Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Septiembre de 2003

PonenteHipólito Gill Suazo
Fecha de Resolución18 de Septiembre de 2003
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado R.C., actuando en nombre y representación de la UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ULACIT), ha presentado excepciones de petición de antes de tiempo y de inexistencia de la obligación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas le sigue, en virtud de la multa impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Señala el proponente de la incidencia que mediante Resolución No. 3077 de 5 de diciembre de 2001, el Ente Regulador de los Servicios Públicos condenó a ULACIT a pagar una multa de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), por haber causado daños a la red sanitaria del IDAAN.

Contra dicha resolución, se interpuso recurso de reconside-ración el cual fue resuelto mediante Resolución No. 3205 de 15 de febrero de 2002, y notificada al apoderado judicial de la ULACIT el 19 de febrero del mismo año.

Continúa manifestando, que la Administración Regional de Ingreso de la Provincia de Panamá, en funciones de Juez Ejecutor, emitió el Auto de secuestro No. 213-JC-094 de 18 de marzo de 2002, antes que venciera el término para recurrir a la vía contencioso administrativo contra la resolución que le impone la multa antes mencionada. Al respecto destaca, que el día 16 de abril de 2002 fue interpuesta demanda contencioso administrativa.

En relación a este punto es que el recurrente fundamenta las excepciones presentadas, ya que alega que por no estar ejecutoriada la resolución del Ente Regulador, la actuación de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, constituye una petición de antes de tiempo, y por lo tanto ilegal, al carecer del título ejecutivo para ordenar el secuestro de las cuentas ULACIT por la suma equivalente a la multa impuesta, más costas del 20%. Agrega que las costas son ilegales, por cuanto que la ley expresamente señala que en estos procesos no hay imposición de costas.

Dicha consideración la sustenta en el principio básico de derecho, que para interponer cualquier proceso ejecutivo, se requiere un título ejecutivo. Por ello considera que al no estar ejecutoriada la resolución que impuso una multa a ULACIT, no existe un título ejecutivo para decretar en contra de esta medida de secuestro contra sus fondos por el total de la multa, más un recargo de 20% en concepto de costas.

También indica que, como consecuencia de la acción interpuesta por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, se ha producido un exceso en el secuestro, ya que a la fecha a ULACIT se le ha secuestrado la suma de DIECIOCHO MIL BALBOAS (B/.18,000.00), producto de la orden girada por la autoridad demandada, contra las cuentas que posea en los bancos que integran el sistema nacional.

En concepto del actor, para el hipotético caso que proceda la acción de secuestro interpuesta contra ULACIT, hay un exceso en el mismo, por lo que corresponde limitar el secuestro sólo a la suma de que efectivamente es la multa impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

De acuerdo al trámite procesal se le corrió traslado de las presentes excepciones al Juez Ejecutor de la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Procuradora de la Administración, por el término de tres días.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración emitió su criterio mediante V.F. número 443 de 9 de septiembre de 2002, consultable de la foja 14 a la 20 del expediente.

A juicio de la señora Procuradora de la Administración, la Resolución No. JD-3077 de 5 de diciembre de 2001, es un documento que presta mérito ejecutivo al tenor de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 1779 del Código Judicial, dado que es una decisión administrativa que se encuentra debidamente ejecutoriada, ya que contra la misma no hay lugar a interponer recurso alguno.

Por otro lado, señala la prenombrada funcionaria en relación al supuesto exceso existente en el secuestro decretado contra la ULACIT, que a través de la Resolución No. 213-JC-2996 de 26 de abril de 2002, el Juzgado Ejecutor de la Administración Regional de Ingresos, Provincia de Panamá, levantó el secuestro que mantenía sobre las cuentas del dicha universidad, en diferentes bancos de la localidad; manteniendo únicamente el secuestro sobre la cuenta que tiene en el Banco Internacional de Panamá (BIPAN), por la suma de SEIS MIL BALBOAS (B/.6,000.00).

En razón de lo expuesto, la colaboradora de instancia solicitó a la Sala que declare no probada las excepciones incoadas por el apoderado judicial de la ULACIT.

ANTECEDENTES DEL CASO

Se observa que el presente proceso ejecutivo tiene su génesis en la Nota No. DPER-467 de 20 de febrero de 2002, por la cual el Ente Regulador de los Servicios Públicos le solicita a la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas que efectúe el cobro de la multa impuesta a la ULACIT,por la suma CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), mediante la Resolución No. JD-3077 de 5 de diciembre de 2001. (Ver fojas 2 y 3)

La imposición de la sanción obedece a los daños ocasionados por dicha casa de estudios a la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), lo cual se enmarca en la infracción del numeral 2 del artículo 64 del Decreto Ley No. 2 de 7 de enero de 1997. (Ver fojas 2 y 3)

A consecuencia de lo anterior, el Juzgado Ejecutor de la Dirección General de Ingresos libró el Auto ejecutivo de mandamiento de pago 213-JC-093 de 18 de marzo de 2002, contra la ULACIT, con Registro Único de Contribuyente número 1897-2-7399, por la suma de CINCO MIL BALBOAS 00/100 (B/.5,000.00), más el recargo del veinte por ciento (20%) adicional, correspondiente Juicio por Jurisdicción Coactiva y los gastos de cobranza, en concepto de multa impuesta por el Ente Regulador mediante Resolución No. 3077 de 5 de diciembre de 2001. (F.17)

De igual manera, consta a foja 18 que este Juzgado Ejecutor dictó el Auto de secuestro 213-JC-094 de 18 de marzo de 2002, contra la ULACIT por la suma antes descrita, sobre cualquier cuenta de ahorros, cuenta corriente, depósitos, plazo fijo y bienes.

DECISIÓN DE LA SALA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a dilucidar la controversia planteada.

El argumento del excepcionante radica en que, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá emitió medida cautelar de secuestro contra la ULACIT, a fin de realizar el cobro de la multa impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, sin encontrarse ejecutoriadala Resolución No. 3077 de 5 de diciembre de 2001, por la cual se le sanciona. Ante la aludida ausencia de ejecución de la resolución, sostiene que la misma tampoco representa un título ejecutivo.

Un primer aspecto ha destacar consiste que en materia administrativa para que se configure la ejecutoriedad del acto se requiere del agotamiento de la vía gubernativa, es decir, que contra el acto administrativo no cabe la interposición de recurso alguno.

Así lo establece el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

"Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (El resaltado es nuestro).

Sobre este tema, la Ley 38 de 31 de julio de 2000, en los numerales 2 y 4 del artículo 200, preceptúa lo siguiente:

"Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando:

  1. ...

  2. Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, señalados en el artículo 166, se entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre él;

  3. ...

  4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o ambos, éstos hayan sido resueltos."

    Hay que distinguir entre los recursos procedentes dentro de la vía gubernativa de la acción contencioso administrativa, la cual "no obedece a un recurso, sino al contrario, es una acción independiente, cuya finalidad es la revisión judicial de las actuaciones administrativas. (Fallo de la Sala Tercera de 6 de julio de 1999)

    Tomando en cuenta lo expuesto, se aprecia que la Resolución No. 3077 de 2001 que sirve de recaudo ejecutivo, fue recurrida en tiempo oportuno, por el apoderado especial de la ULACIT mediante recurso de reconsideración.

    Reposa de la foja 7 a la 13 del expediente ejecutivo, la Resolución No. JD-3205 fechada 15 de febrero de 2002, la cual deniega la reconsideración formulada, y donde se le advierte al recurrente que mediante la mencionada resolución se agota la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley No.26 de 29 de enero de 1996 y que la misma sólo será recurrible ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

    Como la resolución que resuelve el recurso de reconsideración fue notificada a la parte interesada el día 19 de febrero de 2002, es a partir de esta fecha que la actuación administrativa quedo perfeccionada y ejecutoriada.

    Lo anterior implica que la resolución que impone la multa a la ULACIT presta mérito ejecutivo, de acuerdo a lo regulado en los 4 y 5 del Artículo 1779 del Código Judicial:

    "Artículo 1779. Prestan mérito ejecutivo:

    ...

  5. Las resoluciones ejecutoriadas de las cuales surjan créditos a favor del Tesoro Nacional, de los municipios, de las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades públicas del Estado.

  6. Las resoluciones ejecutoriadas de los funcionarios judiciales, administrativos o de policía que impongan multas a favor de las entidades de derecho público si no se ha establecido otra forma de recaudo."

    En cuanto a la situación advertida por la parte actora, en relación a que existía un exceso en la suma secuestrada por la entidad ejecutante, debido a que la orden de secuestro se había hecho efectiva en varios bancos de la localidad, consta a folio 103 del expediente que contiene el proceso ejecutivo que por medio de la Resolución No. 213-JC-2996 de 26 de abril de 2002, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá resolvió:

Primero

LEVANTAR el secuestro sobre las cuentas que la ULACIT mantiene en las siguientes entidades bancarias:

1) BANCOLAT, la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.3,479.57)

2) BANCO GENERAL, la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00)

3) BICSA, la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00)

Segundo

MANTENER EL SECUESTRO sobre la cuenta que la ULACIT mantiene en el BANCO INTERNACIONAL DE PANAMÁ (BIPAN).

Finalmente, el recurrente alude que la entidad ejecutante ha incurrido en ilegalidad, por el cobro de un recargo de 20% en concepto de costas, en adición al monto de la multa impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Esta Corporación de Justicia ha de indicar que la actuación de la Administración Regional de Ingresos se enmarca en lo previsto en el artículo 1328 del Código Fiscal, que en su parte pertinente tiene establecido:

"1328. Los recargos ocasionados por falta de pago dentro del término establecido por la Ley, deberán considerarse como indemnización al Tesoro Nacional.

El cobro por vía ejecutiva de créditos a favor del Tesoro Nacional causará un recargo adicional del veinte (20%).

..." (El resaltado es nuestro).

Del análisis anterior, se concluye que no le asiste la razón al actor en sus afirmaciones, pues ha quedado demostrado que la Resolución No. 3077 de 5 de diciembre de 2001, dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos se encuentra ejecutoriada, por lo que resulta procedente la actuación de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá de exigir su cumplimiento por la vía ejecutiva.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADAS las excepciones de petición de antes de tiempo y de inexistencia de la obligación, presentadas por licenciado R.C., actuando en nombre y representación de la UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ULACIT), dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas le sigue, en virtud de la multa impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

NOTIFÍQUESE.

HIPÓLITO GILL SUAZO

ARTURO HOYOS -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

ANAÍS BOYD DE GERNADO (Secretaria Encargada)

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