Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Noviembre de 2000

PonenteGABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M
Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor de S.A.L.G., detenido por no portar documentos personales en regla.

Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, Licenciado E.S., quien mediante oficio No.DNMYN/1154/00 de 9 de octubre de 2000, rinde su informe indicando:

a.) No, es cierto que se haya ordenado la detención de la ciudadana S.A.L.G.; la misma fue remitida mediante Nota S/N, del 20 de septiembre de 2000, por la Zona de Policía Metropolitana área A, posteriormente este despacho ordena su detención mediante orden de detención No.1068-SI-DNMYN, del 20 de septiembre de 2000, por encontrarse ilegal en el territorio nacional.

  1. Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son los siguientes:

Primero

Que, S.A.L.G., de nacionalidad dominicana, fue remitida mediante Nota S/N, del 20 de septiembre de 2000, por la Policía Metropolitana área A.

Segundo

Que, la señora S.A.L.G., de nacionalidad dominicana, se le había expedido carnet de citación por 30 días para que arreglara su documentación el 9 de junio de 1999, y es remitida nuevamente por la misma causa a este Despacho.

Tercero

Que, este Despacho por las razones expuestas, emitió la Resolución No.5552 del 28 de septiembre de 2000, donde se ordena deportarla del territorio nacional por encontrarse ilegal, que por medio de su apoderado legal la misma presenta recurso de Reconsideración con Apelación en subsidio en contra de la ordene de Deportación, dicha solicitud de Reconsideración esta siendo revisada.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el decreto Ley No.16 de 30 de Junio de 1960, modificado por le (sic) decreto-ley No.13 de 20 de septiembre de 1965, y la ley 6ta. Del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 62, 65 párrafo primero, 85 y 86 que al tenor establece lo siguiente:

Artículo 60: "Los funcionarios de Migración tendrán facultad para aprehender a cualquier extranjero que en su o a su vista pretenda ingresar al territorio de la República violando los preceptos del presente Decreto Ley o que fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales. Dicho extranjero será puesto a órdenes del Director del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 62: "Las autoridades administrativas y judiciales de la República tienen la obligación de solicitar a los extranjeros que por cualquier razón comparezcan ante ellos, la presentación de los documentos que deban portar de conformidad con el presente Decreto Ley, y si no los pudieran presentar, sin justa causa, deberán dar aviso de inmediato al Director de la Dirección de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 65: "Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingresó (sic) o que permanecieran en el mismo después de vencer sus visas de transeúnte, turismo o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser Deportado o para tomar, respecto de ellos cualquier otra medida que sea de lugar. (Primer Párrafo)".

  1. La señora S.A.L.G., de nacionalidad dominicana, se encuentra en nuestras instalaciones, bajo nuestras órdenes".

La recurrente en su escrito menciona los motivos en que fundamenta el recurso de habeas corpus mencionando lo siguiente:

PRIMERO

Fui objeto de un robo de un collar, al momento de apersonarme a presentar formal denuncia, fui detenida por no portar documentos en esos momentos y me trasladaron posteriormente a migración.

SEGUNDO

Actualmente tengo una hija panameña llamada K.Y.M.L., mujer, menor de edad, nacida el 31 de marzo de 1999, según tomo 944 de nacimientos de Panamá, con asiento 1893. La cual ejerzo la patria potestad y la guarda y crianza, ya que soy madre y padre a la vez y soy su unico (sic) sustento familiar.

TERCERO

La autoridades de la república están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quieran se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

CUARTO

Los panameños y extranjeros somos iguales ante la ley, pero ésta podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales a EXTRANJEROS, pero no atentando contra los preceptos anteriormente mencionados.

QUINTO

Nadie pueda ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades y no se me entrego (sic) ninguna orden, violando así la Constitución Nacional.

SEXTO

Antes de tomar una medida definitiva o drástico al momento de deportar al país a un extranjero debe concedersele como lo establece el decreto ley de 30/6/60 una medida preventiva y libertad por 30 días y más si se tiene un hijo panameño y casados se le inpondra (sic) una multa solo (sic) de B/25.000.

SEPTIMO

La unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de la conyuges (sic), la igualdad de los hijos y la protección de los menores de edad, constituyen principios fundamentales para aplicación e interpretación de las leyes. Las disposiciones de las leyes de familia son de orden público y de interes (sic) social y se aplicaran (sic) con preferencia a otras leyes.

OCTAVO

En la mañana de hoy viernes 29/9/00, me sentia (sic) mal y solicite (sic) me llevarn (sic) a una clinica (sic) y me llevaron por que (sic) me puse muy mal me examinaron y me madaron a realizarme una prueba de embarazo y no me realizaron en el centro E.P. porque Migración supuestamente no tiene dinero para pagra (sic) dicha prueba.

NOVENO

Por lo anteriormente expuesto es que le solicito con todo respeto se declare ILEGAL mi detención y se me deje en Libertad lo mas (sic) pronto posible y se deje sin efecto la Resolución 5552 de fecha del 28/9/00 que establece mi deportación del país.

La presente encuesta penal se inicia con la nota S/N de fecha 20 de septiembre de 2000, enviada por el Jefe del Area A, S.F., Zona de Policía Metropolitana cuando hace la filiación de la señora S.A.L.G., a ordenes del Director Nacional de Migración.

Posteriormente mediante Detención No.1068-SI-DNMYN, de 20 de septiembre de 2000, dictada por el Director Nacional de Migración y Naturalización Licenciado E.S. visible, ordena la detención de la señora S.A.L.G., por encontrarse ilegal en el territorio nacional.

De fojas 12-13, se observa la resolución No.5552 de 28 de septiembre de 2000, emitida por el Director Nacional de Migración y Naturalización, donde ordena la DEPORTACIÓN de S.A.L.G..

Se tiene conocimiento de que la señora S.A. LUNA por medio de su apoderado legal presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio contra la Resolución 5552 que ordena su Deportación y dicho recurso se encuentra aún pendiente de resolver.

A fojas 16 de sumario está el Oficio No.1049-P, fechado 19 de octubre de 2000, firmado por el Licenciado Eugenio Baso Fiscal de Circuito de Bocas del Toro, donde se informa dando respuesta a oficio No.SGP-2127-00 de 19 de octubre de 2000, que contra la señora S.A.L.G., se adelanta en ese Tribunal sumarias por la supuesta comisión de delito Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de D.E.G.E..

El Pleno pasará a resolver la acción de habeas corpus, tomando en cuentas las siguientes consideraciones:

La acción de habeas corpus lleva implícito el estudio de las normas constitucionales y legales que regulan lo relativo a la detención preventiva, es decir, los artículos 21, 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, así como los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Primeramente esta Corporación de Justicia, advierte que la orden de detención preventiva dictada contra la señora S.A.L.G., visible a foja 7 del sumario, cumple con el requisito de haber sido emitida por la autoridad competente, que en este caso es el Director Nacional de mIGRACIÓN, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial y que fue expedida mediante resolución escrita y fundamentada en derecho.

A pesar de que la Dirección de Migración y Naturalización, le extendió anteriormente a la prenombrada LUNA GUZMAN un carnet de citación por el término de treinta (30) días para que arreglara su documentación, sin embargo trascurrieron los treinta (30) días y la señora S.A.L. no estableció la legalidad de su permanencia en el país.

Hecha estas consideraciones, el Pleno, señala que la accionante agotó todos los recursos legales administrativos a su alcance, de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley No. 16 de 1960, modificado por Decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6 de 5 de marzo de 1980, específicamente en el artículo 86 que dispone:

"Las resoluciones del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los negocios de que trata el artículo anterior, quedarán sujetas a los siguientes recursos administrativos:

  1. El de reconsideración ante el Director del Departamento de Migración.

  2. El de apelación que se surtirá ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Estos recursos podrán interponerse dentro de los tres días hábiles, siguientes a la notificación personal o de la desfijación del edicto, cuando hubiera lugar a ello".

Por otra parte, el Pleno, observa que la Resolución No.5552 fechada 28 de septiembre de 2000, donde se ordena la DEPORTACIÓN de la señora S.A.L.G., fue objetada mediante Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio y que el mismo se encuentra pendiente de resolver, por lo que a J. de esta Corporación de Justicia, se debe esperar el resultado de este tramite administrativo; por lo demás, consideramos que el procedimiento legal y constitucional empleado se ajusta a derecho, por lo que no existe violación a los derechos humanos de la recurrente.

Por otra parte, el Pleno, observa que contra S.A.L.G., se adelanta una investigación por la supuesta comisión de delito Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de D.E.G.E., en la provincia de Bocal del Toro y por consiguiente, consideramos no es prudente proceder con la deportación de dicha ciudadana ya que quedaría en acefalía la investigación que se adelanta en su contra.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la DETENCIÓN dictada por el Director de Migración y Naturalización contra S.A.L.G. y, por tanto, DISPONE que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

N. y Cúmplase,

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) R.A.F.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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