Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución29 de Marzo de 2017
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Para el conocimiento de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Licenciada S.C., Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, Encargada, presentó recurso de casación penal en el fondo dentro del proceso penal seguido a ALFONSO MONTOYA SALCEDO y en contra de la sentencia definitiva de Segunda Instancia No. 127 de 19 de septiembre de 2013 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por medio de la cual fue confirmada la sentencia de primera instancia que absolvía al procesado de los cargos formulados en su contra.

A la fecha, luego de celebrada la audiencia oral, el negocio jurídico se encuentra en estado de decidir, a lo cual nos encauzamos.

ANTECEDENTES

El día 6 de diciembre de 2009, funcionarios del área de revisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al pasar equipaje por la máquina de Rayos X, detectaron una maleta con doble fondo la cual pertenecía a A.M.S., ciudadano de nacionalidad colombiana que había arribado al país en el vuelo 796 de Copa procedente de San Pedro Sula, Honduras. Una vez se efectúo la revisión del equipaje los funcionarios observan en su interior dos fajos forrados con plástico transparente y pegados con masking tape de color amarillo que contenía la suma total de doscientos veinte mil con tres dólares ($220,003.00), desglosados en 2,199 billetes en denominaciones de 100, 5 billetes en denominaciones de 20 y 3 billetes de denominaciones de 1.

Una muestra de dinero fuer sometida a la prueba de ion scan dando positivo para la presencia de Metanfetamina.

El imputado en sus descargos manifestó que es ingeniero industrial graduado de la Universidad de América de Bogotá, labora a domicilio o en locales comerciales. Con respecto a la maleta, M.S. indicó que el dinero estaba en un compartimento de la maleta porque como es sabido son bastantes los casos de robos que se producen a viajeros y más si es dinero en efectivo ya que son violentados los cierres de las maletas. A pregunta formulada sobre la procedencia del dinero ubicado en su poder, el mismo manifestó que fue a Honduras a recibir el dinero de la venta de una propiedad, una finca de tradición familiar, ubicada en el Municipio de Icononzo. Dicha propiedad, de acuerdo al indagado, se la compró el señor J.M.C. de nacionalidad colombiana, cuya transacción consta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Icononzo, Colombia; la propiedad la vendió en cuatrocientos cincuenta mil ($450,000.00) dólares, siendo localizables las escrituras de la propiedad en las oficinas que antes mencionó. Agrega el sumariado, que el señor J.M.C. pagó la mitad de la plata que fueron doscientos veinte mil dólares por la venta de la propiedad en Colombia y el compromiso era que el resto del dinero se los iba a pagar en Honduras porque el señor se dedica a la minería y por esa razón fue que compró la finca. Es así que se trasladó hasta Honduras, San Pedro Sula, donde el señor C. le entregó la cantidad en efectivo de doscientos veinte mil dólares, al regresó decidió que antes de ir a Colombia iba a pasar por Panamá a comprar artículos en la Zona Libre. (Fs. 99-107)

Celebrada la audiencia preliminar el día 7 de diciembre de 2011, bajo las reglas del juicio abreviado, el imputado declaró ser inocente de los cargos formulados en su contra, siendo absuelto por el juzgador primario, a través de Sentencia 1 del 16 de enero de 2012. La decisión no fue compartida por la Fiscalía de la Causa quien sustentó recurso de apelación en contra del fallo, por lo que una vez surtida la alzada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través de sentencia 2da. I.. No. 127 de 19 de septiembre de 2013, confirmó la resolución impugnada.

RESOLUCION RECURRIDA

Mediante Sentencia 2da. No. 127 de 19 de septiembre de 2013 el Segundo Tribunal Superior de Justicia Confirma la sentencia de 16 de enero de 2012, dictada por el Juez Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. Dentro de las consideraciones legales, el Tribunal Ad-Quem sostuvo que de folios 71 a 73 se aportaron documentos demostrativos de la existencia de la finca con matrícula 83-9225-0 ubicada en la ciudad de Colombia, vereda Portachuelo, con numeración El Asomadero o Santa Cecilia, de propiedad de A.M., terreno el cual el señor J.M.C.C., compró al sindicado un predio, tal como consta de certificación visible a folio 71.

Según el fallo impugnado, no existía constancia alguna en el expediente demostrativa que las autoridades panameñas hubiese sido advertidas sobre el arribo del sindicado con sumas de dinero de procedencia sospechosa, ni hay informe policial o de inteligencia; por lo tanto, el hecho que se haya aprehendido a A.M. con una maleta con doble fondo en cuyo interior contenía dos fajos forrados con plástico transparente no resulta suficiente para crear en el juzgador la certeza jurídica de responsabilidad.

Y es que, de acuerdo al Tribunal Superior la prueba de Ion Scan provoca indicios pero por sí sola no es considerada una prueba elocuente para determinar la responsabilidad penal en el delito de Blanqueo de Capitales, siendo necesario que el juzgador valore las pruebas conforme a la sana crítica, en conjunto con el material probatorio.

Además, la sentencia censurada expone que la acción realizada por A.M. se adecuaba más a la conducta ilícita contenida en el artículo 375 del Código Penal y dentro del expediente estaba adjunta copia autenticada de la Resolución del 4 de agosto de 2010 emitida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, en la que se declaró la responsabilidad penal aduanera de A.M.S. como infractor del delito de defraudación aduanera y lo sanciona a la pena de un (1) año de prisión y al pago de cuatrocientos cuarenta mil 6 dólares ($440,006.00) en concepto de multa, es decir, dos veces el valor de la mercancía ilícita.

Por las consideraciones antes señaladas, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la resolución apelada.

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Luego del recuento de las principales piezas del proceso, la casacionista invoca dos causales de fondo; a saber:

Primera casual de Fondo: "Error de Derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal" (Esta causal se encuentra establecida en el numeral 1 del Artículo 2430 del Texto único del Código Judicial).

El primer motivo expuesto en relación a la causal antes enunciada, es que el Tribunal Superior examinó erróneamente el informe de aprehensión al ponderar sesgadamente que el embalaje del dinero con papel plástico transparente no relaciona el peculio con el delito de blanqueo de capitales, pues de valorar íntegramente el informe en cuestión hubiese estimado que no solo se detalla una técnica del narcotráfico de envolver la carga en papel plástico y masking tape, sino el acto subrepticio de distribuir el dinero en fajos con doble fondo a fin de transferir remesas de dinero a Panamá. Sumado al hecho que está identificada la ruta habitual para el movimiento transfronterizo de productos del tráfico de drogas, siendo Honduras catalogada, a nivel mundial, como ruta de precursores para la elaboración de metanfetamina. Así las cosas, el censor refiere que la prueba de ion scan no es el único elemento de prueba que determina la responsabilidad de M.S..

Dentro del segundo motivo, el cargo de injuridicidad alegado es la incorrecta valoración de los documentos de descargo presentados por el imputado, al considerar justificada el origen del dinero en opción a una compra venta de una finca del encartado; desconociéndose que la supuesta venta carece de comprobación idónea, el documento registral aportado no alude a ninguna venta de inmueble sino que M. dejó de ser titular de derechos reales de dominio de otro inmueble en el año 2007, que los actos y contratos de transmisión de derechos reales deben constar en instrumento público.

En el tercer motivo, la censura está dirigida a reprochar la desacertada valoración de la indagatoria del imputado para establecer una coartada sobre el motivo por el cual ingresó al país con la remesa de dinero y su procedencia, pues es palmario que un vendedor tendría claro el uso de mecanismos financieros para proteger su inversión a través de movimiento de divisas por medios bancarios, lo contrario pone de relieve la labor del correo humano de las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico para transferir las ganancias obtenidas de la actividad ilícita.

En el apartado de disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el recurrente enuncia el artículo 836 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión; el numeral 1, del artículo 1131 del Código Civil en concepto de violación directa por omisión; el artículo 917 del Código Judicial, por violación directa por omisión; artículo 985 del Código Judicial, por violación directa por omisión. A su vez, el gestor del recurso refiere que como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, el Tribunal Superior infringió el artículo 255, numeral 1 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión.

Segunda Causal de fondo: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, en concepto de violación directa", prevista en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

El primer motivo que acuerpa la causal invocada, es que la sentencia impugnada soslayando que el tipo penal contiene los verbos rectores, no encubrir el origen, destino y propiedad del dinero y no ayudar a facilitar su beneficio, siendo infringido el tipo mediante la ejecución de las conductas descritas que justamente encajan con las acciones de A.M..

Como segundo motivo el censor sostiene que la decisión recurrida incurrió en infracción del texto de ley sobre la defraudación aduanera, al excluir las sanciones penales por un delito de competencia de la jurisdicción penal ordinaria, en virtud de las sanciones administrativas aplicadas por aduanas; a pesar que el delito de blanqueo de capitales es un delito conexo a la defraudación aduanera y que los tribunales ordinario de justicia no tienen limitada competencia por razón de esa conexidad.

Las normas estimadas infringidas en relación a la segunda causal es el artículo 255 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión y el artículo 35 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 "por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera y se dictan otras disposiciones".

Con base en lo anterior, el activador judicial peticiona se Case el fallo impugnado y en su lugar se condene a A.M.S. como autor del delito de blanqueo de capitales, producto de delitos relacionados con drogas.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

A través de vista No. 74 de 10 de julio de 2015, la Procuraduría General de la Nación recomienda Casar la sentencia de segunda instancia recurrida, argumentando que el Tribunal Ad-Quem valoró erróneamente el informe policial que describe a la suma de dinero envuelta en fajos, forradas con plástico Transparente y en denominaciones principalmente de cien dólares, todo lo cual corresponde a técnicas propias del blanqueo de capitales. Sumado a ello, el imputado llegó en un vuelo internacional con maleta doble fondo lo que constituye otro indicio en contra, que sumado a los rastros de drogas permiten advertir que la conducta del procesada encaja en el tipo penal por el cual fue encausado.

Por su parte, la procuraduría refiere que las pruebas aportadas como descargo no son idóneas para acreditar la venta de un bien inmueble, por lo que pierde fuerza la versión de A.M. en el sentido que el dinero provenía de fuente lícita. El error de valoración concluyó que la versión del procesado encontraba respaldo cuando en realidad no se ha demostrado que existió tal venta de bien inmueble. Sumado al hecho que a pesar que todo comerciante dispone de un amplio catálogo para concretar sus transacciones monetarias, como órdenes de pago, transferencias bancarias, cheques, banca electrónica entre otros, el procesado prefirió transportar esa considerable cantidad de dinero oculto en maleta doble fondo.

Así las cosas, la máxima autoridad del Ministerio Público considera que la parte recurrente si logró demostrar los cargos de injuricidad y la infracción de las normas sustantivas y adjetivas citadas.

En cuanto a la segunda causal invocada, la representación social señala que la acción delictual desplegada por A.M.S. encuadra perfectamente en el tipo penal de blanqueo de capitales, por lo que se justifica la aplicación de sanción penal. En adición, prohíja lo planteado en cuanto al hecho que la aplicación de sanción aduanera al procesado, no excluye el juzgamiento en la esfera ordinaria penal, ya que la conducta genera distintas responsabilidades. Mientras que en la esfera administrativa aduanero se impone una sanción al viajero, a la luz del Código Penal la conducta acarrea consecuencias en la medida que no se demuestre la fuente legítima de donde proviene el dinero; es así que, el artículo 35 de la Ley 30 de 1984 no impide la aplicación de sanción penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Dr. B.M.T. en el ensayo titulado "Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos" nos dice que: "Lavado de capitales (dinero, bienes y valores)... significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en "capitales" aparentemente lícitos". (T., B.. Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos. Centro Argentino de Estudios Internacionales. Programa de Derecho Internacional)

Por su parte, el Departamento del Tesoro de los EEUU definió el concepto de "lavado de dinero" o "reciclaje" como: "todas aquellas actividades realizadas para disfrazar activos financieros, de tal forma que puedan utilizarse sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. Mediante el lavado de dinero, los delincuentes transforman las utilidades monetarias obtenidas de sus negocios criminales, en fondos provenientes de fuentes aparentemente legales". (Cfr. Jenkins-Lara, A.. Lavado de dinero, Paraísos Fiscales y Transacciones Dudosas. Panamá: 2002)

Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), esta actividad surge como consecuencia del objetivo de un gran número de actos criminales de generar una ganancia para el individuo o grupo que ejecuta el acto y consiste en el procesamiento de estas ganancias criminales para ocultar su origen ilegal.

En nuestro medio, el blanqueo de capitales surge a raíz de las abrumadoras ganancias o capacidad económica generada de una actividad delictual, lo que provoca que quienes se dedican a ella busquen mecanismos innovadores y audaces para ocultar o disfrazar el origen ilícito de los fondos obtenidos de ésta, por medio de diversas técnicas que ofrecen una apariencia legítima a dicho capital, lo que favorece el disfrute de los mismos. Este disfraz de las utilidades monetarias de negocios criminales puede ejecutarse por sí mismo o a través de interpuestas personas y su importancia radica en el impacto directo que tiene en el sistema financiero del país, al verse afectada la estabilidad económica producto de la ilegalidad de las operaciones efectuadas; de allí, que el bien jurídico tutelado sea el orden económico.

Ahora bien, son diversos los mecanismos empleados en su ejecución destinados a impedir su detección por parte de las autoridades lo que hace que el blanqueo de capitales sea una actividad delictual compleja, con una dinámica inusual. Ello, demanda que cada caso sea analizado de forma exhaustiva, de acuerdo a la complejidad de la actividad desarrollada y los elementos probatorios comprometidos. En dicho examen es preciso tener presente que el delito de blanqueo de capitales es autónomo e independiente, pues las personas vinculadas a este no necesariamente han participado directamente en el delito subyacente. Bien lo ha sostenido la jurisprudencia patria al señalar que el blanqueo es una actividad posterior, ejecutada luego de aquella (del delito precedente), para legitimar el dinero, bienes o cualquier otro título valor producto de la actividad ilícita previa que generó ese activo o fondo.

Por esta razón, una investigación de blanqueo de capitales requiere, al menos, pruebas indiciarias que conduzcan a establecer de dónde pudieron provenir los fondos perseguidos; es decir, que permita señalar la actividad delictual que origina el producto, ganancia o beneficio ilícito.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la Sala de Lo Penal, en sentencia de 24 de enero de 2,005, manifestó lo siguiente:

" Por otro lado, como se dejó anotado al examinar los motivos, el delito de blanqueo de capitales es un tipo penal autónomo, independiente de cualquier otro delito relacionado con drogas, es decir, que en este tipo de delitos no pueden deducirse únicamente de indicios de la sentencia condenatoria que pese sobre el procesado, como erróneamente pretende hacer ver el recurrente - sino de cualquier otro medio de prueba acreditado en el expediente, que constituya el hecho indicador o causal, de la cual se pueda inferir razonablemente la existencia de otro".

Y es que, nuestro propio ordenamiento jurídico en relación con el delito de blanqueo de capitales indica que el sujeto activo debe prever razonablemente que el dinero proviene de alguna de las actividades ilícitas inmersas en el catálogo prescrito; es decir, que el delito precedente o previo está ligado al "conocimiento" que pueda tener una persona de inteligencia normal de la anormalidad de la operación dineraria y su proximidad con la comisión de un delito grave, como bien lo expresa el Reglamento Modelo Americano de la Organización de Estados Americanos de 1992, en su artículo 2, cuando nos dice:

- Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito u otros delitos graves.

Incluso, en derecho comparado son diversos los pronunciamientos jurisprudenciales que afirman que el conocimiento consiste "cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita... sin que deba exigirse una concreta calificación, siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictual del hecho" (STS de 5-2-03, P.M.A.. España)

Este aspecto es importante, porque en muchos de los casos, para realizar el hecho criminal son empleadas personas que sin estar ligadas directa o indirectamente con el delito subyacente, forman parte el engranaje que mueve los recursos financieros de la organización criminal, dado que se les propone invertir, canjear dinero o fichas de casinos, entregar remesas, realizar préstamos ficticios, mezclar dinero en compañías legales, a cambio de una porción de capital.

Orientados en esa línea de pensamiento, el delito precedente, antecesor o previo viene hacer un elemento integrativo del tipo, que persigue acreditar aquella conexión o afinidad entre una actividad delictual y las ganancias ilícitas que cause, sin que ello exija la confirmación plena del hecho delictivo principal, pues ello corresponde a otra materia o proceso independiente. No podemos obviar que en este tipo delictivo impera el camuflaje y la reserva, por lo que, prácticamente, resulta imposible contar con una prueba directa de su ejecución. Amén que se emplea a personas ajenas a la actividad previa para no generar sospechas. Es allí donde la prueba indirecta adquiere protagonismo, al ser la más usual para demostrar el hecho y la participación en el ilícito; ello, exige al juzgador realizar una inferencia lógica (operación mental) basada en las reglas de la sana crítica y la valoración conjunta de elementos probatorios que obra en la carpeta penal.

Valga traer a colación, en este punto, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que ofrece una concepción amplia de lo que es la autonomía del delito de lavado en dicho país, al exponer que: "En un proceso de lavado de dinero no tenemos por qué probar el nomen juris del delito, cuándo se cometió, quién lo cometió, cómo lo cometió, quién es el sujeto pasivo del delito". Conforme al criterio citado, el origen ilícito de los fondos debe inferirse de las circunstancias objetivas y particulares de cada caso, tal cual lo expone el Reglamento de la CICAD.

De hecho, es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, conocida como la Convención de Viena de 1988, el instrumento legal que en su artículo 3, apartado 3º, establece la eficacia de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza pretendido en cuanto al conocimiento del hecho, al indicar que: "el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos pueden inferirse a través de las circunstancias objetivas del caso".

Con esto como preámbulo, nos corresponde examinar la censura realizada al fallo a fin de determinar si se ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, como lo alega el recurrente dentro del recurso. Así, dentro el primer motivo, la argumentación está dirigida a cuestionar la ponderación sesgada del informe de aprehensión de folio 9-10, dado que de ser apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, se hubiera arribado a la conclusión que la prueba de ion scan no era la única prueba inmersa en el dossier que lograba fundar la responsabilidad del procesado frente al delito de blanqueo.

Al consultar el informe en referencia, de inmediato, vemos que el mismo documenta los hechos acaecidos luego de pasar el equipaje de señor A.M.S. por la máquina de Rayos X donde fue detectada la presencia de un doble fondo; esta situación motivó la revisión de la maleta con mayor detenimiento, dando con el hallazgo de dos fajas forradas con plástico transparente, pegadas con masking tape amarillo que al ser verificado su contenido contenía la cantidad de doscientos veinte mil con tres dólares ($220,003.00), desglosados en 2,199 billetes en denominaciones de 100, 5 billetes en denominaciones de 20 y 3 billetes de denominaciones de 1, de los cuales se obtuvo una muestra que fue sometida a prueba de ion scan arrojaron dos (2) resultados positivos para detección de Metanfetamina en el objeto examinado.

Lo anterior, nos permite colegir varios aspectos, a saber: un transporte clandestino de dinero de forma transfronteriza (de una frontera a otra), un manejo inusual de dinero en efectivo en cantidad considerable, lo cual resulta entraño a las prácticas habituales del comercio, y, a la vez, el empleo de técnicas propias del narcotráfico, que va desde el compartimento oculto, la envoltura de la mercancía con plástico transparente y cinta adhesiva que son utilizados, generalmente, en la comisión de delitos relacionados con drogas para la conservación de la mercancía, así como también, a manera de aislante, para evitar expeler olores característicos de las sustancias.

Sumado a lo anterior, dentro del informe está consignado que el ciudadano M.S., propietario de la maleta inspeccionada, arribó a nuestro país procedente de San Pedro Sula, Honduras, con billetes de alta denominación, cuya presentación era en dólares de Estados Unidos de América. Esta circunstancia imposibilita perder de vista que Centroamérica es la ruta por excelencia utilizada por las organizaciones criminales para abastecer y garantizar el envío de mercancía ilícita (Droga) hacia los Estados Unidos de América y, a su vez, constituye la ruta a través de la cual retornan las ganancias obtenidas de esta actividad (narcotráfico) a los países productores que se ubican en el hemisferio sur del continente; tal como es reconocido en el texto titulado "Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica, lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional" (S., E., S., A., E., L. (Ed.) (2012) Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica, lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional. Guatemala. Fundación K.A.R. Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia -la RED. Junio, Año 3, No. 1)

Por otro parte, es bien sabido que la Lempira es la unidad monetaria de Honduras, por lo que la obtención de dólares en las denominaciones de $100 y $20, en la cantidad que fue recuperada, requería, sin dudas, la intervención de entidad bancaria que efectuara la conversión del dinero. Sin embargo, dentro de la carpeta penal no consta documento alguno que nos haga deducir que el dinero incautado provino de algún circuito bancario; es decir, no consta un slip o comprobantes que permiten establecer la procedencia del dinero, lo que corresponde demostrar al imputado.

Así las cosas, existe una pluralidad de indicios, que armonizados con los resultados de la prueba de ion scan, permiten a esta Superioridad inferir el delito previo; esto es, que, de acuerdo a las circunstancias objetivas del caso, es posible señalar al tráfico de drogas, en cualquiera de sus modalidades, como aquella actividad delictual que originó las ganancias que soportan la irregular operación dineraria llevada a cabo.

En relación al segundo cargo de injuricidad argüido, el censor cuestiona la desacertada valoración realizada por el Tribunal Superior de los documentos de descargos presentados por el imputado en su defensa, a fin de justificar la procedencia lícita del dinero.

En este sentido, debemos resaltar lo dispuesto en la Ley 41 de 2 de octubre de 2000, en su artículo 6, segundo párrafo, que a la letra dice: "En caso de delito de blanqueo de capitales producto de delitos relacionados con drogas, se aplicarán todas las normas procesales, en lo que sean compatibles, contenías en las leyes indicadas en el Párrafo anterior" (Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994) Con base a este artículo nos remitimos al artículo 32 de la Ley 23 de 1986 en el capítulo Segundo, sobre disposiciones procesales, el cual señala que: "Le corresponde al imputado...demostrar que los bienes que le han sido aprehendidos provisionalmente provienen de actividades lícitas y que no son producto de la comisión del delito ni han sido utilizados en su ejecución".

Es evidente, luego entonces, que nuestro ordenamiento jurídico erige la inversión de la carga de probar en relación a los bienes, la cual está sustentada en la Ley 20 de 7 de diciembre de 1993 por la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, artículo 5, numeral 7 que dispone lo siguiente:

"Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otro bienes sujetos a decomiso en la medida en que ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y otros procedimientos". (El resaltado es nuestro)

Y es que, en efecto, la mayor capacidad de probar la obtención lícita de los bienes la ostenta aquella persona que ufana los mismos, quien puede establecer el cómo, dónde y cuándo, especialmente, el porqué.

En el caso concreto que nos ocupa, el señor A.M.S. en aras de cumplir con lo previsto en la ley y demostrar la procedencia lícita del dinero, aportó al proceso una serie de documentos que deben ser revisados por esta Superioridad a fin de establecer si el Tribunal Ad-Quem otorgó el mérito legal correspondiente.

Sobre el particular, el fallo impugnado indicó: "De fojas 71 a 73 se aportan documentos demostrativos de la existencia de la finca, con matrícula 83-9225-0, ubicada en la ciudad de Colombia, vereda Portachuelo, con numeración El asomadero o Santa Cecilia, propiedad de A.M.S., terreno del cual el señor J.M.C.C., le compró al sindicado un predio, tal y como se desprende de la certificación que consta a fojas 71"

En adición, la sentencia acusada destacó, en relación a la documentación presentada por el procesado para demostrar su versión, que"...el Ministerio Público el día 8 de julio de 2010, emitió solicitud de Asistencia Judicial No. 008-2010, a través de la cual pidió a las autoridades de la República de Colombia, información o certificación que demostrara la veracidad de lo plasmado en los documentos aportados, sin embargo, no se recibió respuesta confirmando o negando el contenido de los documentos en cuestión; por tanto, la calificación de espuria realizada por el apelante no resultaba procedente".

Aquí conviene decir, que el artículo 781 del Código Judicial dispone que: "Las pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de las sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos". El segundo párrafo de la norma en comento preceptúa que: "El juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde".

Quiere decir lo anterior, que con independencia del diligenciamiento de la Asistencia Judicial peticionada por parte de la Agencia de instrucción, a fin de verificar las actividades económicas a las cuales se dedicaba A.M.S., de requerir el Historial Penal y Policivo e información sobre cuentas bancarias, movimientos bancarios y bienes muebles e inmuebles de su pertenencia, en la República de Colombia; las pruebas aportadas al proceso por el juzgable merecían el análisis y el razonamiento que en derecho incumbía, a la luz de la sana crítica y conforme a la solemnidad demandada por la ley. Ello, pues, al ser ofrecidas dentro del proceso pasan a ser prueba de las partes, quienes pueden admitir los hechos afirmados en ellas, objetarlas, tacharlas o, simplemente reconocerlas. Lo cierto es que el mérito que le corresponde a cada una de las pruebas lo asigna el juzgador luego del examen que adelanta de ellas y la cavilación que efectúa en derecho.

En este quehacer, vemos que el Tribunal Superior otorgó pleno valor para demostrar la procedencia lícita del dinero ocupado en poder de M.S., a la certificación consultable a folio 71 consiste en un documento suscrito por una persona quien dice ser J.M.C.C., con identificación CC 19.840.628 de Bogotá, el cual hace constar que le compró al señor A.M.S., el predio No. 00-01-0003-0151-000, ubicado en la vereda Portachuelo, con numeración El Asomadero o Santa Cecilia, con matrícula 83-9225-0.

El documento en referencia señala que el costo de la compra fue pactado en $450,000.00 entregados de la siguiente manera: U$ 220.000.00 en la ciudad de Bogotá el día 3 de noviembre de 2009 en efectivo, U$220,000.00 en efectivo el día 3 de diciembre en Honduras, los restantes $10.000.00 en efectivo o transferencia bancaria el día 3 de febrero de 2010. En tal sentido, el signatario certifica que el dinero fue entregado en las fechas pactadas y se recibió el predio a satisfacción. El documento está calendado 3 de diciembre de 2009.

La respectiva certificación se encuentra autorizada por notario, además, contiene las apostillas correspondientes. Sin embargo, tratándose de una compra venta de bien inmueble, la certificación ofrecida por el comprador no es la prueba idónea para demostrar la transacción, en todo caso debe existir un contrato por escrito que establezca la obligación y que cumpla con lo previsto en el artículo 1103 del Código Judicial; o, en el mejor de los casos, la escritura pública constituye el medio probatorio través de la cual se comprueba el traslado del dominio de bienes reales, por lo que debió ser presentada para su valoración en el proceso.

En relación a lo antes dicho, es oportuno destacar que el artículo 800 del Código Judicial patrio posibilita la consulta del derecho extranjero señalando en su segundo párrafo que "...el juez puede investigar directamente el derecho extranjero, acudiendo a cualquier fuente o medio idóneo". En este sentido, examinamos el Código Civil Colombiano vigente para la fecha de los hechos, dentro del cual se exige como requisito para el perfeccionamiento de la compra venta, tratándose de venta de bienes raíces, que la misma conste en escritura pública, para entender que está perfeccionada ante la ley. (Artículo 1857, párrafo segundo)

Por su parte, el ordenamiento jurídico en mención (Código Civil Colombiano) señala en su artículo 1767, lo siguiente: "No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito".

Retomando al derecho patrio, el numeral 1, del artículo 1131 del Código Civil establece que deberán constar en instrumento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.

Siendo así las cosas, a nuestro juicio, el documento que reposa a folio 71 no reúne los requisitos exigidos por ley para ser estimada como prueba idónea que acredite la procedencia lícita del dinero.

Más aun, al escudriñar la legislación Colombiana vemos que el artículo 1758 del Código Civil sostiene que el instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. En este caso, la nota suscrita por C.C. está autorizada, en su reverso, por el Notario Treinta de Santa Fe, Bogotá; empero, en cuanto a su valoración, es preciso remitirse al artículo 1759 del Código Civil Colombiano, que señala: "el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados".

Bajo esa óptima, queda reforzada la posición asumida respecto a que el manuscrito en cuestión es prueba inidónea para sustentar el origen legítimo del dinero, pues a pesar de ser autorizada por notario, este hecho sólo da fue de su otorgamiento y de la fecha de su autorización, no así, del contenido de la misma. Conviene advertir, asimismo, que a pesar de lo antes dicho si nos adentramos al examen íntegro del documento aludido apreciaremos inconsistencias notables en el mismo, ya que, por un lado, refiere que el primer pago se haría en la ciudad de Bogotá el día 3 de noviembre de 2009 por un monto de U$220,000.00, el segundo el día 3 de diciembre en Honduras por un monto de U$220,000.00 y los restantes U$10,000.00 en efectivo o transferencia el día 3 de febrero de 2010; sin embargo, la certificación aduce que se efectuaron todos los pagos en las fechas acordadas y se recibió a satisfacción el predio vendido, siendo suscrita la certificación para la fecha del 3 de diciembre de 2009 como constancia.

De allí, que la primera incongruencia avista guarda relación con la fecha de detención del juzgable que data del 6 de diciembre de 2009; es decir, antes del último pago que correspondía efectuarse el día 3 de febrero de 2010. Aun así, la nota deja constancia que se recibió lo pactado.

Salta a la vista, además, que el documento bajo examen indica que el último pago, presuntamente de U$ 10,000.00, se realizaría a través de entrega en efectivo o por transferencia, lo que nos sugiere que el suscritor es consciente de la existencia de otras vías más seguras y de mayor celeridad para los movimientos internacionales de efectivo por medio de recursos financieros ofertados por entidades bancarias. Esta circunstancia nos permite hacer hincapié en la clandestinidad empleada para el transporte del dinero, que logra adecuarse fielmente a la tipología de blanqueo de capitales conocida como contrabando o movimiento físico de dinero a través de fronteras, dado que la transferencia no bancaria es un modo tradicional de blanquear capitales y puede realizarse a través del transporte por carga de aerolínea, con mulas o correos humanos que ejecuten la acción.

Dejemos eso hasta aquí, para entrar a mencionar la otra prueba controvertida contenida en el folio 73 del proceso, consistente en Certificación de Paz y Salvo Municipal suscrito por el Tesoro Municipal de Icononzo, Tolima, que certifica que A.M.S. aparece inscrito en el catastro vigente, como propietario de la heredad No. 00-01-0003-0151-000, vereda Portachuelo, El Asomadero, con un avalúo estimado de 17.973.000,00 pesos colombianos.

Dentro de nuestra ponderación, apegados a las reglas de la sana crítica, es preciso anotar que los saberes del juez no sólo exigen el conocimiento en materia del derecho, de igual forma, son significativos los conocimientos de lógica y del mundo físico básico en el que se vive; por consiguiente, fundados en las máximas requeridas resulta con evidencia que los pesos colombianos tienen promedios de variaciones respecto al dólar, por lo que lo descrito en el avalúo una vez verificada su conversión equivaldría a un poco más de cinco mil dólares, como efectivamente queda consignado en el margen superior izquierdo del mismo documento.

De ser ello así, la pretendida justificación de la cantidad de dinero trasegada caería sobre su peso, al no demostrarse la procedencia legítima de las significantes sumas en efectivo localizadas en compartimento oculto que estaba siendo transportada de un país a otro.

Por otro lado, las certificaciones visibles a folio 108-109, presentadas como elementos de defensa no dan fe del origen legítimo del dinero, más bien están dirigidas a acreditar la honorabilidad de la persona procesada dentro de sus relaciones personales y comerciales mantenidas con otros.

En cuanto a la prueba aportada al proceso, visible a folio 112-117, correspondiente a una partida de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, Certificación de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria, que da cuenta de anotaciones y asientos de un bien inmueble, cabe destacar que emergen varios aspectos que deben ser tomados en consideración, como lo es, el hecho que la matrícula y la descripción del inmueble no coincide con el detalle y número de predio contenido en la certificación catastral examinada ni con el documento expedido por el supuesto comprador. Asimismo, de acuerdo a las anotaciones en el registro y las fechas de las mismas consultada es ostensible que el señor M., en efecto, perdió la titularidad de derechos reales de dominio para el 2007, lo que se corrobora a través de la propia declaración de descargos de M.S., cuando manifestó que la anotación corresponde a una casa matrimonial que vendió tiempo atrás.

Quiere decir esto, que la prueba es impertinente, al no guardar relación o armonía a los hechos discutidos dentro del proceso.

Como quiera que sea, este elemento de prueba no logra demostrar la procedencia lícita del dinero, como tampoco sirven a este fin, los documentos que reposan a folio 141- 145 del expediente, pues la fuente del dinero; esto es, la actividad comercial que justifica la obtención de ganancias de forma legítima en las cantidades incautadas, no es percibida dentro del acervo de pruebas aportadas.

Pasamos a examinar al tercer motivo, donde el casacionista aduce la desacertada estimación de los descargos o coartada del procesado respecto al ingreso al país de remesas de dinero en efectivo. En este escenario, la Sala coincide con el censor en cuanto a que la actividad reflexiva de las pruebas realizadas por Tribunal AD-Quem dejó de atender adecuadamente a las circunstancias que disminuyen la fuerza o mérito legal de dichas afirmaciones, pues, a pesar que el procesado destacó dedicarse a actividades comerciales, con la necesidad de viajar a diversos países un sinnúmero de ocasiones, ofreció una mala justificación del porqué efectuó un traslado de dinero en efectivo, en cantidad considerable, de forma camuflajeadas, sin recurrir a la utilización de los diversos servicios financieros que las entidades bancarias proporcionan.

Valga decir, que el procesado tampoco justificó las razones de realizar un viaje hasta San Pedro Sula, Honduras, para recibir el dinero en efectivo, cuando el presunto terreno está localizado en la República de Colombia, la supuesta transacción se gestionó en dicho país y las utilidades de las ventas se percibirían en el mismo. De igual manera, M.S., en su declaración de descargos, manifestó que la propiedad era de seis hermanos, correspondiéndole a él sólo la sexta parte; empero, no hay constancia de contrato suscrito con los copropietarios, ni el detalle de la partición del producto de la presunta venta que se efectuaría entre ellos.

Frente a tales circunstancias, esta Superioridad estima que el Tribunal Superior asignó a los elementos de prueba examinados un valor no le corresponde por ley, comprobándose así un vicio que influyó en lo dispositivo del fallo y que transgredió las normas adjetivas y sustantivas invocadas por el recurrente; por tanto, debe casarse la sentencia impugnada y, en consecuencia, emitir la sentencia de reemplazo.

Previo a esto, debe subrayarse que el censor formalizó el recurso invocando dos causales distintas; empero, al lograr acreditar la primera de éstas no es necesario entrar a considerar las otras causales alegadas, en atención al contenido del artículo 2446, segundo párrafo del Código Judicial.

Ahora bien, la carpeta penal reúne un cúmulo de pruebas que permiten acreditar que el día 6 de diciembre de 2009, el señor A.M.S., ciudadano colombiano, arribó a nuestro país en un vuelo internacional procedente de San Pedro Sula, Honduras, con una maleta que al ser revisada mantenía un doble fondo en cuyo interior estaban ubicadas dos fajas forradas con plástico transparente y cinta adhesiva que escondían la suma total de doscientos veinte mil con tres dólares ($220,003.00), en denominaciones de cien y de veinte. El procesado no ofreció una justificación coherente sobre el movimiento físico transfronterizo de dinero en efectivo realizado ni logró acreditar la procedencia lícita de dicho capital. Por el contrario, se infiere, a través de las circunstancias objetivas del caso concreto, que el mismo estaba consciente de la inconsistencia de la operación dineraria, pudiendo prever razonablemente que provenían de actividad delictual, que de acuerdo a las probanzas acopiadas al infolio sugieren el narcotráfico de drogas, en cualquiera de sus modalidades, como evento criminal que generó dichas ganancias.

Para acreditar la responsabilidad penal del juzgable se cuenta con el informe de novedad calendado 6 de diciembre de 2009, suscrito por el Sargento 1ero. R.B., de servicio en el Grupo C del Departamento de Seguridad Aeroportuaria, donde se detalla la aprehensión del M.S. y los pormenores del hallazgo del dinero. Abonado a esto, consta la diligencia de inspección ocular con prueba de ion scan practicada sobre la maleta de viaje, en el cual se describe el doble que contenía la misma, más el hallazgo de la faja forrada con plástico y cinta adhesiva que mantenía en su interior el dinero incautado; el informe de levantamiento de muestras de ion scan; los resultados de la prueba de ion scan efectuada al dinero retenido que arrojaron resultados positivos para la detección de metanfetamina; la declaración jurada de R.B.L. y de E.P.T., unidades policiales que laboraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quienes se afirman y ratifican de los informes antes descritos, relatando la ocurrencia de los hechos que nos ocupan, aseverando en virtud de la sospecha que el ciudadano colombiana podía transportar algo ilícito en la maleta se remitió al mismo al cuarto de revisión de equipaje donde se dio con el hallazgo de la evidencia en un compartimento oculto dentro de la bolsa de viaje.

Igualmente, el infolio cuenta con informe suscrito por la Sargento 1era. C. De León, de la División de Blanqueo de Capitales, Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, donde se concluye que los documentos proporcionados por el imputado para su defensa no acreditan la procedencia lícita del dinero. Además, de la propia declaración de descargos del imputado se extraer indicios de presencia, oportunidad y una mala justificación sobre el trasiego de dinero en efectivo.

El hecho ilícito es constitutivo del delito de blanqueo de capitales contemplado en el artículo 255, numeral 1 del Código Penal, que a la letra dispone:

Artículo 255: Será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior quien:

Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra o impida la determinación, origen, la ubicación, el destino o la propiedad de dineros, bienes, títulos-valores u otros recursos financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando estos provenga o se hayan obtenido directa o indirectamente de alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo anterior o, de cualquier otro modo, ayude a asegurar su provecho...

La conducta punible realizada por A.M.S. encuadra en el tipo penal citado, dado que cometió el delito pudiendo representarse la posibilidad de la procedencia ilícita del dinero cuyo transporte o movilización efectuó de frontera a frontera de forma oculta, para impedir la determinación de su origen.

M.S. es autor del referido delito por su participación personal y directa en la ejecución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Penal.

Para la individualización judicial de la pena tomaremos en consideración la pena aplicable al delito que oscila entre los 5 a 12 años de prisión, así como los aspectos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 79 del Código Judicial; esto es, el numeral1 relacionado a la magnitud de la lesión o del peligro, pues la conducta punible trastoca la economía nacional del país por los diversos subterfugios empleados, causando un daño tangible a las instituciones financieras. Sumado a ello, con esta acción delictiva se procura el disfrute de los bienes adquiridos de manera ilícita a expensas de las repercusiones que el narcotráfico produce en el conglomerado social e individuo. El numeral 2, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siendo un hecho que trasciende fronteras y que pone en riesgo o peligro la seguridad aeroportuaria y con ella, a miles de usuarios de la terminal de transporte internacional. Además, se toma en cuenta el numeral 3, la calidad de los motivos determinantes, en la medida que el lavador o blanqueador de dinero ayuda a encubrir y asegurar el provecho de la actividad ilícita previa, en este caso del narcotráfico, a cambio de porción de capital ofrecido al mismo, sin atender al hecho que con tal acción permite al delincuente asirse de poder o capacidad económica para continuar su acto criminal. El numeral 4, la conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho, apreciándose en este caso que no se ha acreditado que M.S. tenga antecedentes penales y, de acuerdo a evaluación psiquiátrica forense consultable a folio 178 su capacidad intelectual es promedio y tenía conservada su capacidad para comprender la ilicitud del hecho. Frente a lo anterior, discrecionalmente fijamos la pena en cinco (5) años; esto es sesenta (60) meses de prisión a los cuales se les rebajara una sexta parte por peticionar que la causa se sustanciara bajo las reglas del proceso abreviado, lo que representa una disminución de diez (10) meses, quedando una pena líquida por cumplir de cincuenta (50) meses de prisión. Accesoriamente se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por un término igual a la pena principal.

En cuanto a la evidencia consignada en el formulario No. 09-7456 (fs. 38-39) consistente en un celular Nokia modelo 6070 B, con batería y chip Comcel, serie 352256/01/686968/9 usado, así como su estuche de color, debido al transcurso del tiempo y el poco valor económico que representan será ordenada su destrucción al tenor del contenido del artículo 1978 del Código Judicial.

Se ordena el comiso del reloj color plateado, marca S.W. usado, No. 7299 X/T, así como de la suma de trescientos noventa dólares ($390.00) depositado en el Fondo de custodia del Ministerio Público a través del volante No. 3760801 (ver foja 200-201), los cuales serán puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas que procede conforme a la Ley 57 de 2013.

Se reconoce a favor del sentenciado el tiempo que permaneció privado de su libertad sujeto a detención preventiva por esta causa.

  1. al Servicio Nacional de Migración sobre el resultado del presente proceso, así como a las autoridades correspondientes a cargo de la ejecución y cumplimiento de la misma.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia definitiva de Segunda Instancia No. 127 de 19 de septiembre de 2013 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en consecuencia, declara penalmente responsable a A.M.S., en calidad de autor del delito de Blanqueo de Capitales, imponiéndole una pena de cincuenta (50) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término igual a la pena principal.

    En cuanto a la evidencia consignada en el formulario No. 09-7456 (fs. 38-39) consistente en un celular Nokia modelo 6070 B, con batería y chip Comcel, serie 352256/01/686968/9 usado, así como su estuche de color, debido al transcurso del tiempo y el poco valor económico que representan será ordenada su destrucción al tenor del contenido del artículo 1978 del Código Judicial.

    Se ordena el comiso del reloj color plateado, marca S.W. usado, No. 7299 X/T, así como de la suma de trescientos noventa dólares ($390.00) depositado en el Fondo de custodia del Ministerio Público a través del volante No. 3760801 (ver foja 200-201), los cuales serán puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas que procede conforme a la Ley 57 de 2013.

    Se reconoce a favor del sentenciado el tiempo que permaneció privado de su libertad sujeto a detención preventiva por esta causa.

  2. al Servicio Nacional de Migración sobre el resultado del presente proceso, así como a las autoridades correspondientes a cargo de la ejecución y cumplimiento de la misma.

    Notifíquese Y DEVUELVASE;

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

    ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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