Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Septiembre de 2020

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 03 de septiembre de 2020

Materia: Inconstitucionalidad

Acción de inconstitucionalidad

Expediente: 593-19

VISTOS:

La Licenciada M.I.M.T., ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Acción de Inconstitucionalidad, en su propio nombre y representación contra el artículo 74 de la Ley N°6 de 2 de febrero de 2005, que adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978 "Por la cual se reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado".

Acogida la Demanda y cumplidos los requisitos propios para este tipo de Procesos, entra el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a resolver sobre la constitucionalidad de la norma.

I- HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA

La Activadora Constitucional fundamenta su demanda de la siguiente manera:

PRIMERO: Que la ley 57 del 1 de Septiembre de 1978, regula en Panamá la profesión de Contador Público Autorizado y se detallan en el artículo 14 las funciones conferidas a la Junta Técnica de Contabilidad (J,T,C).

SEGUNDO: Que bajo la ley 6 de 2 de febrero de 2005 se implementó un Programa de E.F. se (sic) insertándose el artículo 14 a la ley N (sic) 57 de 1 de Septiembre de 1978, el cual se refiere a las funciones de la Junta Técnica de Contabilidad.

TERCERO: Que la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, fue publicado (sic) en la Gaceta Oficial No. 25232 de 03 de febrero de 2005.

CUARTO: Que dentro de las funciones de la Junta Técnica de Contabilidad se encuentran identificar adoptar modificar y promulgar mediante resoluciones las normas y procedimiento de contabilidad y auditoría que deben aplicar y seguir las empresas comerciantes y profesionales así como velar por fiel cumplimiento.

QUINTO: Que en la ley 6 de 2 de febrero de 2005 Párrafo 1. Se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas y que emite el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera de Contabilidad (IASB) organismo independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial.

SEXTO: Que en la ley 6 de 2 de febrero de 2005 artículo 74 párrafo 2. Se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá las Normas y Guías Internacionales de Auditoría emitidas y que emita el Comité de prácticas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional de Contadores para la Auditoria de los Estados Financieros.

SÉPTIMO: Que la ley 6 del 2 de Febrero de 2005 elaborada y adoptada por Panamá fue hecha por organismos Internacionales antes del año 2005 y que mediante esta misma ley se les establece a los que ejercen la profesión deben G. por normas de Auditoría emitidas y que emita entendiéndose a los documentos que ya existieron.

II - DISPOSICIÓN ACUSADA DE INCONSTITUCIONAL

La Acción procesal que nos ocupa plantea ante este Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad del artículo 74 de la Ley N°6 de 2 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 25232 de 03 de febrero de 2005.

El Artículo 74 de la Ley N°6 de 2 de febrero de 2005, cuya inconstitucionalidad se demanda es del tenor siguiente:

"Artículo 74. Se adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1978, así:

Artículo 14. Son funciones de la Junta Técnica de Contabilidad las siguientes:

...i) Identificar, adoptar, modificar y promulgar, mediante resoluciones, las normas y procedimientos de contabilidad y auditoría que deben aplicar y seguir las empresas, comerciantes y profesionales, así como velar por su fiel cumplimiento.

Parágrafo 1. Se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá, las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas y que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), organismo independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial.

Parágrafo 2. Adoptar como propias y de aplicación en la República de Panamá las Normas y Guías Internacionales de Auditoría emitidas y que emita el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional de Contadores, para la auditoría de estados financieros.

Parágrafo 3. Facultar a la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN) para que recomiende las acciones reglamentarias que se requieran, aplicables a las Normas Internacionales de Contabilidad, a las Normas o Guías Internacionales de Auditoría emitidas por los organismos internacionales".

III- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Las normas constitucionales cuya violación aduce el postulante, son los artículos 159 y 184 de la Constitución Política, los cuales se transcriben según la Gaceta Oficial N° 25,176 del 15 de noviembre de 2004 (versión original) y son del tenor siguiente:

"ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

  1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales.

  2. Expedir la Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo.

  3. Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo.

  4. Intervenir en la aprobación del Presupuesto del Estado, según lo establece el Título IX de esta Constitución.

  5. Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo para asegurar y concertar la paz.

  6. Decretar amnistía por delitos políticos.

  7. Establecer o reformar la división política del territorio nacional.

  8. Determinar la Ley, el peso, valor, forma, tipo y denominación de la moneda nacional.

  9. Disponer sobre la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos.

  10. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.

  11. Dictar las normas oficiales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a estas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

  12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.

  13. Organizar los servicios públicos establecidos en esta Constitución; expedir o autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos de las sociedades de economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas industriales o comerciales del Estado, así como dictar las normas correspondientes a las carreras previstas en el Titulo XI.

  14. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o algunas de sus entidades o empresas.

  15. Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere reglamentada previamente conforme al numeral catorce o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de autorizaciones.

  16. Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas durante el receso de la Asamblea Nacional, mediante Decretos-Leyes. La Ley en que se confieran dichas facultades expresará específicamente la materia y los fines que serán objeto de los Decretos-Leyes y no podrá comprender las materias previstas en los numerales tres, cuatro y diez de este artículo, ni el desarrollo de las garantías fundamentales, el sufragio, el régimen de los partidos y la tipificación de delitos y sanciones. La Ley de facultades extraordinarias expira al iniciarse la legislatura ordinaria subsiguiente.

    Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades que se le confieren, deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate. El Órgano Legislativo podrá en todo tiempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-Leyes así dictados.

  17. Dictar el Reglamento Orgánico de su régimen interno."

    "Artículo 184.Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:

  18. Sancionar y promulgar las Leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento.

  19. Nombrar y separar los Directores y demás miembros de los servicios de policía y disponer el uso de estos servicios.

  20. Nombrar y separar libremente a los Gobernadores de las Provincias.

  21. Informar al Órgano Legislativo de las vacantes producidas en los cargos que éste debe proveer.

  22. Vigilar la recaudación y administración de las rentas nacionales.

  23. Nombrar, con arreglo a lo dispuesto en el Título XI, a las personas que deban desempeñar cualesquiera cargos o empleos nacionales cuya provisión no corresponda a otro funcionario o corporación.

  24. Enviar al Órgano Legislativo, dentro del primer mes de la primera legislatura anual, el Proyecto de Presupuesto General del Estado, salvo que la fecha de toma de posesión del Presidente de la República coincida con la iniciación de dichas sesiones. En este caso, el Presidente de la República deberá hacerlo dentro de los primeros cuarenta días de sesiones.

  25. Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a lo que disponga esta Constitución y la Ley.

  26. Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares.

  27. Dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios establecidos en esta Constitución.

  28. Nombrar a los Jefes, G. y Directores de las entidades públicas autónomas, semiautónomas y de las empresas estatales, según lo dispongan las Leyes respectivas.

  29. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.

  30. Conferir ascenso a los miembros de los servicios de policía con arreglo al escalafón y a las disposiciones legales correspondientes.

  31. Reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.

  32. Conceder a los nacionales que lo soliciten permiso para aceptar cargos de gobiernos extranjeros, en los casos que sea necesario de acuerdo con la Ley.

  33. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con esta Constitución y la Ley."

    Sostiene la Activadora Constitucional que el acto demandado de inconstitucional viola los artículos 159 y 184 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que a su consideración el artículo 74 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, solapadamente en los párrafos 1, 2 y 3 le otorga facultades a la Junta Técnica de Contabilidad como lo son: la adopción, modificación y promulgación de las leyes, facultades que son privativas del Órgano Legislativo y Ejecutivo, máxime que cuando es de carácter internacional también interviene el Órgano Ejecutivo en conjunto con el Órgano Legislativo.

    IV- OPINIÓN DE LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    Luego de admitida la demanda, la entonces Procuradora General de la Nación, licenciada K.I.P.D. al emitir concepto en relación con la presente Acción de Inconstitucionalidad señaló en su Vista N°11 de dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que la función asignada a la Junta Técnica de Contabilidad no contraviene los artículos 159 y 184 de la Constitución Política, toda vez que las atribuciones de esa dependencia radican en identificar, adoptar, modificar y promulgar vía resoluciones las normas de procedimiento de contabilidad y auditoría, las cuales no involucran el proceso de expedición de la ley formal en sentido estricto, como sí exige la Constitución en la formación y aprobación de la ley, y en el que participa la Asamblea Nacional en su función legislativa y el Órgano Ejecutivo en su atribución de sancionar y promulgar la Ley.

    Sostiene la representante del Ministerio Público, que si bien las resoluciones en el sistema normativo panameño ostentan un valor legal por su carácter vinculante u obligatorio, la emisión de este acto administrativo no reviste igual jerarquía que las leyes que son expedidas por el Órgano Legislativo, por ende, las que en su momento corresponda emitir a la Junta Técnica de Contabilidad, se tienen que centrar en las facultades atribuidas mediante la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, aplicables específicamente a la adopción de los procedimientos de contabilidad y auditoría que deberán aplicar y seguir las empresas, comerciantes y profesionales contables.

    Por otro lado, expresó la Procuradora que no se colige una conculcación evidente de las normas constitucionales, en la medida que es precisamente la ley expedida por el Órgano Legislativo, previa las formalidades exigidas en la Constitución Política, que le otorga las atribuciones a la Junta Técnica de Contabilidad de adoptar mediante resoluciones las Normas Internacionales Financieras y de Auditoría, las cuales fueron acogidas como propias y aplicables en la República de Panamá en los parágrafos 1, 2 y 3 del cuerpo legal objeto de la presente acción, por lo que le corresponderá a la dependencia ministerial identificar, detallar y desarrollar estas disposiciones contables establecidas en la Ley.

    Finalmente, la Procuradora General de la Nación solicitó declarar que no es inconstitucional el artículo 74 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005.

    V- FASE DE ALEGATOS.

    Según lo dispuesto en el artículo 2564 del Código Judicial, una vez devuelto el expediente por la Procuraduría General de la Nación, se fijó en lista el negocio por el término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto correspondiente en un diario de circulación nacional, para que cualquier persona interesada hiciera uso del derecho de argumentación, sin embargo, solo la Demandante Constitucional presentó sus alegatos, tal como consta de fojas 32 a 38, reiterando su posición de que se declare inconstitucional el artículo 74 de la Ley 6 de 2005.

    CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Luego de expuestos los argumentos y el alegato de la parte actora y la opinión del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, el Pleno se apresta a considerar la pretensión que se formula en la Demanda.

    En este sentido, la competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer y resolver de las Acciones de inconstitucionalidad encuentra sustento constitucional en lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Nacional, así como en lo dispuesto en el artículo 2559 del Código Judicial, el cual permite que cualquier persona, por medio de apoderado legal, impugne ante este Máximo Tribunal Constitucional las Leyes, Decretos de Gabinete, Decretos Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás Actos provenientes de una Autoridad que considere inconstitucionales y pedir por tanto, su correspondiente declaración de inconstitucionalidad.

    La demanda se dirige contra la Inconstitucionalidad del artículo 74 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, "Que implementa un programa de E.F.", mediante el cual adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978, el cual es del tenor siguiente:

    "Artículo 74. Se adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1978, así:

    Artículo 14. Son funciones de la Junta Técnica de Contabilidad las siguientes:

    ...i) Identificar, adoptar, modificar y promulgar, mediante resoluciones, las normas y procedimientos de contabilidad y auditoría que deben aplicar y seguir las empresas, comerciantes y profesionales, así como velar por su fiel cumplimiento.

    Parágrafo 1. Se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá, las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas y que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), organismo independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial.

    Parágrafo 2. Adoptar como propias y de aplicación en la República de Panamá las Normas y Guías Internacionales de Auditoría emitidas y que emita el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional de Contadores, para la auditoría de estados financieros.

    Parágrafo 3. Facultar a la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN) para que recomiende las acciones reglamentarias que se requieran, aplicables a las Normas Internacionales de Contabilidad, a las Normas o Guías Internacionales de Auditoría emitidas por los organismos internacionales".

    Vale la pena recordar que, en opinión de la Activadora Constitucional, la citada disposición legal viola de forma directa por omisión los artículos 159 y 184 de la Constitución Política de la República.

    Lo anterior, porque el artículo 74 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, le otorga facultades como lo son la adopción y modificaciones de las leyes a la Junta Técnica de Contabilidad, a pesar que el artículo 159 de la Constitución Política encarga esta función privativamente al Órgano Legislativo; y porque el mencionado artículo 74, otorga facultades como lo son la de promulgar las leyes a la Junta Técnica de Contabilidad, a pesar que el artículo 184 de la Constitución Política le encarga privativamente esa función al Órgano Ejecutivo, máxime cuando sea de carácter internacional que interviene en conjunto con el Órgano Legislativo.

    Antes de entrar a pronunciarnos sobre las infracciones formuladas por la Activadora Constitucional, es necesario referirnos a las disposiciones legales y reglamentarias de la profesión de Contador Público Autorizado.

    Mediante la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978, el Consejo Nacional de Legislación reglamentó la profesión de Contador Público Autorizado y creó la Junta Técnica de Contabilidad, y ésta a su vez creó la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN).

    En 1984, a través del Decreto N°26 de 17 de mayo, se promulgó el Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados, donde se abarcan temas como la independencia del contador con respecto a los clientes, aplicación de las reglas de conducta, la responsabilidad en el ejercicio de la profesión, la responsabilidad para con los clientes, la competencia y las normas técnicas, las normas de contabilidad financiera, las prácticas frente al público y las sanciones al contador. Estableciéndose en el artículo 20, en el capítulo referente a la competencia y las normas técnicas que "El contador público autorizado debe observar las normas técnicas de la profesión y esforzarse continuamente para mejorar su competencia y mantener en alto la calidad de sus servicios."

    ? De igual forma, el Decreto 26 de 1984, en el capítulo referente a las normas de contabilidad financiera dispone en cuanto al registro de las normas contables que "La Junta Técnica de Contabilidad irá registrando de tiempo en tiempo tales normas emitidas a fin de oficializarlas, así como las modificaciones posteriores que sean emitidas por la comisión" (artículo 86 del Decreto No. 26 de 1984).

    Las Normas Contables en Panamá son comúnmente llamadas Principios o Normas de Contabilidad. El Código de Comercio establece, en el artículo 72 que "El número y la clase de registros contables, así como la forma de llevarlos, quedan al arbitrio del comerciante, siempre y cuando se ajusten a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y de aplicación en la República de Panamá".

    A lo largo de la vida republicana de nuestro país, se han emitido diversos documentos (códigos, leyes, decretos, resoluciones, etc.) adoptando normas contables tanto en el sector privado (corporaciones y en organizaciones sin fines de lucro) como en el sector público (gobierno central y empresas públicas). ?

    La autoridad en materia de normas contables en Panamá es la Junta Técnica de Contabilidad? y la Contraloría General de la República.? Sin embargo, en la legislación panameña existen normas específicas que otorgan a diversos entes reguladores en una industria en particular, la capacidad de establecer normas o prácticas contables distintas a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como, por ejemplo, la Superintendencia del Mercado de Valores,? la Superintendencia de Bancos? y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. ?

    Por medio de la Ley 57 de 1978, se le atribuyen, las siguientes funciones, a la Junta Técnica de Contabilidad (artículo 14): ?

    · Velar por el cumplimiento de la Ley

    · Vigilar el ejercicio profesional

    · Procurar la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas

    · Expedir licencias de idoneidad profesional

    · Registrar las asociaciones profesionales

    · Conceder los permisos especiales para ejercer actos de la profesión.

    · Investigar las denuncias formuladas contra los contadores públicos Autorizados

    · Suspender temporal o indefinidamente o cancelar las licencias de idoneidad profesional

    · Proponer para su aplicación al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, los reglamentos relativos al Código de Ética, el registro de las asociaciones profesionales y el ejercicio del oficio de contador.

    Posteriormente, se promulgó la Ley 6 de 2 de febrero 2005, "Que implementa un programa de E.F.". Esta Ley adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1978, estableciendo, además, dentro de las funciones de la Junta Técnica de Contabilidad, la de identificar, adoptar, modificar y promulgar, mediante resoluciones, las normas y procedimientos de contabilidad y auditoría que deben aplicar y seguir las empresas, comerciantes y profesionales, así como velar por su fiel cumplimiento.

    A través de esta Ley, también se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas y que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, organismo independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial. ?

    Ahora bien, para efectos del análisis que nos corresponde efectuar, esta Corporación de Justicia debe destacar que se desprende de los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 74 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, el cual se demanda de inconstitucional, que es la Asamblea Nacional la que decide adoptar como propias y de aplicación en la República de Panamá, Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas y Guías Internacionales de Auditoría.

    Para mayor claridad, nos permitimos transcribir los parágrafos a los que hemos hecho alusión:

    Parágrafo 1. Se adoptan como propias y de aplicación en la República de Panamá, las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas y que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), organismo independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial.

    Parágrafo 2. Adoptar como propias y de aplicación en la República de Panamá las Normas y Guías Internacionales de Auditoría emitidas y que emita el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional de Contadores, para la auditoría de estados financieros.

    Parágrafo 3. Facultar a la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN) para que recomiende las acciones reglamentarias que se requieran, aplicables a las Normas Internacionales de Contabilidad, a las Normas o Guías Internacionales de Auditoría emitidas por los organismos internacionales".

    De allí que, se adiciona a las funciones de la Junta Técnica de Contabilidad el deber de identificar, adoptar, modificar y promulgar, mediante resoluciones, las normas y procedimientos de contabilidad y auditoría que deben aplicar y seguir las empresas, comerciantes y profesionales contables, así como velar por su fiel cumplimiento, es decir, el artículo demandado, en su literal i) no establece que la Junta Técnica de Contabilidad dentro de sus funciones pueda expedir o modificar leyes, como señaló la Activadora Constitucional, sino que la función atribuida a la Junta Técnica es la de verificar y adecuar las normas que ya han sido adoptadas por la Asamblea Nacional en los parágrafos 1, 2 y 3 a la realidad del país y evaluarlas profundamente para dictar Resoluciones adaptadas a nuestras necesidades.

    La adopción y adecuación de estas normas ofrecen una gran oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia, incremento en la comparabilidad y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia.

    Dicha función es atribuida a la Junta Técnica de Contabilidad, ya que, junto con la Contraloría, es la máxima autoridad en materia de normas contables en Panamá y está integrada por profesionales idóneos tales como: el Director General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias (presidente de la Junta), dos profesores de Contabilidad, quienes deberán ser Contadores Públicos Autorizados, uno de la Universidad de Panamá y otro de la Universidad Santa María La Antigua y cuatro Contadores Públicos Autorizados activos, propuestos por las asociaciones profesionales de la Contabilidad más representativas, debidamente registradas ante la Junta Técnica de Contabilidad, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias (artículo 13 de la Ley 57 de 1978).

    Estos profesionales idóneos cuentan con un grado de experticia y manejo de las normas técnicas de contabilidad, las cuales son necesarias para la toma de decisiones que beneficien al sistema financiero del país, debiendo validar qué políticas le impactan de las normas internacionales adoptadas, para definir las políticas internas adecuadas frente a este cambio.

    Las anteriores consideraciones nos llevan a afirmar que de ningún modo se contravienen los artículos 159 y 184 de la Constitución Política, toda vez que lo dispuesto en el literal i) del artículo 74 de la Ley 6 de 2005, no deja margen a duda en cuanto a la función que la Ley expedida por el Órgano Legislativo, previas las formalidades exigidas en la Constitución, le atribuye a la Junta Técnica de Contabilidad de identificar, adoptar, modificar y promulgar, mediante resoluciones, las normas y procedimientos de contabilidad que se deben aplicar, lo que no implica que se le faculte para legislar y mucho menos para promulgar leyes, como ha señalado la Activadora Constitucional.

    Cabe señalar que, en virtud del principio de universalidad de la Constitución, el Pleno, al analizar una demanda de inconstitucionalidad, no solo pondera la constitucionalidad de la norma impugnada tomando en consideración los artículos constitucionales indicados por el accionante, sino toda la Constitución Política.

    Vale la pena acotar, que una Ley es una norma jurídica dictada por el legislador cuyo fin es mandar, permitir o prohibir algo y su incumplimiento conlleva a una sanción. A diferencia de la Ley, una Resolución es una decisión o un fallo que emite una determinada autoridad y sirve para reforzar las leyes en el sentido que se dictan para que se cumpla lo establecido en ellas.

    Bajo estos argumentos, estima esta Corporación de Justicia que el artículo 74 de la Ley 6 de 2005, no es contrario a lo dispuesto en los artículos 159 y 184 de la Constitución Política; razón por la cual, procede declarar que no se ha producido la transgresión constitucional endilgada.

    En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 74 de la Ley N°6 de 2 de febrero de 2005, que adiciona el literal i) al artículo 14 de la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978 "Por la cual se reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado".

    N.,

    JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS----CECILIO CEDALISE RIQUELME----MARIBEL CORNEJO BATISTA ----HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ----LUIS RAMÓN FÁBREGA S. ----MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS-----ANGELA RUSSO DE CEDEÑO----CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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