Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 17 de Noviembre de 2010

PonenteJosé Abel Almengor Echeverría
Fecha de Resolución17 de Noviembre de 2010
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de apelación anunciado y sustentado por la Firma Forense Admade, P. &M.L.F., apoderada judicial de C.A.P.L., contra el Auto No 159-P.I., emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 15 de septiembre de 2009.

La decisión judicial impugnada desestima el Incidente de Controversia presentado por la Lcda. J.P.M.T., en representación de C.A.P.L., dentro de las sumarias en averiguación por delito contra la administración pública en perjuicio de P.L.; en consecuencia, mantiene la Diligencia Sumarial fechada 16 de junio de 2009, dictada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que dispuso no admitir la querella suscrita por la Lcda. L.M.S., en representación de C.P.L., e iniciar la investigación por aquellos delitos perseguibles de oficio.

El Tribunal a quo arribó a esa medida jurisdiccional, luego de considerar que la actuación no revela que C.A.P.L. haya recibido un perjuicio personal o colectivo producto de las actuaciones de los servidores públicos denunciados, el Fiscal de Circuito, L.. W.A.P.P. y los Jueces de Circuito, L.. R.P.G., L.. J.F.S.G., L.. R.Q.V. y Lcda. I. delR.C.V., por lo que carece de la condición de víctima, requisito exigido para constituirse en querellante legitimo. Estima igualmente que de la documentación aportada no se colige o se infiere la comisión de una acción arbitraria u omisiva por parte de los servidores públicos que laboraban de planta o como suplentes en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá y en los Juzgados Primero y Decimoséptimo de Circuito de lo Penal de la misma jurisdicción, quienes conocieron del proceso penal instruido por delito de Estafa y otros en perjuicio de los señores D.A.P.L. y C.A.P.L..

La Firma Forense Admade, P. &M.L.F. presentó, en tiempo oportuno, memorial anunciando recurso de apelación y, al sustentar la alzada, sostiene que el Tribunal a quo no analizó que la Fiscalía Tercera Anticorrupción carece de competencia para inadmitir la querella interpuesta contra el Fiscal Decimocuarto de Circuito, W.P., y los Jueces de Circuito, R.P., J.F.S., R.Q. e I. delR.C., toda vez que el ordinal 2 del artículo 127 del Código Judicial atribuye competencia al Tribunal Superior para conocer de los procesos penales contra los Jueces y F., entre otros funcionarios, que tengan mando y jurisdicción en una o más Provincias, cuando al momento de su juzgamiento los sindicados conserven los cargos. Sostiene que esta disposición legal no admite interpretaciones, por lo que resulta que la Fiscalía carece de competencia para pronunciarse. Además considera que se ha vulnerado el artículo 2465 del Cód. cit.,

Expone igualmente, que por ser el M.R.P., Magistrado Suplente del Tribunal Superior, la querella debió ser conocida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y cuestiona que el fallo impugnado hace referencia a la Ley No. 42 de 1998 que aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, interpretando ésta para impedir que se investiguen los delitos de corrupción, beneficiando a los querellados al evitar el esclarecimiento de los hechos.

Con relación a la condición de querellante legitimo, señala que el fallo no desarrolla las motivaciones que lo llevaron a pronunciarse en ese sentido. Considera que de la documentación aportada se infiere la comisión de una acción arbitraria u omisiva por parte de los funcionarios públicos mencionados, quienes conocieron del proceso penal por delito de estafa y otros, en perjuicio de D.A.P.L. y C.A.P.L., lo que evidencia la incongruencia de la decisión que sostiene está viciada por falta de motivación.

En el extenso escrito de sustentación, se refiere a los actos u omisiones que endilga a cada uno de los funcionarios señalados, explicando en que consistieron las actuaciones desempeñadas por estos, las que a su juicio demuestran los delitos por los que fueron querellados.

La recurrente sostiene que C.A.P.L. fue despojado de B/170,000.00 que pago por el apto 35D, ubicado en la Torre 1000 del PH Terramar, sin que a la fecha haya recibido el apartamento, lo que pone de manifiesto la pérdida financiera por él sufrida.

Cuestiona que la resolución fechada 16 de junio de 2009 dispuso no admitir la querella e iniciar la investigación por aquellos delitos perseguibles de oficio e inmediatamente después emite la Vista Fiscal No. 173-09 de 13 de julio de 2009, solicitando sobreseimiento definitivo, bajo la premisa que los hechos denunciados no revisten carácter penal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2044 del Código Judicial que ordena al funcionario de instrucción realizar las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y concluye señalando que los escritos presentados no contienen frases peyorativas ni ofensivas, como se indicó en la resolución impugnada.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción no presentó objeción al escrito de sustentación presentado por la Firma Forense Admade, P. &M.L.F.; mediante resolución fechada 23 de octubre de 2009, el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial concedió en el efecto diferido el recurso de apelación impetrado.

Corresponde a la Sala penal pronunciarse en relación con los puntos objetados por la parte recurrente al sustentar el recurso de apelación anunciado contra el Auto No. 159-P.I. de 15 de septiembre de 2009, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la que se señalan dos aspectos puntuales: la falta de competencia de la Fiscalía Tercera Anticorrupción para admitir la querella y conocer de los procesos contra servidores públicos y, la calidad de querellante de la parte, la que no fue reconocida por el ad quem.

El examen de las constancias procesales nos lleva a determinar que el Ministerio Público, en esta oportunidad representado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, no ha incurrido en causal alguna que conlleve la nulidad de la resolución atacada a través de este Incidente de Controversia, como sostiene la recurrente.

En este orden de ideas, debemos señalar que el Ministerio Público, de acuerdo a lo normado en el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución Nacional, tiene entre sus atribuciones, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales. Esta norma Constitucional es desarrollada, entre otras disposiciones legales, por el artículo 1989 del Código Judicial que establece: "En todo proceso criminal intervendrá el Ministerio Público, salvo las excepciones señaladas en este Código".

Debemos considerar igualmente el artículo 1991 del Cód supra citado, que dispone: "La instrucción sumaria por delitos de competencia de los tribunales ordinarios de justicia corresponde a los Agentes del Ministerio Público como funcionarios de instrucción" y el artículo 347 íd. numerales 4 y 5 que consagran las funciones investigativas de los agentes del Ministerio Público. Es ostensible, de acuerdo a las normas citadas, que le corresponde a los agentes del Ministerio Público la instrucción de los procesos penales que se siguen ante los tribunales ordinarios, los que serán decididos, de acuerdo al procedimiento penal vigente, por los Tribunales ordinarios competentes, atendiendo a la calidad de las partes.

La Procuraduría General de la Nación, a través de las Resoluciones 2 y 3 de 12 de enero de 2007, reestructuró las Fiscalías Primera, Segunda y Tercera Anticorrupción y dispuso, entre otras medidas, delegarles el conocimiento de las causas por delito contra la administración pública. Colegimos que la potestad de investigar los delitos corresponde al Ministerio, en el cumplimiento de esta facultad, le correspondió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción instruir el presente negocio penal, por tratarse los hechos querellados de delitos contra la administración pública.

En el caso que nos ocupa, los querellados, L.. W.P., quien para la fecha de emisión del auto impugnado se desempeñaba como Fiscal Decimocuarto de Circuito Penal y los jueces de Circuito, L.. R.P., que para esa fecha ejercía el cargo de Juez Decimoséptimo de Circuito y el Lcdo. R.Q.V., el Juez Suplente Lcdo. J.F.S. y la Secretaria del Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lcda. I.C., todos funcionarios públicos, los tres primeros con mando y jurisdicción en una provincia. Ante esta realidad, corresponde a la Fiscalía Tercera Anticorrupción la instrucción del sumario; por ende, mal puede tacharse de nulas las actuaciones desarrolladas por la agencia de instrucción en este sentido.

La parte recurrente cuestiona que no le correspondía al Agente de instrucción pronunciarse en relación con la admisión o no de la querella coadyuvante presentada. Al respecto, cabe señalar que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 31 de 1998, establece como un derecho de la víctima, "intervenir, sin mayores formalidades, como querellante en el proceso...". Esta carencia de formalidades para la admisión del querellante permite entender que no hay un trámite predeterminado a seguir, resultando de ello que si la querella se presenta en el periodo de instrucción, le corresponderá al funcionario de instrucción, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma; en tanto que el juez de la causa hará lo propio, cuando el proceso se encuentre en la etapa intermedia o plenaria.

Esta Superioridad, en reiterados fallos, ha reconocido que cuando el negocio penal está en etapa sumarial, es facultad del funcionario de instrucción admitir o no la querella (cfr. fallos de la Sala Penal de 10 de agosto de 2006 y 30 de octubre de 2008, entre otros); por lo que podemos concluir que la Fiscal Tercera Anticorrupción estaba facultada para pronunciarse sobre la admisión de la querella.

Otro aspecto cuestionado por el recurrente es el no reconocimiento de la condición de ofendido de su representado, a pesar que está probado que es la persona afectada por los hechos querellados.

Sobre la condición de víctima de C.A.P.L., luego de revisar los antecedentes, observamos que la querella que nos ocupa fue presentada por la Lcda. L.M.S., en representación de C.A.P.L., contra el entonces Fiscal Decimocuarto de Circuito Penal, L.. W.P., los Jueces Primero y Decimoséptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, L.. R.Q.V. y L.. R.P., el Juez Suplente, J.F.S. y la Secretaria del Juzgado Primero Penal, L.. I.C., por delitos cometidos contra su mandante.

El Tribunal ad quem sostiene que las pruebas aportados por la denunciante no son lo suficientemente elocuentes para demostrar el hecho punible denunciado y que existe reiterada jurisprudencia desestimando aquellas denuncias o querellas cuyas pruebas no revisten la idoneidad suficiente para acreditar las conductas que se le atribuyen a los funcionarios denunciados, haciendo referencia al artículo 2467 del Código Judicial.

Con relación a la calidad de víctima, el artículo 1 de la Ley 31 de 1998 establece: "Para los efectos de esta Ley, se consideran víctimas del delito: 1. A la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, incluidas las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acción u omisión que viole la legislación penal vigente..."

La norma no exige el cumplimiento de formalidades especiales para que la víctima de un delito pueda constituirse en querellante coadyuvante o voluntaria e intervenir en el proceso; sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala que la querella debe satisfacer requisitos básicos, comunes a toda demanda; así, debe identificar al querellante, querellado y la conducta delictiva endilgada, contener un relato de los hechos que sustenta su petición y, como requerimiento especial, debe comprobar la legitimidad de quien activa la jurisdicción penal o interviene en el proceso (cfr. fallo del 30 de octubre de 2008).

Las reglas de procedimiento penal no supeditan la admisibilidad de la querella coadyuvante o voluntaria al requisito de acreditar que la conducta endilgada al sujeto querellado, efectivamente, revista connotaciones delictivas o que se establezca la vinculación subjetiva de los acusados; limitándose la actividad del Ministerio Público al examen del libelo de querella, para determinar el cumplimiento de las exigencias mínimas y la legitimidad del querellante (cfr. fallo de la Sala Penal de 27 de Junio de 2007).

Es entendible la posición de la representante del Ministerio Público, avalada por el Tribunal ad quem, al examinar el libelo de querella que pretende atribuir cargos delictivos basados en hechos o situaciones que, evidentemente no revisten carácter delictivo; sin embargo, este examen valorativo no debe dar paso a exigir el cumplimiento de requisitos que no son propios de los establecidos para admitir la querella coadyuvante o voluntaria, toda vez que la normativa procesal prevé los mecanismos legales idóneos para que el Agente Instrucción, en los casos en que resulta evidente que los cargos endilgados por el querellante no poseen connotaciones delictivas, pueda abstenerse de ejercer la acción penal y archivar la causa.

Debe entenderse entonces que la admisibilidad de la querella es un acto de carácter formal, condicionado únicamente al cumplimiento de los requisitos de forma establecidos, más no toma en cuenta ni exige la acreditación del hecho punible ni la vinculación de los querellados, quienes adquirieren la calidad de imputado con la formulación de cargos mediante diligencia debidamente motivada -lo cual no ha ocurrido hasta el momento- contra la cual puede interponerse el incidente de controversia, como medio de impugnación (cfr Fallo de la Sala Penal de 15 de octubre de 1992).

Considerando que la procedencia de la querella penal coadyuvante no está condicionada a la comprobación de los hechos delictivos denunciados ni a la vinculación subjetiva del acusado, estima la Sala que procede reformar la resolución impugnada en el sentido de conceder parcialmente el Incidente de Controversia propuesto contra la resolución de 16 de junio de 2009, emitida por la Fiscalía Tercera Anticorrupción y, admite la querella coadyuvante presentada por L.M.S.P., en representación de C.A.P.L..

No podemos concluir, sin antes acotar que es oportuno el llamado de atención que hace el Tribunal ad quem a la parte incidentista para que se abstenga de utilizar frases peyorativas y ofensivas, pues a través de sus escritos no sólo endilga la comisión de hechos delictivos a las personas querelladas, de los que nos abstenemos de pronunciarnos porque no es el momento procesal para ello, sino que los hace extensivos a las funcionarias que han intervenido en la presente causa, específicamente contra la Fiscal Tercera Anticorrupción y las M.E.B. y A.Q., refiriéndose a estas funcionarias en los siguientes términos: "En el caso que nos ocupa la FISCAL TERCERA ANTICORRUPCIÓN, realizó actos en ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener beneficios para los querellados, como es evitar el esclarecimiento de los hechos, y lamentablemente lo mismo hicieron los M.M.E.M.B.S. y ANADINA QUIROZ" (ver fs. 101 y 119). Es palpable que la representación legal de la parte querellante ha ignorado el contenido de los artículos 215, numeral 3 y 485 del Código Judicial que impone, como deberes de las partes, abstenerse de utilizar expresiones injuriosas o indecorosas en sus escritos y guardar el debido respeto a los Jueces, Magistrados y Auxiliares del Órgano Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el Auto No. 159-P.I. de 15 de septiembre de 2009, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, DECLARA probado parcialmente el Incidente de Controversia propuesto contra la Resolución proferida por la Fiscalía Tercera Anticorrupción el 16 de junio de 2009, en el sentido de ADMITIR la querella presentada por la Lcda. L.M.S., en representación de C.A.P.L. y CONFIRMA en todo lo demás.

N. y D..

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA F.

MARIANO HERRERA (Secretario)