Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Abril de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución: 3 de Abril de 2000
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIA ENGRACIA BENÍTEZ GARCÍA CONTRA DEL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS

 
CONTENIDO

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha recibido procedente de la Secretaría General, la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado J.C.G. a favor de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, a fin de que se declare ilegal la orden de detención aplicada a su representada y en su lugar se ordene su inmediata libertad.

La defensa técnica fundamentó su pretensión principalmente en el hecho de que su representada la señora M.E.B.G., en horas de la noche del día 10 de febrero de 2000 se encontraba de visita en la residencia de los señores B.F. y Suengas y S. de F., ubicada en calle 65 San Francisco, cuarto piso del E.L., cuando fue detenida por unidades de la Policía Técnica Judicial y de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, sin que existiera orden que justificara tal medida. (Fs. 1-3)

Acogida la demanda el 11 de febrero de 2000, el Magistrado Sustanciador giró mandamiento de Hábeas Corpus a favor de la demandante y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, solicitándole el informe de conducta correspondiente, el cual remitió manifestando que el Despacho a su cargo no ordenó la detención de la recurrente; que al no haberse decretado su detención no existen fundamentos de hecho y de derecho, informa además que la ciudadana B.G. fue aprehendida en diligencia de allanamiento realizada el 10 de febrero de 2000, y fue puesta a órdenes de la Dirección de Migración, mediante oficio Nº FD-DS-01-43-2000 de 11 de febrero de 2000.

Ante esta información, se libró con fecha de 21 de febrero de 2000, nuevo mandamiento de H.C. contra el Director de Migración, a fin de que remitiese el informe de conducta. La referida autoridad, mediante oficio Nº DNMYN-161-2000 de 22 de febrero de 2000, remitió el informe que en su parte medular es del tenor siguiente:

"

  1. No es cierto que se ordenó la detención de la ciudadana M.E.B.G..

  2. No se ha ordenado la detención, por tanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho para la misma.

  3. La señora M.E.B.G., fue puesta a nuestras órdenes según oficio FD-DS 01 43-2000, del 11 de febrero de 2000 por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, recibido en nuestro despacho el 14 de Febrero de 2000, por lo que se encuentra a nuestras órdenes, bajo la custodia de la Policía Técnica Judicial, pero la misma a la fecha no ha sido trasladada a nuestras instalaciones por lo que no se ha evaluado la situación migratoria de la misma." (Fs. 21)

No obstante, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la falta de información obtenida para resolver la presente acción, a solicitud de la defensa técnica y por instrucciones del Magistrado Sustanciador remite oficio Nº SGP-451-2000 del 23 de febrero de 2000 a la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación a fin de que informe si la investigada M.E.B. se encuentra en dicho Centro Carcelario y, en caso afirmativo, a órdenes de qué autoridad; informe este que contesta a través de la Nota-602-S. J. del 24 de febrero del 2000, en la que manifiesta que la prenombrada se encuentra a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, sindicada por el supuesto delito Contra la Salud Pública y en espera de cumplimiento de trámite de extradición. (Fs. 23)

Finalmente, ante esta nueva afirmación se libra mandamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que rinda un informe sobre la detención de la ciudadana de nacionalidad española M.E.B.G. el cual remite manifestando entre otras cosas, lo siguiente:

Que la Honorable Embajada de la República de Perú, mediante Nota Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero de 2000, presentada en el Despacho a su cargo en esa misma fecha, en alcance a la Nota Nr. 5-20-M/024 de 9 de febrero de 2000, solicitó al Gobierno de Panamá, con carácter de urgencia, la detención preventiva con fines de extradición, entre otros, de la ciudadana española M.E.B.G., quien viene siendo procesada ante los Tribunales de Justicia de Perú por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero proveniente de dicho actividad delictiva.

Que como fundamento jurídico invocaron la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988, instrumento jurídico internacional que tanto la República de Panamá, como la de Perú son partes contratantes.

Que para sustentar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de la referida señora, la Honorable Embajada de la República de Perú anexó a su petición copia del Oficio 474-99-WAL de 11 de febrero de 2000, por la cual la Jueza Penal (P) Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Dra. M.E.C.C. de Lima, República de Perú pone en conocimiento de la Señora Fiscal Especializada en lo Penal de la República de Panamá, que la Judicatura a su cargo por resolución dictada ese mismo día dispuso el arresto preventivo con fines de una ulterior extradición de la señora M.E.B.G. entre otros procesados, debido a que los mismos fueron puestos a disposición de su Despacho a mérito de la orden de detención a nivel internacional ordenado por la Judicatura peruana a cargo de la Jueza, Dra. MARÍA E, C.C. y difundida por OCN INTERPOL con sede en Lima, Perú. Asimismo, hizo del conocimiento del Señor Fiscal Especializado en lo Penal de la República de Panamá que en esa misma fecha se dispuso que se forme el cuaderno de extradición, a efectos de que ese Despacho lo admita a trámite en su oportunidad.

Señala el Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado que el Despacho a su cargo, mediante N.A.J.N. 340 de 11 de febrero de 2000, presentada en la Procuraduría General de la Nación en esa misma fecha, remitió dicha solicitud de detención preventiva con fines de extradición, acompañada con toda la documentación.

Que la Procuraduría General de la Nación, a través de Oficio de 14 de febrero de 2000 dispuso ordenar la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española M.E.B.G., entre otros, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta (60) días dentro de los cuales el Estado requiriente deberá formalizar la solicitud de extradición anunciada.

Que la Honorable Embajada de la República de Perú en alcance a su atenta Nota Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero, mediante la Nota Nr. 5-20-M/034 de 15 de febrero de 2000, recibida en esa Cancillería el día 16 de febrero de febrero de 2000, remitió cuadernos de arresto preventivo debidamente legalizados por el Consulado General de Panamá en la República de Perú de la señora M.E.B.G.. Además se envió cuatro (4) tomos en total, de los cuales dos corresponden a la señora B.G. y en los mismos se da fe de que en efecto, existen en su contra fuertes elementos que la vinculan a la comisión de los ilícitos investigados en el Estado peruano que guardan relación con los delitos con drogas (Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, proveniente de dicha actividad delictiva). Asimismo, señala el aludido funcionario que en la mencionada Nota, la Honorable Embajada de la República de Perú reitera su solicitud de detención preventiva con fines de extradición por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, de los cuales está siendo procesada la señora B.G..

En cuanto al Fundamento de Hecho, el Viceministro Encargado manifiesta, que el mismo se encuentra contenido en las Notas Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero de 2000 y en la Nr. 5-20-M/034 de 15 de febrero de 2000, ambas suscritas por la Honorable Embajada de la República de Perú en donde se señala que la señora M.E.B.G., entre otros, está siendo procesada ante los Tribunales de Justicia de Perú por delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, proveniente de dicha actividad.

El Fundamento de Derecho lo constituye la CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988, instrumento jurídico internacional en donde la República de Panamá y el Perú son partes contratantes. Asimismo se invoca la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada y modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

Finalmente, el Viceministro Encargado señaló que la detenida se encontraba a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores en base a lo establecido en el Oficio de 14 de febrero de 2000, expedido por la Procuraduría General de la Nación, hasta ese momento, en el cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la pone a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Presente acción de H.C.. Agrega que la señora M.E.B.G. fue aprehendida el 10 de febrero de 2000 por la Policía Técnica Judicial, División de Estupefacientes, según copia de la Nota Nº P. T. J.-DE-183-00 de 21 de febrero de 2000 suscrita por el Jefe de la División de Estupefacientes de la P.T.J. y dirigida al Procurador General de la Nación. De allí que los sesenta (60) días que establece la Ley 23 de julio de 1994 para formalizar la solicitud de extradición, han empezado a correr a partir de esa fecha.

Ahora bien, para resolver acerca de la legalidad de la orden de detención con fines de extradición, el Pleno de la Corte Suprema debe determinar, si ésta ha sido encausada por los canales diplomáticos idóneos y si está fundamentada en la Ley.

En el expediente reposa la copia de la Nota Nr. 5-20-M/029 del 11 de febrero de 2000 expedida por la Embajada de Perú, recibida ese mismo día por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual utilizó la vía diplomática idónea para este tipo de requerimiento, solicitando con carácter de urgencia la detención provisional de la ciudadana de nacionalidad española M.E.B.G., con fines de extradición tal como lo establece la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, y el artículo 40 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986. (Fs. 34)

Consta de fojas 36 a 37 del expediente, copia del Auto por medio del cual el Juzgado Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de la República de Perú dispone el arresto preventivo con fines de ulterior extradición de la señora M.E.B.G. y otros, así como los elementos de prueba en que se basó dicha decisión.

Asimismo, reposa a fojas 32 y 33 del expediente, la Nota A. J. Nº 340 emitida el día 11 de febrero de 2000 por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual solicitó al Procurador General de la Nación, la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española M.E.B.G..

Con fundamento a esta petición, el Procurador general de la Nación ordenó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana española M.E.B.G., poniéndola a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta (60) días dentro de los cuales el Estado requiriente deberá formalizar la solicitud de extradición requerida. (Fs. 39-40)

Es importante señalar, que la señora M.E.B.G. fue arrestada el día 10 de febrero de 2000, mediante un operativo realizado por la Policía Técnica Judicial y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por lo que no ha vencido el término señalado en el artículo 41 ordinal 2 del Texto Único de la Ley 23 de 1986, para presentar los documentos a que se refiere el artículo 42 ibídem.

De las diligencias allegadas a este cuadernillo surgen pruebas de que la señora M.E.B.G. es natural de España y, por tanto, el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia llega a la conclusión de que la detención con fines de extradición que sufre la prenombrada no viola las normas constitucionales y legales que garantizan la libertad personal, ya que fue solicitada por los canales diplomáticos correspondientes con fundamento en los artículos 40,41 y 42 del Texto Único de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada, modificada y adicionada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994 y en una Convención Internacional de la cual tanto la República de Panamá y de Perú son partes signatarias.

En virtud de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA Y, en consecuencia ORDENA que sea puesta nuevamente a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

C., N. y C..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General