Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 7 de Febrero de 2003

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución: 7 de Febrero de 2003
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

INCIDENTE DE OBJECIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA, A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO MARTÍNEZ FORERO

 

VISTOS:

Conoce la Sala Penal del incidente de objeciones interpuesto por el licenciado A.O. D. S., en su condición de apoderado judicial de R.M.F., contra la Resolución 078, calendada 24 de enero de 2002, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde concede la extradición de R.M.F. solicitada por el Gobierno de la República de Italia, quien es requerido por ese país por la comisión de supuestos delitos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias ilícitas.

Explica el incidentista que la Embajada de Italia solicitó al Gobierno de la República de Panamá, la extradición formal del ciudadano colombiano R.M.F., adjuntando para ello documentación en original, apostillada y en idioma italiano, con su respectiva traducción al español.

Plantea el incidentista que el documento que acompañó el Gobierno de Italia para solicitar la extradición fue una copia de un documento que contenía 295 páginas, el cual no indica por ninguna parte ni en su encabezado ni en su parte final, si se trataba de la copia de alguna resolución o de alguna Vista Fiscal, ni que tampoco indicaba la oficina o Tribunal que expidió dicho documento, sin fecha, por lo que no se sabe si esto constituye un simple relato o relación de hechos, por lo que considera el abogado del requerido en extradición que este documento a parte de tener serias contradicciones carece de fondo y de certeza jurídica.

Por otro lado, manifiesta el Lic. D. que según investigaciones propias se ha enterado que la situación jurídica de su representado en cuanto al delito que se le endilga en la República de Italia, es que fue CONDENADO en ausencia el día 21 de diciembre de 2001 por un Tribunal de Salerno por delitos de Trafico de Sustancias Ilícitas, señalando que pese a este hecho en la solicitud de extradición del Gobierno de Italia, no se hizo acompañar la obligatoria copia autenticada de la sentencia que condena a su representado R.M.F. y cita el contenido del artículo 2510 del Código Judicial, que señala que junto con la solicitud de extradición debe acompañarse: 1."Cuando el imputado hubiere sido sancionado, copia de la sentencia ejecutoriada y de los elementos de prueba en que la misma se funde, sino aparecieren en ella".

Otro argumento del incidentista consiste en que el Gobierno de Italia ha tratado de ocultar al Gobierno de Panamá, que el señor R.M.F. fue condenado en ausencia por parte de un Tribunal de Salerno el día 21 de diciembre del 2001 a la pena de seis (6) años de prisión por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Ilícitas y al pago de una multa que asciende a 40 millones de Liras. Lo anterior según el incidentista viola lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, que establece que ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos: "2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiendose por tal, para los efectos de esta artículo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución".

Al respecto señala el Lic. O.D. que los tribunales italianos conocían a la perfección el domicilio del señor R.M.F., y como prueba cita la página 7 del documento denominado "ORDENANZA PARA LA APLICACION DE LA DETENCION PREVENTIVA EN LA CARCEL", en donde aparece claramente la dirección de su representado. Alega además que jamás se hicieron las gestiones tendientes por parte de la Interpol para tratar de notificar a su cliente para que compareciera al proceso, por lo cual no puede alegar el Gobierno de Italia que notificó personalmente al señor M.F..

Además alega el incidentista que no se puede señalar que M.F. se le imputan cargos de Adquisición, importación, posesión y cesión de ingentes cantidades de sustancias ilícitas, cuando ni siquiera el mismo residía en Italia, ya que desde hacia tiempo éste había dejado de vivir en ese país y no se puede adquirir, importar, poseer algo en Italia desde el exterior.

Lo anterior lo sustenta el incidentista con el Oficio No.C-3143/1336 suscrito en Roma el 15 de octubre de 2001 por el Cónsul General de Colombia en Roma, el señor M.F., estuvo detenido desde noviembre de 1992 hasta marzo de 1995, de acuerdo con una sentencia de 31 de enero de 1994 dictada por el Tribunal de Apelaciones de Roma y que después de marzo de 1995, su representado no ha residido más en Italia debido a que fue expulsado de ese país, residiendo desde esa fecha en Colombia hasta el 9 de septiembre de 2001, cuando se trasladó a Panamá, siendo arrestado al ingresar a territorio panameño, por lo que considera imposible que se pueda condenar a su cliente por los delitos que se le endilga.

La segunda objeción que presenta el incidentista es "Por ser contraria la solicitud de extradición a las disposiciones de la ley o de algún tratado de que fuere parte de la república de Panamá".

Señala el abogado incidentista que el Gobierno de Italia expuso los hechos del Tribunal de Salerno, despacho en el que se adelantaron las investigaciones preliminares contra el señor R.M.F.. Manifiesta además que las autoridades italianas aducen que el señor R.M.F., participó en el tráfico internacional de drogas junto con otras personas y la única prueba en contra de él es una supuesta conversación telefónica entre un tal R. que se dice es su cliente y varias personas más como el señor S.W. (q.e.p.d) y M.L.A., sobreseída en el mismo proceso y otros lo cual se encuentra a fs.232.

Narra el incidentista en los hechos del presente incidente, que los funcionarios italianos intervenían los teléfonos pinchando las conversaciones telefónicas entre el tal R., que deducen es su representado que para esa fecha residía en Colombia y otras personas residentes en Italia, alegando que esta práctica viola leyes de derecho internacional, toda vez que no se pidió autorización al gobierno colombiano para efectuar estas intervenciones telefónicas, y no se ha acreditado tampoco que las leyes italianas permitan esta práctica.

Como anteriormente había manifestado el incidentista vuelve a plantear el hecho que la condenada proferida por el Tribunal de Salerno contra su representado fue dictada en su ausencia y ni siquiera se le notificó debidamente de la causa que se le seguía para que enfrentara el proceso y se practicaran las diligencias de reconocimiento de la voz de la persona que habla en la cinta para ver si correspondía a la voz de su cliente el señor R.M.F..

Discrepa el Lic. D. con la ejecución de la sentencia extranjera si la obligación para cuyo cumplimiento es ilícito en Panamá, ya que el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, señala la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas privadas y prohíbe su intercepción.

Por último señala el incidentista que ninguna convención que se pretenda aplicar en nuestro país puede contrariar lo dispuesta en la Constitución Política de la República, menos si los delitos que se intentan endilgar a su patrocinado surgen de la intervención telefónica, por lo tanto considera el Lic. D. que la extradición decretada contra el señor R.M.F., es improcedente.

Las pruebas que acompañan el incidente de objeciones y que aporta el incidentista son las siguientes:

1- E-mail-proveniente de Italia donde se indica que el señor R.M.F. fue condenado en ausencia el día 21 de diciembre de 2001, y solicita su traducción del italiano al español, a su propias costas.

2- Aporta además copia de la resolución No.078 de fecha 24 de enero del 2002, dictada por el Ministro de Relaciones Exteriores, solicita también se autentiquen a sus costas.

3- Informe enviado por el Gobierno Italiano, el que expone los hechos y el delito endilgado contra R.M.F., solicitando además Carta Rogatoria al Cónsul General de Panamá en Italia para que verifique si e contra de su representado se dictó sentencia por el Tribunal de Salerno, el día 21 de diciembre de 2001.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Al contestar el traslado que le fuera corrido en este negocio, el Procurador General de la Nación externa opinión en el sentido siguiente:

"Esta Procuraduría observa que los documentos aportados por el incidentista, tales como: la resolución No.078 de 24 de enero de 2002 ni la copia de la nota N.C. (fs.13-14), ni la copia de la sentencia (fs.30 al 36), no están autenticadas, ni firmadas ni traducidas del idioma italiano al español, por lo cual no tienen ningún valor legal, puesto que no son aptos para lograr la nulidad de la resolución de la extradición, es decir que tales documentos no cumplen con los requisitos legales para interponer el incidentes de objeción, ni se han comprobado fehacientemente la falta de alguno de los supuestos jurídicos establecidos en el artículo 2507 del Código Judicial. Es más, los argumentos del incidentista se fundamentan, supuestamente, en el artículo 2510 del Código Judicial, QUE NO ES APLICABLE, que trata del término de 30 días para que el Estado requirente se haga cargo del extraditado. El artículo 2510 del Código anterior corresponde el artículo 2507 del actual, sobre los requisitos para sustentar el incidente de objeción, con los que el incidentista NO CUMPLIO, lo que hace improcedente el incidente, por no haber demostrado que el Ministerio Público de Relaciones no resolvió la extradición con base a la documentación válida e idónea de parte de la República de Italia.

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En cuanto a la supuesta condena en rebeldía o en ausencia (que no consta) alegados en los hechos 5, 8, 9 y 10, no procede los casos de extradición, pues el artículo 1419 (y no el art. 1409) del Código Judicial, sólo se aplica para el conocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. En este caso, tampoco cabe la analogía.

Soy de opinión que el presente incidente de objeción no es más que una táctica dilatoria del recurrente, pues no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2507 ni aporta ninguna prueba concluyente que pudiera producir la revocatoria de la Resolución N°078, que ordena la extradición, pues la documentación aportada por el gobierno de Italia, es suficiente y llena los requisitos para tal medida, que igualmente procedería, aún si M.F. hubiese sido o no condenado posteriormente, cosa que no consta fehacientemente en el expediente (fs.30 a 36).

En otras palabras, al defensor de M.F., a pesar de haber tenido suficiente tiempo, de septiembre de 2001 a la fecha del incidente de objeción, el 8 de febrero de 2002, (4 meses), NO APORTÓ LA PRUEBA AUTENTICADA TRADUCIDA, sino que pretendiendo dilatar el proceso, pide se solicite a través de una Carta Rogatoria, sin llenar ningún requisito ni formal ni de fondo.

En consecuencia, OPINO y ME RATIFICO que es procedente la extradición de R.M.F., de nacionalidad colombiana, tal como se dispone en la Resolución N°078 del Ministerio de Relaciones Exteriores y pido que se rechace de plano el incidente de objeción, por no estar sustentado".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Para resolver sobre las objeciones formuladas por la defensa técnica de R.M. F., se hace necesario determinar si el incidente que ahora se considera ha sido interpuesto de conformidad con el mandato del artículo 2507 del Código Judicial. Esta norma requiere el cumplimiento de formalidades para la proposición del incidente de objeciones, el cual debe ser interpuesto dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha en que fue notificada la resolución que notifica a la persona reclamada, si muestra su conformidad con la extradición solicitada entonces se le podría a disposición del Estado requirente.

Ahora bien, el apoderado judicial de R.M.F. interpuso el incidente de objeciones contra la Resolución No.078 del 24 de enero de 2002, proferida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá Lcdo. J.M.A. el cual le envía al Procurador General de la Nación para que se tramite la solicitud de formal extradición presentada por el Gobierno de Italia contra R.M.F..

En la parte medular de esa resolución, se observa que el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó lo siguiente:

"Que la Procuraduría General de la Nación con Providencia de 12 de noviembre de 2001, determinó luego de la revisión de la documentación aportada por la Honorable Embajada de Italia, que la solicitud formalizada para la extradición del ciudadano colombiano R.M.F., reúne los requisitos legales que nuestra ley exige para tal fin, disponiendo su remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Organo Ejecutivo decida la concesión o no de la extradición.

Luego de considerar la respuesta de la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada del análisis correspondiente al expediente contentivo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano R.M.F., y dado que se cumplen los requerimientos institucionales contemplados en los Artículos 2500, 2501, 2502 y 2503 y demás del Código Judicial de la República de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER la extradición solicitada por el Gobierno de la República de Italia del ciudadano R.M.F..

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al extradito formalmente, informándole que si no está conforme con la misma de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2507 del Código Judicial, tiene un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación para presentar incidente de objeciones ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que se sustanciará con audiencia del Ministerio Público".

Primeramente, debemos indicar que el artículo 2507 del Código Judicial señala cuáles son las causas que se pueden objetar en una solicitud de extradición y, se observa que el incidentista apoya el incidente de objeciones en el numeral 2 y 4 del artículo 2507 del Código Judicial.

Como quiera que la figura de la extradición tiene desarrollo en nuestra legislación, a criterio de la Corte es dable al recurrente utilizar la via del incidente de objeciones para garantizar los derechos del imputado contra la tramitación de la solicitud del Estado requirente.

No hay que perder de vista que la ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la ley 13 de 27 de julio de 1994, en el Capítulo Tercero regula de manera especial la extradición en materia de delitos relacionados con droga.

Dicha ley, en su artículo 27, establece el trámite que debe seguirse en las extradiciones de esta naturaleza, en ese sentido, el numeral dos dispone:

"Artículo 27: La petición de extradición en materia de delitos relacionados con drogas se sujetará a las siguientes reglas:

....

  1. Recibida la petición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el término de cinco (5) días hábiles la dirigirá al Procurador General de la Nación. Si dicha petición es admitida, el Procurador ordenará inmediatamente la detención provisional de la persona cuya extradición se solicita.

    Esta detención provisional no podrá ser superior a los sesenta (60) días calendarios. ...

    Al momento de ser detenido provisionalmente es cuando el reclamado deberá ser notificado de sus derechos, tal como le prevé el numeral 3 del artículo 27 ibidem.

    Como se observa, el procedimiento contemplado en la ley 23 de 1986, es diferente al consagrado en el Título IX, Capítulo V, Libro Tercero del Código Judicial. En cuyo artículo 2507 se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará a la persona reclamada la resolución en la que decide que estima procedente la solicitud de extradición y en un plazo de quince días a partir de esa notificación, podrá presentar incidente de objeciones.

    Aclarado lo anterior, la Sala entra a examinar la causa que nos ocupa a efectos de decidir lo que en derecho corresponda.

    De conformidad con el texto del artículo 2507 del Código Judicial, el incidente de objeciones procede cuando se presentan los siguientes supuestos:

  2. Que no es la persona cuya extradición se solicita.

  3. Por defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados.

  4. Por improcedencia de la solicitud de extradición al no estar debidamente fundamentado el derecho del Estado requirente; y

  5. Por ser contraria la solicitud de extradición a las disposiciones de la ley o de algún tratado de que fuera parte la República de Panamá.

    Al examinar las constancias sumariales se advierte que mediante Nota No.001549 de 13 de septiembre de 2001, el Gobierno de la República de Italia mediante su embajada en Panamá, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano R.M.F., quien está siendo requerido por el Tribunal de Salerno, Italia, por la supuesta comisión de delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

    Posteriormente observa esta S., que la Embajada de Italia mediante Nota No.001841, fundamentó la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de R.M.F., ante el Gobierno de Panamá, exigido por la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, y el principio de cortesía Internacional y aportó, para ello los siguientes documentos:

  6. Exposición de los hechos y los delitos que fundamentan la solicitud.

  7. Copia de la orden de detención (No.2649/96 R.N-823/97 G.I.P emitida el 22 de junio de 1989.

  8. Copia de los textos legales que describen el tipo penal.

  9. Copia de los textos legales relativos a la prescripción de la pena y de la acción penal.

    Además en fecha posterior la embajada de Italia en Panamá, mediante nota diplomática No.1849 de 6 de noviembre de 2001, certifica lo siguiente:

  10. La no aplicación de pena de muerte ni prisión perpetua.

  11. Que el requerido no será juzgado por delitos distintos del que fundamenta la petición de extradición.

    Por último el Gobierno de Italia aportó mediante Nota Diplomática No.001865 calendada 7 de noviembre de 2001, el registro central de identificación del señor M.F., contentivo de vista fotográfica, copia de huellas dactilares, y datos de filiación del requerido.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente la resolución No.078 de 24 de enero de 2002, donde concede la extradición solicitada por el Gobierno Italiano del señor R.M.F..

    Contra la resolución No.078 emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que concede en extradición al señor R.M.F., por petición del Gobierno de Italia, el Lic. A.O.D. presentó incidente de objeciones donde alega como primera causa de objeción "LOS DEFECTOS DE FORMA DE QUE ADOLECEN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS" (numeral 2° del artículo 2510 del Código Judicial). Al respecto el artículo 2510 del Código Judicial dice lo siguiente:

    Art. 2510 C.J: Si la extradición se hubiere concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo del reclamado dentro del término de treinta días comunes, a contar desde la fecha en que ha sido puesto a disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo se pondrá en libertad al reclamado, si estuviese privado de ella".

    Al respecto esta S. debe manifestar que el artículo citado no guarda congruencia con la pretensión planteada por el incidentista, cuando señala que los documentos presentados adolecen de defectos de forma. Este es un error cometido por el incidentista.

    Aduce el incidentista que el documento que acompañó la Embajada de Italia para sustentar la solicitud de extradición es una copia de un documento que posee 295 páginas, el cual no se indica ni en su encabezado ni en su parte final si es copia de alguna resolución o copia de una Vista Fiscal, desconociendose tampoco la fecha, el tribunal que la expidió, o si es un simple relato de hechos, por lo que considera el incidentista que este documento carece de sustento jurídico.

    De lo planteado en el escrito de objeciones esta S. infiere que el Lcdo. A.O.D., quiso sustentar sus argumentos en base al artículo 2507 del Código Judicial, empero esta Corporación de Justicia, debe manifestar lo siguiente:-

  12. -El numeral 1° del artículo 2507 dice que el incidente de objeciones procede cuando no sea la persona a la cual se le solicita la extradición, pero encontramos que no es éste el caso, ya que el señor R.M.F. se encuentra bien identificado en la causa.

  13. -El numeral 2°, trata sobre defectos de forma de los que adolezcan los documentos presentados, esta S. considera que el Gobierno de Italia fundamentó debidamente la solicitud de extradición contra R.M.F..

  14. -El 3° numeralseñala como otra causa de objeción, que el Estado no fundamente de manera adecuada la solicitud de extradición, y ya hemos manifestado que este no es el caso.

  15. -En cuanto al numeral 4° del artículo 2505 del Código Judicial, señala que podrá ser denegada la solicitud de extradición si se diese el caso de que la solicitud de extradición fuere contraria a la ley panameña o algún tratado firmado por la República de Panamá, pero consideramos una vez leído el cuadernillo y los antecedentes del caso, que la solicitud de extradición no viola ni es contraria a ninguna ley vigente en la República de Panamá.

    La Sala es del criterio que los documentos presentados por la Embajada de Italia, para sustentar la solicitud de extradición del señor R.M.F., cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2498 del Código Judicial.

    En cuanto a la segunda objeción que señala el incidentista tenemos que aduce "POR SER CONTRARIA LA SOLICITUD DE EXTRADICION A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY O DE ALGUN TRATADO DE QUE FUERE PARTE LA REPUBLICA DE PANAMA".

    Esta Corporación de Justicia debe señalar que el incidentista nuevamente yerra al manifestar en su escrito de objeciones al sustentar su pretensión en el artículo 2510 del Código Judicial el cual no guarda relación con lo planteado en el recurso de objeciones. Esto es debido a que el mismo artículo versa sobre lo siguiente: "Si la extradición se hubiere concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo del reclamado dentro del término de treinta días comunes, a contar desde la fecha en que ha sido puesto a su disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo se pondrá en libertad al reclamado, si estuviese privado de ella". Entonces en el escrito de objeciones el Lcdo. D. manifiesta que el numeral 2 del referido artículo señala: "Cuando se trate de un imputado, (debe acompañarse) copia del auto de enjuiciamiento o de prisión preventiva, así como de los elementos de prueba en que se basen dichas decisiones", lo cual no guarda relación alguna entre lo planteado y el artículo citado.

    Seguidamente en el cuarto punto de hechos de la segunda causal (pág.8), se cita el artículo 1409 del Código Judicial, el cual no guarda congruencia con el argumento planteado.

    Se entiende en el escrito de objeciones que la redacción del punto referido trata sobre lo planteado en el artículo 1419 del Código Judicial, por lo que considera necesario dejar claro que en materia de extradición no es aplicable el artículo 1419 del Código Judicial, toda vez que ésta norma versa sobre el procedimiento de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Panamá, que es un trámite totalmente distinto al proceso de extradición. Además, debemos agregar que en materia de extradición no habrá lugar a impugnar lo actuado antes de dictada la resolución que concede la misma.

    La Sala concluye que, el Estado requirente ha cumplido con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico interno, y la resolución No.078 de 24 de enero de 2002 emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 2507 del Código Judicial, considera que la referida resolución fue dictada conforme a los procedimientos legales correspondientes para conceder en extradición al señor R.M.F., por tanto, DENIEGA el incidente de objeciones presentado por el Lic. A.O.D..

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución Ministerial N°078 de 24 de enero de 2002, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y DENIEGA el incidente de objeciones interpuesto por el Lic. A.O.D. a favor de R.M.F..

    N. y Devuelvase,

    (fdo.) A.S.

    CÉSPEDES

    (fdo.) G.J.D.C. (fdo.) CÉSAR

    PEREIRA BURGOS

    (Con Salvamento de Voto)

    (fdo.) MARIANO HERRERA

    Secretario

    SALVAMENTO DE VOTO DE

    GRACIELA J. DIXON C.

    Al leer la resolución expedida por esta Sala Penal, que concluye DENEGAR el incidente de objeciones interpuesto contra la Resolución Nº 078 de 24 de enero de 2002, por la cual el Órgano Ejecutivo, integrado por la Presidenta de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, decide conceder la extradición del señor R.M.F., de nacionalidad colombiana, al gobierno de la República de Italia, quien requiere al extraditable por la presunta comisión de supuestos delitos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias ilícitas, debo manifestar lo siguiente:

    Primeramente, se señala en la resolución que el incidentista fundamenta su pretensión en los numerales 2 y 4 del artículo 2507 del Código Judicial.(F.55)

    No obstante, en el contenido del fallo se hace referencia a que el incidentista invoca como fundamento de derecho los numerales 2 y 4 del artículo 2510, lo cual es un error ya que la norma no es congruente con el argumento esgrimido, puesto que se refiere a la concesión de la extradición y el término en que el Estado requirente debe hacer efectivo el traslado del extraditable a su territorio.(Fs.58-59)

    Cabe señalar que en el libelo de objeción el incidentista citó el artículo 2510 que correspondía a la numeración anterior a la promulgación del Texto Único del Código Judicial, por lo cual se entiende que el fundamento legal se basa en el artículo 2507 del ordenamiento jurídico vigente, que en sus numerales 2 y 4 establece como causales del incidente de objeciones "los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados" y "por ser contraria la solicitud de extradición a las disposiciones de la ley o de algún tratado de que fuere parte le República de Panamá".

    En segundo lugar, se aprecia que en la motivación del fallo se transcriben en dos ocasiones, los 4 numerales del artículo 2507 del Código Judicial que consagra las causales de objeción(Fs.55-56 y 58), lo cual considero pudo obviarse por cuanto que la pretensión del indicidentista se centra en los numerales 2 y 4 de la norma en comento.

    Otro aspecto que debo señalar es que al analizar la primera causal aducida por el incidentista, es decir, los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados, se hace mención de las pruebas documentales que aportó el Estado requirente(Fs.56-57), pero no se hace un análisis sobre las formalidades que deben cumplir dichos documentos, es decir, si están debidamente legalizados y traducidos al español, tal cual lo preceptúa el artículo 42 Texto Único de la Ley 23 de 1986.

    En ese sentido, no se indica si los documentos están autenticados o apostillados, y traducidos al idioma español por un traductor público autorizado del Estado requirente, que en el caso que nos ocupa es el Gobierno de la República de Italia.

    De otra parte, se señala que el Estado requirente aportó la copia de los textos legales que describen el tipo penal(F.57), pero no especifica cuál es el delito que se le imputa al extraditable, mención que es necesaria puesto que el numeral 8 del artículo 44, Texto Único de la Ley 23 de 1986, señala taxativamente que no se concederá la extradición "cuando el hecho considerado punible conforme a la legislación del Estado requirente no estuviese tipificado como delito por la Ley penal panameña".

    En otro orden de ideas, se expresa en la resolución que "aduce el incidentista que el documento que acompañó la Embajada de Italia para sustentar la solicitud de extradición es una copia de un documento que posee 295 páginas el cual no se indica ni en su encabezado ni en su parte final si es copia de alguna resolución o copia de una Vista Fiscal, desconociendose (sic)tampoco la fecha, el tribunal que la expidió, o si es un simple relato de los hechos, por lo que considera el incidentista que este documento carece de sustento jurídico."(F.58)

    Sin embargo la resolución concluye que "la Sala es del criterio que los documentos presentados por la Embajada de Italia, para sustentar la solicitud de extradición del señor R.M.F., cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2498 del Código Judicial."(Fs.58-59), sin realizar el análisis de los mismos y descartar la afirmado por el incidentista.

    Con el debido respeto, considero que la Sala debió pronunciarse sobre la causal contenida en el numeral 2 del artículo 2507 del Código Judicial, siendo que el objeto del debate se centra en los aspectos de forma que deben cumplir los documentos que acompañan la solicitud de extradición.

    Aunado a ello, se debe tener presente que en el caso específico de los delitos relacionados con drogas, las pruebas documentales que debe aportar el Estado requirente están descritas en el artículo 42 del Texto Único de la Ley 23 de 1986 y no en el artículo 2498 del Código Judicial. Dicha norma exige, entre otras cosas, que el Estado requirente aporte una certificación en que haga constar que no se dan las circunstancias señaladas en los numerales 2,3, 4 y 5 del artículo 44 de dicha ley, que consagra las causales por las cuales se deniega la extradición, requisito al cual no se hace referencia en el fallo.

    En cuanto a la segunda causal aducida por el incidentista, como ya manifesté, se advierte que nuevamente se hace referencia al yerro de citar el artículo 2510 del Código Judicial, aun cuando se señaló que la causal aducida está contenida en el numeral 4 del artículo 2507 del Texto Único del Código Judicial. De allí que el error del incidentista se debió a la imprecisión en relación a la numeración establecida por el Texto Único.

    De otra parte, se expresa en la resolución que el Lcdo. DAWKINS manifiesta que el numeral 2 del referido artículo señala: "Cuando se trata de un imputado,(debe acompañarse) copia del auto de enjuiciamiento o de prisión preventiva, así como de los elementos de prueba en que se basen dichas decisiones", lo cual según se indica en el fallo, se aprecia a foja 8 del expediente.

    Al revisar el escrito de objeciones del incidentista se observa que el planteamiento que antecede consta a foja 4 del expediente y se hizo con relación a la primera causal aducida, es decir, considera el Licdo. DAWKINS que la solicitud adolece del requisito de aportar la copia del auto encausatorio, lo cual está regulado en el numeral 2 del artículo 2498 del Código Judicial y no en el artículo 2510 como se señaló en el libelo.

    En consecuencia, estimo que el argumento del incidentista pudo haber sido confrontado con la causal referente a los defectos de forma y no mencionarse en el análisis de la segunda causal.

    Por último, se menciona que el incidentista "cita el artículo 1409 del Código Judicial, el cual no guarda congruencia con el argumento planteado", norma que versa sobre la ejecución de sentencia extranjeras.

    Comparto la opinión de la resolución en cuanto a que la norma citada no es aplicable al caso en comento.

    No obstante, de la lectura de los fundamentos de hecho que sustentan la segunda causal aducida por el incidentista se desprende que la disensión se centra en que las únicas pruebas que el Estado requirente menciona para establecer la vinculación del extraditable con los delitos de asociación ilícita para delinquir relacionado al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y por adquisición, importación, posesión y cesión de ingentes cantidades de drogas, son conversaciones telefónicas que sostuvo un individuo de nombre R. en Colombia con S.W. en Italia.(F.8)

    Sostiene el incidentista que las pruebas fueron obtenidas por investigadores italianos a través de pinchazos telefónicos, lo cual contradice el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, por tanto considera que se ha vulnerado el derecho interno.(Fs.8-9)

    Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que la causal del numeral 4 del artículo 2507 va dirigida al examen de la solicitud de extradición frente al orden jurídico interno, de allí que pudo haberse analizado ese aspecto para establecer si la petición no es contraria a la Constitución Nacional, el Capítulo III del Texto Único de la Ley 23 de 1986, el Capítulo V, Título IX del Libro Tercero del Código Judicial y la Ley 20 de 7 de diciembre de 1993, por la cual se aprobó la Convención de las Naciones Unidas para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, normas que regulan la materia de extradición en delitos relacionados con droga.

    En consecuencia, y con el debido respeto, debo expresar que en la resolución que nos ocupa se pudo analizar con mayor profundidad los argumentos en que se basa la defensa técnica a fin de fundamentar más ampliamente la decisión de la Sala.

    Siendo esta la situación y toda vez que no comparto el criterio expuesto por mis distinguidos colegas que integran la Sala, respetuosamente Salvo el Voto.

    Fecha ut supra.

    GRACIELA J. DIXON C.

    MARIANO E. HERRERA

    Secretario