Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Mayo de 2022

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 6 de Mayo de 2022
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 06 de mayo de 2022

Materia: Casación penal

Expediente: 99-2020C

VISTOS:

Mediante resolución de 3 de septiembre de 2021, la Sala admitió los Recursos de Casación interpuestos por la Firma Forense Rodríguez, Torres & Asociados, en representación de la parte querellante, contra la Sentencia 2da. I.. N° 99, de 12 de agosto de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria, que confirma la Sentencia de Primera Instancia, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, que absolvió a los señores JACINTO ESPINOSA GONZÁLEZ y O.A.B. de los cargos penales formulados en su contra; por el delito de H.P., en perjuicio de ALBERTO TORRES.

Por cumplir con los requisitos comunes y propios de la estructuración de toda demanda de casación, el escrito de impugnación propuesto fue admitido, procediéndose con el traslado a la Procuraduría General de la Nación, quien mediante Vista No. 71 de 26 de octubre de 2021, presentó sus opiniones en torno a la censura formulada por el activador judicial (fs. 972-983).

Precluido este término, se realizó la audiencia oral de casación, el 4 de enero de 2022, constando acta respectiva de esta diligencia de fojas 996 a 998 del expediente. Los defensores de los señores O.A.B. y JACINTO J.E.G., presentaron escritos sobre las alegaciones expuestas en la audiencia (fs. 999-1001, 1002-1006). De igual manera, lo hizo la representación de la querella (fs. 1013-1018).

Agotados los pasos legales que establecen los artículos 2439, 2441, 2442 y 2444 del Código Judicial, corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, decidir el fondo del recurso de casación formalizado.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da, con la Querella presentada por la Firma RODRÍGUEZ, TORRES & ASOCIADOS, en contra del señor J.E. y cualquier otra persona que resulte involucrado en los hechos querellados, como infractor del delito de H.P. (fs. 2-7).

Mediante Providencia Indagatoria N° 50, de fecha 10 de marzo de 2016, la Fiscalía Primera de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, La Chorrera, dispuso recibir declaración indagatoria al señor J.J.E.G., por ser presunto infractor del delito contemplado en el Título VI, Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, por un delito Contra el Patrimonio Económico (H.P.) (fs. 345-355).

Posteriormente, con la Providencia Indagatoria N° 100, de 1 de julio de 2016, la Fiscalía Primera de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, La Chorrera, dispuso recibir declaración indagatoria al señor O.E.A.B., por ser presunto infractor del delito contemplado en el Título VI, Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, por un delito Contra el Patrimonio Económico (H.P.) (fs. 603-612).

A través de la Vista Penal Nº 636, de 23 de agosto de 2016, la Fiscalía Primera de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, La Chorrera, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un Auto de Llamamiento a juicio en contra de J.J.E.G. y O.E.A.B., por la presunta comisión del delito contemplado en el Título VI, Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, por un delito Contra el Patrimonio Económico (Hurto Pecuario), en perjuicio del señor A.R. TORRES (fs. 645-658).

El día 3 de abril de 2017, se realizó la Audiencia Preliminar, bajo las reglas del proceso abreviado, donde se dictó el Auto de Llamamiento a Juicio N° 35, de la misma fecha, mediante el cual el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, abre causa criminal a los señores JACINTO J.E.G. y O.E.A.B., como posibles infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título VI, Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, por un delito Contra el Patrimonio Económico (Hurto Pecuario), en perjuicio del señor A.R. TORRES (fs. 713-738).

A través de la Sentencia Absolutoria N° 25, de 24 de agosto de 2017, el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a los señores J.J.E.G. y O.E.A.B., de los cargos por los que fueron llamados a responder a juicio penal (fs. 741-755).

Decisión con la que no estuvo de acuerdo la representante del Ministerio Público, así como la Querella, por lo que recurrieron en apelación. Es así que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria, confirma la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de absolver a los señores JACINTO J.E.G. y O.E.A.B., de los cargos formulados en su contra (fs. 888-898). Resolución con la que no estuvo de acuerdo la Querella, por lo que anunció y sustentó en tiempo oportuno el recurso extraordinario de Casación que nos ocupa.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA FIRMA FORENSE RODRÍGUEZ, TORRES & ASOCIADOS CONTRA JACINTO J.E.G.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurso de casación es formalizado por la Firma Forense Rodríguez, Torres & Asociados, en representación de la parte querellante, señor A.T., y adujo una causal contra el fallo recurrido, señalando que se incurre en: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal."

La causal viene sustentada en dos (2) motivos. En el primero de ellos, expone que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, cometió error de derecho en la apreciación de la prueba al valorar erróneamente la Certificación de la Alcaldía Municipal del Distrito de Chame, la cual da fe de la existencia del F."., registrado en el libro de marcas desde 1985 a nombre del señor E.A.T., con el cual se acredita la propiedad y preexistencia del semoviente y de un ferrete distinto al del señor ESPINOSA, para errar o marcar su ganado, lo cual de haber sido ponderado conforme a derecho, determinaría la existencia del delito de H.P. y que con dicha prueba documental se acredita de forma fehaciente la responsabilidad penal de los imputados.

En el segundo motivo, el casacionista manifiesta que el Segundo Tribunal Superior cometió error de derecho en la apreciación de la prueba, al valorar las distintas inspecciones oculares realizadas a la finca El Espavé, donde supuestamente se encontraba el semoviente propiedad de A.T., realizadas por el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales tienen el mismo patrón al dar como resultado que no se pudo dar con el hallazgo del novillo objeto material del hecho punible denunciado, lo que llevó al Ad Quem, a decidir que no cabía responsabilidad penal para los procesados.

Agrega que, de haberse valorado correctamente conforme a derecho estas inspecciones, bajo los principios de la sana crítica y de unidad de la prueba, se hubiera arribado a la conclusión de que los procesados trasladaron el semoviente a otro lugar distinto al manifestado por ANTÚNEZ y ESPINOSA, para ocultar el delito y así evitar ser descubiertos.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneraron los artículos 781 y 836 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión; en tanto que, también se infringe el artículo 27 y 217 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, producto de la errónea valoración de la prueba.

Con fundamento en lo anterior, solicita, se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare penalmente responsable al señor por el delito de H.P., en perjuicio de A.T. (fs. 955-961).

RECURSO DE CASACIÓN DE LA FIRMA FORENSE RODRÍGUEZ, TORRES & ASOCIADOS CONTRA O.E.A.B.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

El recurso de casación es formalizado por la Firma Forense Rodríguez, Torres & Asociados, en representación de la parte querellante, señor A.T., y adujo una causal contra el fallo recurrido, señalando que se incurre en: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal."

La causal viene sustentada en dos (2) motivos. En el primero de ellos, expone que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, cometió error de derecho en la apreciación de la prueba al valorar erróneamente la Certificación de la Alcaldía Municipal del Distrito de Chame, la cual da fe de la existencia del F."., registrado en el libro de marcas desde 1985 a nombre del señor E.A.T., con el cual se acredita la propiedad y preexistencia del semoviente y de un ferrete distinto al del señor ESPINOSA, para errar o marcar su ganado, lo cual de haber sido ponderado conforme a derecho, determinaría la existencia del delito de H.P. y que con dicha prueba documental se acredita de forma fehaciente la responsabilidad penal de los imputados.

En el segundo motivo, el casacionista manifiesta que el Segundo Tribunal Superior cometió error de derecho en la apreciación de la prueba, al valorar las distintas inspecciones oculares realizadas a la finca El Espavé, donde supuestamente se encontraba el semoviente propiedad de A.T., realizadas por el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales tienen el mismo patrón al dar como resultado que no se pudo dar con el hallazgo del novillo objeto material del hecho punible denunciado, lo que llevó al Ad Quem, a decidir que no cabía responsabilidad penal para los procesados.

Agrega que, de haberse valorado correctamente conforme a derecho estas inspecciones, bajo los principios de la sana crítica y de unidad de la prueba, se hubiera arribado a la conclusión de que los procesados trasladaron el semoviente a otro lugar distinto al manifestado por ANTÚNEZ y ESPINOSA, para ocultar el delito y así evitar ser descubiertos.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, alega que se vulneraron los artículos 781 y 836 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión; en tanto que, también se infringe el artículo 27 y 217 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, producto de la errónea valoración de la prueba.

Con fundamento en lo anterior, solicita, se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare penalmente responsable al señor por el delito de H.P., en perjuicio de A.T. (fs. 962-969).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, el Procurador General de la Nación, Encargado, solicitó al momento de correr el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.

En lo que corresponde al primer motivo de esta única causal "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal", en los dos recursos el representante del Ministerio Público, manifestó que el Tribunal no incurre en el cargo de injuridicidad de carácter probatorio que le atribuye el casacionista, ya que bajo las reglas de la sana crítica, evalúa que el ternero objeto de la investigación no se ubicó, con el fin de corroborar las marcas "ferretes", y determinar el propietario legítimo, ya que el documento público, da certeza del registro del ferrete o marquilla como lo exige el Código Administrativo, sin embargo, ante la imposibilidad de localizar el mencionado ternero, no ha sido factible determinar si el animal tiene más marcas (ferretes), además de su color, si es rojizo o amarillento, y así establecer a su propietario legítimo.

De igual modo, considera que la valoración de las Diligencias de Inspección Ocular cuestionadas en el segundo motivo, fue apegada a las reglas de la sana crítica al determinar que las mismas no fueron concluyentes, por lo que no dan certeza que los señores JACINTO J.E.G. y O.A.B., tengan responsabilidad penal por la comisión de un delito de H.P., ya que no puede el Tribunal asumir que dicho semoviente fue trasladado a otro lugar distinto de manera dolosa para apropiarse del animal, cuando las inspecciones oculares, dan cuenta que se realizaron sin recorrer el total de la finca, por la amplia extensión lo que provoca una duda a favor de los imputados, por lo que el cargo de ilegalidad que ha sido propuesto por el recurrente no se logra acreditar.

En cuanto a las disposiciones legales y concepto de infracción, específicamente los artículos 781 y 836 del Código Judicial y los artículos 27 y 217 del Código Penal.

Concluye el representante de la Vindicta Pública, que las normas citadas por el impugnante no han sido infringidas por el Tribunal en su decisión de alzada, de acuerdo a las explicaciones y los conceptos de infracción dados por el casacionista.

Finalmente, solicita no casar la Sentencia 2da. I.. N° 99, de 12 de agosto de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria.

OPOSICIÓN A LOS RECURSOS DE CASACIÓN

El Licenciado MANUEL SALADO, defensor privado del señor O.A.B. y el Licenciado E.P.S., representante legal del señor J.J.E.G., presentaron escrito de oposición, manifestando que se debe mantener en todas sus partes la Sentencia 2da. I.. N° 99, de 12 de agosto de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria (fs. 784-791, 792-798).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego de resaltar el planteamiento esgrimido por la Firma Forense Rodríguez, Torres & Asociados,en representación de la parte querellante ALBERTO TORRES, así como la opinión de la Procuraduría General de la Nación y la oposición de los defensores, corresponde a esta Sala constituida como Tribunal de Casación, resolver el fondo de los recursos impetrados en la presente causa penal.

Como se advierte, el censor expresó que el Tribunal Superior incurrió en: "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la Ley sustantiva penal.", causal que viene sustentada en dos (2) motivos.

Ahora bien, se observa que los dos (2) recursos están sustentados en la misma causal y bajo los mismos cargos de injuridicidad, además de que se invocan como violadas las mismas disposiciones legales en iguales conceptos, por lo cual procede su análisis en forma conjunta.

Expone el censor, como primer cargo de injuricidad en los dos (2) recursos de casación, que el Tribunal de Alzada realizó una errada ponderación de la Certificación de la Alcaldía Municipal del Distrito de Chame, la cual da fe de la existencia del ferrete "B., registrado en el libro de marcas desde 1985 a nombre del señor E.A.T., con el cual se acredita la propiedad y preexistencia del semoviente y de un ferrete distinto al del señor ESPINOSA, para errar o marcar su ganado.

En el segundo motivo, se indica que el Tribunal de Grado, yerra al valorar las las distintas inspecciones oculares realizadas a la finca El Espavé, donde supuestamente se encontraba el semoviente propiedad de A.T., realizadas por el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales tienen el mismo patrón al dar como resultado que no se pudo dar con el hallazgo del novillo objeto material del hecho punible denunciado, lo que llevó al Ad Quem, a decidir que no cabía responsabilidad penal para los procesados.

Con relación a los hechos cuestionados por el censor, en sus motivos, se observa en la sentencia impugnada lo siguiente:

"Ahora bien, del examen de las constancias procesales llama la atención de la Sala que a pesar de las cuatro Diligencias de Inspección Ocular realizadas en la Finca El Espavé (fs. 47-48; 62-65; 279-280 y, 333-334) propiedad del señor J.E., no fue posible lograr la ubicación del mencionado novillo, por diversos factores y las casi 160 hectáreas conforman la Finca.

Si bien es cierto el señor A.T. asegura que el torete es de color rojo y mantenía ferretes "JS" y "BETO", existen testimonios que aseguran que el torete era amarillo y con las marcas "J5" y "BETO", como es el caso de los señores P.E.M. MORALES (fs. 520-526) y H.M.M. MORALES (fs. 527-533).

Un punto en el que ambas partes coinciden es en que el novillo mantenía el ferrete "BETO", perteneciente al padre del querellante, el señor EUNO (SIC) A.T.V., tal y como certifica la Alcaldía Municipal del Distrito de Chame. (v.fs.143), es decir, este ferrete no pertenece al señor A.R. TORRES.

Ciertamente, ante la imposibilidad de localizar al mencionado ternero, no ha sido factible determinar, sin lugar a dudas, las marcas en el animal y así establecer a su propietario legítimo. Cabe precisar que tanto la Personería del Distrito de Chame como el propio querellante, debieron tomar las medidas pertinentes para poder concluir con las diligencias de Inspección Ocular a la Finca "El Espavé" y ubicar al ternero, pues de las transcripciones de las diligencias antes anotadas, se observa que ninguna de ellas culminó con el recorrido total de la finca".

Ahora bien, procedemos a analizar las pruebas cuestionadas con el fin de determinar si prosperan los cargos de injuridicidad atribuidos a la sentencia impugnada.

En cuanto al primer motivo, tenemos la certificación de la Alcaldía de Chame, de fecha 23 de diciembre de 2014, suscrito por la Alcaldesa del Distrito de Chame NIEVES MAYORGAS, en la cual certifica que el señor EULO A.T., posee registrado en el libro de marcas y señales que se lleva en ese despacho, el ferrete "B., con el cual, se marca a todos los animales vacunos de su propiedad, en las fincas ubicadas en Nueva Gorgona, Sora y Chame, Distrito de Chame (fs. 143).

En el segundo motivo se cuestiona la valoración de las siguientes Inspecciones Oculares:

  1. Diligencia de Inspección Ocular a la Finca El Espavé, propiedad del señor J.J.E., realizada el 13 de mayo de 2014, por personal de la Personería Municipal del Distrito de Chame, acompañada de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Chorrera, con la finalidad de verificar si dentro de dicha finca se encuentra el novillo raza B., con ferrete "JS" denunciado como hurtado por el señor A.T., en la cual se explicó que estando en el lugar fueron atendidos por el señor O.A., quien les mostró el ganado, percatándose que el novillo no estaba dentro del grupo de ganado observado (fs. 47).

  2. - Informe de Inspección Ocular S.C.C.-0881-14, de fecha 13 de mayo de 2014, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Agencia de Criminalística de La Chorrera, en el cual, explican que se trata de una escena abierta, distante a la calle principal, mantiene cerca perimetral de alambre de púas con estacones de madera, adicional mantiene una verja de hierro y un pequeño muro de concreto. Al ingresar a la finca, el capataz les indica que la misma consta de ciento sesenta hectáreas de terreno.

    Luego al proceder a buscar el novillo para verificar los ferretes, no se logró ubicarlo, tampoco se encontraron indicios relacionados al hecho investigado (fs. 54-56).

  3. - Diligencia de Inspección Ocular, de fecha 12 de junio de 2014, realizada a la finca El Espavé por personal de la Personería Municipal del Distrito de Chame, el Licenciado A.T. y un equipo de hombres a caballo para tratar de ubicar un ternero de raza Brahman con ferrete "JS" y "BETO", propiedad de T., sin embargo, luego del recorrido no se encontró el novillo objeto de inspección. Dejando constancia que, de 160 hectáreas, solo se recorrieron 70 hectáreas que corresponden al terreno (línea recta) hasta el final y solo se observaron 35 reses aproximadamente, explicando que, existen secciones de terreno con montañas, terreno quebrado que no se puede recorrer, donde de acuerdo al señor O.A. se encuentran otras reses (fs. 62-63).

  4. - Diligencia de Inspección Ocular a la finca El Espavé de fecha 10 de julio de 2015, realizada por personal de la Fiscalía Segunda de Circuito de La Chorrera, a fin de ubicar el torete objeto de la investigación y obtener otra información que sustente el hecho delictivo. Al ingresar al lugar, proceden con el recorrido por la parte plana, logrando ubicar cierta cantidad de ganado entre ellas la mayoría hembras, un toro color blanco, y un ternerito color rojizo, que mantenía las iniciales de ferrete "J5" en la paleta, parte izquierda. Al seguir con el recorrido en el área montañosa de difícil acceso observaron restos de excremento de ganado un poco fresco, sin embargo, no se escuchó, ni se encontró ninguna res, por lo que procedieron a retornar a la parte baja, sin encontrar en dicho recorrido absolutamente nada (fs. 284-289).

  5. - Diligencia de Inspección Ocular de fecha 25 de febrero de 2016, a la finca El Espavé, llevada a cabo por la Fiscalía Primera de Circuito del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá Oeste, al llegar al lugar se observó que se trata de un potrero utilizado para mantener ganado, al realizar un recorrido por la parte plana del terreno se visualizó cierta cantidad de ganado sin encontrar la que es objeto de la investigación. El señor OVIDIO les informó que hasta la fecha no se ha logrado ver el ternero en cuestión. Se deja constancia que el área es bastante extensa, cuenta con montañas, aproximadamente de ciento cuarenta y ocho hectáreas (fs. 337, 380-388).

    La Sala, luego de analizar las constancias probatorias que militan dentro de la presente encuesta penal y la motivación plasmada en la sentencia de segunda instancia concluye que no le asiste la razón al casacionista, toda vez que, no se encuentra demostrado los vicios de injuricidad de la estimación probatoria de la certificación de la Alcaldía de Chame, de fecha 23 de diciembre de 2014, suscrito por la Alcaldesa del Distrito de Chame NIEVES MAYORGAS, ni las diferentes Diligencias de Inspección Ocular realizadas a la finca El Espavé, propiedad del señor J.J.E., en primer lugar porque estos medios probatorios no fueron valorados por el Ad quem de forma aislada; sino que se evaluaron en conjunto con la declaración del coimputado O.A.B. y los testimonio de los señores P.E.M. MORALES (fs. 520-526) y H.M.M. MORALES (fs. 527-533), quienes aseguran que el novillo es de color amarillo y con las marcas "J5" y "B., así como también los manuscriticos visibles a foja 78 y 79 del cuaderno penal, suscritos por el señor O.A., en los cuales consta la devolución del ganado del señor TORRES.

    Además, como bien indicó el representante de la Procuraduría General de la Nación, la certificación de la Alcaldía de Chame lo único que acredita es el registro del ferrete "BETO", en dicha Institución, con el cual se marcan todos los animales vacunos propiedad del señor EULO A.T., por lo que no es una pieza de cargo en contra de los acusados que acredite la perpetración del injusto penal, máxime cuando en la finca La Espavé, propiedad del señor J.J.E., no se encontró el novillo en cuestión lo que impidió verificar los ferretes o señas que tuviera para corroborar quien es su propietario, tal como quedó consignado en las diferentes diligencias de inspección ocular realizadas a la finca La Espavé, por lo cual, tampoco pueden ser tomadas como piezas de cargo, amén que el señor J.J.E., mantiene registrado el ferrete "J5" en la Alcaldía Municipal de Chame, como la seña distintiva del ganado de su propiedad, tal como se observa a foja 80 del cuaderno penal.

    En ese sentido, aun cuando los señores ALBERTO TORRES, J.P.M.R., J.S. CANTO y J.M.R.P., aseguran que se trata de un novillo raza B., color rojo, con el fierro "JS" y "BETO", los señores JACINTO J.E., O.A.B., P.E.M. MORALES y H.M.M.M., afirman que el novillo que se encuentra en la propiedad de ESPINOSA, es de color amarillo y con las marcas "J5" y "B., sin que existan otras pruebas que corroboren lo dicho por A.T., J.P.M.R., J.S. CANTO y J.M.R.P., ya que como se dijo en párrafos que preceden las diligencias para tratar de ubicar al novillo en la finca La Espavé fueron infructuosas.

    Siendo ello así, no se visualiza la existencia de dolo, en el actuar de los procesados, por haber trasladado el semoviente de una finca a otra, ya que, al afirmar J.J.E., que dicho animal es de su propiedad al mantener el ferrete "J5", tenía la libre disposición de su trasladarlo de un lugar a otro, toda vez que, no consta orden de autoridad alguna que indicara lo contrario, sin pasar por alto que de los testimonios de descargo se desprende que el novillo fue trasladado, ya que en la finca donde estaba se dio una plaga de langosta lo que afectaba el pasto con el que se alimenta el ganado.

    Así pues, tenemos que los elementos probatorios enunciados por el casacionista, no logran sustentar los cargos de infracción alegados en los recursos, por lo tanto, deben ser desestimados.

    Con base en lo anteriormente indicado, se concluye que no se ha producido la transgresión de los artículos 781 y 836 del Código Judicial, ni de los artículos 27 y 217 del Código Penal, disposiciones legales advertidas por el recurrente como violentados por la sentencia recurrida, en los conceptos arriba mencionados, por lo que corresponde a esta M. no casar la sentencia impugnada.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia 2da. I.. N° 99, de 12 de agosto de 2019, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria.

    N. y Devuélvase,

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

    MARIBEL CORNEJO BATISTA -- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

    ELVIA VERGARA ATENCIO (Secretaria)

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