Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Abril de 2001
| Ponente | JOSÉ MANUEL FAÚNDES R |
| Fecha de Resolución | 3 de Abril de 2001 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
VISTOS:
El licenciado C.M.H.M., ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia 1ra. N° 76 de 14 de noviembre de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se declara legal la orden de detención, así como el impedimento de salida del país, dispuestos por el Juzgado Segundo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, contra el señor TERANI OMAR SIMONS.
El Tribunal A-quo, decretó legal la orden de detención, en atención a que la misma deviene de una sentencia condenatoria, proferida por una autoridad competente, la cual fue confirmada por ese Tribunal colegiado, en virtud de recurso de apelación promovido. Considera entonces que la orden de detención deviene de un mandamiento escrito de autoridad competente, ceñido a las formalidades de ley, por lo que se ven cumplidas las exigencias del artículo 2159 del Código Judicial.
Agrega además dicha resolución, que lo que pretende el demandante es que ese Tribunal de Habeas Corpus se pronuncie en torno a la prescripción o no de la pena a la que fue sancionado el señor SIMONS, por lo que la vía del habeas corpus no resulta la mejor, en razón de que no prevé la totalidad de los elementos a considerar para decidir sobre una materia que pueda verse afectada por factores tales como, la comisión de un nuevo hecho punible o la ejecución de actos por la autoridad competente, tendientes a la ejecución de la sentencia.
La disconformidad del apelante se centra fundamentalmente en que la orden de detención, así como el impedimento de salida del país de su representado ha colapsado en la ilegalidad, por haberse concretado el fenómeno jurídico conocido como "extinción de la pena". Agrega que el tiempo transcurrido desde que se dictó la sentencia de segunda instancia, es idóneo para reconocer que ha operado el fenómeno de la prescripción de la pena, por lo que la orden de detención que en otrora fuera legal, deviene en ilegal, lo cual puede decretarse de oficio o a petición de parte.
El voluminoso expediente que consta de veintitrés tomos, da cuenta que el beneficiario de esta acción constitucional fue condenado mediante sentencia SC-10 de 31 de enero de 1985, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a la pena de trece (13) meses de y diez (10) días de prisión, así como a sesenta (60) días multa, por la comisión del delito de corrupción de funcionario público en perjuicio de la Caja del Seguro Social (Fs. 9819-9867). La anterior decisión fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior...
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