Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2022

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2022
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 09 de mayo de 2022

Materia: Casación penal

Expediente: 14-2021C

VISTOS:

Mediante resolución de 26 de octubre de 2021, la Sala admitió el Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado JAIME VEGA, en representación de la señora GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, contra la Sentencia 2da. INST. N° 98, de 16 de octubre de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que revocó la Sentencia de Primera Instancia, dictada por el Juzgado Decimosexto de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que absolvió a la prenombrada; y en su lugar la condena a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término de seis (6) meses, como autora del delito de P.C., en perjuicio del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud.

Por cumplir con los requisitos comunes y propios de la estructuración de toda demanda de casación, el escrito de impugnación propuesto fue admitido, procediéndose con el traslado a la Procuraduría General de la Nación, quien mediante Vista No. N° 4 de 13 de enero de 2022, presentó sus opiniones en torno a la censura formulada por el activador judicial (fs.576-1600).

Precluido este término, se realizó la audiencia oral de casación, el 21 de febrero de 2022, constando acta respectiva de esta diligencia de fojas 1607 a 1609 del expediente. El defensor de la señora GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, presentó escrito sobre las alegaciones expuestas en la audiencia (fs. 1610-1617).

Agotados los pasos legales que establecen los artículos 2439, 2441, 2442 y 2444 del Código Judicial, corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, decidir el fondo del recurso de casación formalizado.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da, con la querella interpuesta por el Licenciado RÚBEN PECCHIO, ante las autoridades competentes, en la cual pone en conocimiento la presunta comisión de los delitos Contra el Patrimonio Económico y La Administración Pública, en perjuicio del Ministerio de Salud, relacionado al Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, sobre las actividades administrativas y financieras del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013 (fs. 2-78).

La Fiscalía Novena Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Providencia Indagatoria N° 32 de fecha 22 de febrero de 2016, dispuso someter a los rigores de la indagatoria a G.K.D.P.C. y otros, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título X, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, que regula las Diferentes Formas de Peculado (fs. 914-934).

A través de la Vista Fiscal Nº 48, de 31 de marzo de 2016, la Fiscalía Novena Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de Panamá, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un Auto de Llamamiento a juicio en contra de G.K.D.P.C. y otros, por la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en perjuicio del Ministerio de Salud (fs. 1105-1131).

El día 13 de diciembre de 2017, se realizó la Audiencia Preliminar y posteriormente se dictó el Auto de Llamamiento a Juicio N° 03, del 17 de enero de 2018, mediante el cual el Juzgado Decimosexto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, abre causa criminal a G.K.D.P.C. y otros, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título X, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado Culposo (fs. 1240-1244, 1245-1250).

La Audiencia Ordinaria se llevó a cabo el 24 de abril de 2019, acogiéndose el juzgador al término de Ley para dictar la respectiva sentencia (fs. 1362-1414).

A través de la Sentencia Absolutoria N° 3, de 11 de junio de 2019, el Juzgado Decimosexto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a G.K.D.P.C. y otros, de los cargos por los que fue llamada a responder en juicio penal (fs. 1416-1428).

Decisión con la que no estuvo de acuerdo el representante del Ministerio Público, por lo que recurrió en apelación. Es así que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, revoca la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Decimosexto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de declarar penalmente responsable a la señora G.K.D.P.C., y la condena a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término de seis (6) meses, una vez cumplida la sanción principal, como autora del delito de P.C., en perjuicio del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud (fs. 1472-1485). Resolución con la que no estuvo de acuerdo la defensa de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, por lo que anunció y sustentó en tiempo oportuno el recurso extraordinario de Casación que nos ocupa.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

PRIMERA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurrente invoca como primera causal de fondo, una de las contempladas en el numeral del artículo 2430 del Código Judicial, es decir, "Cuando se haya incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, que influye en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal".

Como primer cargo de injuricidad, se expone que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente el Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, suscrito por las auditoras de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, A.D.M., B.G. y CRECENCIA DE P., al atribuirle responsabilidad penal a GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, por la pérdida de dinero debido a la falta de supervisión de la prenombrada como Jefa del Departamento de Bienestar del Empleado, ya que dicho informe no iba dirigido a acreditar lesiones patrimoniales, sino a mejorar aspectos de economía y eficiencia en procesos administrativos.

Error probatorio que incidió en lo dispositivo del fallo recurrido, porque de haberlo valorado correctamente el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY, por un delito de Peculado Culposo.

En el segundo motivo, cuestiona la valoración que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, le dio a las diligencia de declaración jurada rendidas por las auditoras B.N.G.S. y A.E.S. DE MORALES, para sustentar la responsabilidad penal de GETZYBEL DE PUY como autora del delito de P.C., pues, la valoración íntegra de los elementos en cita revelan que las auditoras declararon que los hallazgos encontrados en el COIF corresponden a la responsabilidad de las funcionarias D.C., administradora y encargada de los depósitos y M.M., encargada de autorizar los cheques, además señalaron como encargada de la supervisión a la Subdirectora de Recursos Humanos S.V..

Sostiene que de haberse valorado correctamente las declaraciones juradas rendidas por las auditoras, el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY por un delito de Peculado Culposo.

En el tercer motivo, explica el recurrente que el Tribunal Ad-quem valoró erróneamente la Nota DRH-SDRH-13-2014 de 25 de febrero de 2014, suscrita por la Ingeniera SANDRA VEGA, Subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, pues, la apropiada valoración de la misma, revela que la evaluación de auditoría realizada estaba dirigida exclusivamente a la Licenciada M.M., Directora del COIF, por ser la única responsable de realizar labores de dirección, coordinación y supervisión de las actividades financieras del centro, por lo que no existe sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY, por el delito de Peculado Culposo.

En el cuarto motivo, el casacionista manifiesta que el Segundo Tribunal Superior cometió error de derecho en la apreciación de la prueba, al valorar la declaración indagatoria de la señora M.M., porque con esta prueba sustenta la responsabilidad penal de GETZYBEL DE PUY, al plantear que la declarante efectuó señalamientos contra DE PUY, como responsable del hecho.

Arguye que la valoración errónea de esa declaración de descargo infringe la regla de apreciación probatoria que versa sobre los cánones de apreciación de la declaración de parte, ya que de haberse valorado correctamente, el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY.

En el quinto motivo, se indica que el Tribunal de Grado, yerra al valorar la declaración indagatoria de la señora D.J.C.G., porque a partir de esta da por acreditado que GETZYBEL DE PUY, cometió el hecho, cuando la declarante en ningún momento realizó señalamientos contra la prenombrada, por el contrario, señaló que la supervisión del centro así como las decisiones, firma de cheques, visto bueno en recibos, compras, depósitos, cobros y salidas de dinero estaban bajo la responsabilidad de la Licenciada M.M..

Sostiene que la valoración realizada por el Tribunal AD Quem vulnera la regla de apreciación probatoria que versa sobre los cánones de apreciación de la declaración de parte. De haber valorado correctamente la declaración indagatoria rendida por D.J.C.G., el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY por un delito de Peculado Culposo.

En el sexto motivo, expone que el juzgador de segunda instancia valoró erróneamente la declaración indagatoria rendida por GETZYBEL DE PUY, al utilizarla en su análisis para sustentar la responsabilidad penal de las coimputadas M.M. y D.C., lo cual resulta incorrecto, pues la valoración íntegra del elemento en cita, revela que DE PUY indicó que, en el desempeño de su cargo como Jefa de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, no tenía funciones de supervisión de las actividades financieras del COIF; ya que jamás estuvo vinculada a alguna actividad económica del centro y que sus funciones eran las de velar por el cumplimiento de deberes laborales no de orden financieros o económicos.

Indica que la valoración realizada por el Tribunal Superior vulnera la regla de la apreciación probatoria que versa sobre los cánones de apreciación de la declaración de parte, toda vez que, de haberse valorado correctamente la declaración indagatoria de GETZYBEL DE PUY, el Tribunal Ad Quem habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la prenombrada por un delito de Peculado Culposo.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneraron los artículos 980, 917, 836, 904 y 985 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión; en tanto que, también se infringe el artículo 340 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, producto de la errónea valoración de las pruebas.

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

La segunda causal alegada por el casacionista, es la de "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", causal contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

La causal viene sustentada en tres (3) motivos. En el primero de ellos, se indica que el Tribunal Superior omitió la valoración de la copia autenticada del perfil del cargo de Jefe de Sección del Centro de Orientación Infantil, la cual da cuenta que el Jefe de la Sección del Centro de Orientación Infantil es quien tiene dentro de sus funciones la obligación de controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a las actividades que desarrolla el centro; cargo que desempeñaba M.M.. Por consiguiente, y de ahí lo trascendental del error, de no haberse considerado dicha constancia probatoria, que constituye un documento público sujeto a apreciación, el Tribunal Ad Quem habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora GETZYBEL DE PUY, por un delito de Peculado Culposo, en perjuicio del COIF del Ministerio de Salud.

En el segundo motivo, el casacionista manifiesta que el Segundo Tribunal Superior cometió error de hecho en la apreciación de la prueba, al no considerar la copia del perfil de cargo de Jefe del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, remitida mediante Nota No. 0461/DAL de 17 de marzo de 2015 del Director Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, la cual da cuenta que las funciones del Jefe Del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales (cargo que desempeñaba GETZYBEL DE PUY) están relacionadas con la programación, coordinación y supervisión de programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de trabajo y al bienestar de los servidores públicos y que en cuanto a materia de recursos y presupuesto solo le corresponde controlar lo que se le asigne a la unidad o departamento a su cargo. Por consiguiente, y de ahí lo trascendental del error, de no haberse considerado dicha constancia omitida, que constituye un documento público sujeto a apreciación, el Tribunal Ad Quem habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY, por un delito de Peculado Culposo, en perjuicio del COIF del Ministerio de Salud.

En el tercer motivo, explica el recurrente que el Tribunal Ad-Quem omitió la valoración de la declaración jurada rendida por ELBA EDITH LÓPEZ PINTO, funcionaría del COIF del Ministerio de Salud, la cual da cuenta que las actividades financieras del COIF la realizaban la administradora D.C., quien se encargaba de la recaudación y la directora M.M., quien se encargaba de la supervisión. Por consiguiente, y de ahí lo trascendental del error, de no haberse considerado dicha constancia probatoria, que constituye una prueba testimonial sujeta a apreciación, el Tribunal Ad Quem habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY, por un delito de Peculado Culposo, en perjuicio del COIF del Ministerio de Salud.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneraron los artículos 780, 834 y 907 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y, el artículo 340 del Código Penal, por indebida aplicación.

Con fundamento en lo anterior, solicita, se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se absuelva a GETZYBEL DE PUY de los cargos formulados en su contra (fs. 1564-1573).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista Nº 04 de 13 de enero de 2022 (fs. 1576-1600), la Procuraduría General de la Nación, recomienda a esta Colegiatura que no case la sentencia impugnada argumentado, que los yerros judiciales acusados no han sido probados, por lo cual, deben ser desestimados.

En cuanto a las disposiciones legales y concepto de infracción, estima que al no haber sido evidenciado los cargos de injuridicidad formulados en los motivos que sustentan las dos causales invocadas en el recurso, se debe descartar la posibilidad de que alguno de los preceptos haya sido conculcado en el modo que lo indica el censor.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

La primera causal que aduce el recurrente en que incurrió el Tribunal Superior es "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la Ley sustantiva penal.

Al respecto la Sala ha manifestado en múltiples ocasiones que esta causal concurre cuando el medio de prueba existe, está acreditado en el proceso y, por ello, el juzgador lo examina, lo toma en cuenta, lo analiza, pero no le atribuye la eficacia probatoria que la ley le asigna. Se trata de un error producido por la deficiente valoración jurídica sobre la prueba en el proceso y puede ocurrir en los siguientes supuestos:

  1. Cuando a una prueba legalmente producida no se le reconoce el valor que la ley le otorga;

  2. Cuando a una prueba legalmente producida se le da un valor no reconocido por la ley;

  3. Cuando la prueba no fue producida o practicada con apego a los requisitos legales correspondientes, es decir, cuando se le considera sin que se hubiere producido legalmente, y se le confiere una fuerza probatoria establecida sólo para aquellos elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley; y,

  4. Cuando se desconocen las reglas de la sana crítica al analizar el caudal probatorio.

Observa la Sala que el primer y segundo motivo guardan relación entre si, por lo cual se procederá a su análisis de manera conjunta.

Como primer motivo para sustentar esta causal, el casacionista cuestiona la valoración que hizo el Ad-Quem del Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, suscrito por las auditoras de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, A.D.M., B.G. y CRECENCIA DE P., al atribuirle responsabilidad penal a GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, por la pérdida de dinero debido a la falta de supervisión de la prenombrada como Jefa del Departamento de Bienestar del Empleado, ya que dicho informe no iba dirigido a acreditar lesiones patrimoniales, sino a mejorar aspectos de economía y eficiencia en procesos administrativos.

Error probatorio que incidió en lo dispositivo del fallo recurrido, porque de haberlo valorado correctamente el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY, por un delito de Peculado Culposo.

En el segundo motivo, expone que el Juzgador de Segunda Instancia valoró erróneamente la diligencia de declaración jurada conjunta rendida por las A.B.N.G.S. y A.E.S. DE MORALES, al sustentar la responsabilidad penal de GETZYBEL DE PUY, las cuales, también declararon que los hallazgos encontrados en el COIF correspondían a la responsabilidad de las funcionarias D.C., administradora y encargada de los depósitos y M.M., encargada de autorizar los cheques y señalaron como encargada de la supervisión a la Subdirectora de Recursos Humanos SANDRA VEGA.

Con relación al Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, se observa en la parte motiva de la sentencia impugnada lo siguiente:

"En ese sentido, tenemos el Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14 realizado por El Ministerio de Salud (v.fs. 4-78), relacionado con las actividades administrativas y financieras del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), en donde se determinó los procesos administrativos relativos al cobro por concepto de matrículas, mensualidades y material didáctico efectuados en el Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), se manejaron incumpliendo con los principios de economía, efectividad y eficacia, por la falta de coordinación de parte de la Jefa del Departamento de Bienestar del Empleado la Licenciada GETZYBEL DE PUY, en razón de estar adscrito el COIF a dicho departamento; también, la ausencia continua de supervisión por la Directora Licenciada MARIELA MARTÍZ, a las labores realizadas por la encargada de la Administración D.C., lo cual produjo irregularidades en perjuicio del Ministerio de Salud (COIF) por el monto de B/.9,860.93."

Y, sobre la declaración jurada de las auditoras, expuso:

"... las auditoras se ratificaron de su informe el cual señala una diferencia en las cuentas del Centro de Orientación Infantil y Familiar, y sin perder de vista, la jurisdicción penal no solamente le interesa las perdidas económicas, sino el desempeño de los funcionarios públicos en sus respectivos cargos, pues deben velar por el cuidado de los bienes pertenecientes al Estado".

Al remitirnos al Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, nos percatamos que el informe tenía como objetivo verificar el cumplimiento de los reglamentos y actividades desarrolladas en el Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud, con el fin de determinar la utilización de los recursos materiales, financieros y humanos de este Centro Parvulario y fue suscrito por la Auditoras Licenciada ANABELLA DE MORALES, L.B.G. y la Directora de Auditoría Interna, Encargada Licenciada CRECENCIA DE P., las cuales después de realizar las verificaciones correspondientes, concluyeron:

"Como resultado de nuestra evaluación al Control Interno del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), determinamos que los procesos administrativos relativos al cobro por concepto de matrículas, mensualidades y material didáctico efectuado en este Centro Parvulario durante el periodo evaluado, se manejaron incumpliendo con los principios de economía, efectividad y eficacia, puesto que la falta de controles por parte de la Jefa de Bienestar del Empleado Licda. G. De Puy, así como la ausencia de una continua supervisión por la Directora Lcda. M.M. (sic) a las labores realizadas por la encargada de la Administración D.C., produjo irregularidades en perjuicio económico al Ministerio de Salud (COIF) por el monto de B/. 9,860.93 (Nueve mil ochocientos sesenta balboas con 93/100)".

Además, recomendaron:

"Con el propósito de reforzar las medidas de Control Interno y de esta manera disminuir los riesgos de hechos irregulares que afecten el patrimonio del Estado, sugerimos a la Ing. S.V.S.D. de Recursos Humanos, impartir las directrices necesarias a la Lcda. G. De Puy Jefa del Departamento de Bienestar del Empleado, para que coordine con la Lcda. B.B.D. actual del COIF, a fin de que supervise los procedimientos y controles de las funciones que ejecuta la persona encargada de la Administración, de manera que no se repitan las situaciones indicadas en este informe".

En lo concerniente a la declaración conjunta de ANABELLA DE MORALES y B.G., se observa que las mismas declararon haber realizado una auditoría operacional al Centro de Orientación Infantil y Familiar del Ministerio de Salud, solicitado por la Ingeniera SANDRA VEGA, Sub directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Explican que en su audito dieron con el hallazgo de siete (7) irregularidades, determinando una lesión al Estado por la suma denueve mil ochocientos sesenta balboas con noventa y tres centésimos (B/. 9,860.93), reflejado en las libretas de recibos de cobros utilizados y en los registros de las tarjetas de pago, vinculando con el mismo a la D.M.M., por falta de supervisión a las labores de la administradora encargada D.C., por no cumplir parte de sus funciones, las cuales debía desempeñar, además, recomendaron a la Directora de Recursos Humanos Dilsa Cedeño, por falta de supervisión de instruir a la Subdirectora de Recurso del Ministerio de Salud, S.V. (fs. 780-785).

Luego de estudiar los aspectos medulares del primer y segundo motivo, así como la posición del representante del Ministerio Público, debe la Sala indicar que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que, no consta que existan dos (2) versiones diferentes del Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, ya que el informe visible de fojas 4 a 78 es el mismo que se observa de fojas 100 a 172, solo que el primero está incompleto, pues, en cuanto al punto IV. CUADROS, ANEXOS Y DOCUMENTOS, solo se aportaron los cuadros faltando los anexos y documentos, los cuales, sí fueron suministrados por el Director Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, luego de haber sido solicitado al Ministro de Salud por la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, tal como se observa a foja 96, donde consta dicha solicitud y de fojas 99 a la 779 la contestación y remisión del referido informe completo y autenticado.

Concatenado a ello, mal puede decirse que el Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14, no es un medio idóneo de prueba por no haber sido ratificado por una de las tres personas que los suscribieron o por el simple hecho de no estar dirigido para acreditar lesiones patrimoniales, ya que fue ratificado por dos de sus suscriptoras las L.B.N.G.S. y A.E.S. DE MORALES, quienes de manera conjunta se afirmaron y ratificaron del contenido del informe en cuestión, manifestando que se trata de una auditoría operacional con hallazgos de una posible lesión patrimonial al Centro de Orientación Infantil y Familiar del Ministerio de Salud, desde el 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013 y que la Licenciada CRECENCIA DE P., encargada de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, solo refrendaba lo que ellas investigaban. También, indicaron que la prenombrada había ingresado a la Caja de Seguro Social desde el día 23 de febrero de 2015, ya que tenía programada una operación en la cadera, por lo cual no pudo asistir a la diligencia. Tampoco le asiste la razón al casacionista cuando sostiene que la auditoría no estaba dirigida a acreditar lesiones patrimoniales, pues, recordemos que uno de los objetivos de una auditoría operacional consiste en la revisión y evaluación de la gestión de los recursos, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia y eficacia con que son manejados y controlados, de manera que cumpla con las políticas implementadas. En ese sentido, las auditoras explicaron que encontraron al realizar la auditoría operacional 7 irregularidades:

Ø Faltante de ingreso percibido por la suma de nueve mil ochocientos sesenta balboas con noventa y tres centésimos (B/. 9,860.93), reflejado en las libretas de recibos de cobros utilizados y en los registros de las tarjetas de pago;

Ø Deficiencia en los pagos por matrícula y mensualidad;

Ø Debilidades y faltas de controles en las labores realizadas por parte de la administración;

Ø Inconsistencia en la información contenida en los expedientes de los niños y en las tarjetas de pagos;

Ø Faltas de registros, seguimiento oportuno y documentos sustentadores en los movimientos de ingreso y gastos;

Ø Pagos de arrendamiento sin el contrato pactado del año 2012;

Ø Falta de Controles de registros apropiados para el manejo de los alimentos.

Siendo ello así, la Sala comparte la valoración realizada por el Tribunal Superior al Informe Auditoría N° 04-AO-ODAI-14 y la declaración conjunta de las L.B.N.G.S. y A.E.S. DE MORALES, para acreditar la responsabilidad penal de la procesada GETZYBEL DE PUY, toda vez que, el recurrente obvia que de fojas 1098 a 1102 consta la Diligencia de Preguntas realizada a las declarantes G.S. y SILGADO DE MORALES, en el cual manifestaron de común acuerdo que "...en el informe de auditoría mencionamos o si mencionamos a la Licenciada GETZIBEL (sic) DE PUY, porque en el informe incluye la parte de conclusiones y recomendaciones finales, en las cuales si debemos describir los posibles responsables...". Además, señalaron que dentro del manual de organización y funciones del Ministerio de Salud, se encuentran descritas las funciones relacionadas al COIF, estipulando en uno de los puntos desarrollar los mecanismos de registro y control tendientes a mantener la transparencia administrativa y financiera de COIF, lo que quiere decir que GETZYBEL DE PUY, como Jefa del Departamento de Bienestar del Empleado y al estar el COIF adscrito al mismo, debió supervisar todas las actividades, es decir, tanto administrativas como financieras, cosa que no ocurrió, produciéndose una serie de irregularidades en perjuicio económico del Ministerio de Salud (COIF) por el monto de nueve mil ochocientos sesenta balboas con noventa y tres centésimos (B/. 9,860.93), por lo que no se logra probar los cargos de injuridicidad alegado por el casacionista.

En su tercer motivo el activador judicial expone que el Tribunal Superior, valoró erróneamente la Nota DRH-SDRH-13-2014 de 25 de febrero de 2014, suscrita por la Ingeniera SANDRA VEGA, Subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, al utilizarla para sustentar la responsabilidad penal de GETZYBEL DE PUY, ya que dicha nota da cuenta que la evaluación de auditoría realizada estaba dirigida exclusivamente a la Licenciada M.M., Directora del COIF, por ser la única responsable de realizar labores de dirección, coordinación y supervisión de las actividades financieras del centro.

Sobre esta prueba, el Tribunal de Alzada expuso lo siguiente:

"Asimismo, se llega a cuestionar el monto total de la lesión ocasionada al jardín de infancia, por la falta de supervisión y de las medidas correctas para el desenvolvimiento del COIF, pues bien, de si la afectación es por B/.9,860.93, o por la cantidad referida en la Nota DRH-SDRH-13-2014, de fecha 25 de febrero de 2014, suscrita por la Ingeniera Sandra Vega, Subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (v.fs.972-981), en la cual se indica la diferencia de dinero es de B/.3,429.37, de tal modo, se afirma en dicha nota no se apreció el total de la cuenta bancaria; sin embargo, el documento no cumple con los requisitos formales para su debida apreciación, adicional, las auditoras se ratificaron de su informe el cual señala una diferencia en las cuentas del Centro de Orientación Infantil y Familiar, sin perder de vista, la jurisdicción penal no solamente le interesan las perdidas económicas, sino el desempeño de los funcionarios públicos en sus respectivos cargos, pues deben velar por el cuidado de los bienes pertenecientes al Estado".

Respecto a la prueba cuestionada se observa que es una nota mediante la cual, la I.S.V., Subdirectora de Recursos Humanos, da respuesta a la Nota N°16-ODAI-14 de 3 de enero de 2014, suscrita por las auditoras B.N.G.S. y A.E.S.D.M., que guarda relación con las recomendaciones realizadas en la auditoría al Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud. Señalando la I.S.V., que el período auditado correspondió a la gestión de la Licenciada M.M., por lo que era la responsable de la dirección y coordinación, pero que no quedó resaltado en los hallazgos, por lo cual debía hacerse énfasis sobre estos puntos. Además de ello, muestra su disconformidad con el faltante de (B/.9,860.93) encontrado en la auditoría, ya que considera que se debió recolectar en concepto de matrícula del mes diciembre y mensualidades incluyendo verano, la suma de (B/. 13, 046.00) mientras que en el banco solo se tiene (B/. 9,616.63) reflejándose una diferencia de aproximadamente (B/. 3,429.37).

Ahora bien, si la valoramos en conjunto con el Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14 y las demás piezas procesales, se desprende que la auditoría fue autorizada atendiendo la solicitud de la Ingeniera SANDRA VEGA, Subdirectora del Recursos Humanos del Ministerio de Salud, según Nota N° DRH-780-2013, con fecha del 25 de junio de 2013, y consistía en verificar el cumplimiento de los reglamentos y actividades desarrolladas con el fin de determinar la utilización de los recursos materiales, financieros y humanos en el Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) del Ministerio de Salud, sin especificar a persona alguna en particular como quiere hacer ver el recurrente, encontrando las auditoras una falta de controles por parte de la Jefa de Bienestar del Empleado Licda. G. De Puy, así como la ausencia de una continúa supervisión por la Directora Lcda. M.M. a las labores realizadas por la encargada de la Administración D.C., lo que produjo un perjuicio económico al Ministerio de Salud (COIF) por la suma de nueve mil ochocientos sesenta balboas con noventa y tres centésimos (B/. 9,860.93), por lo que no le asiste la razón al casacionista en cuanto a este argumento.

En cuanto al cuarto, quinto y sexto motivo, el recurrente cuestiona la valoración que realizó el Segundo Tribunal Superior de las declaraciones indagatorias de M.M.,D.C. y GETZYBEL DE PUY.

Calificó de errónea dicha apreciación, pues, afirma que M.M.y.C., no realizaron señalamientos contra DE PUY, además que DE PUY, manifestó que como Jefa del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, no tenía funciones de supervisión de las actividades financieras del COIF.

En cuanto a estas pruebas, observa la Sala que el Tribunal de Alzada las valoró en conjunto, por lo cual pasaremos a su estudio bajo una misma cuerda legal. Veamos lo esbozado en la decisión de instancia.

"Ahora bien, al momento de rendir sus descargos las señoras procesadas M.M.F., G.K.D.P.C., y D.J.C.G., manifestaron no tener relación alguna con los hechos, negando su participación; no obstante, la señora M.M., efectuó señalamientos contra GETZYBEL DE PUY y D.C., y por su parte la señora GETZYBEL DE PUY, realizó señalamientos contra MARTÍZ y COSSIO, y por último, la señora D.C., también hizo referencias contra las prenombradas MARTÍZ y DE PUY (v.fs. 991-997, 1040-1047, 1073-1083)".

Ahora bien, conozcamos lo sostenido por las indagadas M.M.,D.C. y GETZYBEL DE PUY.

Al rendir declaración indagatoria M.M.F., manifestó que asumió el cargo de Directora del COIF en el 2006, por sus estudios y su experiencia profesional como Directora. Agrega que, para el 20 de septiembre de 2010, solicitó se le asignara una contadora, para que se encargara de los temas de contabilidad, ya que, ella no manejaba los términos de contabilidad, recomendando a la señora ELBA LÓPEZ, la cual llevaba más de 10 años en la institución, sin embargo, la señora GETZYBEL DE PUY, quien era su jefa, le manifestó que iban a nombrar en ese puesto a la señora DAYSI COSSIO. Indica que desde allí empezó la situación, porque la señora DAISY es maestra, por lo que considera que no era el puesto para ella, no obstante, confió en que iba a realizar el trabajo de la mejor manera. Posteriormente, después de unos años, le informaron que D. se había llevado un dinero, pero ella (MARIELA) ya no estaba como Directora del COIF, toda vez que había sido trasladada en junio de 2014 para el Policentro de Salud de Parque Lefevre.

Además, señaló que en relación a la parte administrativa del COIF, a ella se le dijo que tenía que ver con los bienes del centro, que no le faltara nada, que los niños estuvieran bien, es decir, con la organización, coordinación y docencia de centro, pero que las finanzas del COIF las manejaba la auditora. Agrega que su jefa directa era la señora GETZYBEL DE PUY, y que esta no le dio ninguna directriz sobre su cargo, ya que, ella trataba directo con la señora DAISY, la cual manejaba el dinero, las finanzas y le comunicaba si había que llevar los libros a Recursos Humanos para que los revisaran (fs. 991-997). Mediante declaración jurada se afirma y ratifica de su declaración indagatoria (fs. 1038).

D.J.C.G., al rendir sus descargos depuso que, desde el 19 de enero de 2005, fue nombrada en el Ministerio de Salud como maestra de educación parvulario hasta el 19 de marzo de 2015, cuando se le asignó el cargo de secretaria de Registro y Control, pero que nunca se le asignó por escrito funciones de administradora. Sostiene que la supervisión del COIF, las decisiones, compras y actividades estaban bajo el mando de la Licenciada M.M., ya que ella (DAISY) no tenía la potestad de tomar decisiones, ni de desarrollar ninguna actividad, sino simplemente de colaborar en lo que se le pedía. Agrega que las personas de mayor jerarquía en el puesto eran la Licenciada M.M. y la Licenciada GETZYBEL DE PUY, las cuales de haber encontrado que no les colaboraba en las funciones de administración, se lo hubieran manifestado (fs. 1073-1082). Mediante declaración jurada D.J.C.G., se afirmó y ratificó de los cargos que pudieran surgir contra terceros (fs. 1083).

Por su parte, GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, en declaración indagatoria, negó los cargos formulados en su contra manifestando que era Jefa del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales con funciones de interés social y no administrativo, estaba encargada de ver temas de prevención de la salud, mejorías del ambiente laboral, programas de incentivo y motivación personal, asesoría a funcionarios del Ministerio de Salud y mediar en disputas laborales entre funcionarios. Explica que, si bien es cierto, el COIF está adscrito al Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, el tema de finanzas y administración era independiente, siendo la encargada del cobro y depósito del dinero D.C. y quien la supervisaba era la Licenciada M.M., por ser su jefa inmediata (fs. 1040-1047). A foja 1048 se observa la declaración jurada de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, mediante la cual se afirma y ratifica de los cargos formulados contra terceros.

Luego de analizar las deposiciones antes mencionadas, la motivación plasmada en la sentencia atacada, así como la opinión del casacionista y el representante de la Procuraduría General de la Nación, concluimos que no le asiste la razón al recurrente.

Lo anterior, toda vez que, se observa que las procesadas al rendir sus descargos tratan de exculparse, manifestando que no tenían que ver con las actividades financieras del Centro de Orientación Infantil y Familiar del Ministerio de Salud, señalándose entre ellas mismas como responsables de la administración y supervisión de las actividades financieras, sin embargo, en lo que sí son contestes es en afirmar que G.K.D.P.C., era la funcionaria con mayor jerarquía al ser la Jefa del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, al cual está adscrito el Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), lo cual valorado con las demás piezas procesales (informe de auditoría y las declaraciones juradas de las auditoras), tal como lo hizo el Segundo Tribunal Superior de Justicia, se acredita la responsabilidad penal de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA con el hecho por el que fue sancionada, al no implementar los mecanismos de registro y control para mantener la transparencia administrativa y financiera del COIF, lo que produjo una lesión económica al Centro de Orientación Infantil y Familiar del Ministerio de Salud, por lo que no se logra acreditar el cargo indicado en los motivos cuarto, quinto y sexto de la causal invocada, en contra de la sentencia de segunda instancia.

Todo lo expuesto, evidencia que lejos de haber cometido el error de derecho en la apreciación de las pruebas, el Tribunal de Alzada se apegó a la sana crítica y unidad de la prueba, realizando una apreciación integral de las mismas, llegando a la conclusión de que existen suficientes pruebas en contra de la procesada GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, para dictar una sentencia condenatoria en su contra.

Lo anterior implica la desestimación de los seis (6) motivos, haciéndose patente la imposibilidad del recurrente para acreditar la causal aducida, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 980, 917, 836, 904 y 985 todos del Código Judicial.

En cuanto a la infracción del artículo 340 del Código Penal, se debe indicar que, por tratarse de una causal de naturaleza probatoria y, al no comprobarse los motivos de injuridicidad, que el letrado recurrente traduce en una lesión a la disposición adjetiva señalada, se sustenta la debida aplicación en contra de la procesada G.K.D.P.C., del tipo penal contenido en el artículo 340 del Código Penal y, lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada, en cuanto a esta primera causal.

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA

Como segunda causal de fondo, se aduce "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal", establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, la cual viene sustentada en tres (3) motivos.

Es de resaltar, que esta causal de acuerdo a los autores Aura Guerra de V. y J.F.; en el libro Casación, existen tres momentos en que se puede incurrirse en error por parte del Tribunal; lo cual hacen de la siguiente manera:

"En ese sentido, el Tribunal: 1. No considera la prueba que materialmente aparece en el proceso; 2. Afirma que la misma no existe a pesar de que es parte integrante del expediente, o 3. Le asigna valor probatorio a un elemento de convicción que no tiene existencia material en el proceso." F., J.; GUERRA DE V., A.E.; CASACIÓN. Imprenta, V., S. A.; S.J., Costa Rica. 1995; pág. 318.

Ahora bien, en el primer motivo propuesto, se asevera que el Ad-Quem desconoció la copia autenticada del perfil del cargo de Jefe de la Sección del Centro de Orientación Infantil, el cual da cuenta que es el Jefe de la Sección del Centro de Orientación Infantil quien tiene dentro de sus funciones la obligación de controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a las actividades que desarrolla el centro, cargo que desempeñaba M.M., lo cual de haber sido considerado por el Tribunal Superior habría determinado que no existía sustento para declarar la responsabilidad penal de la señora DE PUY por el delito de Peculado Culposo en perjuicio del COIF del Ministerio de Salud.

La Sala constata que efectivamente el fallo impugnado no lo tomó en consideración, razón por la que debe verificarse tal documentación, a fin de precisar si al contrastarla con las demás piezas procesales, varían la situación de la procesada.

Consta de fojas 792 a 794 del segundo tomo, la copia autenticada del perfil del cargo de Jefe de la Sección del Centro de Orientación Infantil, el cual establece el resumen de tareas, la descripción del trabajo y los requisitos mínimos de experiencia laboral y educación con los que debe cumplir quien posea dicho cargo.

También, se observa que, además de las tareas de supervisión y coordinación de las actividades docentes del Centro de Orientación Infantil, se encarga de las actividades administrativas, de autorizar las compras, mediante el sistema de chequera otorgada al COIF, y controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados.

No obstante, para la Sala, si el Tribunal de Segunda Instancia hubiese valorado dicho documento, ello no hubiese desvirtuado la responsabilidad de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, con los hechos por los que fue sancionada, ya que, si bien es cierto, quien ocupaba el cargo de Jefe de la Sección del Centro de Orientación Infantil y Familiar, era M.M., sin embargo, las auditoras dejaron claro en el Informe Operacional de Auditoría N° 04-AO-ODAI-14 y en la diligencia de repreguntas, que en el manual de organización y funciones del Ministerio de Salud, se encuentran descritas las funciones relacionadas al COIF, estableciendo en uno de sus puntos que se debían desarrollar los mecanismos de registro y control tendientes a mantener la transparencia administrativa y financiera de COIF, empero, la Licenciada G.K.D.P.C., como Jefa del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, no desarrolló dichos mecanismos de registro y control, aunado a la falta de supervisión de M.M., lo que permitió que los procesos administrativos relativos al cobro por concepto de matrículas, mensualidades y material didáctico efectuado en ese Centro Parvulario, se manejaran incumpliendo con los principios de economía, efectividad y eficacia, ocasionando una lesión económica al Ministerio de Salud (COIF), por lo que no se logra acreditar el cargo indicado en este primer motivo de la segunda causal invocada, en contra de la sentencia de segunda instancia.

El segundo motivo sustentado, guarda relación con la no valoración de la copia del perfil del cargo de Jefe del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, que contiene las funciones de dicho cargo, que ejercía la señora GETZYBEL DE PUY, del cual pasamos a transcribir la parte que trata sobre el resumen de las tareas, descripción del trabajo y la naturaleza de las tareas.

"RESUMEN DE LAS TAREAS

Realizar trabajos de dirección, programación, coordinación y supervisión en la implantación y desarrollo de programas tendientes a fortalecer el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el bienestar de los servidores públicos de la Institución.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Propiciar y estimular el desarrollo de una política social y laboral institucional que propenda el bienestar integral de los funcionarios, en cada una de las unidades administrativas.

Coordinar y supervisar el desarrollo de los programas de Bienestar del servidor Público y del manejo integral de las relaciones laborales.

Coordinar con la Dirección General de Carrera Administrativa la elaboración y desarrollo de programas de Bienestar del Servidor Público y de Relaciones Laborales.

Coordinar el desarrollo de actividades, tanto de Bienestar del Servidor Público, como de Relaciones Laborales con otras dependencias del Estado o del sector privado.

Desarrollar estrategias que contribuyan a la disminución de los conflictos laborales.

Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora directamente bajo su cargo.

Coordinar y realizar investigaciones y estudios sobre casos presentados por los funcionarios o detectados por la unidad de Bienestar Social.

Coordinar y / o participar en comisiones de trabajo a nivel institucional e interinstitucional.

Elaborar informes sobre las actividades realizadas en el departamento.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento del departamento bajo su responsabilidad.

Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales asignados al mismo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo".

Ahora bien, para el análisis del segundo motivo aplican las mismas consideraciones hechas en el primer motivo, en cuanto a que G.K.D.P.C., como Jefa del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales y Superior jerárquico de M.M., al estar adscrito el COIF al Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales, le correspondía cumplir con las funciones descritas en el manual de organización y funciones del Ministerio de Salud, en el sentido, de desarrollar los mecanismos de registro y control para mantener la transparencia administrativa y financiera de COIF. Además, que el propio perfil de cargo cuestionado establece en la naturaleza de las tareas "Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta" lo que aplica para G.K.D.P.C., al estar M.M. bajo su supervisión, ya sea directa o indirectamente al pertenecer el COIF al departamento encargado por DE PUY CALZADILLA. Sin pasar por alto, que el documento cuestionado no cumple con los requisitos de ley para ser valorado dentro del proceso, como bien indicó la Procuraduría General de la Nación. Por tanto, aun cuando se hubiera valorado el documento de marras en conjunto con los otros elementos probatorios mencionados al analizar la primera causal invocada, más que desvincular a GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, refuerza los indicios que pesan en su contra.

En el tercer motivo, se expone que el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta la declaración jurada de ELBA EDITH LÓPEZ PINTO, funcionaria del COIF del Ministerio de Salud, por lo que dejó de considerar que las actividades financieras del COIF las realizaban la A.D.C., quien se encargaba de la recaudación y la directora M.M., encargada de su supervisión, lo que de haber tenido en cuenta lo habría llevado a la conclusión que G.K.D.P.C., no tenía ninguna vinculación con el delito por el que se le condenó.

En ese sentido, traeremos a colación dicha pieza procesal a efectos de verificar lo alegado por el casacionista.

En declaración jurada de 27 de abril de 2015 y la realizada en el acto de audiencia de fecha 24 de abril de 2019, la señora E.E.L.P., fue conteste en señalar que laboraba en el Centro de Orientación Infantil y Familiar del Ministerio de Salud, con funciones de maestra de K. y su jefe inmediato era la Licenciada MIRILIANA SANTOS, Directora del COIF.

Explicó el procedimiento de cobro de mensualidad o pago de matrícula en el COIF, consistente en que el padre de familia al realizar el pago de la matrícula del niño, se le hace una tarjeta, una copia y un original para anotar las mensualidades que van pagando con un control, eso se le entrega al padre de familia y la administradora se quedaba con una copia. Agrega que la encargada de realizar los informes de recaudación y de cobrar es la Administradora del COIF y la supervisa la Directora.

Expone que la señora D.C. era maestra, pero después la nombraron de administradora aproximadamente desde el 2010; en cuanto a la Licenciada M.M., fue Directora del COIF, aproximadamente de 9 a 10 años y la Licenciada G.K.D.P.C., fue jefa del Departamento de Bienestar del Empleado en el Ministerio de Salud, por lo cual, no sabe cuáles eran sus funciones (fs. 816-819, 1366-1376).

En cuanto a este último motivo, la Sala coincide con la opinión de la Procuraduría General de la Nación, cuando señala que lo declarado por la señora ELBA LÓPEZ, carece de la fuerza requerida para variar el sentido del fallo, ya que al ser cuestionada sobre la responsabilidad y funciones de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA, manifestó desconocerlas, por lo que no logra desvirtuar los señalamientos realizados por las auditoras contra la procesada DE PUY CALZADILLA.

Así las cosas, la causual alegada por el casacionista no ha sido comprobada, ya que las pruebas que sostiene ignoradas por el Tribunal de Alzada, en sus tres (3) motivos, no poseen la contundencia necesaria para desvincular a la procesada con el delito encausado, puesto que carecen de eficacia jurídica probatoria que varié lo dispositivo del fallo.

De lo anterior se desprende que tampoco se produjo la alegada infracción de los artículos 780, 834, 907 del Código Judicial, ni del artículo 340 del Código Penal, en los conceptos invocados por el casacionista, cuyas explicaciones sobre la forma de infracción coinciden fundamentalmente con los argumentos presentados en los motivos analizados ya por esta Superioridad.

Por estas razones, se concluye que no debe ser casada la sentencia impugnada, a favor de GETZYBEL KARINA DE PUY CALZADILLA.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia 2da. INST. N° 98, de 16 de octubre de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N. y Devuélvase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

MARIBEL CORNEJO BATISTA --- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

ELVIA VERGARA ATENCIO (Secretaria)

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