Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Segunda de lo Penal

Ponente: Harry Alberto Díaz González

Fecha: 07 de junio de 2019

Materia: Casación penal

Expediente: 194-16C

VISTOS:

Para resolver el fondo, conoce la S. Segunda de lo Penal del recurso de casación formalizado por la licenciada A.E.G., Defensora Pública del señor R.A.H.M.C., contra la Sentencia No. 36 S.I. de fecha 29 de enero de 2015, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que resolvió revocar la Sentencia Absolutoria No.123 de 3 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, declarando penalmente responsable al prenombrado, condenándolo a la pena de ochenta (80) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como autor del delito de Tráfico Internacional de Drogas.

En primer lugar, advierte esta Superioridad, que mediante resolución de fecha 7 de abril de 2017, se ordenó poner en conocimiento de las partes la omisión por parte de la Secretaría de la S. Penal, de la notificación al doctor G.C.B.P., defensor particular del señor H.M.C., según consta en poder otorgado a foja (fs. 278); posterior a la sustentación del recurso de casación por parte de la Defensoría Pública. Empero, el letrado no se apersonó ni ha realizado gestión alguna en el dossier.

Así las cosas, como quiera que se ha garantizado el derecho de defensa del imputado, y ante el hecho que han sido evacuadas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia pública correspondiente, se procede a resolver el fondo del recurso presentado, debiéndose indicar que consta informe de fecha 18 de julio de 2018, visible a foja 307, dirigido a la Secretaria de la S. Penal, donde se pone en conocimiento que en el presente proceso se realizaron los gestiones de notificación correspondientes, resultando infructuosas, por lo que es devuelto al despacho del Magistrado Ponente para continuar con el trámite.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente proceso tuvo su génesis con la diligencia de inspección ocular realizada por la Fiscalía Tercera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, área de carga de la compañía FEDEX, toda vez que se había detectada una caja con la guía No. 8742-5560-6879 cuyo remitente era el señor R.M.C., la cual luego de ser pasada por Rayos X mostró una sustancia orgánica en su interior, que al ser analizada resultó positiva para la droga conocida como cocaína.

Al supuesto hecho punible resultó vinculado el señor R.A.H.M.C., como presunto infractor en las normas contenidas en el Título IX, Capítulo V, Libro II del Código Penal.

Concluida la etapa de instrucción y la correspondiente calificación del sumario, con el llamamiento a juicio del procesado, el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia absolutoria No.123 de 3 de octubre de 2013, absolvió al procesado de los cargos formulados en su contra.

La resolución aludida fue objeto de recurso de apelación por la fiscalía de la causa, siendo que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia No.36-S.I. de 29 de enero de 2015, resolvió revocar la sentencia impugnada, declarando penalmente responsable al señor R.A.H.M.C., condenándolo a la pena de ochenta (80) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período; resolución contra la cual se endereza el presente recurso de casación.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

La casacionista invocó sólo una causal para sustentar su recurso. Esta única causal se refiere a cuando se ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal, consagrada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta S., la causal en examen se configura cuando el tribunal le otorga a la prueba un valor que la ley no le atribuye, cuando le niega al medio de prueba la fuerza que la ley le reconoce o cuando admite un elemento probatorio que ha sido producido con inobservancia de las formalidades legales establecidas para esa finalidad.

Como primer motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal Superior incurrió en la causal aducida, al valorar la copia autenticada de la guía de envío visible a fojas 8-9, puesto que consideró como hecho cierto que la rúbrica de la firma que aparecía estampada en ésta era la del procesado, considerándolo como un indicio grave en su contra y por ello lo responsabiliza penalmente; sin embargo, pasa por alto que en el expediente no se demostró mediante prueba pericial que esa firma fue hecha por él, razón por la cual no surge la certeza jurídica de este hecho. Por consiguiente, de haber valorado ese documento conforme a la sana crítica se hubiera concluido que existía duda razonable a favor del imputado, debiendo confirmar la sentencia absolutoria.

Respecto al primer motivo, la Procuraduría General de la Nación mediante Vista No.205 de 15 de diciembre de 2016, señaló que no comparte el cargo de injuricidad ensayado por cuanto, considera correcta y atinada la ponderación del Tribunal Superior, pues la reconoce como prueba indiciaria que establece que la persona que firmó la guía de envío responde al nombre de R.M.C., el 9 de diciembre de 2010, y con base al principio de comunidad de la prueba, lo conjuga con otros elementos de convicción que lo llevan a la certeza jurídica y material, que el procesado tuvo participación directa en el presente hecho delictivo.

En el segundo motivo, la casacionista señala que el Tribunal Superior ponderó de manera inadecuada la declaración jurada de R.C.B.M. (fs. 37-39), al concluir que de este testimonio surgen indicios graves contra el procesado, señalándose que él fue la persona que firmó la guía de embarque e intentó enviar la encomienda contentiva de la sustancia ilícita hacia Honduras; sin embargo, no se percata el Ad-Quem que esta testigo solo hace referencia al nombre que aparece en la guía sin dar mayores detalles o características físicas de esa persona, además que se trata de un testimonio único el cual no hace plena prueba. Por lo tanto, considera que de haberse valorado correctamente esta prueba se habrái confirmado la sentencia absolutoria a favor de su representado.

De igual manera, respecto al segundo motivo, la colaboradora de la instancia no comparte el cargo de infracción alegado, por cuanto, el Tribunal examinó la declaración de la señora R.C.B.M., acorde al principio de comunidad de la prueba, que bajo la óptica de la sana crítica le permitieron constatar la responsabilidad penal del procesado.

Destaca, que en la diligencia de inspección ocular practicada en la empresa FEDEX (fs.130-133), con la cual se constató que uno de los controles señalados por la testigo, consistente en que quien gestione encomienda debe presentar su cédula, así como aportar copia de la misma, estableciéndose en dicha diligencia que el procesado adjuntó al documento postal (guía de envío), copia de su cédula; lo que confirma que éste participó en el procedimiento de seguridad que establece la empresa para el envío internacional de encomiendas.

De igual forma, indica que la versión de la testigo reviste de fuerza con la diligencia de inspección ocular que se efectuó en el Tribunal Electoral y con la que se confirmó que el procesado mantenía su cédula para la fecha del hecho, misma que se presentó al momento de realizar el trámite postal, siendo atendido personalmente por la deponente, lo que a su vez descartó su coartada de haber extraviado si identificación para aquel entonces, pues con esta diligencia se determinó que habiéndose perpetrado el delito el 9 de diciembre de 2010, no es hasta luego de tres (3) meses, específicamente el 11 de marzo de 2011, que el procesado gestiona un nuevo documento de identidad personal.

Visto lo anterior, procede la S. a realizar el análisis correspondiente con relación a los dos (2) motivos ensayados. En ese sentido, tenemos que la disconformidad de la defensa pública, radica en la valoración efectuada por el Tribunal Superior a la copia autenticada de la guía de envío (fs.8-9) y la declaración jurada rendida por la señora R.C.B.M. (fs.37-39), tras considerar que de haberse valorado correctamente estos medios probatorios, el Tribunal Superior habría confirmado la absolución de su representado.

Ahora bien, de la revisión prolija de la sentencia impugnada tenemos que el Tribunal Superior con relación a las pruebas que se aducen erróneamente ponderadas, destacó lo siguiente:

"Al señor HUMPHEY McCLAYMONT, se le abrió una investigación penal, tras el hallazgo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de una encomienda con destino a la República de Honduras, a través de la empresa FEDEX, la cual mostraba irregularidad, por lo que fue pasada por la máquina de Rayos X, y mostró una sustancia orgánica dentro del equipo, luego fue puesta en presencia del can APOLO de la Policía Nacional y mostró alerta positiva para sustancias ilícitas.

Se incorpora copia autenticada de la Guía de envío, la cual fue firmada por una persona llamada R.M., el día 9 de diciembre de 2010; la cual según el procesado, cuando rinde declaración indagatoria señala que sus documentos de identidad personal, en una ocasión le fue robado y en otra, su hija la extravió; sin embargo, llama la atención que según Diligencia de Inspección Ocular realizada en el Tribunal Electoral, se determinó que la última cédula la sacó el día 11 de marzo de 2011, lo que indica que para la fecha en que se dieron los hechos el mismo mantenía su cédula de identidad personal.

Es preciso traer a colación la declaración jurada rendida por R.C.B.M., quien señala que es política de la empresa que las guías y facturas las firmen las personas que envían encomiendan (sic) y que aporten copia de la cédula de identidad personal y en que el caso en particular, fue el señor R.M., quien se presentó a la empresa y entregó el DVD Player y que firmó la guía, incluso, se le tomó la huella dactilar".

Obsérvese que respecto a la prueba visible a fojas 8-9, consistente en la copia autenticada de la guía de embarque, la sentencia refiere que la misma fue firmada por una persona de nombre R.M., el 9 de diciembre de 2010; siendo que al rendir sus descargos el señor R.A.H.M.C., indicó haber extraviado su cédula en dos ocasiones. No obstante, de forma inmediata la resolución alude a la Diligencia de Inspección ocular realizada al Tribunal Electoral (fs.122), donde se consigna que la última cédula que el procesado mantenía la sacó el 18 de marzo de 2011. Asimismo, pondera concatenadamente las pruebas aludidas, con relación a la declaración jurada rendida por la señora R.C.B.M., quien precisó que el señor R.M., fue el cliente que entregó la encomienda, resaltando que cuando una persona va a enviar un paquete es un requisito presentar cédula, pasaporte o carné de migración.

Al respecto, de la revisión minuciosa de las constancias procesales se aprecia que el procesado H.M.C., está vinculado al presente proceso, en virtud de la copia de su cédula, que se adjuntó a la guía de envío del paquete con destino a la República de Honduras, que resultó contentivo de sustancias ilícitas.

No obstante, surge la duda de su participación por cuanto, al rendir sus descargos el imputado manifestó haber extraviado su documento de identidad personal, señalando que la firma plasmada en el documento de la guía no era la suya; participando en la diligencia de ejercicios caligráficos, de la cual no se pudo realizar el peritaje correspondiente porque no se logró incorporar el documento original de la guía que remitía la encomienda.

De igual manera, según información suministrada por la empresa FEDEX, a la persona que realiza envíos se le capta la huella dactilar, dictamen dactiloscópico que no se realizó porque no resultó apta para cotejo por la forma que había sido recabada.

Lo anterior, conduce a la S. a concluir que efectivamente el Tribunal Superior incurrió en la causal ensayada, por cuanto, no realizó una ponderación adecuada de la guía de envío ni de la declaración jurada rendida por la señora R.C.B.M., de conformidad con la sana crítica; máxime cuando este testimonio no brindó detalles de las características físicas del imputado, limitándose a señalar que recibió el paquete "del cliente R.M., de allí que la casacionista logra acreditar los cargos de injuricidad sustentados.

Sin perjuicio de lo anterior, nótese además que la copia de la cédula entregada con la encomienda señala claramente nombre y apellidos del señor R.A.H.M.C., verificándose a simple vista que la firma estampada en la guía no coincide con la de la cédula. Asimismo, respecto a la investigación efectuada, ciertamente por el tiempo transcurrido no se allegaron los videos de la cámara de seguridad del local, empero, tampoco se realizaron los esfuerzos necesarios para verificar la dirección del domicilio ni el celular aportados en la guía correspondiente, u otro tipo de gestión que ayudaran a esclarecer la autoría y participación del hecho punible.

Como corolario, tenemos que el jurista J.L.S.R., en su Obra "Inferencia Razonable, probabilidad de verdad y conocimiento más allá de toda duda Razonable", señaló lo siguiente:

"Siguiendo a NIEVA FENOL el "beyond any reasonable doubt" o más allá de toda duda razonable es la expresión del principio de presunción de inocencia que escogió la cultura jurídica anglosajona para guiar a los jurados. El juez ha de absolver cuando haya duda, no necesariamente debe ser grande, basta que sea razonable. Luego no es regla de carga de la prueba (onus probandi) pues no se absuelve solamente ante la ausencia de prueba, sino cuando existiendo, dicha prueba es insatisfactoria para condenar. De ahí que tampoco se tenga como regla de valoración probatoria. Como regla admonitiva del juicio jurisdiccional se resalta que el condenar solamente cuando haya prueba más allá de toda duda razonable es una recomendación que el legislador le hace al juez; pero la presunción de inocencia es algo más: es un principio y derecho constitucional de carácter fundamental. De allí que esta advertencia legal hecha al juez no puede ser ignorada. Por ello, la inocencia ha de ser motivada y lejos de consagrarla por la ausencia de prueba de cargo o de su endeble peso o poder suasorio para condenar, la inocencia ha de ser declarada". (J.L.S.R.. Grupo E.I.. Colombia, 2016) (Lo resaltado es de la S.)

Así las cosas, ante la falta de un control efectivo por parte de la empresa FEDEX, partimos de la duda sobre la participación del señor H.M., siendo para esta S. Penal, que los hechos expuestos permiten verificar que en efecto, se ha conculcado el contenido de los artículos 781, 917, 918 y 983 del Código Judicial, toda vez que el Tribunal Superior, al revocar la sentencia absolutoria de primera instancia, omitió la aplicación de dichos preceptos, por cuanto al valorar de manera inadecuada los referidos medios de prueba, arribó a la errada conclusión que el señor R.A.H.M., era responsable por el delito de Tráfico Internacional de Drogas, por lo tanto, queda debidamente acreditado el yerro jurídico.

En consecuencia, en vista que la incorrecta valoración de los referidos medios probatorios influyó en lo dispositivo del fallo impugnado, resulta evidente la contravención del artículo 313 del Código Penal, por indebida aplicación.

Por lo tanto, ante la comprobación de la causal de fondo invocada, procede la S. a invalidar el fallo impugnado, y en su defecto, absuelve al señor R.A.H.M., de los cargos formulados en su contra.

PARTE RESOLUTIVA

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, S. Segunda de lo Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia No. 36 S.I. de fecha 29 de enero de 2015, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en consecuencia, ABSUELVE al señor R.A.H.M., de generales conocidas en autos, de los cargos formulados en su contra.

N. y devuélvase.

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

LUIS MARIO CARRASCO. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDÓÑEZ (Secretaria)