Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Diciembre de 2018

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución26 de Diciembre de 2018
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Jerónimo Mejía E.

Fecha: 26 de diciembre de 2018

Materia: Casación penal

Expediente: 221-16C

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Recurso de Casación interpuesto por la licenciada J.C., Defensora de Oficio Suplente, en representación del señor J.L.A.C., contra la Sentencia 2da No. 75 de 7 de julio de 2015, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, misma que confirma la Sentencia de Primera Instancia No. 78 de 23 de octubre de 2014, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través de la cual se condenó a J.L.A.C. a cumplir la pena de DOS (2) años de prisión, y doscientos (200) días multa a razón de tres balboas (B/.3.00) diarios e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de un año, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria, como autor del delito de apropiación indebida cometido en perjuicio de A.F.D..

HISTORIA CONCISA DEL CASO

"La presente encuesta penal tiene su génesis con la querella penal que interpusiera el señor A.F.D., a través de apoderado judicial el día 24 de noviembre de 2005, ante el Centro de Recepción de Denuncia del Ministerio Público, por la supuesta comisión de delito Contra el Patrimonio Económico en contra de J.L.A.C..

El señor A.F.D., manifiesta que le envió al señor J.L.A.C., la suma de cinco mil dólares (B/. 5,000.00) para la compra de un apartamento con la Empresa Residencial Parque del Este, S.A., quedando un saldo de veintitrés mil dólares (B/.23,000.00) que debían ser cancelados en treinta días. Para dicha realización de los pagos de cancelación indica el querellante que envió a través del sistema de Westerm Union, giros de dinero por la suma de seis mil trescientos ochenta y cinco dólares al señor A.C..

Debido a la suma adeudada señalada el señor A.F.D., decide enviarle a su padrastro el señor G.W.H., a través de depósitos a su cuenta de ahorro la suma de diez mil dólares, realizando dos depósitos de dinero uno el 13 de diciembre de 2004, por la suma de cuatro mil dólares y otro el 21 de diciembre por la suma de seis mil dólares, dinero que según el querellante fue sustraído por el señor J.L.A.C., en virtud de ser intermediario en la compra - venta del inmueble y fungía, supuestamente, como albacea del señor W.H..

El señor A.D., recibe mensaje de la empresa DIVISA S.A., donde le informaban que no se había completado los trámites del apartamento, por no haber cancelado la suma del dinero del inmueble, por lo que decidió venir a Panamá y verificar la situación, por lo que interpone la presente querella.

Se realizó Audiencia Preliminar donde se abrió causa criminal en contra del señor J.L.Á.C., por delito contra el patrimonio económico, específicamente delito de apropiación indebida, según las disposiciones legales contenidas Título IV, Capítulo V del Libro II del Código Penal de 1982. La Audiencia Ordinaria se llevó a cabo el 9 de octubre de 2014, donde la representación del Ministerio Público, solicitó Sentencia Condenatoria. Por otro lado, la Defensa Oficiosa, bajo la responsabilidad de la Licda. Rosario Granda de B., manifestó que dentro del expediente no se acreditó la conducta típica, toda vez que no consta dentro del expediente documentación que acredite, que el señor G.H., había autorizado para retirar fondos de la cuenta bancaria.

El Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, profiere Sentencia Condenatoria N° 78 de 23 de octubre de 2014, e impone a mi representado la pena de dos años de prisión y doscientos (200) días multa a razón de tres dólares (B/3.00) diarios, totalizando la suma de seiscientos dólares (B/.600.00) como autor del delito de Apropiación Indebida en perjuicio de A.F.D., igualmente, se le impone la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de un año, una vez cumplida la sanción principal y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, como Segunda Instancia mediante sentencia No. 75 de 07 de julio de 2015, confirma en todas sus partes la sentencia apelada." (Sic 481 - 482)

UNICA CAUSAL INVOCADA

La contenida en el numeral 7 del artículo 2430 del Código Judicial:

Cuando se haya procedido por delito que requiera acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiere la ley.

MOTIVO EN QUE SE FUNDAMENTA LA CAUSAL INVOCADA

"El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia del Ad quo, desconociendo que la persona ofendida es el señor G.H.(. del Ofendido), quien era el titular de la cuenta de ahorro del banco General; mediante la cual se efectuaron los depósitos de dinero para cancelar los contratos de compra - venta con la empresa Residenciales Parque del Este S.A., ya que el señor A.D. (hijastro), opto por enviarle el dinero correspondiente a su señor padrastro G.H., a su cuenta por lo que le confiere valor probatorio a la querella interpuesta por el D.P.D., como representante del señor D..

Aunado a lo antes señalado en la encuesta penal no se visualiza que el señor G.H., le otorgara poder para instaurar la querella respectiva, teniendo en cuenta que la misma se debe iniciar con la persona que tiene legitimidad para ello.

Esto lo señalamos, en virtud de que una vez transferidos los dineros por parte del señor A.D., como este lo indica en su declaración a foja 143 - 147, a la cuenta del señor G.H. (padrastro de D.), para los fines que fuera, este era el único que podía disponer de los fondos de las misma siendo el titular unilateral de la cuenta, tal como se expresa a foja 103.

Así vemos que tampoco el juzgador valoro el hecho esbozado por la recurrente en cuanto a las no constancia de que el señor A.D., tal y como manifiesta se encontrase en el extranjero, ya que como es apreciable a foja 3 y 4, del expediente en su escrito de querella, manifiesta tener domicilio de residencia en Panamá, por lo el mismo tenía el plazo de 2 meses para presentar querella y se observa que la presentación de la querella fue seis meses después del conocimiento de la conducta penal." (Sic 482 - 483)

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

Se indican como infringidos los artículos 1957, 2004 y 2294 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión.

Y el artículo 194 del Código Penal en concepto de indebida aplicación.

MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría General de la Nación no comparte los criterios de ilegalidad expuestos por el casacionista en su recurso en función de los siguientes argumentos:

"No concuerdo con el cargo de injuricidad expuesto por la censora, pues preciso recordar que la Ley asiente como víctima a toda persona agraviada u ofendida, ya sea individual o colectivamente, que haya padecido entre otras cosas, la pérdida financiera, situación que se ajusta de manera puntual al caso que acapara nuestra atención.

Lo anterior obedece al hecho que se pudo acreditar en la investigación penal en cuestión que el señor A.F.D.B. dispuso una considerable suma de dinero de su peculio, a objeto de adquirir una propiedad horizontal en el Corregimiento de Parque Lefevre, para lo cual hizo una serie de giros o envíos de dinero al sentenciado J.L.Á.C., dueño de Internacional Business and Products, bienes raíces contratada para ello.

Nótese que consta en el dossier, los referidos giros de dinero que se materializaron, a través de la compañía Western Unión y la entidad bancaria Citibank, donde diáfanamente se logra apreciar que el precitado DOYLE BRODLEY remite desde Estados Unidos de América, la cantidad de tres mil quinientos balboas (B/.3,500.00) al justiciado, con la finalidad de entregarlos a la empresa Divisa, propietaria del apartamento a comprar. (F. 137)

Es de observar también que reposa en el expediente constancia que el señor A.F.D.B. consignó a favor de ENILSA RAMOS DE Á., esposa del encartado, la suma de novecientos cincuenta balboas (B/.950.00), siendo aquella conteste en indicar en sus descargos, que si bien es cierto, recibió este dinero en concepto de abono al apartamento en comento, no menos cierto es, que hizo entrega de éste a su esposo.

Bajo este contexto, resulta incuestionable y así fue explicado tanto por el Juez Primario como por el Tribunal de Alzada, que el señor A.F.D.B. se constituyó en víctima del delito, en razón del quebranto financiero que sufrió por parte de J.L.Á.C., luego de confiarle la entrega de este dinero para cumplir con una obligación con la empresa Divisa, la cual nunca fue honrada por parte del prenombrado..." (Sic 492 - 493) Resaltado de la Sala.

Respecto a lo expuesto en el motivo que sustenta la causal invocada, se hace necesario transcribir las consideraciones planteadas por el Ad-quem a objeto de determinar si se comprueba o no el mismo.

"...De acuerdo con el argumento de la defensa, el señor A.A.D., no tiene legitimidad para actuar y, en consecuencia no puede constituirse en parte querellante en este caso, pues la víctima es el señor G.H., siendo el titular de las cuentas de ahorro en el Banco General, donde fueron efectuados los depósitos y otros retiros de dinero acreditados para cancelar los contratos de compra venta de un apartamento en Residenciales Parques del Este, S.A.

Contrario a lo expresado por el abogado de la parte recurrente, el señor A.F.D., tiene la calidad de víctima en el proceso, tal como pasamos a explicar:

Por víctima del delito es: La persona ofendida directamente por el delito... En general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación familiar existente entre ellos. (Art. 79 del Código Procesal Penal).

Las sumas de dinero apropiadas estaban destinadas a la adquisición de una unidad departamental, identificada como PB - F, ubicada en el edificio PH - G, propiedad de RESIDENCIALES PARQUE DEL ESTE, S.A., inscrita a la ficha 357321, rollo 64248, administrado por DIVISA, S.A.

Consta copia certificada adjunta mediante oficio de 25 de mayo de 2006, firmada por la señora NATALIA DE RUMBO, Gerente Administrativa de RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE, S.A., del contrato de promesa de compraventa del apartamento PB - F, entre la citada empresa, representada por el señor G.A.C.C. (vendedor) y el señor A.F.D.B. (comprador). (fs. 126 - 130)

De acuerdo con la certificación del Registro Público de Panamá, el señor A.F.D.B., adquirió la unidad apartamental identificada como PB - F. (fs. 261)

En este proceso las sumas de dinero indebidamente apropiadas, provenían de giros enviados por el señor A.D., a través de la empresa WESTERN UNION, al señor procesado L.Á.C. y, una cuenta bancaria perteneciente al señor G.W.H., constatándose tanto el envío de los dineros y, la existencia de la cuenta. (Fs. 37 - 42 y 137)

Lo anterior significa, el señor A.D., tiene la condición de víctima del delito, pues fue quien suscribió el contrato de promesa de compraventa de la unidad departamental PB - F, con la empresa RESIDENCIALES PARQUE DEL ESTE, además realizó envíos de dinero mediante WESTERN UNION, al señor procesados L.Á.C., quien logró apropiarse de esos fondos para su provecho ilícito, razón por la cual carece de sustento el argumento de la defensa respecto a la ilegitimidad del querellante..."(Sic 450 - 453) Resaltado de la Sala.

ANALISIS DE LA SALA PENAL

Según el motivo que sustenta la única causal, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia del Ad quo, reconociendo la legitimidad del señor A.D. para interponer la querella sin tener la condición de víctima del delito, pues dicha condición, a su criterio, solo la ostenta el señor G.H., quien era el titular de la cuenta de ahorro del banco General.

Al respecto, y luego de la revisión de las constancias probatorias, esta instancia superior advierte, inmediatamente, que no le cabe razón al recurrente. Lo anterior en virtud de que, en la presente causa no solo el señor G.H. ostenta la calidad de víctima, también lo es el señor A.F.D.B..

Y es que las sumas de dinero apropiadas estaban destinadas a la adquisición de un apartamento identificado como PB - F, ubicada en el edificio PH - G, propiedad de RESIDENCIALES PARQUE DEL ESTE, S.A., inscrita a la ficha 357321, rollo 64248, administrado por DIVISA S.A.

Consta de fojas 126 a 130 del expediente copia certificada del Contrato de Promesa de Compraventa del apartamento PB - F, entre la empresa RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE, S.A., representada por el señor G.A.C.C. (vendedor) y el señor A.F.D.B. (comprador).

Por otra parte, conforme a certificación del Registro Público de Panamá, el señor A.F.D.B., adquirió el apartamento PB - F, ostentando la condición de propietario del mismo. (Foja 261)

Finalmente, se comprobó que las sumas de dinero indebidamente apropiadas provenían de giros enviados por el señor A.D., a través de la empresa WESTERN UNION, al hoy sentenciado L.Á.C., estos hechos, sin lugar a dudas, le dan la legitimidad requerida para ser querellante en la presente causa.

En este mismo sentido corresponde hacer referencia al Artículo 2203 del Código Judicial que dispone lo siguiente: "se entiende por querellante legítimo, a la víctima del delito, a su representante legal o tutor, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al heredero testamentario cuando acuse la muerte causante y a las demás personas indicadas por la ley." (Resalta la Sala)

Asimismo el artículo 1 de la Ley 31 de 1998, "De la Protección a las Víctimas del Delito", considera como tal a aquella persona que haya sufrido daños, ya sea a nivel físico, mental, emocional, a nivel de pérdidas financieras o bien, por menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de la acción u omisión que viole la legislación penal vigente.

Bajo el contexto que antecede esta Superioridad estima como no probado el único motivo que sustenta la causal alegada, razón por la cual la misma debe descartarse y no se entrará al análisis de las normas señaladas como infringidas.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de Segunda Instancia No. 75 de 7 de julio de 2015, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese Y CÚMPLASE

JERÓNIMO MEJÍA E.

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

ELVIA VERGARA DE ORDÓÑEZ (Secretaria)

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