Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Marzo de 2003

PonenteCésar Pereira Burgos
Fecha de Resolución13 de Marzo de 2003
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema del incidente de controversia contra la providencia de 29 de noviembre de 2002, proferida por la Fiscalía Undécima del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual ordena la recepción de declaración indagatoria a la licenciada Concepción Corro de Tello, D. General del Sistema Penitenciario, por la comisión del delito de infracción de los deberes de servidor público.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA

De acuerdo al incidentista, el Ministerio Público, mediante la providencia de 29 de noviembre de 2002, ordena la declaración indagatoria a la licenciada C. porque no le dio "curso al Oficio 1395 de fecha 21 de agosto de 2001, emitido por la Fiscalía Primera Superior del primer Distrito Judicial de Panamá, mediante el cual se solicitó el traslado a otro centro penitenciario, por motivos de seguridad, de señor A.S.S.L.... en tiempo oportuno, provoco (sic) los hechos en que posteriormente causaron la muerte de señor...S.L...." (F.3), deceso que ocurrió el 15 de septiembre de 2001.

Explica el incidentista que pese a que el oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001 fue recibido el 24 de agosto de 2001 en la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, las declaraciones de las funcionarias C.M. (fs. 158-160), y de M.L.G.L. (fs. 161-163), reconocen que "a nuestra representada nunca se le hizo llegar el mismo, ni tuvo conocimiento alguno del mismo" (f.3). En adición, está la declaración de la licenciada R.C.V. (fs. 174-177) "quien señala que el referido oficio nunca le fue entregado" a la licenciada Corro (f.3).

El incidentista también impugna la orden de declaración indagatoria contra la licenciada C. por "errores administrativos cometidos por sus subalternos y que escapan a su responsabilidad, imputandole una responsabilidad objetiva proscrita en el derecho penal" (f. 4).

Otro argumento del incidentista se basa en que la orden de declaración indagatoria indica que la funcionaria acusada incurrió en el artículo 338 del Código Penal, el cual contiene los verbos rectores de rehusar, omitir o retardar. Sobre el particular, señala que"el Oficio No. 1395 de fecha 21 de agosto de 2001... nunca llegó a nuestra representada, razón por la cual no es posible jurídicamente decir que la Licenciada CORRO DE TELLO rehusó, omitió o retardó lo solicitado en dicho oficio cuando la misma nunca tuvo conocimiento del mismo..." (F.5).

El incidentista plantea además que en el expediente hay ausencia de dolo por parte de su mandante, y lo que pretender el funcionario de instrucción es imponer una responsabilidad objetiva, teoría que no es aceptada en nuestra legislación (fs.6-7).

Concluye el incidentista con que la nota de 9 de agosto de 2001 suscrita por el M.E.V. (fs. 142-143), el oficio No. 1274 DGSP de fecha 22 de noviembre de 2001 (fs. 156-157), y otros oficios visibles a fojas 184, 193, 199, que revelan que "que no existían otros elementos que hicieran suponer a nuestra representada que el señor A.S.S.L.... corría peligro alguno en las instalaciones carcelarias donde permanecía recluido" , por lo solicita la revocatoria de la resolución de 29 de noviembre de 2002, emitida por la Fiscalía Undécima del Primer Circuito de Panamá (fs. 8-9).

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El jefe del Ministerio Público advierte contra la licenciada C. está el hecho que tres semanas antes de la muerte de S.S.L., la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial le había solicitado a la licenciada C. que procediera al traslado del ahora fallecido porque le había formulado cargos delictivos contra otro interno -L.M.- por lo que su vida estaba en peligro (f.25). También se aprecia la diligencia de Inspección Ocular a la Dirección General del Sistema Penitenciario, de la cual se desprende que el 24 de agosto de 2002 esa Dirección recibió el Oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001.

Detalla el Procurador General de la Nación que la nota fue recibida por C.M., R. de la Dirección, que luego fue llevada al Despacho de la Dirección, donde fue recibida por M.G., y que "con posterioridad la nota debió ser colocada en el escritorio de Rosa Cárdenas, Asesora Legal de la Dirección, quien debió darla a conocer a la Directora...procedimiento que no pudo comprobarse si se realizó, al no haberse podido determinar a qué funcionario se le hizo entrega la misma para su trámite" (fs.25-26).

El jefe del Ministerio Público también señala que la licenciada C., mediante nota de 22 de noviembre de 2001, expresó que aún cuando revisaron los libros de control de entrada y salida de la documentación, no le fue posible localizar el oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001.

El Procurador General de la Nación también se refiere a la declaración de A.H., Director del Centro Penitenciario La Joya, quien expresó que no tuvo conocimiento de algún traslado del interno A.S.S.L., que I.C. castillo, C.M.G.C.R., A. S.M. y M. delR.O.G., todos funcionarios de la Dirección del Sistema Penitenciario, afirman que no vieron el oficio en cuestión (f27).

Con todo lo anterior, el jefe del Ministerio Público es del criterio que el oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001, " no se le dio el curso correspondiente para atender la solicitud, en razón a que se extravió en la oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario" (f.27). Ello, y concluye le Procurador General de la Nación, "el señor A.S.S.L. permaneció recluido en el mismo pabellón del Centro carcelario La Joya, siendo asesinado semanas después..." (F. 27).

Concluye el Procurador General de la Nación con el criterio que la conducta de la licenciada C. se adecua al delito de "omisión de actos oficiales que consagra el artículo 338 del Código penal, "toda vez que el acto omitido consiste en el no diligenciamiento del Oficio 1395 de 21 de agosto de 2001 de la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, omisión que permitió que se diera... el homicidio de A.S.S.L.... quien había advertido su preocupación por su seguridad al estar recluido en el mismo pabellón que L.A.M. G., a quien había acusado de cometer un homicidio..." (fs. 28-29). Y es del criterio que "al haberse acreditado el delito, y dada la probable vinculación de Concepción Coro con el ilícito, que surge por la omisión de funciones inherentes a su cargo," concluye que debe negarse el incidente de controversia presentado por la defensa técnica de Corro contra la providencia que ordena hacerle declaración indagatoria en contra de como presunto infractor de los delitos que contienen el capitulo IV, Título X del Código Judicial (f.30).

DECISION DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA

Es importante adelantar que mediante Oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001 la Fiscal Primera del Primer Distrito Judicial de Panamá le solicitó a la licenciada Concepción Corro de Tello, en su condición de D. General del Sistema Penitenciario, que trasladara al interno S.A.S. L. hacia otro Centro Penitenciario. De acuerdo a la nota, la petición obedecía a que S. L. estaba en el mismo pabellón en el que se encontraba L.A.M.G., a quien S.L. le había formulado cargos por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de G.B..

El 14 de septiembre de 2001, S.A.S. L. recibió múltiples heridas punzo-cortantes en la parte anterior y posterior de su cuerpo, y fallece por choque hemorrágico y por las heridas punzo-cortantes múltiples en el tórax.

El 10 de octubre de 2001, la Fiscal Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá le ordenó al Fiscal Undécimo del Primer Circuito Judicial de Panamá que iniciara de oficio una investigación penal, toda vez que el traslado solicitado mediante el Oficio No. 1395 de 21 de agosto de 2001 "no se realizó y el día 14 de septiembre de 2001,... SHARMA LOPEZ falleció a consecuencia de heridas producidas por arma blanca a manos de otros detenidos y donde está involucrado L.A.M.G." (f.1, ant).

Ahora corresponde examinar el acto censurado, cual es la providencia de 29 de noviembre de 2002, dictada por la Fiscalía Undécima del Primer Circuito Judicial de Panamá, que ordena recibirle declaración indagatoria a la licenciada Concepción Corro por ser infractora del artículo 338 del Código Penal (fs500B.508, ant), con el fin de determinar si cumple con los presupuestos que exige el artículo 2092 del Código Judicial, que son la existencia del hecho punible y la probable vinculación del imputado.

De acuerdo a la providencia atacada, el hecho punible que le endilgan a la funcionaria acusada es el que prevé el artículo 338 del Código Penal, que señala lo siguiente

"El servidor público que indebidamente rehúse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, será sancionado con 25 a 100 días multa, siempre que tal hecho no tenga señalada otra pena por disposición especial"

Conceptualmente, el hecho punible es toda conducta humana legalmente descrita que, por lesionar esenciales condiciones del desarrollo y seguridad de la sociedad, exige como respuesta una sanción penal. Desde una concepción dogmática, el hecho punible está compuesto por una acción, típica, antijurídica y culpable.

En cuanto a la acción, el artículo 338 del Código Penal admite la omisión como la modalidad en que se manifiesta la acción delictiva, pero basado en que la simple conducta de no hacer algo configura el delito.

El otro elemento que debemos atender del delito que nos ocupa es la tipicidad., que implica la adecuación de la conducta del agente a los elementos del tipo. El tipo es la descripción legal de todos los elementos del hecho, que es lo que delimita una figura delictiva de otras. Cabe señalar que si se logra comprobar que la conducta del sujeto se adecua al tipo penal, esa situación implicaría un indicio de que la conducta es antijurídica.

El tipo penal puede estructurarse en un tipo positivo, donde se aprecia, como mínimo, elementos tales como el sujeto activo, la acción o conducta, positiva u omisiva, objeto material, el sujeto pasivo y el bien jurídico.

Ahora bien, es por todos conocidos que los tipos atienden a una clasificación. Así, la clasificación más conocida es que pueden haber tipos básicos y tipos derivados. Los tipos básicos contienen los elementos fundamentales o esenciales de una determinada conducta delictiva. Cuando la ley añade otros elementos, se forman los tipos derivados.

Otra clasificación es la que se refiere a los tipos abiertos y tipos cerrados. Los tipos cerrados son aquellos en que la conducta prohibida se encuentra íntegramente descrita, lo que permite que adecuar de manera directa o inmediatamente la conducta del actor, sin que el operador de justicia deba acudir a otro ordenamiento jurídico para completar su significado.

En los tipos abiertos o necesitados de complemento, son aquellos cuya conducta no está íntegramente descrita en la norma porque el legislador remite a otro ordenamiento jurídico para completarla; mientras que tal concreción no se efectúe, es imposible que hablemos de adecuación típica. Sobre el particular, la doctrina plantea que estos tipos abiertos implican que "el contenido fáctico y específico se haya dispuesto en otras normas jurídicas. Son leyes en blanco en la medida en que deben ser complementadas mediante otras leyes en sentido formal o en sentido material (decretos, reglamentos, etc.) Que señalan su contenido, integrante de la infracción" ( La Autoría. La Tipicidad. Estudio de Derecho Penal General. Editorial Jurídica Bolivariana. Bogotá.1997. pág. 320)

El artículo 338 del Código Penal constituye un tipo penal abierto, ya que la estructura del delito se complementa con normativas legales, ajenas al ámbito penal, que regulan las funciones inherentes al cargo del servidora pública que ostenta la licenciada Corro, en este caso la de Directora de Sistema Penitenciario.

El anterior razonamiento, más el examen de la providencia atacada por vía incidental, indica con claridad que el funcionario de instrucción presenta de manera deficiente la estructura del tipo penal que supuestamente ha infringido la funcionaria acusada. En otros términos, no ha comprobado la existencia del hecho punible, por considerar que no explica de manera razonada cuales fueron los actos omitidos por la servidora pública que le eran inherentes a sus funciones. Ello implica que el funcionario de instrucción omitió citar y explicar cual o cuales son las disposiciones legales vigentes que le establecen las atribuciones a la funcionaria acusada y cuales fueron las que supuestamente omitió, porque solo así es posible complementar la estructura del tipo penal que prevé el artículo 338 del Código Penal.

El tipo penal tiene íntima relación con el principio de legalidad, pues el juzgador no puede enjuiciar como ilícitos, aquellos comportamientos que no se adecuan a lo descrito en la ley penal. A juicio de la Sala Penal de la Corte Suprema, el funcionario de instrucción no le ha formulado los cargos a la funcionaria pública de manera clara, precisa y comprensible, pues no sustenta de manera adecuada los elementos que componen el tipo penal del artículo 338 del Código Penal.

Estas apreciaciones traen otra consecuencia: que es difícil construir el delito que le imputan a la funcionaria acusada si el funcionario de instrucción no ha comprobado que su conducta es antijurídica, toda vez que la antijuridicidad penalmente relevante solo es aquella conducta que se subsume dentro de un tipo penal determinado.

Y lo más importante del examen de la diligencia de indagación radica en que el funcionario de instrucción no ha comprobado, aún de manera indiciaria, que la funcionaria acusada incurrió en una omisión dolosa.

La acción típica y antijurídica exige la culpabilidad como último elemento de la noción de delito. La culpabilidad se manifiesta de dos forma: el dolo y la culpa.

Como quiera que los casos de culpa son expresamente previsto por la ley (art. 30 C.P), la conducta que prevé el artículo 338 del Código Penal se adecua a la modalidad dolosa.

La providencia que ordena la declaración indagatoria a la licenciada Corro de T. se basa en una serie de pruebas que revelan que el Oficio 1395 de fecha 21 de agosto de 2001, emitido por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, "fue extraviado dentro de las oficinas de la Dirección del Sistema Penitenciario... sin que se le diera el curso o trámite contenido en la solicitud..." (F.19). En esa misma dirección el funcionario de instrucción agrega que "Luego de las actuaciones judiciales llevadas a cabo dentro del dossier, se logró establecer que la solicitud de traslado ... no fue hecha efectiva por razón de que el oficio que contenía esta petición fue extraviado dentro de las instalaciones u oficinas de la Dirección General del Sistema penitenciario, sin que se le impartir el trámite correspondiente..." (F.18)

Como se observa, el funcionario de instrucción ha comprobado un hecho: que el documento se extravió dentro de las oficinas de la Dirección del Sistema Penitenciario. Pero de ese hecho, que es apoyado con pruebas allegadas al cuaderno penal, no se desprende que la funcionaria acusada tenía conocimiento que omitía algún acto inherente a sus funciones, y que por esa omisión podía representarse el daño o el peligro que podía provenir de su conducta. En otras palabras, no está acreditado que la funcionaria acusada ha querido la realización del hecho legalmente descrito, o que aceptó como posible la realización del delito a causa de su actuar omisivo.

En síntesis, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema desestima el razonamiento que el funcionario de instrucción ha efectuado para ordenar la declaración indagatoria de la licenciada Concepción Corro de T., que es posible apreciar en la providencia de 29 de noviembre de 2002, proferida por la Fiscalía Undécima del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECIDE REVOCAR la providencia de 29 de noviembre de 2002, proferida por la Fiscalía Undécima del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual ordena la recepción de declaración indagatoria a la licenciada Concepción Corro de Tello, D. General del Sistema Penitenciario, por la comisión del delito de infracción de los deberes de servidor público.

N. y Devuélvase

CÉSAR PEREIRA BURGOS

ROBERTO GONZALEZ R. -- ANIBAL SALAS CESPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)

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