Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Mayo de 2004

PonenteAdán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución21 de Mayo de 2004
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La Licenciada A.P., actuando en representación de MAPISA, S.A., ha interpuesto Incidente por Falta de Competencia dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor de la Autoridad Aeronáutica Civil.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA

MAPISA, S.A. ha celebrado contrato de concesión con la Dirección de Aeronáutica Civil desde 1993 de un área de 398.40 metros cuadrados consistentes en el Restaurante VIP, R. y bar a razón de B/.150.00 el metro cuadrado anual. Esta concesión fue autorizada mediante Resolución 112-JD de 3 de diciembre de 1998.

El 19 de marzo de 1999 se firmó contrato 298/99 con la Dirección de Aeronáutica Civil, vigente hasta el 3 de diciembre de 2002, consistente en la concesión del mismo espacio señalado en el punto anterior, localizado en el segundo piso del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El contrato mencionado no comprende el área de la cocina (463.98 metros cuadrados). Sin embargo, la Dirección de Aeronáutica Civil continuó enviando las facturas, las cuales fueron pagadas por MAPISA, S.A.

MAPISA, S.A. solicitó a la Dirección de Aeronáutica Civil que incluyera esta área a través de addenda al contrato, mediante memoriales fechados 15 de febrero y 26 de diciembre de 2000.

Mediante Nota No. 160-SDGA/DAC de 19 de julio de 2001, el Subdirector General Administrativo de la Dirección de Aeronáutica Civil ordena pagar un alcance sobre una diferencia de cánones del área del Restaurante de acuerdo a las facturas 45035 y 45036 por las sumas de B/.7,899.65 y B/.244,889.15 respectivamente. Copia del audito a que se refieren estas facturas fue solicitado por MAPISA, S.A., petición a la que respondió la Dirección de Aeronáutica Civil indicando que los áuditos son de carácter confidencial.

El área de la cocina no puede ser objeto del canon anual de B/.150.00 porque no está incluida en el contrato. De acuerdo con el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 18 de la Ley 56 de 1995, es obligación del Estado velar por el perfeccionamiento del contrato, aún más cuando el concesionario ha señalado el error y solicitado su corrección.

MAPISA, S.A. pagó B/.116,864.00 en abril de 2002, por el arrendamiento de las áreas que no fueron facturadas debidamente por el error de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Mediante nota de 17 de septiembre de 2001 el Director General de Aeronáutica Civil manifestó que entre ambas entidades se había llegado al acuerdo de que el área de la cocina se facturaría conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 060 de JD de 1 de agosto de 1991, es decir, B/.50.00 el metro cuadrado anual.

El Juzgado Ejecutor de la Autoridad Aeronáutica Civil libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra MAPISA, S.A. por la suma de B/. 242,920.99.

El Artículo 24 de la ley 23 de 29 de enero de 2003 señala que la Autoridad Aeronáutica Civil transferirá a las sociedades administradoras a título gratuito todos los activos y pasivos que posean en aeropuertos y aeródromos, por lo que cualquier derecho u obligación que tuviere MAPISA, S.A. esa entidad han sido traspasados a la nueva sociedad.

El Artículo 4 de la ley 23 de 29 de enero de 2003, que dicta el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, enumera los activos que tendrán las empresas creadas para la administración de los aeropuertos y aeródromos. Específicamente, el numeral 5 indica que estos son los derechos, tarifas, tasas y rentas que perciban en pago por el uso de instalaciones o por los servicios que presten a los clientes, usuarios y concesionarios de los respectivos aeropuertos y aeródromos, que han sido transferidos a la sociedad que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen..

La cuenta que actualmente cobra el Estado a MAPISA, S.A. además de no existir, no es competencia del Juzgado Ejecutor de la Autoridad Aeronáutica Civil, sino de las sociedades administradoras del Aeropuerto Internacional de Tocumen. La suma supuestamente adeudada por MAPISA, S.A., no es líquida ni exigible a favor del Estado, requisitos que establece el Código Judicial para la consecución de la jurisdicción coactiva.

Se debe aplicar lo establecido en el Artículo 27 de la Ley 23 de 2003, que señala que en el evento que una relación contractual no esté amparada por un contrato vigente a la fecha de constitución de las sociedades administradoras, esta se mantendrá vigente por el término de 18 meses, contados a partir de la promulgación de la normativa precitada.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración emitió concepto jurídico con relación al negocio jurídico que nos ocupa, a través de la Vista 756 de 26 de noviembre de 2003, y solicitó a esta Sala que declare NO PROBADO el incidente interpuesto en representación de MAPISA, S.A., por las siguientes razones:

La acreencia de MAPISA, S.A. data del 23 de julio de 2001 y se extiende hasta el 13 de junio de 2003.

El ejercicio de la jurisdicción coactiva fue delegado el 14 de octubre de 2002. Asimismo, el auto que libra mandamiento de pago especifica que la suma cobrada se desprende de la deuda mantenida hasta el 13 de junio de 2003.

La Ley 23 de 2003 no señala que los créditos que al momento de su entrada en vigencia tuviera a su favor el Aeropuerto Internacional de Tocumen le hayan sido traspasadas a la concesionaria, sino que debe entenderse que se trata de nuevos activos.

El Artículo 20 de la misma ley señala que las sociedades administradoras de aeropuertos y aeródromos podrán administrar los fondos propios generados por su gestión y los provenientes de su financiamiento.

Al referirse a "traspaso de activos y pasivos", el Artículo 24 se refiere a las instalaciones físicas del aeropuerto necesarias para la prestación de los servicios.

De la lectura de la norma citada en el punto anterior, se desprende el control Estatal de las operaciones a través del inventario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la fiscalización de la Contraloría General de la República.

EXAMEN Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Una vez examinados los argumentos de las partes, así como las constancias probatorias que obran en autos, la Sala procede a resolver el conflicto planteado.

El recurrente ha solicitado a esta Superioridad se declare la supuesta falta de competencia por parte de la Autoridad de Aeronáutica Civil para hacer efectivo, por la vía ejecutiva, el cobro de los cánones de arrendamiento que, según la ejecutante, adeuda MAPISA, S.A., según las facturas No. 45035 y 45036 de 23 de julio de 2001. Como consecuencia de lo anterior, solicita además la nulidad de lo actuado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Esta M. debe, en primer lugar, aclarar los conceptos de falta de competencia y de nulidad en el contexto en el que los utiliza el incidentista. Así, el Artículo 234 del Código Judicial señala que "Competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas causas".

Para determinar si la Autoridad de Aeronáutica Civil tiene o no competencia en el negocio que nos ocupa, es necesario recurrir al Decreto de Gabinete No. 13 de 22 de enero de 1969, por la cual se crea la Dirección de Aeronáutica Civil como una entidad autónoma del Estado y se derogan los artículos 4, 5, 6 y 36 del Decreto Ley 19 de agosto de 1963

El Artículo 16º de la esa excerta legal dispone las atribuciones que tiene el Director General de Aeronáutica Civil, entre las que están "Administrar, como J. Superior, los intereses de la institución y velar por el buen funcionamiento de sus Dependencias y el trabajo de los Empleados" y "Promover juicio o llegar a arreglos respecto a los reclamos o derechos y otorgar los poderes correspondientes".

En ese sentido, el Artículo 26 de la normativa precitada señala:

"Artículo 26º. El Patrimonio de la Dirección de Aeronáutica Civil consistirá de:

Todas las fincas y terrenos que ocupan actualmente los Aeropuertos Nacionales de toda la República y los que en el futuro se destinen para la construcción de nuevos Aeropuertos;

Todas las propiedades de los organismos de la Nación que

hoy existen están destinadas a la prestación de los servicios relativos a la

operación y funcionamiento de los aeropuertos nacional, así como las que hayan

sido separadas temporalmente para darle otros usos;

Todos los derechos legales o contractuales que actualmente tiene la Nación sobre los Aeropuertos de la República, lo mismo que todas las servidumbres establecidas y las que correspondan por ley o por arreglo con particulares;

El producto de todas las cuentas que paguen los particulares, instituciones autónomas, los municipios, el Gobierno Nacional, por el uso de las facilidades y de los servicios que presten los aeropuertos nacionales;

..."

Por otro lado, el Artículo 47 del Decreto Ley No. 19 de 8 de agosto de 1963 señala que "Todos los aeródromos y aeropuertos civiles de la República de están sujetos al control inspección y vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil".

De lo anterior se colige que el Director General de Aeronáutica Civil, como encargado de velar por los intereses de la institución, entre los que se encuentra su patrimonio, tiene competencia para promover juicios en defensa de esos intereses.

En cuanto a la nulidad de lo actuado, es importante recalcar que las nulidades son derecho estricto, es decir, que la causal que se invoque debe encontrarse tipificada de manera expresa en la ley, y no puede ser sujeto de apreciaciones subjetivas. En este sentido, el Artículo 733 del Código Judicial, en su numeral 2, contempla la falta de competencia como una de ellas.

Lamentablemente, como se ha señalado en párrafos anteriores, en este caso la falta de competencia no puede ser reconocida, toda vez que dicha figura no puede ser asimilada al evento particular que ha generado el negocio que nos ocupa, en el que, por una cesión de activos y pasivos, el derecho al cobro de la supuesta deuda podría o no pertenecer al administrador del aeropuerto. Esta interrogante, por tanto, no puede ser resuelta mediante un incidente de falta de competencia, por tratarse de un problema de legitimación sustantiva para demandar en un caso en particular.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO PROBADO el Incidente de Falta de Competencia interpuesto por la Licenciada A.P., en representación de MAPISA, S.A., dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue la Autoridad de Aeronáutica Civil.

NOTIFÍQUESE

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

ARTURO HOYOS -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

JANINA SMALL (Secretaria)

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