Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2011

Ponente:José Abel Almengor Echeverría
Fecha de Resolución:24 de Febrero de 2011
Emisor:Segunda de lo Penal
 

VISTOS:

Pendiente de decisión en el fondo, se encuentra el recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado A.R.G., en su condición de apoderado judicial de la sociedad querellante R.L.G. DE P. CORPORATION, contra el auto de segunda instancia No. 258 expedido el 23 de julio de 2009, por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

La medida judicial impugnada confirmó el auto No. 72-08 dictado por el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que decretó un sobreseimiento definitivo a favor de Y.L. de Riande, Lucía Riande, D.R., T.V.E., L.P. de L. y E.C.C., dentro de las sumarias seguidas por supuesto delito Contra La Economía Nacional, en perjuicio de la sociedad querellante, representada por N.A.R.L..

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral, se procede a resolver el fondo del recurso.

El presente proceso penal tuvo su génesis el 12 de diciembre de 2003, luego que N.R.L., en representación R.L.G. de P. Corporation, presentara formal querella contra Y.L. de Riande, Lucía Riande, D.R., T.V.E., L.P. de L. y E.C.C. por la supuesta comisión de sendos delitos Contra El Patrimonio, Contra La Economía Nacional, Contra La Seguridad Colectiva y Contra La Fe Pública.

Refiere el casacionista que las señoras Y.L. DE RIANDE, DOLORES RIANDE y LUCÍA RIANDE han procedido a realizar contratos de cesión de créditos a favor de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES y J.J.J. MANAGEMENT INC., sociedades en las que N.R. no mantiene participación accionaria y a las que han traspasado por medio de una serie de operaciones financieras, societarias y juicios ejecutivos, los activos millonarios de las sociedades del grupo Riande, en este caso, el Hotel Granada S. A., Inversiones Nativa, S.A. y Hoteles Iberoamericanos, S.A.

Dispuesta la reapertura del sumario, la Fiscalía Decimocuarta del Circuito de Panamá, ordenó la indagatoria de las prenombrados y solicitó auto de llamamiento a juicio por delito Contra La Economía Nacional.

No obstante el Juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Penal profirió auto de sobreseimiento definitivo a favor de los encartados; decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto No. 258 de 23 de julio de 2009, luego de considerar que los hechos acreditados en el sumario no configuran el delito.

El recurso se encuentra fundamentado en una causal de fondo, a saber: "Cuando no se estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo" (Art. 2431, numeral 3 del Código Judicial).

En su primer motivo, alega el casacionista, que el fallo de segunda instancia impugnado, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia yerra al no considerar que la conducta desplegada por las señoras Y.L. de Riande, Lucía Riande y D.R. son propias del delito de Quiebra e Insolvencia, en su modalidad de ocultamiento de bienes mediante la utilización de procesos judiciales, luego que las prenombradas en su doble calidad de directoras y dignatarias de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A., HOTEL GRANADA, S.A. e INVERSIONES NATIVAS, S.A. y las sociedades ejecutantes J.J.J. MANAGEMENT, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S.A. y ALFALELU, INC. promovieron juicios ejecutivos fraudulentos o "amarillos" entre sí, con la exclusiva finalidad de sustraerse de sus obligaciones producto del Proceso Ordinario de Disolución y Liquidación Judicial que R.L.G. DE P. CORPORATION interpuso contra las sociedades del grupo Riande, con la finalidad de recibir la cuota parte que le corresponde.

De igual manera en el segundo motivo, censura que el fallo de segunda instancia consideró que no es delito que las sindicadas Y.L. de Riande, Lucía Riande y D.R. se hayan apropiado de los activos millonarios del grupo Riande, mediante procesos ejecutivos y los hayan traspasado a las sociedades creadas por ellas mismas, J.J.J. MANAGEMENT INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S.A. y ALFALELU, INC., sociedades en las que N.R. no mantiene una participación accionaria.

Sustenta el activador de instancia, que el yerro cometido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, influye de manera sustancial en lo dispositivo del auto impugnado, pues de no haber determinado que la conducta desplegada no constituye delito, se hubiese arribado a la conclusión que se sustrajeron dineros de un acreedor, N.R., al desviarse fondos entre sociedades, mediante mecanismos fraudulentos.

Finalmente en el tercer motivo alega la infracción a la ley sustancia penal, en virtud que el auto impugnado tampoco consideró delito la conducta desplegada por C.C., Director de Finanzas del grupo empresarial Riande, luego que reconociera y declara créditos a favor de empresas cuyas propietarias eran las querelladas, en perjuicio del patrimonio de los hoteles; a su vez, que las abogadas López-Tirone y V.E. actuaran con reparto de funciones o tareas al presentar procesos ejecutivos fraudulentos sin causa acreditada, a efectos garantizar el traspaso de los bienes, pertenecientes a las sociedades en que N.R. mantenía acreencias en un veinticinco por ciento (25%), a otras como J.J.J. MANAGEMENT, NEW LIFE ENTERPRISES y ALFALELU, INC., en las que el querellante estaba excluido.

Sustentó el activador de instancia, la infracción por omisión del artículo 388 del Código Penal, modificado por el artículo 2 de la Ley 43 de 2003, luego que en el auto impugnado se estimara que los hechos demostrados en la investigación no acreditan que las querelladas cometieron el delito de Quiebra e Insolvencia, al ocultar de manera dolosa o fraudulenta los bienes del grupo Riande, simulando su enajenación mediante una cesión de crédito a tres compañías en las que figuran igualmente como dignatarias, para posteriormente proceder a entablar sendos procesos ejecutivos, que culminaron con la dación en pago de los principales activos de las demandadas y cancelaban una serie obligaciones por valores muy inferiores; procesos ejecutivos que se promovieron en virtud del proceso de Disolución y Liquidación Judicial de las sociedades del grupo Riande, peticionado por R.L.G. DE P. CORPORATION.

Afirma el censor que el juzgador de alzada quebrantó por omisión el artículo 2219 del Código Judicial, al no atender la existencia del hecho delictivo y la vinculación de E.C., T.V., L. de López-Tirone, Y.L. de Riande, Lucía Riande y D.R., que se valieron de procesos ejecutivos para traspasar los activos del grupo Riande, en los que el N.R. mantenía acreencias y acciones.

Razones por las que acusa la indebida aplicación del artículo 2207 del Código Judicial, al descartarse la comisión del delito.

Finalmente solicita se case el auto y se llame a responder en juicio criminal a Y.L. de Riande, D.R., Lucía Riande, T.V., L.P. de López-Tirone y E.C. como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título XII, Libro II del Código Penal, es decir, por un delito Contra La Economía Nacional.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Vista Fiscal No. 131 de 19 de julio de 2010, la representación del Ministerio Público recomendó no casar el auto de segunda instancia No. 258 de 23 de julio de 2009, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, toda vez, que los hechos acreditados en el sumario no reflejan la comisión del delito querellado.

Lo anterior, sustenta la vindicta pública, procede en virtud que los procesos ejecutivos contra las empresas de grupo Riande se llevaron a cabo en la jurisdicción civil, se sustentaron en créditos ciertos, cedidos de manera legítima y las daciones en pago que satisficieron esas deudas, fueron adoptadas por los votos de la mayoría de los accionistas igualitarios, e incluso con la participación del representante de la empresa querellante, por lo que no se trató de procesos fraudulentos. Aunado a la inexistencia de una obligación a la cual las sindicadas se sustrajeran, pendiente por parte de las sociedades del grupo, consistiendo el proceso de disolución y liquidación en mera expectativa, no exigible al momento en que se gestionan las trasmisiones de los inmuebles.

En ese orden, estima, Y.L. de Riande, Lucía Riande, D.R., E.C., L.P. de Tirone y T.V. no han incurrido en conducta ilícita.

Razones por las que tampoco se produce vulneración a las citadas disposiciones legales.

Procede la Sala al examen jurídico correspondiente teniendo como norte que la causal de fondo invocada por el activador judicial se configura cuando el juzgador de segunda instancia, sin mediar ningún yerro de índole probatorio, al apreciar y considerar los hechos que aparecen acreditados en el proceso, al momento de calificar la conducta, incurre en el error de desestimarle ilicitud, cuando en realidad constituye un proceder delictivo.

En esa dirección se pronunció la jurisprudencia patria, al señalar que "Esta causal sobreviene cuando en el proceso el juzgador no califica como delito un hecho que lo es, pero sin mediar errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y sin que hayan aparecido motivos o hechos que incidan en la decisión adoptada" (Resolución Judicial de la Sala Penal de 12 de junio de 2004).

Establecido lo anterior, se procede al análisis de los hechos acreditados en el sumario, respecto al delito cuya calificación reclama el censor.

En ese orden, aprecia la Sala que el Tribunal Superior estimó lo siguiente:

"Los procesos adelantados en el ámbito civil, en los cuales se produjeron las transacciones por dación en pago, que fueron formalizadas mediante escrituras públicas que las protocolizan, fueron sometidas para aprobación anta la instancia judicial correspondiente, ... contando con la aprobación de los jueces ..., razón por la que no podemos coincidir con lo alegado, de que se trate de procesos fraudulentos o llevados a cabo de forma irregulares (sic).

(...) Somos del criterio que los querellados no tenían la condición de deudores, ya que el señor N.A.R.L. exigió el pago que les correspondía en virtud de las acreencias,... a las cuales tenía derecho, en condición de heredero de los créditos existentes al fallecimiento de su padre, en razón de las empresas Hotel Granada S.A., Hoteles Iberoamericanos S.A. e Inversiones Nativa, S.A. Lo anterior se ratifica con los finiquitos suscritos...

Así las cosas es evidente que los querellados no querían sustraerse del pago de alguna obligación económica, ya que como se ha explicado en líneas que preceden y como se verifica en las pruebas aportadas al dossier, ya el pago se había efectuado al accionista minoritario... no obstante este después de haber firmado los finiquitos que demuestran extinción de la deuda, presenta ante la jurisdicción penal, la querella que hoy día nos ocupa y que señala como uno de los tipos penales infringidos la sustracción del pago de la obligación económica, la que a ese momento era inexistente.

(...) Por lo anterior, el acreedor legítimo, ...son las empresas New Life Enterprises S.A., JJJ Management Inc., A.I. tenían el derecho a reclamar... el pago de las deudas o créditos a su favor, para lo cual podían valerse... de los mecanismos previamente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico... específicamente por vía de procesos ejecutivos..." (fs. 5197-5229).

Como quiera que en el recurso propuesto los tres motivos se han encaminado al mismo propósito, que se califique respecto a la existencia de un delito Contra La Economía Nacional, en este caso, relacionado a la insolvencia fraudulenta de las empresas del grupo Riande y se determine, si vinculado a ello, obran graves indicios contra alguno de los querellados, se procede a conocer y resolver bajo el mismo análisis.

Respecto al tipo penal en estudio, la doctrina extranjera, en el caso de Argentina, ha establecido "que el núcleo esencial de la conducta típica está constituido por la frustración de las legítimas expectativas de un acreedor respecto del cumplimiento de una obligación por el deudor."[1].

En ese orden, E.B. refiere "que la forma de administrar el propio patrimonio puede constituir un riesgo para los eventuales acreedores que tienen un legítimo interés en que no se produzca una desintegración del patrimonio que dé al traste con su expectativa de que, en caso de incumplimiento de la prestación, la misma o su sustitutivo sean ejecutadas mediante el correspondiente proceso judicial."[2]

El delito, denominado en Argentina, alzamiento de bienes, tiene como presupuesto necesario "la existencia de una relación jurídica obligacional"[3], en la que se incrimina la gestión del patrimonio orientada a sustraer los bienes que le componen, con la intención de causar perjuicio a los acreedores, para lo cual se efectúan actos de disposición, enajenación o constitución de gravamen, con apariencia de legítimos, que le disminuyen; y entre las diversas formas de manifestación están:

  1. "Los actos de enajenación a título gratuito y los actos de enajenación a título oneroso, con desaparición u ocultación de la contraprestación.

  2. Los actos de constitución de gravamen en cuanto suponen una disminución del valor de realización de los bienes.

  3. La ocultación material, de la que son susceptibles los bienes muebles, situándolos en lugar desconocido para el acreedor, fuera de su alcance. (...)

  4. La destrucción material, la inutilización o el daño que produzca una disminución de su valor.

  5. La ficción o simulación de actos de disposición o gravamen realmente inexistentes"[4].

En nuestro país se sanciona penalmente a quien, para sustraerse al pago de sus obligaciones, oculte o simule la enajenación de sus bienes, o declare créditos inexistentes respecto a ellos, valiéndose de procesos judiciales, con el fin de perjudicar al acreedor.

A efectos de atender el reclamo del recurrente, respecto a una acción, típica y antijurídica, procede examinar los hechos acreditados en autos con el fin de constatar si nos colocan frente al ilícito y a pesar de ello, no se consideró tal, o si por el contrario, se trata de una serie de conductas irregulares que no trascienden de la esfera civil.

Mediante las pruebas aportadas en autos se han acreditado los siguientes hechos:

La sociedad R.L.G. DE P. CORPORATION, representada por N.R.L., acreditó ser accionista de las sociedades que conforman el denominado Grupo Riande; entre ellas, HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A., HOTEL GRANADA, S.A. e INVERSIONES NATIVA, S.A. (65-67, 4270-4272), respecto a las cuales, N.R. fue declarado heredero a partes iguales con las querelladas (f. 6-9).

El 2 de junio de 2003, Y.L. de Riande, L.R. y D.R. suscribieron un total de nueve contratos con las sociedades NEW LIFE ENTERPRISES, S.A.; JJJ MANAGEMENT INC. y ALFALELU INC., en los que cada una cedió los créditos que HOTELES IBEROAMERICANOS S.A., HOTEL GRANADA S.A. e INVERSIONES NATIVA, S.A., mantenían a su favor; cesiones que fueron protocolizadas el 13 de junio de 2003 (f. 1312-1329).

Subrogados los derechos de las accionistas,cada una de las sociedades favorecidas procedió a demandar la ejecución de los créditos.

NEW LIFE ENTERPRISES, S.A. interpuso juicio ejecutivo contra el HOTEL GRANADA, S.A.; causa que finalizó con la dación en pago a favor de la demandante, de la finca No. 21527, inscrita a folio 434, tomo 511, de la sección de Propiedad de la provincia de Panamá; según consta en auto No. 008 de 5 de enero de 2004 (fs. 1999- 2068).

De igual manera procedió J.J.J. MANAGEMENT, INC. contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A.; proceso en el que igualmente fue cedida a favor de la demandante, la finca No. 14437, inscrita a folio 462, tomo 387, asiento 1, de la provincia de Panamá; según consta el auto No. 9 de 8 de enero de 2004 (fs. 2124-2254).

Y ALFALELU, INC. que demandó a INVERSIONES NATIVA, S.A., cediendo esta última para el pago, la finca No. 63820, inscrita a tomo 1480 y folio 360 de la provincia de Panamá, según se aprecia en auto No. 59 de 29 de enero de 2004 (fs. 2977- 3023).

Estas acciones civiles fueron previamente acordadas por votación mayoritaria de los accionistas de cada una de las sociedades (fs. 4338-4344, 4654-4681).

Si bien, estos procesos, asambleas y actos, desde una perspectiva civil, se revisten de legalidad, tal como fue decretado por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, atendiendo a que cumplieron con todos los presupuestos para lograr el reconocimiento del derecho y pretensión de las sociedades demandantes; importan al Derecho Penal si se acredita o existen graves indicios de que se realizaron con la intención evadir una obligación y perjudicar a su acreedor o beneficiario.

De manera que, son las circunstancias acreditadas en cada caso, las que han de determinar si se trata de procesos judiciales utilizados con el fin de simular la enajenación de los bienes y sustraerse al cumplimiento de las imposiciones o cargas, en perjuicio de un acreedor; proceder que finalmente incide en la Economía Nacional.

En este orden de ideas, llama la atención, que en las transacciones civiles descritas (f. 4777-4791) la junta directiva de todas las sociedades, demandadas y demandantes, la conforman las mismas tres personas, Y.L. de Riande, Dolores Riande y Lucía Riande (Fs. 75-80, 4268, 4269, 3836); quienes se demandan entre sí.

Aunado a ello, el valor de lo bienes dados en pago, exceden con creces el monto finalmente ejecutado por los tribunales, así:

La sociedad HOTEL GRANADA, S.A. fue ejecutada por un monto de B/.1,702,888.48; sin embargo, la finca No. 21527 y sus mejoras, cedida a NEW LIFE ENTERPRISES, S.A., fue avaluada en B/.7,750,000.00 (fs. 3819-3826).

Contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A. se libró mandamiento de pago por B/.14,488,855.01 y la finca No. 14437, cedida a J.J.J. MANAGEMENT INC. fue valorada en B/.28,900,000.00.

Por su parte, INVERSIONES NATIVA, S.A. fue condenada al pago de B/.6,096,738.04 y la finca No. 63820, cedida a ALFALELU INC., fue avaluada en B/.9,000,000.00.

Destaca el hecho, que inmediatamente estas fincas ingresan al patrimonio de las sociedades demandantes, sus representantes legales, que son las querelladas, suscriben entre sí, sendos contratos de usufructo, a fin que las sociedades demandadas continúen ejerciendo derechos de uso y disfrute sobre los terrenos y sus mejoras; mientras aquellas, las sociedades ejecutantes, mantienen sus derechos como nuevas propietarias (fs. 3839-3849).

Las accionista, dignatarias, hoy querelladas, sustentaron estas operaciones societarias y judiciales en una serie de prestamos que otorgaron a título personal a las empresas del grupo; sin embargo, resulta que sociedades de grupo R. al ser auditadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a los períodos 2000, 2001 y 2002 (fs. 3027-3100, 3105) determinó que mantenían una solvencia favorable, operaban normalmente y cumplían con sus obligaciones, salvo INVERSIONES NATIVA, S.A. que se recuperó en el año 2003.

Posteriormente y contrario a las reglas de la sana crítica, las querelladas, en su condición de dignatarias y accionistas mayoritarias de las sociedades del grupo Riande ceden sus créditos y sin agotar otras opciones de las descritas en el libro de actas (4725-4748), deciden (fs.4338-4344, 4646, 4654, 4659, 4665, 4675 y 4676) dar en pago los principales y más productivos activos de las sociedades, las fincas donde operan el Hotel Continental, el Hotel Granada y Riande Continental Aeropuerto, a favor de las nuevas sociedades, de las que ellas mismas son representantes legales y dignatarias, y en las que R.L.G. DE P. CORPORATION, efectivamente, no mantiene acciones.

Consta en el sumario, como antecedente a las acciones descritas, que en el año 2002, las querelladas demandaron (fs. 907-983) el cumplimiento de un acuerdo privado, suscrito el 13 de junio de 2001 (fs. 712-714), en el que R.L.G. DE P. CORPORATION debía ceder el 25% de sus acciones en las sociedades del grupo Riande; a cambio las señoras R. le otorgaran el 100% de las acciones de RIVOFLAVÍA, S.A. y AQUACHAME, S.A.; renuente a ello, por falta de acceso a las finanzas, los auditos efectuados le permitieron conocer que dichas sociedades estaban quebradas desde el año 1999 (f. 3027-3100, 3103-3105); frustrándose, en principio, el referido convenio.

En virtud de las constancias procesales, ante un eventual conflicto de intereses con la accionista minoritaria, a razón de los derechos que previamente adquirió su representante legal, N.R., heredero declarado a partes iguales con las imputadas, se deduce un interés e intención por parte de éstas últimas en controlar la totalidad de las acciones de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A.; HOTEL GRANADA, S.A. e INVERSIONES NATIVA, S.A., que regentaban los activos más importantes y productivos del grupo empresarial Riande.

La doctrina patria, de la mano de R.D., ilustra que en una sociedad anónima, las acciones representan la cuota del fondo capital y los derechos del accionista sobre aquella; otorgan, conforme al pacto, derechos económicos o patrimoniales, que conllevan en primera instancia a la participación en los dividendos, es decir, en las ganancias que genere la sociedad, conforme determinados ejercicios económicos; las que se distribuirán entre los accionistas, una vez sean declarados.

De manera que, en caso de quiebra o disolución de la sociedad, por lo general, el accionista tiene derecho a percibir su correspondiente cuota de liquidación.

Es así como, los derechos económicos o patrimoniales que otorgan las acciones, conforme el pacto social, hacen del accionista un acreedor de la sociedad.

En razón del análisis que nos ocupa, en cuanto a los hechos acreditados en autos, que dan cuenta de la conducta desplegada por las señoras Riande, es factible inferir, que previendo las obligaciones de las sociedades para con la accionista minoritaria, ante su eventual disolución y liquidación, proceden a simular la enajenación de los bienes, mediante una serie de procesos ejecutivos y transacciones extrajudiciales, que al ser concretadas han dejado a las prenombradas sociedades del grupo Riande, sin sus principales activos; limitando los derechos de la querellante, en caso de liquidación e incluso, sin ser liquidadas, puesto que las sociedades no cuentan con patrimonio ni negocios, y bajo qué concepto se generarían las ganancias a las que tiene igualmente derecho.

Lo anterior queda en evidencia luego que Y.L. de Riande, el 21 de marzo (fs. 4350), el 8 de junio (fs. 4357-4363) y el 14 de junio del 2006 (fs. 4777-4791), declaró ante los Tribunales Civiles en relación al conocimiento que mantenían de una "demanda de disolución y cierre de las compañías, solicitada por Noel A. Riande", y ante esas intenciones, refiere que "también queríamos cobrar, pero no queríamos destruir la compañía. (...) si el no hubiera puesto esa demanda... nosotros no hubiéramos exigido la petición de pago de las acreencias."

Ante la negativa de R.L.G. DE P. CORPORATION a ceder sus acciones, trasponer los bienes al parecer fue la tónica a seguir por parte de las querelladas, puesto que, en el sumario, además de las operaciones descritas, consta que las fincas No. 9474, 9842, 9843 y 9933 ubicadas en la provincia de Coclé, propiedad de HOTELES IBEROMERICANOS, S.A., fueron vendidas a ROCK ROSE INC., representada legalmente por Y.L. de Riande (fs. 452-463), para lo cual, fungió como vendedor E.C.C., el Director de Finanzas del grupo Riande.

De acuerdo al escrutinio surtido, no sólo constan los procesos judiciales por medio de los cuales fueron enajenados los bienes del grupo Riande a favor de las nuevas sociedades, representadas igualmente por las querelladas; los contratos de usufructo; los auditos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas; las declaraciones aportadas; los certificados de acciones; y demás elementos de los que surgen graves indicios, en cuanto a la verdadera intención de limitar el derecho de R.L.G. DE P. CORPORATION, como accionista minoritario; y es que si bien, las acreencias o saldos que las sociedades mantenían con ésta, fueron canceladas (fs. 3065, 4488-4493), ello no extinguía sus derechos como accionista a futuros dividendos, atendiendo a los pactos sociales.

Respecto a la conducta de E.C.C., Director de Finanzas y las abogadas L.P. de L. y T.V.E., se advierte el sumario, de acuerdo a los informes relacionados a los auditos dispuestos, que el primero limitó la labor de los auditores forenses, facilitó tardíamente la información y registros que requerían para las labores encomendadas; las segundas, actuaron por autorización de las directivas de las sociedades, en el ejercicio de poderes legalmente conferidos, y aun cuando ha podido verificarse un conflicto de intereses en la representación judiciales de las sociedades demandantes y demandadas, ello no trasciende a la esfera penal, en cuanto al delito comprobado.

Los hechos descritos nos ubican frente una acción, típica y antijurídica en detrimento de La Economía Nacional, correspondiendo hacer el juicio de culpabilidad al tribunal de la causa.

En consecuencia, el recurrente logra comprobar el juicio de injuridicidad endilgado al auto de segunda instancia.

En virtud de ello, asiste razón al censor, cuando sostiene que se ha infringido el artículo 388 del Código Penal, de manera directa por omisión; disposición legal que tipifica el delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, mediante procesos judiciales.

De igual manera, se ha acreditado la trasgresión directa por omisión del artículo 2219 del Código Judicial, que establece para el juzgador, cuando encuentra plena prueba o cualquier medio probatorio que le ofrezca serios motivos o indicios de que ha ocurrido un hecho punible y a su vez, den con la probable vinculación de alguna determinada persona, a abrir causa criminal contra ésta; y la indebida aplicación del artículo 2207 del Código Judicial, que dio lugar al sobreseimiento definitivo de Y.L. de Riande, D.R., Lucía Riande y E.C..

Corresponde así, casar el auto y en su lugar ordenar la apertura de causa criminal contra Y.L. de Riande, D.R., Lucía Riande y E.C., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Libro II, Título XII, Capítulo V, del Código Penal, es decir, por un delito Contra La Economía Nacional, en este caso, de Insolvencia Fraudulenta, en perjuicio de R.L.G. de P. Corporation; y sobreseer de manera definitiva a L.P. De López y T.V.E..

Tratándose de casación en el fondo, corresponde devolver el proceso al Tribunal Ad-quem, a efectos que proceda con lo expuesto en la decisión.

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA el auto Nº 258 de 23 de julio de 2009, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y dispone:

N. y Devuélvase.

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)

[1](BACIGALUPO, E.: Derecho Penal Económico; Editorial Hammurabi SRL, Argentina, 2000. P.. 248.

[2] Op cit. 249

[3] Op cit. 253

[4] I.