Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 13 de Mayo de 2019

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:13 de Mayo de 2019
Emisor:Segunda de lo Penal
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

LOS HECHOS

Mediante NOTA N°-SNM-SECIM-11640-18 del 13 de noviembre de 2018, el Director General del Servicio Nacional de Migración, envió al señor J.J.V.A., nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Director Nacional de Investigación Judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría General de la Nación en NOTA N°PGN-SAI-1159-09 del 3 de julio de 2009.

Con oficio DIJ/OCNIP/4673/2018 del 13 de noviembre de 2018, el Director Nacional de Investigación Judicial informó a la señora Procuradora General de la Nación, que el señor J.J.V.A. se encontraba detenido, conforme a lo dispuesto por ella. Por lo que, mediante NOTA FSAI-3281-18 del 3 de diciembre de 2018, la Procuradora General de la Nación remitió la documentación que le fue enviada por la Dirección de Investigación Judicial, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es así que, mediante Nota FSAI-3147-18 del 14 de noviembre de 2018, la Procuraduría General de la Nación, puso a J.J.V.A. a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en la Ley 35 del 23 de mayo de 2013, la cual establece que los procesos de extradición anteriores a la entrada en vigencia de la misma, se regirán bajo las normas del Código Judicial.

Por ello, en Nota A.J.MIRE-2019-00157 del 3 de enero de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada del Reino de España que remitiera la documentación completa que está relacionada con la solicitud Formal de Extradición, en el término de sesenta (60) días, contados desde la detención de J.J.V.A.. Contestando la Embajada solicitante, mediante Nota Verbal 24/2018 del 13 de noviembre de 2018, formalizando la Solicitud de Detención Preventiva con Fines de Extradición a España de V.A., ciudadano venezolano, quien es requerido por el Juzgado Central de Instrucción N°5 Audiencia Nacional de Madrid, por el delito de Falsificación de Monedas. Además, en Nota Diplomática del 4 de enero de 2019, dicha Embajada remitió documentación adicional para formalizar el trámite de Extradición, a fin de cumplir con los requisitos que se establecen en el Tratado de Extradición entre la República de Panamá y el Reino de España.

Mediante Nota A.J. MIRE-2019-00436 del 8 de enero de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia de la documentación aportada por la Embajada del Reino de España a la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, para entrar a determinar si el pedido de Extradición procede o no, conforme a lo señalado en el artículo 13 del Tratado de Extradición entre la República de Panamá y el Reino de España, así como también, el artículo 2507 del Código Judicial de Panamá.

Luego de lo cual, a través de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°473 del 11 de marzo de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores estimó Procedente la Solicitud de Extradición presentada por el Reino de España en contra de J.J.V.A..

El día 27 de marzo de 2019, el Licenciado A.H.S., representante legal del extraditable, presentó ante la Secretaría de la Sala Penal un Incidente de Objeciones, solicitando se revoque la Resolución Ministerial N°473 del 11 de marzo de 2019, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, basado en el incumplimiento del artículo 8 de la Ley 47 de 1998, que regula el proceso de extradición entre el Reino de España y la República de Panamá, fijándose la audiencia oral para el día 23 de abril de 2019.

EL INCIDENTE

Alega el incidentista que, su representado se encuentra residiendo en nuestro país desde el año 2015, que siempre ha cumplido con la renovación de su estatus migratorio de permanencia provisional y fue precisamente en el momento que fue a hacerlo por última vez, cuando fue aprehendido por esta Solicitud de Extradición, pero el mismo manifiesta que desconocía la investigación en el Reino de España.

Indica el recurrente que, si bien el Reino de España remitió los documentos requeridos en el artículo 8 de la Ley 47 del 15 de julio de 1998, al revisarlos se aprecia que no cumplen con los requisitos de forma establecidos en dicho texto legal. Esto porque, la orden internacional de detención emitida por el Juzgado Central de Instrucción N°5 de Madrid, en el Sumario 0000006/2007 A, que se encuentra en el expediente, no ha sido debidamente apostillada, ya que no cuenta con una hoja de apostilla que certifique el contenido y veracidad de este e indique el firmante de ésta, por lo que se trata de una copia simple; lo cual viola el citado artículo, ya que el mismo establece que esta orden de detención debe estar autenticada y apostillada.

Lo mismo sucede con el Auto de Procesamiento y prisión provisional incondicional de J.J.V.A., expedido por el Juzgado Central de Instrucción N°5 de Madrid, en el Sumario 0000006/2007, a 26 de abril de 2007, el cual también es copia simple, ya que no se aprecia documento de apostilla que lo certifique, así como tampoco la firma del Magistrado Juez Don Baltasar Garzón Real.

En cuanto al testimonio de los textos legales aplicables al caso concreto, si bien constan en el expediente de extradición, siendo ellos, los artículos: 28, 131, 132, 286 y 387 del Código Penal de 1995, referentes a la conducta punible y el término de prescripción del delito perseguido por el Estado español, los mismos deben presentarse como copia certificada y deben ser aplicables al caso concreto, por lo que debe ser la normativa legal vigente al momento de ocurrido el delito, excluyéndose cualquier modificación al texto legal que sea anterior o posterior a la comisión del delito investigado. Al respecto indica el objetante, que el Código Penal Español de 1995, vigente actualmente, ha sufrido diversas reformas y las entra a detallar, indicando que es importante porque lo aportado por el Estado solicitante es una transcripción de textos legales en una nota y no una copia certificada y apostillada de los mismos. Considera que hay confusión en cuanto a la norma aplicable en el año 2006, cuando se cometió el delito y la de prescripción de la acción penal, pues el Código Penal ha sufrido modificaciones desde el año 1995.

Por esto solicita se admita el presente incidente de objeciones y se revoque la Resolución Ministerial atacada, toda vez que la documentación proporcionada con la solicitud de extradición adolecen de defectos de forma, incumpliendo el artículo 8 del Tratado Bilateral. De igual manera solicita, se ordene la libertad de su representado, por no ser viable esta medida más allá del plazo de 60 días, según lo dispuesto en el artículo 9 del Tratado Bilateral.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la audiencia oral, la Licenciada D.L.E.S., Fiscal Adjunta de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, se refirió primero a la detención preventiva del extraditable, indicando que el artículo 9 del tratado bilateral entre Panamá y el Reino de España establece que en caso de urgencia se puede pedir la detención preventiva hasta que el Estado requirente presente la solicitud formal de extradición. De igual manera indica que, el artículo 2502 del Código Judicial señala un plazo de 60 días, que se cuentan a partir de la aprehensión, que en este caso concreto fue el 14/11/2018 y el agente diplomático del Reino de España presentó la documentación de la solicitud formal de extradición el día 4/1/2019; por lo que, se cumplió con lo señalado por el artículo 8 del Tratado de Extradición entre la República de Panamá y el Reino de España.

En cuanto a la apostilla, manifestó la Fiscal Adjunta que, se trata de una apostilla electrónica y que en el trámite del derecho de tratados bilaterales no se acostumbra autenticar y apostillar cada uno de los documentos que se aportan en la solicitud de extradición, que es sólo una (1) apostilla, la cual se coloca en la última página de toda la documentación enviada, por lo que no es cierto lo que dice la defensa en cuanto al incumplimiento del requisito exigido por el artículo 8 del tratado bilateral.

Respecto a la prescripción de la acción penal, la normativa aportada por el Estado requirente es clara en cuanto al delito cometido, la pena a imponer y el plazo de prescripción, lo cual no variado con las modificaciones alegadas por el defensor. Así, la pena máxima a imponer es de 12 años, por lo que la prescripción de la acción penal es a los 15 años, de allí que, el presente caso prescribe en al año 2022.

Por todo esto solicita se declare No Fundado el Incidente de Objeciones y se confirme la resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los argumentos sustentados en la audiencia oral del día 23 de abril de 2019, la Sala pasa a resolver el presente incidente de objeciones, conforme lo expuesto por el incidentista y la representante del Ministerio Público, revisando lo valorado en la Resolución Ministerial N°473 del 11 de marzo de 2019, para determinar su viabilidad.

Para ello, es preciso iniciar señalando que, una vez concedida la solicitud de extradición incoada por el Estado Requirente, nuestra legislación provee al extraditable de un mecanismo legal conocido como incidente de objeciones cuando se encuentre en desacuerdo con la resolución ministerial que la concede. Sin embargo, para un eventual resultado favorable, es necesario que los hechos que sustentan la incidencia, se ajusten a alguna de las causales previstas por el artículo 2507 del Código Judicial.

El incidentista fundamentó su desavenencia con la decisión ministerial, alegando defectos de forma en cuanto a la detención preventiva del extraditable, ya que la orden de detención enviada por el estado requirente no contaba con la apostilla correspondiente, que exige el tratado bilateral y que no se encontraba la documentación completa para la extradición cuando se le detuvo.

Al respecto se observa que, como bien señaló la representante del Ministerio Público, el artículo 9 del Tratado de Extradición celebrado entre la República de Panamá y el Reino de España, establece la posibilidad que el Estado requirente solicite la detención preventiva del sujeto a extraditar, hasta que presente toda la documentación requerida para ello.

Además, el artículo 2502 del Código Judicial señala un plazo de 60 días luego de aprehendido, para que el Estado requirente presente la documentación de la solicitud formal de extradición. En el presente caso, se aprecia en el expediente, que el señor J.J.V.A. fue aprehendido por funcionarios de Migración el día 14 de noviembre de 2018, momento a partir del cual comienza a correr el término de 60 días para que la autoridad diplomática requirente aporte la solicitud formal de extradición, lo cual sucedió el día 4 de enero de 2019, es decir, dentro del término establecido, cumpliéndose así con lo señalado por el artículo 8 del Tratado Bilateral. Por tanto, no hay defecto de forma en cuanto a la detención del extraditable, como alegó el incidentista.

El otro defecto de forma alegado en el presente incidente de objeciones, es en cuanto a la apostilla que debe hacer el Estado requirente en la solicitud formal de extradición, requisito señalado en el Tratado Bilateral y que manifiesta el incidentista no se cumple en los documentos que constan en el expediente, ya que no está en la orden de detención, ni en la resolución que le abre proceso por el delito de Falsedad de Moneda e indica que debería tenerla para otorgarle autenticidad a los mismos.

En cuanto a este requisito, se observa que en el expediente sí se encuentra la apostilla del Estado requirente, si bien no está en cada uno de los documentos requeridos y aportados por el agente diplomático del Reino de España, si se encuentra. Ahora bien, al respecto la representante del Ministerio Público dio la explicación del porqué no se encuentra la apostilla en cada uno de los documentos aportados, manifestando que la que consta en el expediente es una "apostilla electrónica" y que la misma no va en cada uno de los documentos de manera individual, sino que se coloca en la última página de toda la documentación remitida, tal como se observa sucede en el expediente.

Esta explicación resulta clara respecto al trámite y la costumbre que se sigue en la esfera de los tratados internacionales, la cual por lo visto desconocía el incidentista, pero, explica con claridad que el trámite realizado en el presente caso es correcto, por lo que no hay defecto de forma alguno.

El accionante alegó también un defecto de fondo en cuanto a la prescripción de la acción penal, pues considera que este caso ya prescribió, sustentando esta afirmación en que hay una confusión en cuanto a las normas aplicables al extraditable, toda vez que el Código Penal Español ha sufrido muchas modificaciones desde el año 1995 que se creó, modificaciones que afectan las normas aplicables a su representado y aportó copia de las mismas. De igual manera indicó debía aplicarse la ley más favorable al reo, que en este caso consiste en la disminución de la pena del delito que fue imputado al extraditable y que por ende ello disminuye el tiempo de prescripción a diez (10) años, que ya se cumplieron, por lo que el caso se encuentra prescrito.

Sobre este punto, la Sala coincide con lo manifestado por la representante del Ministerio Público, en cuanto a que las modificaciones a la normativa aplicable en el presente caso, pues, según se observa en el expediente, no han modificado el delito específico imputado al señor V.A., además, que no podemos dejar de lado que este proceso inició con las normas vigentes en el año 2006, que fueron las enviadas en la Solicitud de Extradición, por lo que son esas las que se deben aplicar. Siendo ello así, la pena máxima aplicable por el delito imputado al extraditable es de 12 años de prisión y conforme a la normativa referente a la prescripción de la acción penal, esta pena conlleva la prescripción en un término de 15 años, término que aún no se ha cumplido, contrario a lo sustentado por el incidentista, ya que se cumple en el año 2022, como bien señaló la representante del Ministerio Público en la audiencia.

El accionante alegó que debe aplicarse la ley más favorable al reo, que en este caso consiste en la disminución de la pena del delito que fue imputado al extraditable y que por ende, ello disminuye el tiempo de prescripción a diez (10) años, que ya se cumplieron, de allí que el caso se encuentra prescrito.

Al respecto, el principio de favorabilidad al reo no se aplica en materia de extradición, pues ésta no es un proceso penal, sino un proceso político administrativo, por lo que la Sala Penal sólo ejerce control sobre la detención y sobre la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a si violó o no la legislación.

Como quiera que no se ha logrado comprobar las causales de objeción señaladas en la Ley, lo procedente conforme a derecho es Mantener la Resolución Ministerial N°473 del 11 de marzo de 2019, por la cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores resuelve estimar procedente la solicitud de extradición del ciudadano venezolano J.J.V.A., presentada por el Reino de España.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO FUNDADO el Incidente de Objeciones promovido por el Licenciado A.H.S., contra la Resolución Ministerial N° 473 de 11 de marzo de 2019, dictada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se estimó Procedente la extradición del ciudadano venezolano, J.J.V.A., al gobierno del Reino de España.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 2500 al 2516 del Código Judicial. Tratado de Extradición suscrito entre la República de Panamá y el Reino de España, fechado 10 de noviembre de 1997. Ley 35 del 23 de mayo de 2013. Artículo 287 del Código Penal de Panamá. Artículo 386 numeral 1 y 387 del Código Penal Español, de 1995.

N. y CÚMPLASE,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)