Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 15 de Septiembre de 1995

Ponente:RODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución:15 de Septiembre de 1995
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
RESUMEN

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN #5, DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, ESPAÑA RELATIVO A MARIO ANELLO, ANDRESS IGNACIO CRUZ DE IGLESIAS Y 33 PERSONAS MÁS

 
CONTENIDO

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado por segunda vez a este Despacho cuaderno contentivo del Exhorto librado por el Juzgado Central de Instrucción # 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, relativa a M.A., A.I.C.I. y 33 personas más.

El propósito del presente suplicatorio es "solicitar del REPUBLIC NATIONAL BANK los números de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos bancarios, que tuvieran en dicha entidad los inculpados relacionados al principio de esta Comisión Rogatoria y las sociedades y empresas siguientes: CORAL GABLES INVESTMENT; BRIDGE INVESTMENT; BURROGHS GRACO INVESTMENT; GRANCO INVESTMENT; UNITED COMERCIAL PROPERTIERS; AUTO WORLD; EUROPEAN MOTORS SPORTS; B.M.; SIGNATURS MOTORS; REPUBLIC AUTOR SALES; REPUBLIC AUTO TRANSPORT".

La petición formulada por el Juzgado Central de Instrucción # 5, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, se realiza en base a que en dicho Juzgado se sigue un proceso penal en contra de M.A., A.I.C. y otros por delito de trafico y blanqueo de dinero, tal y como se aprecia en la relación circunstanciada de los hechos presentados y visibles de fojas 13 a 24 del expediente.

Una vez visto en qué consiste el pedido efectuado por las autoridades españolas, la Sala de Negocios Generales considera lo siguiente:

La Convención Interamericana establece dentro de sus Normas Generales, artículo XVII que el Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público. Al respecto, esta M. observa normas de Derecho Interno que es necesario aplicar, al estudiar lo pedido por el Juzgado de Instrucción Central de Madrid, España.

Le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, el conocimiento de estos negocios para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

La Sala Cuarta de Negocios Generales en fecha 3 de mayo de 1994, dictó resolución en la cual se declara no viable la solicitud efectuada en primera instancia, en virtud de lo establecido por el artículo 89 del Código de Comercio. No obstante, sin perjuicio de lo expresado en la resolución anterior; el Código Judicial Panameño en el Libro II, Titulo VII, Capítulo VII "de la Inspección Judicial y Reconstrucción", en el artículo 941 concede facultades al Juez para que de oficio ordene la inspección de determinados documentos. Transcribimos el artículo 941 a la letra:

Artículo 941: A solicitud de parte o de oficio, el Juez puede ordenar que se verifiquen inspecciones o reconocimientos de lugares, cosas documentos, bienes muebles o inmuebles, semovientes o de personas.

La parte que solicita la inspección deberá indicar la materia u objeto sobre la que ha de recaer.

Sin embargo, en caso de que no fuere suficientemente explícito el escrito, si el propósito de la pruebas fuere claro, de acuerdo con la demanda y su contestación, el Juez la decretará en la respectiva resolución y señalará el punto o puntos sobre los cuales ha de versar la diligencia.

Si para la realización de la prueba fuera menester la colaboración personal de una de las partes y ésta se negare, sin fundamento, a prestarla, el J. le intimará a que la preste. Si a pesar de ello continuare su injustificada renuencia, el J. podrá disponer a que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretarse la negativa injustificada como un indicio en su contra, respecto l objeto de la prueba, o ejercer la facultad de imponer las sanciones conminatorias previstas en este Código.

Si la diligencia de inspección personal fuere de alguien que no es parte en el proceso y afecte su dignidad, al arbitrio del Juez, no estará obligado a permitirla.

Aunado al artículo anterior, el Texto Único de la Ley de Drogas contiene normas referentes a la cooperación internacional en cuanto a la investigación de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los artículos 33 y 34, los cuales transcribimos a la letra:

Artículo 33: Las investigaciones de los delitos enumerados en el artículo 261 del Código Penal, también podrán ser iniciadas en cooperación o por petición del Estado en el que se hayan cometido tales delitos

...

Artículo 34: En los delitos que trata la presente Ley especial, los tribunales panameños serán competentes aun cuando el hecho ilícito por el cual se proceda, se haya cometido en el extranjero, siempre y cuando el producto del ilícito o cualquier elemento constitutivo de éste se haya realizado o produzca sus efectos totales o parciales en territorio panameño, y en los demás casos en que sea aplicable el artículo 9 del Código Penal.

En éste mismo orden de ideas, el Capítulo V de los Delitos contra la Salud Pública, en el artículo 261 establece cuando es aplicable la Ley panameña, en delitos cometidos en el extranjero:

Artículo 261: Se aplicará la ley penal panameña en los casos contemplados en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 de éste Código, cometidos en el extranjero, siempre que dentro del territorio panameño se hubiesen realizado los actos encaminados a su consumación o cualesquiera transacciones con bienes provenientes de dichos delitos relacionados con drogas.

En concordancia, el artículo 9 numeral 1 y el artículo 261 de nuestro Código Penal establece lo siguiente:

"Artículo 9: Se aplicará la Ley penal panameña por los hechos punibles cometidos en el extranjero cuando:

  1. Producen o debieran producir sus resultados, en todo o en parte, en el territorio panameño". ...

A tenor de los dispuesto en el artículo 74 en el capítulo IX de la Inspección Bancaria del decreto de Gabinete 238 de 2 de julio de 1970, el examen de cuentas bancarias de particulares pueden ser sujetas a examen, siempre y cuando medie una orden judicial.

Artículo 74: Se prohíbe a la Comisión realizar u ordenar investigaciones acerca de los asuntos particulares de ningún cliente de un banco. las informaciones obtenidas por la Comisión en el ejercicio de sus funciones no podrán ser reveladas a ninguna persona o autoridad, salvo si le fuere exigida judicialmente conforme a las disposiciones legales vigentes o fueren datos consolidados con cifras globales. La violación de este precepto será sancionada de acuerdo con lo señalado en el artículo 101 de este Decreto de Gabinete. ...

En virtud de que el presente suplicatorio consiste en la investigación de actos constitutivos del delito continuado de tráfico de estupefacientes, que como ya hemos señalado en líneas anteriores está tipificado en nuestras leyes penales internas y en virtud que el mismo cumple con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento interno, es posible conceder la viabilidad al presente exhorto.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Central de Instrucción #5, de la Audiencia Nacional de Madrid, España relativo a M.A., A.I.C. de Iglesias y 33 personas más; en el sentido de que se ORDENA la práctica de una Inspección Judicial en el Republic National Bank a fin de determinar los numeros de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos bancarios que tuvieren en dicha entidad bancaria las siguientes sociedades: CORAL GABLES INVESTMENTT, BURROUGHS GRACO INVESTMENT, GRANCO INVESTMENT, BRIDGE INVESTMENT, UNITED COMERCIAL PROPERTIES, AUTO WORLD, EUROPEAN MOTORS SPORTS, B.M., SIGNATURS MOTORS, REPUBLIC AUTOR SALES, REPUBLIC AUTO TRANSPORT.

Para la práctica de estas diligencia se COMISIONA al Juzgado Segundo del Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente, y una vez efectuadas las diligencias pertinentes remítase a esta Sala para la aplicación de los ulteriores trámites procesales sobre la materia.

C..

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) A.H.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General