Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Mayo de 2017

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución11 de Mayo de 2017
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución de 27 de febrero de 2015, la Sala admitió el recurso de Casación interpuesto por el licenciado G.R.R., apoderado judicial de la parte querellante de R.A.D.C., en contra de la Sentencia Penal No. 51 de 28 de junio de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual revocó la Sentencia No. 33 de 7 de noviembre de 2012, emitida por el Juzgado Liquidador de Causas Penales de la Provincia de H., mediante la cual absuelve a A.V.P.R., por delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de apropiación indebida, en perjuicio de R.A.D.C., y en su lugar declara la prescripción de la acción penal.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la denuncia formulada por la Licenciada B.R.Á., que en representación de R.A.D.C., manifestó que su representado, en la fecha 5 de diciembre de 2003, suscribió contrato de alquiler de la finca No. 23617, 38 vacas paridas, 14 vacas jorras, un toro y un caballo, de los cuales le hizo entrega a A.P., quien se comprometió a pagar la letra del Banco y pago semanal a su representado la cantidad de cincuenta balboas (B./50.00), quien luego no cumplió, sino que vendió los semovientes, sin su permiso, quedándole sólo 12 vacas.

Que su representado D.C. ha tratado de recuperar los semovientes vendidos sin autorización, pero el esfuerzo ha sido inútil, por lo que exige que el señor PÉREZ responda por los semovientes que se encontraban dentro de la finca objeto del contrato, cuando le fue entregada (fs. 2-3).

La Fiscalía Primera del Circuito Judicial de H., el día 28 de marzo de 2007, dispuso declarar abierta la investigación y ordenó la práctica de la actividad procesal que previene la ley (v. f. 11).

El día 10 de abril de 2007, R.A.D.C. ratificó el contenido de la denuncia presentada, y agregó que de la producción de las vacas, las terneras eran para él, en tanto que la leche y terneros eran para A.P., por lo que éste le firmó un documento en el que se establecía que las terneras eran suyas y debía responderle.

Aseguró que PÉREZ debía pagarle al banco setecientos balboas (B./700.00) mensualmente que no atendió al banco, quien le enviaba notas informándole que si no cumplía, le quitarían sus cosas, lo que le motivó a querellar lo acontecido, para que responda.

Asimismo explicó que el padre de PÉREZ, el notario S.P.S. quiso arreglar con él, por lo que le entregó hacía un año y medio, unas diez (10) vacas, y entre 7 u 8 meses no se preocupa por nada. Que esas vacas y las que le quedaron las vendió para afrontar el compromiso bancario.

Reconoció el contrato y la firma allí plasmada, como suya, de folio 4 del expediente (fs. 13-15).

La Fiscalía de grado, a través de resolución sumarial motivada, del día 25 de junio de 2008, dispuso someter a los rigores de la indagatoria, al señor A.V.P.R., por presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Título IV, Capítulo V del Libro II del Código Penal, en lo atinente al delito Contra el Patrimonio Económico, en su modalidad de Apropiación Indebida (fs. 112-116).

En su declaración indagatoria, el señor A.V.P.R., negó toda participación con lo acontecido, y en su lugar, aclaró que R.D. era su socio en el contrato, aunque éste no lo firmó, y que en el contrato que suscribió con R.D. le permitía disponer y mejorar el hato ganadero, porque tenía una duración de 10 años.

Por otro lado, mencionó que dicho contrato fue realizado sin hacer un estudio previo de ingresos y egresos; que al tiempo se percataron que los egresos fijos eran superiores a los mil doscientos balboas (B./1,200.00), y los otros egresos, que no eran fijos, contemplaban la limpieza y mantenimiento del ganado; mientras que la entrada (económica) por la venta de la leche, era sólo de setecientos cincuenta balboas (B./750.00), por eso, empezaron a vender y tratar de mejorar el hato ganadero.

Explicó además que, en el año 2005, R.D. asumió la administración de su finca, hasta entonces, por lo que había cumplido con los compromisos que adquirió con él, como la escogencia y compra de 10 vacas paridas, que R.D. escogió.

Mencionó incluso, que cumplió con algunos compromisos como la luz, agua, teléfono, prestaciones de empleados, y si bien el banco mandaba cartas, estaba bastante al día con el pago de seiscientos noventa y nueve balboas (B./699.00) mensuales, por lo que entiende que el señor DELGADO debió seguir pagando desde el mes de agosto de 2005 cuando se hizo cargo de la finca.

Aclaró que después de agosto de 2005, tenían 10 vacas, 12 vacas paridas y 2 jorras, 4 novillas sin parir, y no 12 solamente como menciona DELGADO. Luego, indicó que luego que compraron otras 10, DELGADO las vendió, y desde agosto de 2005 volvió a alquilar la finca.

Aunado a lo anterior, explicó que R. y él, le compraron a R.D. 10 vacas, con el apoyo de su papá S.P. para reponer las que vendieron, que con las que dejó, sumaban 24 vacas, más 4 novillas en total.

También mencionó que, tanto R. como él, le vendían las vacas a R.C., en el primer contacto, y el comprador se apellida G., y de éste modo también R. y él daban las órdenes para la venta y traslado del ganado, pues también eran socios en el ganado y venta de mercancía seca, útiles de oficina, aseo y otras cosas.

Aseguró que en algunas ocasiones le informaban a R.D. de la venta del ganado, por lo que él estaba anuente, ya que les decía que el contrato lo permitía, y al ellos revender, también compraban otras vacas. En ese sentido, expresó qué una vez compraban las vacas en efectivo, utilizaban el dinero para pagar gastos, compromisos sin utilizar cuentas, sin utilizar controles.

Reconoció el contrato a folio 4, y afirmó que la firma está en ella es suya, pero no supo por qué R. no firmó el contrato, ya que ambos eran socios (fs. 119-125).

En Vista No. 0088 de 18 de febrero de 2009, la Fiscalía Primera de H., recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto de llamamiento a juicio en contra de A.V.P.R. y R.A.D.C., por presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título IV, Libro II del Código Penal, en perjuicio R.A.D.C. (fs. 173-178).

Dicha recomendación fue acogida parcialmente, pues por el Juzgado el Juzgado Segundo de Circuito Penal, del Circuito Judicial de H., mediante Auto No. 1777, dictado el día 24 de octubre de 2011, durante el acto de audiencia preliminar, dispuso abrir causa criminal en contra de A.V.P.R., como infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título IV, del Libro II del Código Penal, esto es por el delito de Apropiación Indebida, en tanto que dictó sobreseimiento provisional a favor de R.A.D.C. (fs. 280-285). Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, el día 9 de diciembre de 2011 (fs. 297-303).

Mediante Sentencia No. 33 del día 7 de noviembre de 2012, el Juzgado Liquidador de Causas de la Provincia de H., absolvió a A.V.P.R. de los cargos a él atribuidos (fs. 339-348). Decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, el día 28 de junio de 2013, en la Sentencia Penal No. 51, y en su lugar decreta la prescripción de la Acción Penal (fs. 370-378).

ÚNICA CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El licenciado G.R.R., apoderado judicial de la parte querellante, R.A.D.C., adujo una causal contra el fallo recurrido: "por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de indebida aplicación", la cual está contenida en el artículo 2430, numeral 1, del Código Judicial.

La causal viene sustentada en tres motivos. En el primero de ellos, indicó el recurrente que a pesar que el 24 de octubre de 2011, el Juzgado liquidador de Causas abrió causa criminal contra A.V.P.R., se interrumpió el término de la prescripción, pero el Tribunal Superior de Justicia, del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, el día 28 de junio de 2013, emitió la Sentencia Penal No. 51, en donde decretó la prescripción de la Acción Penal.

En el segundo motivo mencionó que entre la fecha en que se dictó el Auto que abrió la causa criminal (24 de octubre de 2011) y la Sentencia Penal 51 de 28 de junio de 2013, no han transcurrido 6 años después del auto de llamamiento a juicio para argumentar opera la prescripción de la acción penal.

De acuerdo al tercer motivo, en el Auto No. 1776, de 24 de octubre de 2011, dictado en el mismo auto de audiencia preliminar se abrió causa criminal en contra de A.V.P.R., en donde el Juzgador de la causa negó a la defensa la solicitud de prescripción de la acción penal, y pese a ello, el Tribunal Superior, en la Sentencia Penal 51 de 28 de junio de 2013, decretó la prescripción de la acción penal.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneraron los artículos 95 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, la infracción del artículo 1032 del Código Judicial, en razón de violación directa por omisión; en tanto que, también se infringe el artículo 93 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, y la infracción del artículo 194 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión.

Con fundamento en lo anterior, solicita se case la sentencia recurrida y, en su lugar, revoque la Sentencia No. 33 del 7 de noviembre de 2012, del Juzgado Liquidador de las Causas de la Provincia de H., con la consecuente Condena Penal en contra de A.V.P.R., por ser infractor del delito de Apropiación indebida en perjuicio de R.D.C. (fs. 393-398).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, la Licenciada Kenia I.P.D., en calidad de Procuradora General de la Nación, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.

En lo que corresponde al primer motivo de la única causal, la representante del Ministerio Público, manifestó en cuanto al primer motivo que no le asiste la razón al recurrente, pues pese a que el Auto de enjuiciamiento fue emitido el 24 de octubre de 2011, 7 años después de ocurrido el hecho delictivo, su emisión excedía el término establecido para los delitos con penas que no superan los seis años de prisión, en consecuencia, la prescripción de la acción concurrió un año antes que se produjera la interrupción de la misma, así no se logró demostrar la causal invocada.

En el segundo motivo en comento, la representante de la Vindicta Pública, entiende que la venta ocurrió antes del año 2004, y que entre el 16 de junio de 2004, fecha en que ocurrió la última venta de ganado, y el 24 de octubre de 2011, plazo en que se dictó el auto de llamamiento a juicio No. 1777, habían transcurrido 7 años y 4 meses, lo que excede el máximo de 6 años, del artículo 93 del Código Penal, en consecuencia, había prescrito el término para la persecución de los presuntos actos ilícitos, de modo que no se configura el yerro invocado.

Sobre el tercer motivo, expuso que las autoridades jurisdiccionales, pueden, de modo oficioso, sanear las actuaciones que considere irregulares dentro del proceso, las que constituyan vicios que afecten el trámite debido del proceso, las que constituyan infracciones a mandatos expresos previstos en la Ley. El artículo 1960 del Código Judicial establece pautas sobre la extinción de la acción penal que, entiende, fue lo que realizó el Tribunal Ad Quem.

En cuanto a las disposiciones legales y concepto de infracción, específicamente los artículos 93, 95 y 194 del Código Penal de 1982l, 1032 del Código Judicial, no han sido infringidos, por lo tanto solicita no se case el fallo recurrido (fs. 410-422).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Advierte la Sala que el licenciado G.R.R., apoderado judicial de la parte querellante de R.A.D.C., aduce como única causal que el Tribunal Superior incurrió en la resolución emitida en yerro, que refiere: "por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de indebida aplicación".

Motivos y Concepto de Las Infracciones Legales

En lo que corresponde al cargo expuesto por el casacionista, dado que los recurrente se ha referido en los tres motivos a el tema puntual de la prescripción de la acción penal, que entiende no ha ocurrido en la presente casa, se resolverán en un solo punto, es decir, bajo una misma cuerda procesal, a fin de honrar el principio de economía procesal.

Vemos pues, que el delito de apropiación indebida es descrito en el artículo 194 del Código Penal de 1982, pues en la denuncia se ha indicado, como marco de referencia, un incumplimiento de contrato notariado con fecha del día 5 de diciembre de 2003, el cual señala empieza a regir a partir del día 3 de octubre de 2003, y cuya la denuncia fue presentada el día 27 de marzo de 2007, lo cual debe regirse bajo las reglas penales contempladas en el Código Penal derogado de 1982, que además contiene normas beneficiosas para el procesado, principio sobre el cual se cimenta el procedimiento penal panameño.

Así pues, en el mencionado artículo, se traza un rango de punibilidad de 6 meses a 3 años de prisión por su comisión, y adiciona a la pena principal la aplicación de 50 a 250 días multa.

Ahora bien, a la luz del artículo 93 del mismo texto punitivo, en su numeral 3, de acuerdo al presente negocio, contiene una disposición de carácter procesal aunque se encuentre en un código sustantivo, en la que refiere debe entenderse que la acción penal del presente negocio prescribe una vez se hayan cumplido 6 años, después de la comisión del hecho, que según el artículo 94, de la mencionada excerta legal, empieza a computarse desde el día en que cesaron las supuestas conductas contrarias a derecho, para los delitos continuados y permanentes.

Aquí conviene la mención de una notable peculiaridad del presente caso, y es que al parecer, la mayoría de las transacciones de venta no consentida de ganado, que supuestamente eran realizadas por el procesado, no eran revestidas por cierta formalidad de índole escritural, pues no hay registros de contratos de compra venta del ganado que estaba bajo el cuidado o administración de P.R., y no hay recibos que sustenten la transferencia de los bienes (animales), por lo que haremos el siguiente cálculo, de acuerdo a las constancias testimoniales y documentales que se obtuvieron durante la fase de investigación.

Supuesto 1: Según el relato del afectado, R.A.D.C., recibido el día 10 de abril de 2007, a folio 14 indicó que hacía un año y medio recibió la reposición de una parte del ganado vendido, sin su consentimiento, lo que supone que dicha fecha pudo haber sido el 10 de octubre de 2005, lo que implica que la supuesta conducta criminal tuvo ocasión antes de esa fecha.

Supuesto 2: En tanto que R.C., peón en las supuestas transferencias de índole comercial de los semovientes, calculó que la venta en la que participó fue en el año 2003, a folio 35.

Supuesto 3: De acuerdo a los registros de actividad de "sangría" del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la última tuvo ocasión el 16 de junio de 2004 (f. 100), que según el relato de R.C. (fs. 33-36) era un paso necesario para su paso por Divisa.

Supuesto 4: De conformidad con la declaración jurada de R.A.D.C., las ventas se realizaron en distintos días en el año 2003, y que incluso llegaron a vender unas seis (6) vacas en la Subasta en el Ejido de Los Santos, en el año 2004 o 2005 (f. 105). Durante la diligencia de careo en la que participó, a folio 138, reiteró que el contrato, objeto de la presente discusión, terminó en el año 2005.

Supuesto 5: El procesado A.V.P.R., durante su declaración indagatoria, excepcionó que R.A.D.C. reasumió la administración de la finca y los animales que administraba en agosto del año 2005 (f. 121).

Ahora bien, debe esta S. indicar que en el entendido que el último supuesto acto delictivo hubiese sido en agosto de 2005, hasta el día 16 de marzo de 2012, cuando se surten los efectos de notificación de P.R. (f. 285), han pasado cerca de unos seis (6) años y siete (7) meses.

O si por el contrario, hubiese ocurrido el día 10 de octubre de 2005 (tomando como referencia el dicho del querellante), y el momento de la ejecutoría del llamamiento a juicio dictado en contra de P.R. (16 de marzo de 2012, f. 285), transcurrieron seis (6) años y 5 meses aproximadamente.

Recordemos en este punto, pronunciamientos anteriores que esta Superioridad ha plasmado, en cuanto a la eficacia y validez del auto de enjuiciamiento para ilustrar la fecha en que debemos entender se interrumpe la prescripción de la acción penal, dentro del proceso seguido a L.A.A.G., por delito contra la administración pública, del día 30 de diciembre de 1997, que reza así:

"En este orden de ideas, se requiere que el auto de enjuiciamiento esté ejecutoriado para interrumpir la prescripción de la acción penal, porque es sabido que ninguna resolución judicial es eficaz, es decir, puede surtir efectos jurídicos, si no está ejecutoriada, salvo que la ley expresamente disponga otra cosa.

En el caso que nos ocupa, el artículo 95 antes mencionado no establece expresamente, como excepción a la regla general de derecho procesal comentada, que el auto de enjuiciamiento no debe estar ejecutoriado para interrumpir el plazo de la prescripción de la acción. Por lo anterior y porque las normas procesales se deben interpretar de acuerdo a los principios generales del derecho procesal, se concluye que no basta que se dicte el auto de enjuiciamiento para que se interrumpa la prescripción de la acción penal.

Es oportuno señalar que el artículo 88 del Código Penal derogado establecía expresamente que no era necesario que el auto de enjuiciamiento estuviese ejecutoriado para interrumpir la prescripción.

Como quiera que esa excepción al principio general, conforme al cual ninguna resolución surte efecto jurídico si no está en firme, fue derogada por el texto del artículo 95 del actual Código Penal, ello significa que es necesaria la ejecutoria del auto de proceder para interrumpir la prescripción de la acción penal, pues sólo así se salvaguardan los principios rectores en que descansa el proceso. La conclusión a la que llega la Sala no le es ajena por cuanto que en resolución de 7 de julio de 1993, publicada en el Registro Judicial de julio de 1993, foja 142-144, esta Corporación de Justicia consideró que la prescripción de la acción penal se interrumpía cuando el auto de enjuiciamiento se encontraba ejecutoriado.

Unido a lo anterior se tiene que en nuestra legislación el fundamento de la prescripción de la acción penal se sustenta en la teoría de la situación jurídica, según fácilmente se infiere de la lectura del artículo 100 del Código Penal, al disponer que "el procesado tiene derecho a la prescripción de la acción penal" en consecuencia, tiene razón el casacionista cuando señala, siguiendo a un autor, que el concepto que se tenga respecto al fundamento de la prescripción de la acción penal es útil para la solución de los problemas jurídicos que se planteen. Desde esta perspectiva, el derecho subjetivo establecido por el artículo 100 del Código Penal en favor del procesado sienta las bases para que el tribunal propenda a buscar una interpretación de la ley que, inspirada en el principio del favor libertatis, favorezca la situación jurídica del sujeto pasivo de la relación jurídica-procesal. En efecto, de este principio se deduce que no solo en los "supuestos dudosos habrá que optar por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que implica concebir el proceso hermenéutico como una labor tendiente a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos humanos fundamentales en su conjunto" (PÉREZ LUÑO, A.E.. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1984, Madrid, Editorial Tecnos, S. A. pág 315).

En el caso que nos ocupa, el juez de primera instancia profirió auto de enjuiciamiento el 18 de mayo de 1994, es decir, antes de haberse completado el plazo de la prescripción de la acción para el delito de peculado por apropiación, el cual prescribe en doce (12) años, según la regla del artículo 93 del Código Penal.

Sin embargo, contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante auto de 9 de agosto de 1994, pero ocurre que esta última resolución quedó ejecutoriada el 24 de octubre de 1996, fecha para la cual ya se había completado el plazo de la prescripción, toda vez que el mismo vencía el 24 de febrero de 1996." Lo destacado es nuestro.

Ahora bien, sigamos con nuestro análisis en cuanto a que el supuesto que el último acto contrario a la ley penal, hubiese ocurrido el día 16 de junio de 2004, a la fecha en que P.R. se notificó de la apertura de causa criminal en su contra, es decir el día 16 de marzo de 2012, transcurrieron cerca de siete (7) años y nueve (9) meses.

Y finalmente, en el supuesto que deba entenderse que la última venta fue realizada en el año 2003 (como indicó R.C., y desde esa fecha, al momento en que se le notificó a PÉREZ RODRÍGUEZ que debía a responder a juicio (16 de marzo de 2012), pasaron alrededor de nueve (9) años.

En los escenarios expuestos, en todos los supuestos, se excede del término que establece el artículo 93 del Código Penal de 1982, es decir seis (6) años, lo cual presta el mérito suficiente para que el Tribunal A Quo procure reencamina el proceso, ante el reconocimiento del fenómeno procesal de la prescripción de la acción penal, en aras de no incurrir en conductas que contraríen el principio del debido proceso, que le asisten al procesado.

Pese al parecer del recurrente, en cuanto a que cuando el 24 de octubre de 2011, el Juzgado liquidador de Causas abrió causa criminal contra A.V.P.R., se interrumpió el término de la prescripción de la acción penal, debemos recordar este periodo (de la interrupción de la prescripción) se cumple, precisamente, cuando el imputado ha sido notificado del auto de llamamiento a juicio, es decir, que la resolución se encuentre ejecutoriada para que surtan los efectos de la interrupción.

A folio 285, se observa que el auto que dictó el llamamiento a juicio del señor P.R., fue apelada, y la decisión de segunda instancia fue notificada por el Tribunal de primera instancia por medio del edicto No. 1363 del 27 de diciembre de 2011, el cual fue desfijado el día 4 de enero de 2012 (f. 306), y A.V.P.R. fue notificado personalmente de la resolución el día 16 de marzo de 2012 (f. 285), lo que quiere decir, según el análisis de las fechas que realizamos con anterioridad, se superó el plazo para considerar la acción penal prescrita, en demasía.

Aunque a partir del día 16 de marzo de 2012, se surtieron los efectos de notificación del auto de llamamiento a juicio de P.R., a la luz del contenido del artículo 95 del Código Penal derogado de 1982, la Prescripción de la acción penal se interrumpe con el Auto de Enjuiciamiento, y dicha interrupción que así se produzca no puede prolongar el término de la acción penal por un tiempo que exceda de los plazos fijados en el Artículo 93, así, estaríamos ante una resolución revestida de eficacia y validez para que, en debida forma, posea la capacidad procesal para detener el conteo de la prescripción desde que se registró la consumación del delito

En un escenario contario, si la resolución objeto de debate, ha sido notificada, antes de cumplirse los 6 años, cuenta con las formalidades de la ley procesal para interrumpir la prescripción de la acción penal, y permitir se reinicie el cálculo de la prescripción aludida, en tanto que se ha registrado que el auto encausatorio, se encuentra ejecutoriado, después de cumplidos 6 años, no se interrumpió el plazo señalado en el artículo 3, numeral 3 del Código Penal, y en efecto estamos ante un proceso, cuya acción penal prescribió.

Este asunto ha sido abordado con anterioridad por esta S., dentro del proceso penal que se le siguió a A.F.B., encartada por delito contra la fe pública, por medio de la resolución calendada 28 de mayo de 2010, en el siguiente tenor:

"En primer lugar, debe la Sala confirmar que en efecto nos encontramos ante la comisión de un delito de falsedad ideológica, que en el caso subjudice (sic) consistió en falsear el contenido de un acta de una reunión extraordinaria de la junta de suscriptores del pacto social de la sociedad PETER SILVER INC. el cual constituye un delito de ejecución instantánea, que se materializó el día 13 de julio de 2000 cuando el acta en cuestión se protocolizó en la Escritura Pública Nº 1377 ; por tratarse de un hecho punible consumado, el término de prescripción de la acción penal comenzó a correr a partir de la consumación , es decir el día 13 de julio de 2000; conforme el artículo 93 del estatuto punitivo derogado, la acción penal prescribía a los 6 años , por tratarse de un delito con sanción mayor de 6 meses y que no excedía de 6 años.

Tomando como referencia los antecedentes expuestos, observa la Sala que el auto de enjuiciamiento dictado contra A.F.B. se emitió el día 18 de agosto de 2006 , sin embargo, a vuelta del folio 211 se observa que dicho auto quedó ejecutoriado el día 31 de octubre de 2007, cuando se surtió la notificación del mismo.

Por tanto, a partir del 13 de julio del año 2000 empezó a correr el término prescriptivo de la acción penal en la presente causa , el cual no fue interrumpido hasta el 31 de octubre de 2007, cuando el auto encausatorio quedó debidamente notificado, por consiguiente, ejecutoriado; en ese momento, la acción penal, ya estaba prescrita.

En efecto, dicho auto de enjuiciamiento requería estar ejecutoriado antes que transcurriera el término de prescripción de ley , que en el caso en cuestión sería de 6 años y como ya lo ha citado la Sala en otras oportunidades, se requiere que el auto de enjuiciamiento esté ejecutoriado para que interrumpa la prescripción de la acción penal, porque ninguna resolución es eficaz, es decir, puede surtir efectos jurídicos, si no está ejecutoriada, salvo que la ley disponga otra cosa. (resolución del 30 de diciembre de 1997, 10 de julio de 2001 de la Sala Penal).

Advierte la Sala que la interpretación que ha hecho el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, del alcance del artículo 95 del estatuto punitivo derogado, es conteste con la reiterada jurisprudencia que al respecto ha emitido esta Colegiatura a través de múltiples pronunciamientos, por lo que se estima que no se ha producido la infracción del artículo 95 del Código Penal de 1982 ni del artículo 9no del Código Civil.

En ese sentido, en concordancia con el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal, que establece que la acción penal prescribe cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años y siendo que el delito de Falsedad que nos ocupa tenía señalada pena de prisión de 2 a 5 años en el código punitivo derogado, ha operado el fenónemo (sic) prescriptivo declarado en la sentencia recurrida, por lo que no se debe casar la resolución objeto del presente recurso." El énfasis es nuestro.

En cuanto a las facultades del despacho saneador que respalda el actuar del Tribunal de Segunda Instancia, contenidas en el artículo 1151 del Código Judicial, permite que esa instancia repase o verifique los procedimientos o actuaciones procesales contenidas en la encuesta para garantizar el real cumplimiento de la defensa de las partes, normas de competencia, y los asuntos relacionados a nulidades.

Ante este escenario, se entiende conforme a derecho el actuar del Tribunal de Apelaciones en esta causa, quien ha dictado la prescripción de la acción penal, revocando previamente la sentencia absolutoria en favor de A.V.P.R. por el delito de apropiación indebida.

Conviene mencionar que si bien, durante el acto de audiencia preliminar, el Tribunal de Primera Instancia dispuso negar el incidente de la Prescripción de la Acción Penal, no menos cierto es que existen, como hemos mencionado, todas las presuntas fechas en las que se entiende, fueron las últimas ventas del ganado, ante la fecha de la notificación del llamamiento a juicio de P.R., superan los 6 años, pero el juzgador primario, entendió que desde la reposición de las vacas, en el año 2006, hasta el año 2011, no habían transcurrido 6 años (f. 279), lo cual hemos abordado, no se ajusta al caudal probatorio del negocio penal que nos ocupa.

Así pues, se descartan los cargos de injuridicidad planteados en los motivos del recurso del recurrente, pues la sentencia no infringió la ley sustancial penal, en concepto de indebida aplicación, por el contrario, se ciñó a ella.

Confrontado el motivo sustentado por el casacionista con el caudal probatorio del expediente, concluye la Sala que el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, por consiguiente, no se infiere la vulneración de los artículos 95, 93 y 194 del Código Penal de 1982, así como también el artículo 1032 del Código Judicial, de acuerdo al concepto de la infracción planteada.

Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que el letrado recurrente traduce en una lesión a las disposiciones, se sustenta la debida aplicación en la Sentencia Penal No. 51 de 28 de junio de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, que revoca la Sentencia No. 33 de 7 de noviembre de 2012, emitida por el Juzgado Liquidador de Causas Penales de la Provincia de H., y en su lugar declara la prescripción de la acción penal, de modo que lo que corresponde al Tribunal de Casación, es no casar la sentencia impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia Penal No. 51 de 28 de junio de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá.

N. y Devuélvase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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