Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Agosto de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2019
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

Vistos:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia el recurso de apelación propuesto por el Licenciado A.A.G.J., actuando en nombre y representación del señor L.F.C.N., contra la resolución expedida el 13 de abril de 2019, por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la acción de habeas corpus propuesta a favor del recurrente, contra la Dirección Regional de Aduanas, Zona Occidental.

Consta en autos que el Administrador Regional de la Autoridad Nacional de Aduanas, Zona Occidental, a través del Auto No.023-2019 de 13 de abril de 2019 y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Occidental, procedió a ordenar la detención preventiva del señor L.F.C. NÚÑEZ por considerar que el mismo se encuentra vinculado al hecho punible según el contenido del informe de Novedad, Acta de Retención y la propia declaración indagatoria del sumariado, quien aceptó que transportaba bultos que constituyen mercancía ilícita, aunado a que es reincidente del delito de contrabando de productos derivados del tabaco, según resoluciones aportadas al proceso; por lo cual, a la luz de lo que señala el artículo 24 (núm. 2) de la Ley 30 del 8 de noviembre de 1984, le sería aplicable la pena mínima de cuatro años y la máxima de 6 años de prisión, lo que, a su vez, permite la imposición de la medida cautelar aplicada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Procesal Penal.

  1. Decisión del Tribunal A-Quo

    El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al conocer en primera instancia de la acción constitucional promovida en favor del señor CANTO NUÑEZ, en sentencia de 17 de abril de 2019, decidió declarar legal la medida cautelar aplicada, destacando que ésta fue dispuesta por funcionario competente para ello, en donde expuso los fundamentos de derecho que se tuvo para ordenar dicha medida y que la vinculación del acusado está acreditada con el informe de novedad visible a folios 1-2; la constancia de retención y la declaración indagatoria del prenombrado. De allí, que consideró que se reunían los requisitos mínimos previstos en Ley para la aplicación de la medida.

    Advierte el Tribunal A-quo que la orden de detención emitida por la Autoridad Nacional de Aduanas cumple con los requisitos que establece nuestro ordenamiento jurídico, pues, a pesar que el artículo 24 de la Ley 30 de 1984, reformado por la Ley 49 de 17 de septiembre de 2009, contempla una sanción de 1 a 3 años de prisión, esto no hace la detención ilegal, pues el artículo 45 de la Ley 30 de 1984, por la cual se dictan medidas por el contrabando y la defraudación aduanera, establece que cuando existiere plena prueba de grave o graves indicios de culpabilidad de éste, pueden ser detenidos preventivamente, hasta tanto consignen fianza para obtener su libertad provisional.

  2. Fundamento de la Apelación

    El apoderado especial del beneficiario de la acción constitucional que nos ocupa, licenciado A.G. manifiesta que no comparte el criterio emitido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ya que considera que el acto expedido por el señor Administrador de Aduanas de la Zona Occidental es desproporcional y carece de motivación suficiente, pues no se realizó un ejercicio de ponderación entre los riesgos procesales y la intervención del derecho a la libertad del señor L.F.C.N. y el posible reproche penal a imponer al finalizar el proceso.

    Indica, además, que el artículo 77 de la Ley 30 de 1984 (Ley Especial de Aduanas), remite al Código Judicial, pero que, en ausencia de éste, por haber sido derogado, lo aplicable es el Código Procesal Penal, en consecuencia, es éste el que regula la forma en cómo se deben aplicar las medidas cautelares, ya que el artículo 45 de la Ley 30 de 1984, solo se limita a señalar que el Administrador de Aduanas tiene la facultad para ordenar la detención provisional como medida cautelar, pero la forma, el cómo y el qué debe considerarse para aplicar las medidas cautelares, máxime si se trata de la detención provisional, están señaladas en el Código Procesal Penal, el cual la Administración de Aduanas debe considerar y aplicar de manera integral, no parcial.

    Agrega el recurrente que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso V.L., señaló que los actos de intervención en los derechos fundamentales, como lo es la intervención del derecho a la libertad, debe ser respetuoso de los derechos y principios consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que al estar en un rango Constitucional y Convencional, aplican plenamente no solo en la jurisdicción penal ordinaria, sino también en las jurisdicciones penales especiales, como la penal aduanera, puesto que son principios transversales.

    Asimismo, alega que el Auto No.023-2019-AS-ARZOC de 13 de abril de 2019, emitido por el Administrador de Aduanas, Zona Occidental, a través de cual se le impuso medida cautelar de detención provisional al señor L.F. CANTO NUÑEZ, no motiva de ninguna manera, cuáles eran los riesgos procesales que existían para el proceso y ni siquiera señala, qué tiempo durará la medida de detención privativa de libertad, lo que hace que el citado auto sea ilegal y arbitrario, máxime que al señor CANTO es investigado por un delito que tiene pena asignada de tres (3) años, por lo que en atención a lo que señala el artículo 237 del Código Procesal Penal, prohíbe que se ordene la detención provisional cuando no se proceda por delito que tenga pena mínima asignada de cuatro (4) años de prisión.

    Finalmente, estima el apoderado judicial del recurrente que su representado es investigado por la Autoridad de Aduanas, por el supuesto delito de Contrabando y la Defraudación Aduanera, cuya pena, al tenor de lo que establece el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, es una multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito, ya que, en este caso, el valor de la mercancía no excede de cien mil balboas (B/.100,000.00) En consecuencia, en base a criterios de objetividad y proporcionalidad, no procede la detención provisional del señor L.F.C.N., por tanto, dicha medida, debe ser declarada ilegal y arbitraria.

  3. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Una vez atendidos los argumentos del recurrente, esta Corporación de Justicia actuando como Tribunal de segunda instancia en la acción constitucional que nos ocupa, procede al análisis tanto de la actuación del Tribunal a-quo, así como de las constancias sumariales, en vías de determinar si le asiste razón al apelante en el sentido que la orden de detención preventiva girada en contra del señor L.F.C.N., se ha producido con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para ello.

    Observa el Pleno que la disconformidad del recurrente con la legalidad de la orden de detención expedida en contra de su defendido L.F.C.N., consiste en que, a su juicio, la medida cautelar aplicada es desproporcional y carece de motivación suficiente, toda vez que no se realizó un ejercicio de ponderación entre los riesgos procesales, la intervención del derecho a la libertad del señor Canto y el reproche penal a imponer al finalizar el proceso.

    Asimismo, alega que el Auto No.023-2019-AS-ARZOC de 13 de abril de 2019, emitido por el Administrador de Aduanas, Zona Occidental, no motivó cuáles eran los riesgos procesales que existían para el proceso, así como tampoco el tiempo que durará la medida de detención privativa. Que el señor CANTO es investigado por un delito que tiene pena asignada de tres (3) años, por lo que en atención a lo que señala el artículo 237 del Código Procesal Penal, prohíbe que se ordene la detención provisional cuando no se proceda por delito que tenga pena mínima asignada de cuatro (4) años de prisión.

    Ahora bien, para determinar la validez de los argumentos expuestos por el recurrente, se hace necesario examinar las constancias del expediente.

    Según consta en autos, la Administración Regional de Aduanas, Zona Occidental, inició una investigación contra el señor L.F.C.N., como presunto infractor de lo dispuesto en el artículo 16, numeral noveno, de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, esto es, por la presunta comisión del delito de contrabando de productos derivados del tabaco.

    Los hechos que anteceden a la instrucción se originan el día 13 de abril de 2019, en el cual mediante Informe de Novedad No.107-2019-ANA-DIS-DPFA-ARZOC, se deja constancia que siendo las 2:15 A.M., en el puesto de Control de Guabalá, el vehículo, tipo camión, con placa panameña número BR5418, color blanco, conducido por L.F.C. NÚÑEZ, al ser verificado por el inspector de Turno de la Dirección Prevención y Fiscalización Aduanera, Zona Occidental, encontró que cuando el señor CANTO NÚÑEZ, procedió a abrir la puerta, se pudo percatar que oculto entre la mercadería, estaban varias pacas de cigarrillos de las Marcas Gold City (1), P.R. (25), J.M. (2) y Lights (3), por lo que el camión y la mercancía que transportaba, fueron retenidos para ser trasladados a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, a fin de seguir con los trámites correspondientes.

    En la investigación del ilícito penal aduanero se dispuso recibirle declaración indagatoria el señor L.F.C. NÚÑEZ (fs. 31-35), quien manifestó que se dedica al transporte de mercancía seca y frutas desde aproximadamente dos años. Asimismo, al ser cuestionado respecto al procedimiento que realizó para coger el flete que transportaba el 13 de abril de 2019, señaló que después que descargó el arroz que llevaba de Chiriquí para Panamá, se fue para el mercado para ver si salía algún flete y allá salió un señor que quería que le llevara 30 bultos de Río Abajo (Vía España, cerca de una bodega) para D.; y también lo llamaron para recoger en Platina, lo que eran los electrodomésticos y 43 bultos de camas tubulares en las Acacias. Señaló, además, que el propietario de los cigarrillos era supuestamente F.T., quien fue el que se le acercó en el mercado y le dijo si podía transportar los 31 bultos.

    Por otro lado, señaló que no preguntó sobre el tipo de mercancía que transportaba y que no estuvo presente al momento de ingresar dicha mercancía al camión, porque estaba obstruyendo el tráfico y estaban pasando otros carros.

    Finalmente, agregó que no se dedica a la compra venta ni trasporte de cigarrillos; pero, a su vez, reconoció que previamente rindió declaración y que fue investigado por el delito de contrabando; reconociendo, también, que dicho delito es castigado y penado por las leyes aduaneras.

    Para corroborar este último punto, el Jefe Regional de Aduanas, solicitó a la Jefatura de Asesoría Legal una certificación con relación a los antecedentes del señor L.F.C.N., a efectos de comprobar si éste había sido sancionado por la comisión de algún delito aduanero. Al respecto, el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de Aduanas, Zona Occidental, a través de la Nota No.098-2019-AS-ARZOC de 13 de abril de 2019 (f. 41), informó que el señor C.N., fue sancionado mediante Resolución N°960-04-735-2018-AS de 5 de febrero de 2019, a cumplir pena de prisión de tres (3) años y al pago de una multa por la suma de B/.121,165.00, como autor del delito de contrabando de un aire acondicionado modelo inverter y productos derivados del tabaco (cigarrillos); adjuntando copia de la referida resolución, así como su acto confirmatorio.

    Expuesto lo anterior, es importante destacar que para el ilícito aduanero se ha establecido en nuestro legislación una jurisdicción especial, en vías de reprimir las figuras lesivas de contrabando y defraudación, facultándose a la Dirección de Aduana, así como a las Administraciones Regionales, para la implementación de sanciones y medidas precautorias, como lo es la detención preventiva.

    En ese contexto, esta M.C. de Justicia ha reconocido la existencia de esta jurisdicción especial aduanera, y la necesidad de aplicar la normativa especial que permite la detención preventiva a aquellos sindicados por un delito penal aduanero o tributario.

    Por consiguiente, para los casos como el que nos ocupa, existe un tratamiento diferenciado para la aplicación de la detención preventiva como una medida cautelar de carácter personal, en relación con aquellas que se regulan en el Título V del Libro Segundo del Código Procesal Penal. A., se hace operante con la plena prueba del delito aduanero y graves indicios de culpabilidad, tal y como establece el artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984; mientras que en materia procesal penal, esta medida cautelar es excepcional, ya que sólo procede cuando, entre otras circunstancias, el delito tiene contemplada pena mínima superior a cuatro (4) años de prisión y las otras medidas cautelares resulten inoperantes.

    Tal como lo indica la autoridad demandada, sobre la detención preventiva decretada en el presente caso, debe observarse lo dispuesto en la legislación especial, Ley No. 30 de 8 de noviembre de 1984, "Por la cual se dictan medidas sobre Contrabando y Defraudación Aduanera y se adoptan otras disposiciones". Esta Ley, en su artículo 45, preceptúa lo siguiente:

    ARTÍCULO 45. Los sindicados en un delito aduanero, si existiere plena prueba de éste o graves indicios de culpabilidad, podrán ser detenidos preventivamente hasta tanto consignen la fianza para obtener su libertad provisional o varíe la situación procesal que amerite dejar sin efecto la medida.

    Ahora bien, según la mencionada Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, las infracciones aduaneras o de orden tributario cuya fiscalización y control sea competencia de Aduana, se clasifican en: Faltas y delitos de Contrabando o defraudación aduanera, las cuales pueden ser graves o simples.

    Asimismo, el artículo 15 de la mencionada Ley, define lo que constituye delito de contrabando:

    Artículo 15. Constituye delito de contrabando la introducción al territorio aduanero, o la extracción del mismo de mercancías, eludiendo la intervención de la Autoridad Aduanera aunque no se cause perjuicio fiscal o evadir el pago de los derechos, impuestos, tasas y cualquier otro gravamen que corresponda.

    También es contrabando el hacer pasar mercancía extranjera importada desde un territorio de régimen tributario aduanero preferencial o especial a otros de mayores gravámenes y la introducción al país o la extracción de mercancías prohibidas.

    Por su parte, cabe destacar que mediante Ley 49 de 17 de septiembre de 2009, en su artículo 34, se adicionó el numeral 9 al artículo 16 de la Ley 30 de 1984, consignando que constituye delito de contrabando lo siguiente:

    "…

    9). La tenencia o introducción de productos de tabaco al territorio aduanero de la República de Panamá, sin que se hayan pagado los impuestos correspondientes a su introducción, o que no cumplan con regulaciones sanitarias y normas de salud vigentes en la República de Panamá. Los productos de tabaco que se encuentren en esta situación serán decomisados y destruidos por la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional o el Ministerio de Salud, indistintamente.

    Del mismo modo, esta Ley (49 de 2009) modificó lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 30 de 1984, quedando de la siguiente manera:

    Los responsables de contrabando o defraudación aduanera serán sancionados:

    1) Con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, en caso de cometer delito de contrabando o defraudación aduanera, y con multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.

    2) Con pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años, si fuera reincidente en la comisión del acto, y con multa de cinco (5) a diez (10) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor excediera de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

    En el caso de agentes económicos que operen en una zona libre, la defraudación aduanera o el contrabando tendrá como sanción administrativa complementaria la cancelación inmediata del Certificado de Operación de la zona libre de que se trate y del Aviso de Operación si fuera el caso.

    Cuando el valor de las mercancías resulte inferior al valor de los impuestos de importación dejados de pagar, la multa se calculará en esos casos con base en los impuestos de importación.

    Las diversas circunstancias que han concurrido para adoptar la medida privativa de libertad de L.F.C.N., son conformes a las normas transcritas, pues el mismo se encuentra sindicado por un delito aduanero, esto es, como presunto infractor de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 16 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984. Así como también existe constancia que previamente la Administración Regional de Aduanas, Zona Occidental, le impuso pena privativa de libertad por la comisión del mismo ilícito, por lo que, de encontrarse responsable nuevamente, podría ser sancionado a una pena mínima de prisión de cuatro (4) años.

    Aunado a lo expuesto, la detención preventiva fue ordenada mediante resolución de fecha 13 de abril de 2019, dictada por el funcionario competente para decidir este tipo de negocios de contrabando, así como para adoptar las medidas precautorias dirigidas a que no sea nugatoria la acción fiscal, entre las cuales se incluye la detención preventiva, según lo dispone la legislación invocada por la autoridad demandada en concordancia con las normas del Código Fiscal.

    Inclusive, se observa que la autoridad demanda, a pesar de la especialidad de la normativa penal aduanera, entre sus consideraciones, señaló, en complemento, que la medida cautelar aplicada al señor C.N., cumple con lo dispuesto por los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 222 del Código Procesal Penal; así como también con lo que establece el artículo 237 del Código Procesal Penal, en el sentido que la detención provisional de una persona es permitida por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado, entre otras circunstancias.

    Finalmente, la Corte se percata que la autoridad demandada en el habeas corpus ha sido clara al señalar que el señor L.F.C.N., se encuentra plenamente vinculado al hecho punible según el contenido del Informe de Novedad, Acta de Retención y la propia declaración indagatoria del sumariado, quien aceptó que transportaba as 31 pacas o bultos de cigarrillos que iban ocultos entre otras mercancías en el vehículo que conducía, con pleno conocimiento que dichos bultos constituyen una mercancía ilícita.

    Por consiguiente, para los fines de las garantías reconocidas en el artículo 21 de la Constitución Nacional, la detención preventiva fue sido dispuesta por la autoridad competente en materia aduanera, en virtud de mandamiento escrito, y dentro de los términos y formalidades que establece la Ley, por lo que es de lugar confirmar la sentencia apelada.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 17 de abril de 2019 que DECLARO LEGAL la detención preventiva del señor L.F. CANTO NÚÑEZ.

    N..

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- WILFREDO SAENZ F.-- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)