.D.), con cédula de identidad personal No.3-25-448.

Se ordena el archivo del expediente en cancelados.

..." (f. 127 del cuadernillo judicial).

Sobre el pago hecho por uno de los deudores solidarios, es preciso indicar que el artículo 1032 del Código Civil establece que: "El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación".

Por consiguiente, resulta claro que el pago del saldo del préstamo hipotecario N° 100000078404, a nombre de L.G. de A. (q.e.p.d.), ha extinguido la obligación cuyo cumplimiento exigía el Banco Nacional de Panamá; razón por la cual ha desaparecido el objeto litigioso de la excepción de prescripción en estudio, pues, no tiene sentido declarar prescrita o no prescrita una obligación que ya no existe.

En virtud de lo anterior, concluimos que en esta causa se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, el cual, si bien no se encuentra taxativamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico, se infiere de lo dispuesto por el artículo 992 del Código Judicial, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 992. En la Sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las pretensiones objeto del proceso ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente".

D. se ha definido la sustracción de materia como "un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justificable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes; no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida" (P., J.W., "El proceso atípico", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1983, pág. 130).

En ese sentido, es dable anotar que la sustracción de materia ocurre cuando luego de instaurada una demanda o un proceso, sobreviene en el curso del mismo un hecho que hace desaparecer el objeto litigioso pretendido por el accionante, de tal suerte que el Juzgador se ve impedido de pronunciarse sobre el fondo de la causa, no quedándole más remedio que dar por terminada la causa de manera abstracta. T. presente que, para decretar este modo anormal de terminación del proceso, el hecho sobreviniente debe estar debidamente probado dentro de la causa en análisis, tal como ha ocurrido en la situación bajo examen.

Finalmente, conviene destacar que mediante auto para mejor proveer fechado 15 de noviembre de 2018, este Tribunal solicitó al Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que informara el estado actual del proceso ejecutivo incoado contra L. G. de A. (q.e.p.d.). Y dicha entidad ejecutante mediante la Nota 18 (03110-01-156-34) 2483 J-1 de 14 de diciembre de 2018, certificó que el mismo se encontraba suspendido, mientras se decidía la acción de amparo de garantías constitucionales que la hoy excepcionante interpuso contra el Auto N° 864-J-1 de 3 de julio de 2017, y que hasta ese momento estaba pendiente de comunicar al Registro Público la orden de levantamiento de embargo y archivo del expediente (f. 87 del cuadernillo judicial). No obstante, estimamos oportuno indicar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no concedió esa acción de amparo de garantías constitucionales, tal como consta en la Sentencia de 31 de octubre de 2018.

Por las consideraciones previamente expuestas, esta Corporación de Justicia procederá a declarar que en el presente negocio jurídico ha operado la sustracción de materia.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la excepción de prescripción propuesta por la Licenciada L.A. G., en su propio nombre y representación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo incoado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Metro, a L. G. de A. (q.e.p.d.) y ORDENA el archivo del expediente.

N. y archívese,

EFRÉN CECILIO TELLO CUBILLA

ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)