Ley de Facultades Extraordinarias y la convalidación de los decretos leyes

Autor:Agapito González Gómez
Cargo:Abogado. Especializado en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Director Nacional de Asesoría en Asuntos Plenarios de la Asamblea Nacional
Páginas:84-102
RESUMEN

I. Planteamiento. II. Fundamentos de la delegación. III. Fórmulas de habilitación. IV. Controles parlamentarios. V. Control jurisdiccional. VI. Reflexiones finales.

 
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84 REVISTA DEBATE
NÚMERO 19 JUNIO 2012
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I. Planteamiento de la cuestión
En el sistema constitucional pana-
meño, el Órgano Legislativo puede
otorgar facultades extraordinarias al
Órgano Ejecutivo para que este legisle,
durante el receso de aquel, mediante
decretos leyes.
Aunque la posibilidad de que
el Ejecutivo legisle, en virtud
de autorización legislativa, está
prevista en otros ordenamientos
constitucionales, en el caso panameño,
la situación propone algunas claves
complejas, en cuanto al ejercicio de
esta gura, que deben ser develadas.
Se trata de poner en perspectiva as-
pectos tales como la fundamentación
jurídica de la delegación legislativa,
los mecanismos de control que realiza
el Legislativo y, sobre todo, la convali-
dación de los decretos leyes dic tados
por el Órgano Ejecutivo en ejercicio
de la potestad legislativa delegada.
II.
Fundamentos de la delegación
Por regla general, la función legislativa
encargada a la Asamblea Nacional
es privativa, por lo que no puede ser
delegada a otro poder del Estado,
puesto que de hacerlo, incurriría en
la prohibición expresa contenida en
el numeral 9 del artículo 163 de la
Constitución.
Justamente, la única excepción que
cabe a esa prohibición se relaciona
con la posibilidad de que la Asamblea
Nacional expida una ley de facultades
extraordinarias precisas, a solicitud del
Órgano Ejecutivo, para legislar sobre
materias especícas.
Cuando la Asamblea Nacional expide
una ley de facultades extraordinarias,
en el fondo, se despoja de la potestad
legislativa de la que es titular, para
trasladarla temporalmente al Órgano
Ejecutivo. Se trata de una suerte de
delegación, en la que este asume la
potestad de legislar sobre los asuntos
y materias especícas determinadas
en la ley de facultades extraordinarias.
Y, correlativamente, el Ejecutivo
asume poderes extraordinarios, en
la medida que la potestad de legislar
excede la órbita natural de su ámbito
funcional, para ejercer atribuciones
1 Abogado. Especializado en Derecho Constitucio-
nal y Derecho Parlamentario. Director Nacional de
Asesoría en Asuntos Plenarios de la Asamblea Na-
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que no son consustanciales con su
estructura ordinaria. De cierto modo,
se rompe momentáneamente el
orden constitucional de atribuciones
otorgadas a este órgano para ejercer
actuaciones propias del Legislativo,
según el esquema tradicional de
repartición de competencias del
Estado consagrado en el artículo 2 de
la Constitución.
La dinámica de funcionamiento del
Órgano Legislativo ha estado marcada
por los periodos prolongados de
recesos plenarios seguidos de breves
lapsos de sesiones ordinarias. Esta es
la constante del parlamento universal.
Siendo que este se compone de
los representantes territoriales del
Estado, la posibilidad de congregar
a todos sus miembros está sujeta
a las facilidades de los medios de
transporte y a los cambios producidos
por las estaciones del año.
Por eso, cuanto más extenso es
un Estado, más difícil es reunir
a los legisladores, lo que fue
particularmente determinante en
momentos en que los medios y las
vías de comunicación se hallaban en
fase de desarrollo incipiente.
Eso explica por qué el Legislativo,
en el caso panameño, ha pasado
de sesionar 90 días en un año, en
1904, a sesionar ocho meses al año,
en el presente. Y, en 1941, cuando
formalmente se autoriza al Órgano
Legislativo para conceder facultades
extraordinarias al Órgano Ejecutivo
(artículo 88), la Asamblea sesionaba
por cuatro meses al año, abriendo un
amplio interregno en la cual debían
resolverse asuntos de Estado y de
gobierno de impostergable atención
legislativa.
Los periodos prolongados de recesos
del plenario legislativo no podían
paralizar la acción de la administración
ni obstruir el desarrollo de la legislación
del país. Bajo esta circunstancia, de cara
a una necesidad concreta, el Ejecutivo
solía ejercer potestades legislativas
mediante decretos durante los recesos
de la Asamblea Nacional, sin contar
con la delegación legislativa.
Son estas las consideraciones que
condujeron al Constituyente de 1941
a introducir en el texto constitucional
la posibilidad de que la Asamblea re -
vistiera al presidente de la República
de facultades extraordinarias para -
nes especícos, aunque se reservaba
el derecho de ejercer una suerte de
control sucesivo mediante la inter-
vención de una comisión legislativa
responsable de scalizar el ejercicio
de este poder delegado.
En consecuencia, las facultades
extraordinarias se justicaron en la
medida en que el receso del pleno
era extenso, con la nalidad de

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