Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Febrero de 2004

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:10 de Febrero de 2004
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense F., B., M. y M., en representación de RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA y G.N. DE LA GUARDIA DE GUARDIA, promovieron incidente ante la Sala Tercera contra las Resoluciones No. 001-2002 (Anexo 03-01), No. 004-2002 (Anexo 03-04) y No. 005-2002, expedidas por los Liquidadores Bancarios de Banco Disa, S.A. el 4 de abril de 2002.

La primera de las aludidas resoluciones detalla los nombres de los clientes que al 28 de febrero de 2002 poseen préstamos con Banco Disa, S.A. e indica el total adeudado en concepto de capital, intereses y otros cargos; la segunda, lista las personas que mantienen depósitos a plazo fijo en esa entidad bancaria y la tercera, niega la aplicación de la compensación a los acreedores con saldos deudores a favor de Banco Disa, S.A. a la fecha de la declaratoria de la liquidación forzosa administrativa y establece que éstos deberán someterse a los procedimientos y reglas de distribución de la liquidación forzosa, sin preferencias o prelación alguna (Cfr. fs. 17, 21 vuelta y 23).

Sostiene la apoderada judicial de los incidentistas, que las resoluciones mencionadas no indican en ninguna de sus partes que las supuestas obligaciones de los señores NOVEY DE LA GUARDIA, por B/.782,623.59 (GABRIELA NOVEY DE LA GUARDIA) y B/.790,061.35 (RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA), están garantizadas con prenda mercantil sobre los depósitos a plazo fijo No. 5500008784 de GABRIELA NOVEY DE LA GUARDIA y No. 5500008777, de RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA, cuyos montos, tal como ha sido expresamente reconocido por los Liquidadores Bancarios, exceden el monto de las obligaciones.

Agrega la firma forense F., B., M. y M., que la suma que aparece reflejada en la Resolución No. 001-2002 de 4 de abril de 2002, como saldo adeudado por los incidentistas, no se corresponde con la realidad, pues, mediante sendas notas fechadas 9 de noviembre de 2001, recibidas en el Banco ese mismo día, impartieron una instrucción autorizando a Banco Disa, S.A. a debitar de su depósito bancario pignorado el monto total adeudado y en consecuencia, quedaba saldada la deuda que existía a favor de Banco Disa, S. A.

Expresa además dicha firma de abogados, que ninguna de las cartas de instrucción fue objetada o rechazada por los Liquidadores Bancarios; que tales instrucciones se impartieron al momento en que Banco Disa, S.A. fue declarado en intervención por la Superintendencia de Bancos; que se trataba de una instrucción específica de debitar las cuentas pignoradas para que se pagara el préstamo con entera prescindencia de si el Banco estaba en capacidad de devolver el diferencial del depósito, es decir, que estaban obligados a la compensación de obligaciones.

En ese orden de ideas, plantea la apoderada de los incidentistas que aun si los incidentistas, en su doble condición de acreedores y deudores, no hubiesen impartido la mencionada instrucción, el Banco tenía un claro derecho a utilizar los fondos pignorados a su favor, pertenecientes a los clientes para compensar cualquier crédito que éste tuviese contra los señores RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA y G.N. DE LA GUARDIA.

La precitada firma de abogados reitera que el Decreto-Ley 9 de 1998 en ninguno de sus artículos prohíbe la compensación como mecanismo para saldar activos y pasivos entre un banco en intervención, ni en liquidación, como depositario y un depositante que ha constituido prenda mercantil sobre dicho depósito, a favor del referido Banco. Con dicha forma de cancelar obligaciones no se está pagando a los señores NOVEY DE LA GUARDIA sus depósitos, ni se les está poniendo en situación de ventaja o preferencia respecto de los demás acreedores/depositantes. Sin embargo, al margen de ello, la compensación entre los señores NOVEY DE LA GUARDIA y Banco Disa, S.A. no deriva de la simple condición de depositarios/deudores o de recíprocamente obligados, sino de una relación contractual particular, en virtud de la cual, ambos constituyeron a favor de dicho Banco una garantía prendaria sobre su depósito. Es decir, de manera expresa y voluntaria, convinieron con el Banco que el depósito que éstos mantenían en Banco Disa, S.A. serviría de garantía para pagar el préstamo. Esto constituye una garantía real y una especial limitación al derecho de dominio sobre los depósitos de los incidentistas en este Banco. No aplicar la compensación, por razón de la constitución de la garantía prendaria, habiendo una instrucción expresa por parte de los señores DE LA GUARDIA, sería ponerlos en una situación de desventaja frente al Banco, quien sí pretende cobrar la totalidad de su crédito, sin compensación, pagándole a deudores prendarios su crédito por el monto proporcional que resulte de la liquidación.

La apoderada judicial de la actora plasma en su libelo las consideraciones expuestas dentro de un recurso de apelación propuesto ante la Sala contra la Resolución No. 005-2002 de 4 de abril de 2002, sobre compensación de créditos y deudas. En ese sentido, expresa respecto del artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998, que esta norma ciertamente excluye del orden de prelación de la liquidación forzosa de bancos la prelación fijada por otros cuerpos legales (v. gr. Códigos Civil, L., etc.). Sin embargo, el orden de prelación que establece esa norma nada tiene que ver con un modo de extinguir las obligaciones por ministerio de la Ley, como es el caso de la compensación, para cuya realización basta que concurran los requisitos fijados por la Ley y enumerados por la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La apoderada de los señores DE LA GUARDIA se refirió al alcance de la compensación en la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada, para luego señalar que en nuestra legislación, el artículo 1088 del Código Civil acoge expresamente el concepto de que la compensación opera ope legis (por ministerio de la Ley), al estipular que las deudas se extinguen aunque no tengan conocimiento de ellas los acreedores y deudores.

Se agrega, que la compensación no la regula ni la prohíbe el Decreto-Ley 9 de 1998, por lo que su aplicación no es incompatible con las normas sobre liquidación de bancos que este cuerpo legal consagra. La prelación o preferencia en cuanto al pago de deudas es el orden que establece la Ley para hacerle frente a una pluralidad de acreedores y ello de ningún modo puede entenderse incompatible con la aplicación de la compensación, que opera ipso iure, o sea, por ministerio de la Ley, desde el momento en que concurran los requisitos establecidos en los artículos 1081 y 1082 del Código Civil.

La compensación supone la correlación de deudas y créditos que, sin la entrega de numerario y por ministerio de la Ley, extinguen las obligaciones recíprocas existentes. La sola mención de la prelación de créditos entiende que el fin perseguido es el "pago o entrega de dinero" en orden prefijado por la Ley, a los acreedores de distinto grado, lo cual excluye de toda consideración a la compensación, pues, el fin perseguido por ésta, es extinguir, por ministerio de la Ley, las obligaciones recíprocas sin que haya entrega de numerario.

La firma F., B., M. y M. también estima que en el presente caso debe aplicarse el artículo 1578 del Código de Comercio, que en materia de quiebra dispone que "El deudor de la quiebra con derecho a oponer la compensación podrá hacerlo aún cuando su acreencia no sea líquida o no esté vencida". Se agrega, que la aplicación de esta norma, lo mismo que el aludido artículo 1088 del Código Civil, es supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto-Ley 9 de 1998, que señala que "a la liquidación forzosa se aplicarán con carácter supletorio las normas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Judicial, en lo que no sean incompatibles con las disposiciones de este Decreto Ley". Esta aplicación supletoria del artículo 1578 ibídem, viene dada por el hecho de que la compensación, como modo de extinción de las obligaciones y el derecho que tienen los deudores de oponerla en la quiebra, ahora también en la liquidación forzosa de bancos, no es materia regulada ni prohibida en el Decreto-Ley 9 de 1998 y, por tanto, es imposible que haya incompatibilidad entre estos cuerpos legales (fs. 32-46).

A los argumentos de los incidentistas se opusieron los Liquidadores Bancarios, quienes enfatizan el hecho de que el Decreto-Ley 9 de 1998 en su artículo 127 establece un orden especial de prelación que no admite la aplicación de normas especiales distintas a las contempladas en ese cuerpo legal. Ese orden de preferencia no puede verse alterado por el hecho de que el artículo 135 ibídem estipula que las normas del Código Civil, de Comercio y Judicial se aplican supletoriamente a las liquidaciones forzosas, primero, porque el artículo 135 es una norma general que no puede primar sobre el contenido del artículo 127, que es norma especial en materia de prelación; segundo, porque el mismo artículo 135 ibídem establece como condición para la aplicación de las normas de esos Códigos en la liquidación forzosa de bancos, que no sean incompatibles con la Ley Bancaria. Es evidente entonces, que cualquier norma que pueda alterar o contrariar el orden de prelación establecido en el Decreto-Ley 9 de 1998 y las excepciones que éste establece, es incompatible con el mismo y no puede ser aplicada dentro de la liquidación forzosa de bancos.

Los Liquidadores Bancarios hacen una serie de comentarios relacionados con la compensación, su naturaleza y cómo opera ésta en la quiebra; citan doctrina y jurisprudencia comparada, para luego tratar lo relativo a la compensación en la liquidación bancaria. Con respecto a este último punto, manifiestan que los señores NOVEY DE LA GUARDIA reconocen en los hechos 6º y 7º de su libelo, que la declaratoria de intervención de Banco Disa, S.A. se produjo el 1º de noviembre de 2001, es decir, nueve días antes de la instrucción dada a dicho Banco para que aplicara el saldo de los depósitos a plazo fijo al saldo de los préstamos adquiridos con dicho Banco. No obstante ello, sostienen que la suspensión de pagos de Banco Disa, S.A. se produjo desde el mismo momento en que quedó ejecutoriada la Resolución No. 70-2001, de 1º de noviembre de 2001, en virtud de la cual la Superintendencia de Bancos declaró la intervención de Banco Disa, S. A. Ello es así porque el artículo 105 del Decreto-Ley 9 de 1998 prohíbe al banco intervenido pagar deudas originadas con anterioridad a la intervención, sin autorización de la Superintendencia de Bancos, la cual por cierto, no se dio.

Se agrega, que la suspensión de pagos continuó con la declaratoria de liquidación forzosa, es decir, a partir del 15 de enero de 2003, sobre la base de la propia naturaleza del proceso de liquidación forzosa, que implica la indisponibilidad del patrimonio del Banco en liquidación, el cual queda sujeto a la Ley de dividendos y comunidad de pérdidas, en otras palabras, a las reglas de la distribución y pago de obligaciones establecidas en el Decreto-Ley 9 de 1998. De allí, que la única compensación por ministerio de la Ley que han reconocido los Liquidadores Bancarios es aquella que se relaciona con deudas y créditos recíprocos que, antes de la fecha en que se ejecutorió la resolución que decretó la intervención bancaria de Banco Disa, S.A., reunían plenamente los requisitos establecidos en el artículo 1082 del Código Civil. Esta compensación operó por mandato legal antes que se decretara la intervención de Banco Disa, S.A. (ver numeral 6 del artículo 126 de la Ley Bancaria), mas los impugnantes no se encontraban en esta situación (fs. 32-47).

En su condición de "terceros afectados" comparecieron al proceso Ford, L. y Compañía, S.A., R.M.A.C., J.W.C., K.Y.B. de C. y Edflowers Corporation, S.A., representados por la firma forense A., F. &R., quienes piden que se confirmen los actos impugnados y se nieguen las pretensiones de los incidentistas.

En primer lugar, la apoderada judicial de los terceros objeta lo argumentado por los incidentistas en el sentido de que la compensación entre éstos y Banco Disa, S.A. no deriva de la simple condición de depositarios/deudores recíprocos, sino de una relación contractual en virtud de la cual los señores NOVEY DE LA GUARDIA constituyeron a favor del Banco una garantía prendaria sobre su depósito. Al respecto, sostienen los terceros que en la doctrina este tipo de prenda se conoce como "prenda irregular", la cual hace innecesaria la venta o realización de los bienes pignorados. Por esta razón, los contratos de prenda del Banco expresamente lo facultan para compensar o aplicar los dineros al pago de su acreencia. Esta compensación voluntaria o convencional se produce por la declaratoria de voluntad dispositiva entre las partes y es distinta de la compensación legal que surge por mandato expreso de la Ley, en los casos y supuestos expresamente contemplados en ella. Por ello no es necesario cumplir los requisitos señalados en el Código Civil, pero tampoco se le reconoce efecto automático y retroactivo. En estos casos, el derecho real de realización de valor que confiere la prenda se manifiesta a través de la facultad del banco de compensar el crédito que el depósito representa en pago de su obligación. Este derecho de realización es precisamente eso: un derecho o privilegio y no una obligación, como pretenden los incidentistas, por lo que, ni los interventores ni los Liquidadores Bancarios estaban obligados a acoger la instrucción de compensar o no los depósitos pignorados. Es precisamente por ello, que las notas cursadas por los incidentistas se abstienen de dar órdenes o instrucciones al Banco, limitándose a ratificar la autorización de compensar, que ya estaba contenida en los correspondientes contratos de prenda.

Otro de los aspectos que cuestionan los terceros afectados alude a la prohibición de compensar deudas después de decretada la intervención de Banco Disa, S.A. A. respecto, expresan que la compensación es un medio de extinción de obligaciones y que por ello, en este caso, supone que los créditos que los depósitos de los incidentistas representan fuesen utilizados para pagar y cancelar sus deudas con el Banco. Ello significaría que los incidentistas dispondrían de sus depósitos en detrimento de terceros. Es por ello que durante la fase de intervención la Ley Bancaria prohíbe todo tipo de pago, sin autorización de la Superintendencia de Bancos (artículo 105). Asimismo, la prohibición contenida en esta norma impide, una vez decretada la intervención, la concurrencia de los supuestos necesarios para que operase la compensación legal contemplada en el Código Civil.

La firma forense A., F. &R. sostiene también que la compensación no procede respecto de las liquidaciones forzosas de bancos. En ese sentido, no sólo destaca el carácter especial y excluyente del orden de prelación previsto en el artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998, sino también la inaplicabilidad del artículo 1578 del Código de Comercio, el cual permite a los deudores de la quiebra oponer compensación. Ello se debe, a la contradicción esencial que existe entre las instituciones de la compensación y el orden de prelación de créditos, en la medida en que el reconocimiento de la primera en un proceso concursal rompe la comunidad de pérdidas de la cual participan todos los acreedores y en la misma forma en que beneficia a unos (aquellos que tienen recíprocamente la condición de deudores y acreedores) perjudica al resto. Es por ello que el artículo 1578 del Código de Comercio es excepcional.

Finalmente, señala la apoderada de los terceros afectados que en el proceso de liquidación forzosa el interés jurídico superior que se busca tutelar es el ahorro público, conformado principalmente por depositantes y bonohabientes y los derechos colectivos de los demás acreedores de los bancos. Este interés normalmente se ampara a través de principios concursales como el de la llamada ley del dividendo o la par condicio creditorum, conforme al cual todos los acreedores deben participar por igual en la comunidad de pérdidas. La Ley Bancaria ha acogido estos principios a través de las normas propias de la prelación de créditos. Toda excepción al principio general contenido en la prelación de créditos debe ser expresa y por ello dicha Ley señala cuáles son esas excepciones, como es el caso de los privilegios de los depósitos menores de B/.5,000.00 y de los acreedores del banco garantizados con prenda o hipotecas, previstas en los artículos 131 y 128, respectivamente (fs. 85-99).

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Al adentrarse la Sala en las consideraciones de fondo, lo primero que cabe expresar es que mediante Sentencia de 24 de junio de 2003, esta Superioridad examinó la juridicidad de las Resoluciones No. 001-2002 (Anexo No. 03-01) y No. 005-2002, ambas de 4 de abril de 2002, expedidas por los Liquidadores Bancarios de Banco Disa, S.A., con motivo de las apelaciones e incidentes promovidos por varias personas, entre ellas, los señores RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA y G.N. DE LA GUARDIA. Tales iniciativas fueron previamente acumuladas por los Liquidadores Bancarios mediante resolución de 23 de mayo de 2002 (Cfr. Entrada 287-02, Apelación promovida por G.N. De La Guardia y R.N. De la Guardia, para "que sea revocada la resolución No. 005-2002 del 4 de abril de 2002" y se ordene a los Liquidadores de Banco Disa, S.A. que realicen la compensación de créditos pertinente y por no ser concurrentes dichos créditos, indiquen el saldo a favor de nuestros poderdantes luego de realizada la operación", fs. 20, 110-122).

En la mencionada Sentencia, la Sala confirmó las referidas resoluciones tras considerar que la compensación no es aplicable de forma automática dentro de la liquidación forzosa administrativa de bancos, regulada por el Decreto-Ley 9 de 1998. La Sala arribó a esta conclusión fundamentada en varias premisas, en primer lugar, que el citado cuerpo legal consagra para las liquidaciones forzosas de bancos un orden de prelación (en su artículo 127), que es especial y excluyente respecto de cualquier otro tipo de prelación o preferencia establecido por leyes especiales, salvo ciertas excepciones previstas expresamente en el Decreto-Ley 9 de 1998 (V. gr. en sus artículos 128 y 131).

En segundo lugar, la Sala estimó que la aplicación de la compensación en la liquidación forzosa de bancos implica una alteración del orden en que deben saldarse las deudas del banco,"pues, siendo la compensación una forma de pago que opera en doble vía, es evidente que si se utilizan los depósitos de los apelantes e incidentistas para cancelar sus obligaciones (préstamos), simultáneamente se estarían cancelando los créditos (depósitos) que ellos tienen contra el banco en liquidación, sin cumplir el orden de prelación establecido en el artículo 127 ibídem. De este modo, como sostiene la Superintendencia de Bancos, los depositantes que no tienen a su vez la condición de deudores de Banco Disa, S.A., se verían doblemente perjudicados, pues, además de soportar la disminución de la masa de la liquidación, tendrían que esperar a que sus acreencias fuesen satisfechas siguiendo el orden de prelación fijado por el comentado artículo 127."

En tercer lugar, la Sala consideró que la aplicación de la compensación en la liquidación forzosa de bancos contrasta con la igualdad de trato y de comunidad de pérdidas que deben sufrir todos los acreedores. Al respecto, se hizo alusión al principio de "par conditio creditorum", según el cual, "todos los acreedores quedan sujetos a una igualdad de condiciones, salvo que la ley señale expresamente algún privilegio" (P.G., Procesos Concursales. Vol. I.E.. T.. Santa Fe de Bogotá. 1992, pág. 10). Igualmente, se destacó que el referido principio lo recoge el Decreto-Ley 9 de 1998 en el tantas veces mencionado artículo 127, no sólo en cuanto gradúa o ubica a los acreedores en distintas categorías, según la naturaleza de su crédito, sino también, en cuanto establece que los acreedores de cada categoría serán pagados a prorrota y que cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en dicha norma, hasta donde alcancen los bienes del banco. También se recoge en el artículo 115 (numeral 3), donde se señala como principio orientador del proceso de liquidación forzosa el "respeto de los derechos y prelaciones que reconozca el presente Decreto-Ley".

En cuarto lugar, la Sala estimó que la compensación no era aplicable dentro de la liquidación forzosa de bancosen razón de los efectos o consecuencias derivadas tanto de la intervención y como de la declaratoria de liquidación forzosa de Banco Disa, S.A. Entre esos efectos, la Sala mencionó: la suspensión del pago de deudas originadas con anterioridad a la intervención, sin la autorización expresa de la Superintendencia de Bancos (artículo 105); la integración de la masa pasiva de la liquidación (artículo 120), al igual que de la masa de la liquidación con todos los bienes y derechos presentes y futuros del banco (artículo 123). En otras palabras, señaló la Sala, "en virtud de la intervención y posterior declaratoria de liquidación forzosa, Banco Disa, S.A. entró en una situación verdaderamente excepcional, caracterizada principalmente por la imposibilidad de hacer pagos y de disponer libremente de la masa de la liquidación, siendo que ésta serviría para pagar los créditos que existiesen contra ella, entre ellos, los depósitos, pero según las reglas que prevé el artículo 127 Decreto-Ley 9 de 1998".

En la Sentencia de 24 de septiembre de 2003 la Sala también concluyó que Banco Disa, S.A. no estaba obligado a debitar de los depósitos a plazo fijo el saldo de los préstamos garantizados con prenda. Al respecto, la Sala recordó que con la declaratoria de liquidación forzosa los contratos en que era parte Banco Disa, S. A. quedaron resueltos por virtud de lo establecido en el artículo 125 del Decreto-Ley 9 de 1998, de modo que mal puede argüirse que por virtud de estos contratos Banco Disa, S.A. estaba obligado a ejecutar las prendas. Tampoco podían ejecutarse dichas prendas, ya que por efectos de la intervención y la posterior declaratoria de liquidación forzosa, Banco Disa, S.A. no podía hacer pagos, ni disponer libremente de sus bienes y derechos, los cuales pasarían a formar la masa de la liquidación que, a su vez serviría para satisfacer los créditos que existiesen contra la misma, según el orden de prelación establecido en el artículo 127 ibídem. Con base en todo lo expuesto, la Sala confirmó las Resoluciones No. 001-2002 (Anexo No. 03-01) y No. 005-2002, ambas de 4 de abril de 2002, a través de la tantas veces citada Sentencia de 24 de septiembre de 2002.

Tomando en consideración las anteriores anotaciones y habida cuenta que en este proceso los señores NOVEY DE LA GUARDIA pretenden que se revoquen las Resoluciones No. 001-2002 (Anexo 03-01) y No. 005-2002 ibídem y se aplique la compensación automática de créditos recíprocos que existen entre ellos y Banco Disa, S.A., lo procedente es que se declare cosa juzgada, con arreglo a lo que dispone el artículo 1028 del Código Judicial. Conviene aclarar, respecto de esta última resolución, que si bien es cierto que ésta no fue apelada por los ahora incidentistas, no es menos cierto que sobre ella también recayó la referida Sentencia de 24 de septiembre de 2003, en virtud de la acumulación decretada por la Superintendencia de Bancos respecto de varias apelaciones e incidentes que en su momento presentaron los afectados con esos actos. La cuestión central debatida en ese proceso era la aplicación o no de la compensación automática entre deudores y acreedores recíprocos de Banco Disa, S. A.

La situación es distinta en el caso de la Resolución No. 004-2002 (Anexo 03-04) de 4 de abril de 2002, la cual no fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia de 24 de septiembre de 2003. Respecto de esta resolución, la Sala estima que debe hacer extensivos los razonamientos expuestos en la comentada Sentencia de 24 de septiembre de 2003, los cuales están relacionados, esencialmente, con la improcedencia de la compensación dentro de la liquidación forzosa de Banco Disa, S.A.

No obstante lo anterior, la Sala juzga conveniente hacer algunas anotaciones con relación a las supuestas instrucciones que los incidentistas dieron a Banco Disa, S.A., para que se debitaran de sus plazos fijos el monto de las deudas que se tenían con esta entidad bancaria. Lo primero que cabe observar es que si bien este tema no fue expresamente mencionado en la Sentencia de 24 de septiembre de 2003, sí fue considerado por la Sala, habida cuenta que los señores DE LA GUARDIA hicieron valer estos mismos argumentos en el recurso de apelación promovido contra la precitada Resolución No. 005-2002 de 4 de abril de 2002 (Entrada 287-02).

Por otra parte, la Sala conceptúa que los documentos aportados en este negocio por los incidentistas para acreditar que giraron dichas instrucciones a Banco Disa, S.A., carecen de valor probatorio a la luz del artículo 833 del Código Judicial, toda vez que no están debidamente autenticados. A ello se suma el hecho de que, para la fecha en que los incidentistas giraron las referidas instrucciones (9 de noviembre de 2001), Banco Disa, S.A. había sido intervenido por la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. 70-2001 de 1º de noviembre de 2001. Así lo reconoce la propia apoderada judicial de los incidentistas cuando afirma a foja 35 que "Es un hecho conocido que al momento en que nuestros representados impartieron la instrucción anteriormente descrita, Banco Disa, S.A. fue declarado en intervención por la Superintendencia de Bancos...". Agrega, que los interventores se encontraban ante una instrucción específica de debitar las cuentas pignoradas para que se pagara el préstamo, con entera prescindencia de si el Banco estaba en capacidad de devolver el diferencial del depósito..." (Hecho Séptimo).

La anotación anterior resulta fundamental, toda vez que la Resolución No. 70-2001 de 1º de noviembre de 2001, entre otras medidas, dispuso el cese de todas las operaciones bancarias de Banco Disa, S. A. (resuelto tercero) y la designación de los interventores del Banco, "en sustitución de la actual administración y con las facultades y funciones que esta Superintendecia determine, que incluyen desde este momento las siguientes: a) Suspender o limitar el pago de las obligaciones del Banco, por un plazo que en ningún caso excederá el término de la intervención..." (resuelto cuarto).

Como corolario de todo lo expuesto, no queda más reiterar la conclusión a la que llegó la Sala en la Sentencia de 24 de septiembre de 2003, en el sentido de que la compensación automática no es aplicable en las liquidaciones forzosas de bancos. En todo caso, es necesario que primero se observe el orden de prelación previsto en el artículo 129 del Decreto-Ley 9 de 1998.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, en el incidente propuesto por la firma forense F., B., M. y M., en representación de RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA y G.N. DE LA GUARDIA DE GUARDIA, DECLARA COSA JUZGADA respecto de la petición de revocatoria de las Resoluciones No. 001-2002 (Anexo No. 03-01) y No. 005-2002, ambas de 4 de abril de 2002, expedidas por los Liquidadores Bancarios de Banco Disa, S.A. y declara NO PROBADO el presente incidente en lo que respecta a la Resolución No. 004-2002 de 4 de abril de 2002 (Anexo 03-04) y por tanto, NO ACCEDE a la solicitud de compensación automática de las deudas y créditos recíprocos entre los incidentistas y Banco Disa, S. A.

Las costas a cargo de cada uno de los incidentistas se fijan en cien balboas (B/.100.00).

N.,

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ARTURO HOYOS

JANINA SMALL (Secretaria)