Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Septiembre de 2000

PonenteLUIS CERVANTES DÍAZ
Fecha de Resolución22 de Septiembre de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 10 de agosto de 2000, dentro de la acción de hábeas corpus promovida por N.G.P.L. contra el señor Juez Sexto de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de N.G.P.L., fundamentando su sentencia en los siguientes términos:

"...

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El argumento en que se fundamenta el recurso de hábeas corpus presentado, tiene que ver con el embarazo que presenta la sindicada en la actualidad y que fue confirmada mediante el informe médico legal que milita a fojas 209 del expediente (ver punto 3 de dicho informe), lo que sirvió de sustento para concederle las medidas cautelares establecidas en la resolución del primero (1) de junio de 2000, emitida por el agente del Ministerio Público, visible a fojas 222-224 del sumario, las cuales fueron ignoradas e incumplidas por la sumariada doce (12) días después, cuando fue aprehendida por el sector de Bella Vista, practicado (sic) la prostitución clandestina, tal como lo describe el Corregidor de dicho sector en nota visible a fojas 284 del sumario.

Si bien está acreditado el estado de preñez de la imputada, circunstancia tutelada por el Artículo 2147-D del Código Judicial, ello no puede constituir motivo para que abuse de su condición y haga caso omiso de las obligaciones que le impone el beneficio que le fuera concedido. La medida cautelar le fue revocada, se le otorgó precisamente por el estado de embarazo en que se encuentra, para que pudiera llevarlo dentro de las mejores condiciones posibles, en su casa, amén que sus otros hijos también requieren de sus cuidados; sin embargo, la encartada no cumplió las condiciones impuestas en la medida y pocos días después fue aprehendida, lejos de su residencia, en actividades reprochables y que no se compadecen con el cuidado que debe procurarse una persona, en su estado.

Lo cierto es que N.P.L. incumplió con las medidas concedidas y el juzgador procedió conforme indica el Artículo 2147-E del Código Judicial, circunstancia que nos obliga a decretar legal su detención".

En el escrito en que sustenta la apelación propuesta contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior, la parte actora solicita que se declare ilegal la detención de N.P.L., pues aún cuando no cumplió con las medidas cautelares que, en principio, se le concedieron en sustitución de la detención preventiva, es una mujer en estado de gravidez. Agrega que en este caso debe prevalecer el "interés superior del que está por nacer y que bajo ninguna circunstancia puede ser víctima de los desórdenes de su madre, ni tampoco soportar la carga que los Tribunales de Justicia, le pueden atribuir a él por el simple hecho de castigar o sancionar a su progenitora".

Observa el Pleno de esta Corporación de Justicia, que en el presente caso, a la señora N.P.L. se le imputa la comisión de un delito de robo cuya pena de prisión excede los dos años, toda vez que según las constancias procesales ella y su hermana N.P., le suministraron al señor N.K. un tipo de medicamento compuesto con benzodíacepinas, que lo hizo perder la conciencia, para así sustraerle dinero y prendas por la suma de B/.24,200.00 (fs. 255-268).

No obstante lo anterior, por su estado de gravidez (f. 209) el Fiscal Undécimo de Circuito, mediante Resolución fechada 1º de junio de 2000, le concedió a N.P.L. las siguientes medidas cautelares en sustitución de la detención preventiva:

  1. Casa por cárcel, debiendo mantenerse dentro de su residencia ubicada en Chilibre Centro, a la derecha, casa Nº 248, las 24 horas del día, a excepción del término de la distancia, cuando sea requerida por el Despacho que conoce el negocio penal o para atención médica respectiva, cuya constancia deberá hacer llegar al proceso.

  2. Su comparecencia los días 15 y 30 de cada mes ante la autoridad que conozca el proceso, y

  3. Prohibición de abandonar el territorio de la República, sin previa autorización judicial.

Aunado a lo anterior, en la mencionada resolución se le advirtió a la proponente de esta acción constitucional que si incumplía las medidas impuestas, se le aplicaría otra medida más severa, como lo es la detención preventiva (fs. 222-224). Esta facultad del Juez o funcionario de instrucción está consagrada en el artículo 2147-E del Código Judicial que preceptúa lo siguiente:

"En caso de infracción de los deberes inherentes a una medida cautelar, el J. o el funcionario de instrucción podrá decretar su sustitución o acumulación con otra medida más grave, habida consideración de la naturaleza, motivos y circunstancias de la infracción."

Consta en el sumario que el 12 de junio del presente año, la señora N.P.L. fue sancionada "por la práctica reincidente de la prostitución clandestina con 100 días de arresto conmutable" (f. 84). Siendo esto así, el Pleno estima que como la señora N.P.L. no cumplió con las medidas cautelares personales que se le concedieron por motivos de su estado de gravidez y, además, fue aprehendida en ejercicio de actos deshonrosos que ponen en peligro el bienestar y salud del no nacido, la revocatoria de dichas medidas y consiguiente orden de detención preventiva reúne los presupuestos establecidos en el artículo 2147-E del Código Judicial.

Ante esta realidad procesal, a juicio del Pleno de esta Corporación de Justicia la Sentencia de Hábeas Corpus dictada por el Segundo Tribunal Superior se ajusta a derecho y debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 10 de agosto de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad demandada.

N..

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.F.Z.

(fdo.) J.M.F.R.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

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