Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Junio de 1997

Ponente:EDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución: 5 de Junio de 1997
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON presentó acción de inconstitucionalidad contra el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo y contra el último párrafo del artículo 56-A y el penúltimo párrafo del artículo 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954 orgánico de la Caja de Seguro Social y sus reformas legales posteriores.

Acogida la demanda de inconstitucionalidad y cumplidos todos los trámites procesales señalados por la ley para los procesos constitucionales, pasa la Corte a decidir la pretensión constitucional planteada.

Considera la demandante, previa la transcripción literal de los artículos 311 del Código de Trabajo, 56-A y 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, con sus reformas legales posteriores, que estos violan los artículos 19, 20, 53 y 109 de la Constitución Nacional así como los artículos 11, 15 y 16 de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Artículos 17, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ambas ratificadas por Panamá y aplicables en concordancia con el valor que le otorga el artículo 4 de nuestra Carta Magna.

El artículo 311 del Código de Trabajo, así como los artículos 56-A y 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, con sus reformas legales posteriores, resaltando en negrita los párrafos que se consideran inconstitucionales, dicen lo siguiente:

DISPOSICIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALES

"Artículo 311 del Código de Trabajo:

Cuando el riesgo profesional produjere la muerte del trabajador, las personas que a continuación se expresa tendrán derecho a una pensión en las siguientes condiciones:"

  1. Una renta del veinte por ciento del salario anual de la víctima durante seis años para el cónyuge o miembro superviviente del matrimonio o de la unión de hecho que convivía con el trabajador fallecido o que se hallaba divorciado o separado de cuerpos por causas imputables a éste, siempre que la unión o el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo profesional. Cuando la renta correspondiere al marido, éste sólo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo. Perderá este derecho la mujer que contraiga nuevas nupcias o que haga vida marital con otro hombre."

    Artículo 56-A del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954:

    Tendrá derecho a pensión de viudez, la viuda del asegurado o pensionado fallecido. A falta de viuda, corresponderá el derecho a la mujer que convivía con el causante en unión libre, a condición de que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y de que la vida en común se hubiere iniciado por lo menos cinco (5) años antes del fallecimiento del asegurado o antes del otorgamiento de la pensión si se trata de un pensionado. Se aceptará como prueba de la vida en común, únicamente la declaración que hubiere hecho el asegurado de acuerdo con las normas reglamentarias que dicte al efecto la Caja. Si la compañera quedare en estado de gravidez al fallecimiento del asegurado o pensionado o si tuvieren hijos en común, se prescindirá del requisito de declaración previa del asegurado.

    El viudo inválido tendrá los mismos derechos que en este capítulo se asignan a la viuda, a condición de que dependiere económicamente de la asegurada o pensionada fallecida.

    Artículo 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954:

    La pensión de viudez será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la pensión de vejez o invalidez que gozaba el causante o de la que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento, excluidas las asignaciones familiares. Se pagará por el período de cinco (5) años que debe contarse desde la fecha del fallecimiento del causante; pero si a la expiración de este plazo la viuda estuviere inválida, de acuerdo con las normas reglamentarias que dictará la Caja de Seguro Social, o hubiere cumplido la edad normal de retiro, o tuviere a su cargo hijos del causante con derecho a pensión de orfandad, la pensión de viudez se seguirá pagando en forma vitalicia en los dos (2) primeros casos y hasta que el último de los hijos cese en el goce de la pensión de orfandad, en el último caso.

    La pensión de viudez dejará de pagarse si la viuda contrae matrimonio o viviese en amancebamiento comprobado. En el primero de estos casos, la Caja de Seguro Social pagará a la viuda, una suma equivalente hasta un (1) año de su pensión o por el tiempo que falte para el goce de su pensión, si este es menor de doce (12) meses, con la cual quedarán extinguidos todos sus derechos.

    Si al cesar el goce de la pensión de orfandad del último de los hijos, la viuda hubiere cumplido la edad normal de retiro, la pensión se pagará en forma vitalicia.

    La demandante explica el concepto de la infracción de los artículos 19, 20, 53 y 109 de la Constitución, previa la transcripción de los mencionados artículos, con los artículos acusados, 311 del Código de Trabajo, 56-A y 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, con sus reformas legalesposteriores, orgánica de la Caja de Seguro Social, de la siguiente manera:

  2. Disposición constitucional estimada como violada y Concepto de la infracción:

    "Artículo 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

    La violación consiste en que las frases acusadas, otorgan un privilegio personal, por una parte en favor de las esposas viudas en perjuicio de la compañera en unión de hecho; pero por otra parte, también discriminan al esposo viudo o compañero en unión de hecho (arts. 56-A y 56-B); situación que está expresamente prohibida por los preceptos constitucionales arriba transcritos."

  3. Disposición constitucional estimada como violada y concepto de la infracción.

    "Artículo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar l ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales."

    La violación consiste en que los artículos parcialmente impugnados, establecen una desigualdad jurídica, señalando un tratamiento distinto para regular una misma situación jurídica; infringiendo ello el principio constitucional de igualdad de todos los seres humanos ante la ley, el cual debe ser entendido en un sentido real y razonable, de que todas las personas que se encuentren en igualdad de circunstancias jurídicas, deben recibir el mismo tratamiento jurídico. El artículo parcialmente impugnado, viola también el numeral 1 del artículo 15 de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la M., y el Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ambas ratificadas por Panamá y aplicables en concordancia con el valor que le otorga el artículo 4 de nuestra Carta Magna."

  4. Disposición constitucional estimada como violada y concepto de la infracción.

    "Artículo 53. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la ley."

    La violación consiste en que, al condicionar el derecho de la mujer a una renta de viudez, en tanto no contraiga nuevas nupcias o haga vida marital con otro hombre, se está restringiendo su libertad a decidir con quien formar un nuevo hogar, lo que atenta contra el principio de libertad de matrimonio que consagra el artículo 53 de la Constitución Nacional, así como el ordinal a), numeral 1 del artículo 16 de la Convención Sobre todas las Formas de Discriminación contra la M. y el numeral 2 del Artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ambas ratificadas por Panamá y aplicables en concordancia con el valor que le otorga el artículo 4 de nuestra Carta Magna."

  5. Disposición constitucional estimada como violada y concepto de la infracción.

    "Artículo 109. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales. La Ley proveerá la implantación de tales servicios a medida que las necesidades lo exijan.

    El Estado creará establecimientos de asistencia y de previsión sociales. Son tareas fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social."

    La norma constitucional transcrita es clara, al señalar que los servicios de seguridad social cubrirán entre otros, los casos de viudez, sin que se condicione ese derecho a que el hombre esté incapacitado para trabajar o que la mujer contraiga nuevas nupcias o haga vida marital con otro hombre; pues si así se hiciera se estaría atentando contra derechos fundamentales de todo ser humano. Es más, si las modernas políticas sociales a nivel mundial están tratando de que los gobiernos incorporen el seguro de desempleo en la seguridad social, con mayor razón se debe respetar este derecho de viudez que consagra la Constitución y convenios internacionales. Por tanto, las normas parcialmente impugnada, violan directamente el principio constitucional antes transcrito, así como también en el ordinal e), numeral 1, del artículo 11 de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la M., y del Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ambas ratificadas por Panamá y aplicables en concordancia con el valor que le otorga el artículo 4 de nuestra Carta Magna."

    La Procuradora de la Administración Suplente opina que se debe declarar la inconstitucionalidad parcial de los párrafos de los artículos 311 del Código de Trabajo, 56-A y 56-B del Decreto Ley 14 de 1954 individualizados en el libelo de la demanda, por ser contrarios a la Constitución Política.

    CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    "Para externar nuestro criterio, procederemos a analizar cada una de las frases que la demandante ha señalado como infractoras del Estatuto Fundamental.

  6. "Cuando la renta correspondiere al marido, éste sólo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo." (Cfr. artículo 311 del Código de Trabajo).

    Esta frase es violatoria del artículo 19 de la Constitución Política, porque establece una discriminación por razón de sexo entre los esposos, dado que le impone al hombre una condición que no se le exige a la mujer, y es la de ser incapaz para el trabajo para poder recibir la pensión de viudez.

    Esta situación (plasmada en la frase acusada de inconstitucional) infringe el artículo 53 de la Constitución Política, porque desconoce la igualdad de derechos de los cónyuges, al colocar a la mujer en un estado de ventaja sobre el hombre, en el sentido que a ella no se le exige estar en condición de incapacidad para trabajar para ser beneficiaria de una pensión de viudez.

    También se vulnera el artículo 109 de la Carta Magna, porque esta norma garantiza el derecho a la seguridad de los medios económicos de subsistencia, a través de los beneficios que confiere la Caja de Seguro Social, entre los que se encuentra la pensión de viudez.

    Para profundizar en la inconstitucionalidad de la frase bajo análisis, es necesario aclarar -en primera instancia- que el (la) individuo (a) o persona con derecho a la seguridad social y a los beneficios que la entidad (Caja de Seguro Social) le confiere, debe estar cotizando y tener acumulado un número determinado de cuotas, que le permitan acceder a ese derecho.

    Siendo ello así, el (la) asegurado (a) se hace beneficiario (a) de los servicios de seguridad social, por enfermedad, maternidad, (sólo para la mujer asegurada), subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y demás contingencias que puedan ser objeto de previsión; sujeto a que esté incapacitado (a) para trabajar u obtener un trabajo retribuido.

    En los casos de pensión de viudez, el beneficio no lo puede obtener directamente el (la) asegurado (a), por razón que ha fallecido, por lo que se traslada dicho beneficio a su cónyuge (en el caso de matrimonio) o a su compañero (a) (en el caso de las uniones de hecho), quien recibirá la prestación sólo por su condición de viudez.

    Por consiguiente, tanto el hombre como la mujer que sean cónyuges o compañeros (as) deberán recibir la prestación de la pensión de viudez, por el traslado del beneficio que el (la) asegurada (a) le confiere a quienes comparten con ellos la responsabilidad de llevar una familia.

    Esta es la razón por la cual la frase deviene en inconstitucional, porque se limita al hombre -para que pueda ser cónyuge o compañero beneficiario del derecho- que esté en una situación de invalidez que le haga incapaz para trabajar.

    Es importante destacar que existen otras razones por las cuales ambos (hombres y mujeres) deben ser beneficiarios por igual de la pensión de viudez, que son las siguientes: actualmente, como regla los dos aportan al matrimonio, para conformar el presupuesto familiar, y en base a ello se fija el nivel económico de esa familia; se adquieren responsabilidades tales como casa, automóvil, hijos, comida, vestido, colegiatura, situaciones éstas a las que los dos deben hacer frente; cuando sobreviene la muerte de uno de los dos, se produce un desequilibrio en las fuentes de la economía familiar, por lo que el (la) cónyuge o compañero (a) que le sobrevive debe asumir en forma singular unos gastos que antes eran responsabilidad de dos.

    La pensión de viudez ayuda a equilibrar nuevamente los ingresos, tratando de llenar ese vacío en el ingreso familiar que se produce con la muerte del asegurado (a), en el período que establece la Ley, lo que le da la oportunidad al sobreviviente de buscar nuevas fuentes de ingresos familiares, de reestructurar su presupuesto o condición de vida, para ajustarse a su nueva situación.

    Por tanto, a nuestro juicio, esta frase del artículo 311 del Código de Trabajo es violatoria de los artículos 19, 53 y 109 del Estatuto Fundamental, por las razones anotadas.

  7. `Perderá este derecho la mujer que contraiga nuevas nupcias o que haga vida marital con otro hombre'. (Cfr. artículo 311 del Código de Trabajo).

    Al igual que en la situación anterior, se viola el artículo 19 de la Constitución Política, por razón de la discriminación de la mujer en el aspecto del sexo; y el artículo 53, también de la excerpta (sic) Constitucional, por crear una situación de desigualdad entre los cónyuges o compañeros (as), en los casos de matrimonio o de unión de hecho, respectivamente.

    El artículo 109 Constitucional contempla los servicios de seguridad social de los que puede beneficiarse un (a) asegurado (a), bastando con que se encuentre en una de las dos situaciones que este artículo contempla, que son: incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuído.

    Decíamos que en el caso concreto del beneficio de la pensión de viudez, el (la) asegurado (a) no pueden percibir directamente dicho beneficio, por razón que ha fallecido, y que por esta causa el derecho se le traslada a la persona sobreviviente; es decir, el (la) cónyuge o compañero (a) (dependiendo del caso que se trate), todo ello con la intención de equilibrar el presupuesto familiar, tal como lo explicáramos anteriormente.

    Cuando el (la) cónyuge o compañero (a) contraen nuevas nupcias o hace vida marital con otro hombre o mujer (según corresponda) se llena el vacío que se produjo en el presupuesto familiar, al momento de desaparecer el (la) asegurado (a) que aportaba económicamente al matrimonio, por lo que pierde sentido -desde ese momento- la pensión de viudez.

    Por consiguiente, un hombre o una mujer que estén en situación de viudez que contraigan nueva nupcias no tiene derecho a que se le traslade el beneficio del asegurado (a) fallecido (a), por lo que la frase bajo análisis, a nuestro juicio, no vulnera el artículo 109 de la Constitución Política." ...

    Continúa la Procuradora expresando su criterio de la siguiente manera:

    3. El viudo inválido tendrá los mismos derechos que en este caso se asignan a la viuda, a condición de que dependiere económicamente de la asegurada o pensionada fallecida' (Cfr. artículo 56-A del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954).

    Esta frase es contraria a lo dispuesto en los artículos 19 y 53 de la Constitución Política, en el primer caso, por ser discriminatoria por razón de sexo, y en el segundo, por crear una situación desigual entre los cónyuges.

    En efecto, el hombre viudo tiene una situación de desventaja con relación a la mujer viuda; ya que a esta última no se le exige estar en una situación de invalidez, ni de dependencia económica del asegurado o pensionado fallecido, para acceder al derecho de pensión de viudez, lo que además de crear una situación de discriminación del hombre con relación de la mujer, genera una desigualdad entre los cónyuges.

    Al igual que en la primera frase del artículo 311 del Código de Trabajo, también en este caso se produce la violación del artículo 109 de la Carta Magna, por razón que tanto el hombre como la mujer que sea viudo (a) de un (a) asegurado (a) o pensionado (a) tiene derecho a recibir la prestación de la pensión de viudez, por el traslado del beneficio que se le confiere al morir el (la) asegurado (a), sin mayores condiciones, salvo que haya contraído nuevas nupcias o viva en condiciones maritales.

    Por tanto, a nuestro juicio, la frase del artículo 56-A del Decreto Ley Nº 14 de 1954 quebranta los artículos 19, 53 y 109 de la Constitución Política.

    4. `La pensión de viudez dejará de pagarse si la viuda contrae matrimonio o viviese en amancebamiento comprobado. En el primero de los casos, la Caja de Seguro Social pagará a la viuda, una suma equivalente hasta un (1) año de su pensión o por el tiempo que falte para el goce de su pensión si este es menor de doce (12) meses, con lo cual quedarán extinguidos todos sus derechos.'

    La situación que se plantea en esta frase es la misma que se da para el caso de la primera frase del artículo 311 del Código de Trabajo y del párrafo del artículo 56-A del Decreto Ley Nº 14 de 1954, en los que se quebrantan los derechos consignados en los artículos 19 y 53 de la Constitución Política, por las razones de discriminación de sexo y de desigualdad entre los cónyuges, que ha hemos planteado.

    Consideramos que no se vulnera el artículo 109 Constitucional, porque si se acepta que la viuda o el viudo sigan percibiendo la pensión de viudez después de contraer nuevas nupcias, estaríamos desvirtuando la finalidad para la cual se creó este beneficio, que es el de intentar llenar el vacío del aporte económico que hacía el (la) cónyuge fallecido (a).

    Termina la Procuradora su exposición así:

    "Quisimos dejar para el final el artículo 20 de la Constitución Política, por razón que, a nuestro juicio, el mismo no se vulnera con las situaciones que hemos analizado, porque a nuestro entender esta norma señala la igualdad entre nacionales y extranjeros y los casos en que la Ley puede limitar esa situación de igualdad, por los motivos de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional.

    Como puede observarse, no nos encontramos ante un análisis de la nacionalidad de los cónyuges o compañeros de una unidad o vínculo familiar, sino más bien de aquellas circunstancias establecidas en la Ley que producen discriminaciones entre ellos, por lo que consideramos que no se produce la infracción del artículo 20 de la Carta Magna en ninguno de los casos que hemos analizado."

    MOTIVACIONES DE LA CORTE

    Los párrafos de los artículos acusados de inconstitucionalidad se refieren a los derechos del marido o de la mujer casada o en unión de hecho, o a la viuda o el viudo, que por razón de un riesgo profesional que produzca la muerte del trabajador o la trabajadora, o la muerte del pensionado o pensionada, asegurado o asegurada, se les reconoce por motivo del riesgo profesional de tipo laboral o de la pensión de viudez de seguridad social.

    Analizaremos en primer lugar el cargo de inconstitucionalidad contra el penúltimo párrafo citado del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo en lo relativo al riesgo profesional de los trabajadores o trabajadoras.

    Según el artículo 300 del Código de Trabajo el empleador es responsable por los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores y el párrafo segundo del artículo 304 del mismo Código establece que: "En cualquier caso en que por mora u omisión del empleador la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a reconocer las prestaciones a que se refiere dicha legislación especial, tales prestaciones correrán íntegramente a cargo del empleador.

    De lo expuesto, apreciamos que la Caja de Seguro Social reconocerá los riesgos profesionales de los trabajadores inscritos en la Caja y que sus empleadores estén al día en el pago de las primas para el seguro de Riesgos Profesionales y que sólo en el caso de mora u omisión del empleador en el pago de tales primas, el empleador será responsable íntegramente del riesgo profesional de sus trabajadores.

    El artículo 311 del Código de Trabajo en su numeral 1, reconoce el derecho a una renta del veinte por ciento (20%) del salario anual del trabajador que muere víctima de un riesgo profesional por el término de seis (6) años para el cónyuge o miembro superviviente del matrimonio o de la unión de hecho que convivía con el trabajador fallecido o que se hallaba divorciado o separado de cuerpo por causas imputables a éste, siempre que la unión o el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo profesional. El párrafo que sigue en este artículo, condiciona el derecho del marido a la renta por riesgo profesional, a que justifique que es incapaz para el trabajo y dice que la mujer perderá el derecho a la renta si contrae nuevas nupcias o que haga vida marital con otro hombre. Este último párrafo como se viene examinando, es el que se considera inconstitucional en violación de las normas constitucionales 19, 20, 53 y 109.

    Lo primero que hay que establecer es que los familiares del trabajador o trabajadora fallecida tienen derecho, como beneficiarios del mismo, a recibir las prestaciones del seguro de riesgos profesionales. Que en realidad estamos en presencia de una indemnización que reconoce una compensación del veinte por ciento anual del salario de la víctima del accidente de trabajo por seis años, pagaderos en la forma de una renta anual. No es por tanto una pensión, ya que bien pudiera pagarse de una sola vez, como se permite en otras legislaciones. Los artículos 302, 303, 306, 307, 308 y 312 del Código de Trabajo, que se refieren a los riesgos profesionales, claramente señalan que se trata de una indemnización. Por tanto, producido el riesgo, surge el derecho a la indemnización de los beneficiarios señalados por el trabajador, víctima del accidente, sin que ésta pueda condicionarse, a si es capaz o no el marido para trabajar o si la mujer se casa nuevamente o haga vida marital con otro hombre.

    Aparte de lo expuesto, es evidente que resulta discriminatorio para el hombre, por razones de sexo, a la luz del artículo 19 de la Constitución, y contrario al principio de igualdad ante la ley, en perjuicio del varón, del artículo 20, que en la misma situación de hecho, en el caso de la mujer, si ésta es apta para el trabajo y no incapaz para trabajar, sí se le reconoce la renta por la muerte del marido trabajador, sin consideración a si realmente tiene o no necesidad de dicha renta, lo que frente a estas dos normas citadas resulta evidente la violación constitucional del penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo en perjuicio del marido cuya mujer trabajadora falleciere a consecuencia de un accidente de trabajo cubierto por el riesgo profesional. Igualmente resulta contrario al principio establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional al infringirse los principios de libertad de matrimonio y de igualdad de los cónyuges, ya que afecta el derecho de la mujer a contraer nuevas nupcias o vivir maritalmente con otro hombre. Por tanto, se acepta el cargo de inconstitucionalidad contra el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo.

    No se entra a examinar la violación de los otros artículos constitucionales citados como violados, en vista de que no se hace necesario, por considerar que infringe los artículos ya analizados. En cuanto a los artículos 11, 15 y 16 de la Convención sobre toda las formas de discriminación contra la M. y los artículos 17, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ambos ratificados por Panamá, tampoco entra la Corte a considerarlos, en primer lugar por las mismas razones ya expresadas de que basta con que se haya comprobado la violación de los artículos constitucionales citados, y en segundo lugar porque la Corte sólo ha considerado hasta ahora en las sentencias de 8 de noviembre de 1990 (que resuelve amparo contra el Fiscal Séptimo del Circuito de Panamá) y la de 19 de marzo de 1991 (sobre demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión presentada por Industria Papelera Nacional), que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", conjuntamente con el artículo 32 de la Constitución que se refiere a la garantía constitucional del debido proceso, forman parte del bloque de la constitucionalidad, en cuanto a convenciones internacionales se refiere y no se ha pronunciado sobre los artículos citados de las convenciones por parte del demandante, como integrantes o no del bloque de la constitucionalidad. En Panamá, las normas de derecho internacional, como regla general no forman parte del bloque de la constitucionalidad, como lo ha expresado el M.A.H. en la página 105 de su libro "La Interpretación Constitucional". Es indudable que es necesario un pronunciamiento de la Corte, como los casos citados para que el Derecho Internacional, pueda formar parte del bloque de la constitucionalidad. Por ello no puede el Pleno entrar a considerar éstas infracciones de los artículos de la Convenciones citadas.

    Pasemos ahora a examinar los cargos de inconstitucionalidad de los artículos 56-A y 56-B del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, orgánico de la Caja de Seguro Social con sus modificaciones legales posteriores.

    Empezaremos por el artículo 56-A ya citado y el párrafo que se considera inconstitucional dice así: "El viudo inválido tendrá los mismos derechos que en este capítulo se asigna a la viuda, a condición de que dependiere económicamente de la asegurada o pensionada fallecida."

    El párrafo anterior es similar al penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo analizado anteriormente y considerado inconstitucional en esta sentencia. Dicho párrafo sostenía que cuando la renta correspondiere al marido, éste sólo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo. Tal como se dijo antes, existen las mismas razones para considerar inconstitucional el hecho de que, si a la viuda para tener derecho a la pensión de viudez, no se le exige la demostración de que dependiere económicamente del asegurado o pensionado, en la misma situación de hecho negársela al marido viudo es una discriminación y un atentado contra la igualdad de las personas naturales, establecida en los artículos 19 y 20 de la Constitución. No existe la menor duda que hoy en día muchas mujeres ganan un sueldo superior al de su esposo y la ley les concede la pensión de viudez, sin siquiera entrar a considerar si depende o no económicamente del esposo. La infracción del párrafo de la norma acusada con las normas constitucionales consideradas como violadas es evidente y clara y por ello se acepta el cargo.

    Por último se entra a examinar el penúltimo párrafo del artículo 56-B del Decreto Ley 14 de 1954, con sus reformas legales posteriores, considerado como inconstitucional. Dice así el párrafo en mención: "La pensión de viudez dejará de pagarse si la viuda contrae matrimonio o viviese en amancebamiento comprobado. En el primero de estos casos la Caja de Seguro Social pagará a la viuda una suma equivalente hasta un (1) año de su pensión o por el tiempo que falte para el goce de su pensión, si éste es menor de doce (12) meses con la cual quedarán extinguidos todos sus derechos."

    Al igual que con la similitud del último párrafo del artículo 56-A del Decreto Ley 14 de 1954, con sus reformas legales posteriores, y el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo, en relación con el marido viudo, se da la misma situación del penúltimo párrafo del artículo 56-B del Decreto Ley 14 de 1954, con sus modificaciones legales posteriores, con el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo, en relación con la mujer viuda, a la que se le quita el derecho a la renta si contrae nuevas nupcias o hace vida marital con otro hombre.

    Por ello las mismas razones que sirvieron para considerar inconstitucional en esta sentencia el penúltimo párrafo del numeral 1 últimamente citado del artículo 311 del Código de Trabajo en relación con la pérdida de los derechos de la viuda si contrae nuevas nupcias o vive maritalmente con otro hombre, por violar la igualdad de los cónyuges en el matrimonio y la libertad de matrimonio establecida en el artículo 53 de la Constitución, se dan en relación con el penúltimo párrafo del artículo 56-B del Decreto Ley 14 de 1954, con sus modificaciones legales posteriores, que establece que perderá la pensión de viudez si la viuda contrae matrimonio o viviese en amancebamiento comprobado. Por ello, igualmente, se acepta el cargo de inconstitucionalidad.

    En cuanto al artículo 109 de la Constitución Nacional sobre la seguridad social, se aprecia que las normas impugnadas ninguna contempla el caso de incapacidad para obtener empleo retribuido, en un país como el nuestro, que tiene una alta tasa de desempleo.

    Por ello, la viuda o el viudo incapaz de obtener empleo, retribuido dignamente, tiene derecho a la pensión de viudez o a la indemnización por riesgos de trabajo, ya que la omisión de la ley de este derecho consagrado de manera directa en el artículo 109 de la Constitución y excluido en los artículos impugnados, deben entenderse como reconocidos en dichos artículos, por mandato de la norma superior constitucional contenida en el artículo 109.

    El artículo 109 de la Constitución Política otorga los beneficios de seguridad social consistentes en la pensión de viudez o vejez como un beneficio económico a aquellas personas que se encuentren en situación de no contar con medios económicos de subsistencia, por lo que tal cobertura no debería prosperar en aquellos casos en que el asegurado o la asegurada, independientemente de su sexo, cuente con fuentes de ingresos permanentes que le permitan una vida decorosa.

    Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL: A. el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo que dice así: "Cuando la renta correspondiere al marido, éste sólo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo. Perderá este derecho la mujer que contraiga nuevas nupcias o que haga vida marital con otro hombre." Por lo tanto el numeral 1 del artículo 311 del Código de Trabajo quedará así: "Una renta del veinte por ciento del salario anual de la víctima durante seis años para el cónyuge o miembro superviviente del matrimonio o de la unión de hecho que convivía con el trabajador fallecido o que se hallaba divorciado o separado de cuerpos por causas imputables a éste, siempre que la unión o el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo profesional.

    Dicha renta se elevará al treinta por ciento del salario anual si el trabajador no tuviere beneficiario alguno de los comprendidos por el ordinal 2º de este artículo." El resto del artículo 311 del Código de Trabajo queda igual.

    1. DECLARA INCONSTITUCIONAL el último párrafo del artículo 56-A del Decreto Ley 14 de 1954 tal cual fue adicionado por el artículo 20 de la Ley 19 de 1958, y subrogado por el artículo 72 del Decreto Ley 9 de 1962 que dice así: "El viudo inválido tendrá los mismos derechos que en este capítulo se asignan a la viuda, a condición de que dependiere económicamente de la asegurada o pensionada fallecida." Por lo tanto, el artículo 56-A del Decreto Ley 14 de 1954 tal cual fue adicionado por el artículo 20 de la Ley 19 de 1958, y subrogado por el artículo 72 del Decreto Ley 9 de 1962 quedará así:

      "Tendrá derecho a pensión de viudez, la viuda del asegurado o pensionado fallecido. A falta de viuda corresponderá el derecho a la mujer que convivía con el causante en unión libre, a condición de que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y de que la vida en común se hubiere iniciado por lo menos (5) años antes del fallecimiento del asegurado, o antes del otorgamiento de la pensión si se trata de un pensionado. Se aceptaría como prueba de la vida en común, únicamente la declaración que hubiere hecho el asegurado de acuerdo con las normas reglamentarias que dicte al efecto la Caja. Si la compañera quedare en estado de gravidez al fallecimiento del asegurado o pensionado o si tuvieren hijos en común, se prescindirá del requisito de declaración previa del asegurado."

    2. SE DECLARA INCONSTITUCIONAL el penúltimo párrafo del artículo 56-B del Decreto Ley 14 de 1954 tal cual fue subrogado por el artículo 42 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, que dice así: "La pensión de viudez dejará de pagarse si la viuda contrae matrimonio o viviese en amancebamiento comprobado. En el primero de estos casos, la Caja de Seguro Social pagará a la viuda, una suma equivalente hasta un (1) año de su pensión o por el tiempo que falte para el goce de su pensión si este es menor de doce (12) meses, con lo cual quedarán extinguidos todos sus derechos." Por lo tanto, el mencionado artículo 56-B del Decreto Ley 14 de 1954 tal como fue subrogado por el artículo 42 de la ley 30 del 26 de diciembre de 1991 quedará así: "La pensión de viudez será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la pensión de vejez o invalidez que gozaba el causante o de la que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento, excluidas las asignaciones familiares. Se pagará por el período de cinco (5) años que debe contarse desde la fecha del fallecimiento del causante; pero si a la expiración de este plazo la viuda estuviere inválida, de acuerdo con las normas reglamentarias que dictará la Caja de Seguro Social, o hubiere cumplido la edad normal de retiro, o tuviere a su cargo hijos del causante con derecho a pensión de orfandad, la pensión de viudez se seguirá pagando en forma vitalicia en los dos (2) primeros casos y hasta que el último de los hijos cese en el goce de la pensión de orfandad, en el último caso.

      Si al cesar el goce de la pensión de orfandad del último de los hijos, la viuda hubiere cumplido la edad normal de retiro, la pensión se pagará en forma vitalicia."

      N..

      (fdo.) E.M.M.

      (fdo.) ELIGIO SALAS

      (fdo.) F.A.E.

      (fdo.) R.A.F.Z.

      (fdo.) H.A.C.T.

      (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

      (fdo.) R.A.G.

      (fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

      (fdo.) A.H.

      (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

      Secretario General