Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Julio de 2000

PonenteROGELIO A. FÁBREGA Z
Fecha de Resolución21 de Julio de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense PADILLA Y ASOCIADOS, ha formulado ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus preventivo a favor de C.S.C. y contra el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

Acogida la acción constitucional, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, mediante providencia de 26 de junio de 2000, recibiendo en esta misma fecha, la Secretaria General de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el informe requerido al señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, que se reproduce a continuación:

"Honorable Magistrado:

En tiempo oportuno me dirijo a usted, respetuosamente, a fin de dar respuesta al mandamiento de Habeas Corpus Preventivo, librado por esa Corporación de Justicia, dentro de la acción de Habeas Corpus, presentada en contra del suscrito, a favor del señor C.S.:

  1. Este despacho sí ordenó el arresto por ocho (8) días del señor C.S., mediante Resolución No.005-2000 del 22 de junio de 2000.

    La razón que motivó la Sanción de arresto impuesta al señor C.S., fue el hecho de que en la edición del Diario El Siglo, del día 22 de junio del presente año, salió publicada una titular de primera plana, cuyo director es el citado señor SINGARES, la cual titula "Prominentes políticos y funcionarios públicos vinculados a la prostitución infantil... EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN... "BUSCA PLACER CON MENORES DE EDAD"... Afirma el abogado S.S., quien se ratifica en sus acusaciones contra J.A.S.. P.2"... y señala que el Lic. S.S. fue sancionado con seis (6) días de cárcel por el Procurador Sossa, en atención a sus denuncias.

    En vista de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el numeral 1, artículo 386 del Código Judicial, se emitió la Resolución No.005-2000 del 22 de junio del presente año, por la cual se sancionaba al señor C.S. con ocho (8) días de arresto.

    Consideramos propicia la ocasión para señalar que nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en varias ocasiones se ha pronunciado en relación al tema de la facultad que otorga el citado artículo 386 del Código Judicial, a los agentes del Ministerio Público, para sancionar a quienes le falten el debido respeto, en este sentido, un ejemplo claro lo encontramos en el pronunciamiento de nuestra Máxima Corporación de Justicia, dentro de la Acción de Habeas Corpus, interpuesta en favor del señor J.P.B. contra la Procuradora de la Administración, quien le había impuesto una sanción de arresto por haberle faltado el respeto. Similar situación resguarda al Órgano Judicial, tal que se aplicó una sanción al L.. R.M.. Copia de ambas decisiones se adjuntan.

  2. Este despacho no tiene bajo su custodia, ni bajo sus órdenes al señor C.S., ya que la orden de arresto emitida en su contra, no se ha hecho efectiva, pues al señor C.S. no se le ha podido ubicar, y el mismo se encuentra actualmente evadiendo la responsabilidad que le atañe, por haber difamado e irrespetado al suscrito.

    Adjuntamos copia autenticada de la Resolución No.005-2000 de 22 de junio del presente año, por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al señor C.S. y copia simple de la página del diario EL SIGLO, del día 22 de junio de 2000, en la que fue publicada la noticia que motivó la sanción por irrespeto.

    Del honorable magistrado con toda consideración,

    (fdo.)

    L.. José Antonio Sossa Rodríguez

    Procurador General de la Nación." (Fs.29-30)

    FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

    El accionante denomina los "hechos y consideraciones", en los cuales basa su petición, así:

    1. Para que el señor P. pueda ampararse en la facultad conferida en el artículo 386 del Código Judicial, el mismo deberá estar en ejercicio de sus funciones o que la ofensa o falta, provenga de un acto inherente a las funciones que el mismo ejerce. Estima, como primer supuesto, que el periodista SINGARES estuviere presente en la Procuraduría y lo hubiera ofendido de palabra o acción.

    2. Y, como segundo supuesto, se refiere a que el accionante hubiere irrespetado al señor P., a través de sus escritos en el Diario El Siglo, por efecto de un caso que se ventilare ante dicho despacho o en cualquier otra dependencia del Ministerio Público.

      Argumenta, además, el accionante que la noticia aparecida en el diario El Siglo, se refiere a una denuncia ratificada por el licenciado SIDNEY SITTON y transcrita por C.S., y que la misma hace alusión a la persona del señor P. en el ejercicio de sus "actividades sociales, íntimas y privadas" (f.3), y, de acuerdo al criterio del demandante, nada tienen que ver con las funciones como Procurador General de la Nación.

      En el hecho segundo advierte que, de haberse lesionado al señor P. en su peculio moral, éste debió utilizar los mecanismos de querella por injuria contra el licenciado SITTON y contra el señor SINGARES, de conformidad con lo previsto en los artículos 172 y 173 del Código Penal.

      Por último, señala que se ha violentado el artículo 2566, numeral 1 del Código Judicial, dado que se ha mermado las garantías procesales del señor SINGARES, al pretender la privación de su libertad personal, con la aplicación de una norma que no puede ser utilizada por el señor P., ya que la conducta del señor SINGARES así como la publicación de la noticia en el diario antes mencionado, no se lo permiten. En consecuencia, estima que la orden de arresto emitida por el señor P. es ilegal. debido a que no se ajusta al debido proceso, por las razones antes anotadas.

      DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

      El tribunal de habeas corpus, al analizar los hechos y alegaciones que sirven de fundamento a la acción motivo de estudio, así como del informe rendido por la autoridad demandada, y las pruebas aportadas con dicho informe, pasa a resolver, previas las consideraciones que siguen.

      Aprecia el PLENO que la resolución No.005-2000 de 22 de junio de 2000, emitida por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al SEÑOR C.S., se encuentra motivada y la misma se hace en uso de las facultades que le otorga el artículo 386 del Código Judicial. En la referida resolución se hace un recuento exhaustivo de las actuaciones del Director del diario El Siglo, contra el representante del Ministerio Público. Consideramos prudente reproducir dicha resolución.

      "RESOLUCIÓN No.005-2000

      (22 de junio de 2000)

      "Por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al SEÑOR CARLOS SINGARES"

      EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN en uso de sus facultades legales,

      CONSIDERANDO:

    3. Que esta Procuraduría General de la Nación, sancionó al P.C.S., mediante Resolución No.003-2000 del 24 de mayo del presente año, por haber irrespetado al suscrito Procurador General de la Nación.

    4. Que mediante Resolución No.004-2000 del 30 de mayo de 2000, se deja sin efecto la sanción que se impusiera al P.C.S..

    5. Que a partir de tal fecha el Diario El Siglo ha continuado su campaña de irrespeto contra el Ministerio Público y específicamente contra su titular, el suscrito Procurador General de la Nación.

    6. Que el día 22 de junio de 2000, el P.C.S., suscribe noticia titulada: "Prominentes políticos y funcionarios públicos vinculados a la prostitución infantil. EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN... "BUSCA PLACER CON MENORES DE EDAD". Afirma el abogado S.S., quien se ratifica en sus acusaciones contra J.A.S.. P.2" y señala que el Lic. S.S. fue sancionado con seis (6) días de cárcel por el Procurador Sossa, en atención a sus denuncias.

    7. Que el Lic. S.S., fue sancionado por el F. 2do. Del Primer Circuito Judicial por irrespeto a su autoridad, con cinco (5) días de arresto.

    8. Que el Lic. S.S., jamás ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por ninguna de sus afirmaciones irrespetuosas. La única iniciativa procesal que se ha esgrimido contra el Lic. S.S., fue una Querella por calumnia e injuria que fue presentada en su contra, ya que en el momento del arresto que se le hizo por el F. 2do. de Circuito y como consecuencia de ello, el Lic. S. lanzó dos (2) años atrás las mismas acusaciones calumniosas que hoy aparecen en la portada del Diario El Siglo del 22 de los corrientes.

    9. Que la Querella fue presentada el día 23 de enero de 1998, en la Fiscalía Auxiliar, hace casi dos años y medio (2 1/2). El Lic. S. no quiso declarar a pesar de que fue citado en dos (2) ocasiones. El Fiscal del caso solicitó el llamamiento a juicio, y se encuentra pendiente de audiencia preliminar en el Juzgado 8vo. De Circuito de Panamá.

    10. La Audiencia Preliminar en la Querella que fue presentada contra el Lic. S.S., ha sido pospuesta por la defensa de éste, en nueve (9) ocasiones. El Lic. S., ha evitado hasta el presente, procesalmente enfrentar la misma. La conducta procesal del L.. S. en este y otros procesos que participa, dan cuenta de su baja calidad humana y de la credibilidad que tienen las afirmaciones dañinas que hace libremente y que después no quiere enfrentar.

    11. Que el P.C.S. es el responsable de la publicación del 22 de junio de 2000, como Director del Diario El Siglo, portada y artículo de la página 2, siendo reincidente en incurrir en grave irrespeto al Ministerio Público, sus altas autoridades y específicamente contra el suscrito, Procurador General de la Nación.

    12. Que la Corte Suprema de Justicia en Pleno, decidió el 17 de noviembre de 1997, dentro de la Acción de Habeas Corpus preventivo, interpuesto a favor de J.P.B., contra la Procuradora de la Administración, lo siguiente: "Precisadas las razones que fundamentan y justifican la imposición de la sanción en este caso, consideramos obligante reiterar los conceptos vertidos por esta Corporación Judicial".

      "ticia (sic). Ello sería a todas luces contrario a la libertad de expresión que esta Corte Suprema de Justicia ha defendido y fortalecido en muchos fallos. A lo que el señor P. General de la Nación como cualquier otro servidor público con mando y jurisdicción tiene derecho, es a sancionar, sin juicio previo, no ya la crítica, cualquiera que fuese la intensidad con que se plantee sino el irrespeto, el ultraje, el trato grosero innecesariamente utilizado en el cuestionamiento al que inevitablemente estamos sometidos todos los servidores públicos". (el subrayado es nuestro)"

      RESUELVE:

      ARTICULO PRIMERO: Sancionar con ocho (8) días de arresto al señor C.S., Director del Diario EL SIGLO, por haber irrespetado al suscrito Procurador General de la Nación.

      ARTICULO SEGUNDO: Oficiar el contenido de esta Resolución, a la autoridad de Policía correspondiente, para que se haga cumplir la misma.

Fundamento de Derecho

numeral 1 del artículo 386 del Código Judicial.

N. y Cumplase.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil (2000)." (Fs.7-8)

Observa el PLENO que el argumento medular del proponente de la acción constitucional radica en que no se ha atacado la investidura del señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, sino, más bien, por la supuesta conducta de su vida privada.

Dicha interpretación resulta a todas luces inaceptable y así lo ha mantenido la Corte Suprema en las sentencias de 19 de agosto de 1994, Registro Judicial Agosto 1994, pág. y del 17 de noviembre de 1997, Registro Judicial Noviembre 1997, pág.63, en el sentido de que;

"Esta Corporación Judicial ya ha tenido oportunidad de recalcar que la facultad que la ley y la Constitución otorgan a los agentes del Ministerio Público para sancionar con multas y arrestos a las personas que desobedezcan sus órdenes o las faltas del debido respeto, no se limita a los actos de irrespeto que se cometan en el momento en que desempeña las funciones inherentes a su cargo. Por el contrario, está claro en el artículo 386 y en el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dicha facultad se extiende a los actos de irrespeto que se cometan con motivo del desempeño de las funciones inherentes al cargo".

Salta a la vista que no cabe el desdoblamiento que se desprende de la exposición del accionante, en el caso del ejercicio de altos cargos, entre funciones relacionadas con los deberes inherentes al cargo, dependiendo de si se está desempeñando como tal o se actúa como persona particular, ya que los servidores judiciales deben comportarse en su desempeño y en su vida particular en forma tal que estén fuera de todo reproche o censura (artículo 440, nº 6). De donde se desprende que la actuación de todo servidor público no puede calibrarse desde la perspectiva de si se encontraba actuando en el ejercicio de sus facultades que se desprenden del cargo o, por el contrario, su actuación se encontraba en la esfera de lo particular.

Desde otra perspectiva, es evidente que el fundamento del artículo 386 del Código Judicial, en el cual se fundó la resolución lesiva al honor y a la dignidad del alto servidor judicial es una norma de protección al cargo, de tal forma que se tutele cualquier lesión grave que lo afecte institucional y socialmente, por razón de su importancia en la vida institucional del país. Dicha protección no tendría sentido, de otra parte, si la censura contra el alto funcionario público se llevase a cabo, que no es el caso, fuera de sus horas de trabajo o, en general, cuando actúa como persona particular.

Por otra parte, la publicación aparecida en el diario "El Siglo", de fecha 22 de junio de 2000, y que fuere aportada con el informe, es lesiva al derecho al honor y lesivo a la reputación del alto servidor judicial, dada la incidencia que tienen los medios publicitarios ante la opinión pública, y la noticia, evidentemente, va dirigida al licenciado J.A.S., en atención al cargo que éste desempeña (véase foja 9). Más aún, en la motivación de la resolución por la cual se sancionó al periodista SINGARES, salta a la vista que la persona señalada por éste, es decir, el licenciado SIDNEY SITTON, tiene querellas y acusaciones por calumnia e injuria pendientes de resolver. Además de ello, que dicha querella fue formulada desde hace más de dos años y medio. Significa, pues, que la publicación realizada en el diario tantas veces mencionado, es responsabilidad del señor S., como director del diario El Siglo. Se desprende también de la motivación de la resolución impugnada, la reiteración del señor C.S. en incurrir en grave irrespeto contra altos funcionarios del Ministerio Público, así como también contra la figura del señor PROCURADOR DE LA NACIÓN.

Es importante reiterar que la facultad conferida por la Ley y la Constitución de la República a los agentes del Ministerio Público para sancionar con multas y arrestos a las personas que desobedezcan sus órdenes o les falten el debido respeto, no se limita a los actos de irrespeto que cometan en el momento en que desempeña las funciones inherentes a su cargo. Por el contrario, "está claro en el artículo 386 y en el artículo 33 de la Constitución Nacional que dicha facultad se extiende a los actos de irrespeto que se comenten con motivo del desempeño de sus funciones inherentes al cargo". (sentencia de 19 de agosto de 1994, R.J., Agosto 1994, y sentencia de 17 de noviembre de 1997, R.J., noviembre 1997, págs.61-64).

Por otra parte, el daño gravísimo ocasionado al señor Procurador ha lesionado el derecho al honor y a su dignidad. Doctrinalmente, en el contexto del derecho fundamental a la libre expresión de las ideas y opiniones, se ha mantenido el alcance de este derecho y los actos que le lesionan, en el sentido de que:

"...

Nuevamente afloran las diferencias entre los derechos consagrados en el art. 20 CE al abordar el papel a desempeñar por la veracidad, pues, mientras los hechos sobre los que se informa serán ciertos cuando se correspondan con la realidad, en el plano de la libertad de expresión no podemos aplicar este criterio, como quiera que las opiniones son puramente subjetivas, responden a criterios personales. Aunque tengan una base fáctica, no se puede negar que una misma realidad puede ser percibida y valorada de las más diversas formas, según el talante de cada persona. Lo único que ocurre es que la expresión de las propias opiniones ha de hacerse, no dentro del límite la veracidad que no le es aplicable, pero si dentro del respeto a los demás. Se actúa con desconocimiento hacia este último cuando se incurre en el insulto, o cuando se lesiona gratuitamente el honor de una persona. Así el TS reconoció en su Sentencia de 25 de junio de 1990 que "la libertad de expresión, por consistir en formulación de opiniones, juicios o creencias personales que no aspiran a sentar hecho o a afirmar datos objetivos tiene como límite la ausencia de expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias, sin relación con las ideas u opiniones que se expresan y que resultan innecesarias para la exposición de las mismas".

("DERECHO A LA INTIMIDAD", A.L.C.A., Tirant Monografías 96, T. lo blanch, Valencia, 1998, págs.134-135)

Para el Pleno constituye una evidencia que no requiere comprobación, que el ejercicio de altos cargos en el engranaje estatal, deja a quienes lo ejercen abiertos a la crítica con respecto a sus actuaciones, que pueden llegar a constituir ácidas críticas a su quehacer gubernamental, y siempre que estén dentro del principio de proporcionalidad de medios a fines, tal crítica pública es lícita. No obstante, toda crítica, por duros que puedan ser sus términos tienen un límite infranqueable en el derecho al honor y a la dignidad del servidor judicial de que trate, acarrea la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico, de forma particular cuando la información ofensiva está dirigida al alto funcionario con ocasión de las delicadas funciones que la ley le asigna. Es de advertir que para el Pleno es evidente que la noticia representa un agravio inadmisible para el cargo que ostenta el Procurador General de la Nación, y que fue formulado con ocasión de las delicadas funciones adscritas al alto cargo, que es la hipótesis normativa consagrada en el artículo 386 del Código Judicial. Del texto de la información ofensiva se desprende sin la menor duda que el destinatario era el actual Procurador General de la Nación.

La reacción del ordenamiento antes dicha estriba en una sanción pecuniaria o pérdida temporal de la libertad (arresto), a aquéllas personas que, so pretexto de ensayar una crítica a la actuación de un alto servidor público, como lo es el caso del P. General de la Nación, instituido por el artículo 386 del Código Judicial, cuando, como ha ocurrido en la presente circunstancia, la crítica ensayada al alto servidor público ha superado la finalidad de crítica social o institucional, para insertarse en una gruesa lesión a la dignidad y honor del servidor público.

La potestad sancionadora que tal disposición inviste al Procurador General de la Nación, tiene su sustento constitucional en el artículo 33 de la Ley Fundamental, que constituye, como ha señalado la Corte (sentencias de 23 de mayo de 1991 y de 3 de mayo de 1994), una excepción en materia penal sancionadora al principio de que toda sanción debe venir impuesta como consecuencia de un proceso público con todas las garantías, y al cargo que ocupa..

Encuentra el PLENO justificadas razones de hecho y derecho, para la imposición de la sanción contra el director del diario El Siglo, SEÑOR CARLOS SINGARES que ha proferido el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la sanción de arresto por ocho (8) días impuesta por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN contra C.S..

N..

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A.

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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