Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Agosto de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución:10 de Agosto de 2000
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LCDO. MIGUEL ROBERTO VANEGAS EN CONTRA DE VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 14 DE 26 DE MAYO DE 1993, QUE INSTITUYEN LOS DENOMINADOS 'CUPOS' O 'CERTIFICADOS DE OPERACIÓN'

 
CONTENIDO

VISTOS:

El Licenciado M.R.V., presentó en su propio nombre ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 5, y los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, que instituyen los denominados "cupos" o "certificados de operación", de la Ley Nº 14 de 26 de mayo de 1993, "Por la cual se Regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros y se Dictan Otras Disposiciones", por infringir el artículo 40 de la Constitución Nacional.

Los hechos más importantes de la demanda son los siguientes:

Que la Ley de marras estableció que por conducto de un Organismo llamado "Ente Regulador", el Estado otorgará "Cupos" o "Certificados de Operación" a las personas que quieran dedicarse al oficio de transporte terrestre público de pasajeros.

Que la Ley 14 no estableció requisitos de idoneidad o moralidad -permitidos constitucionalmente- para la expedición de dichos cupos o certificados de operación, dejando su emisión al "libre y caprichoso criterio del Ente Regulador", o sea, al Estado, por medio de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (D.N.T.T.T.), del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Que el artículo 40 de la Constitución señala la libertad de toda persona para ejercer cualquier profesión u oficio, sujeta a los reglamentos legales en lo atinente a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias, ni se impondrá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales, los oficios y las artes.

Que las normas impugnadas por inconstitucionales, atentan contra la libertad de profesión y oficio, que garantiza el citado artículo 40 Constitucional.

Que las normas acusadas no establecen requisitos para optar por los "cupos" o "certificados de operación", quedando su expedición al "absoluto arbitrio" del Ente Regulador.

Que en la práctica, el sistema de cupos o certificados de operación, además de inconstitucional, "es fuente constante de problemas", "arbitrariedades " y "escandalosas corruptelas".

En cuanto a la indicación de las normas constitucionales que se estiman violadas y concepto de la infracción, indicó el demandante que el artículo 40 Constitucional fue violado por todos los artículos impugnados de la Ley 14, en concepto de violación directa por acción, en la medida en que la obligación de contar con un cupo o certificado de operación expedido por el Estado, sin atender a ningún requisito constitucional, atenta -a su juicio- contra la libertad de profesión y de oficio garantizada en la Constitución Nacional.

Afirmó que la ley puede reglamentar requisitos de idoneidad, moralidad, sindicación etc., para las personas que deseen dedicarse al transporte terrestre público de pasajeros, pero no puede otorgar al Estado la potestad de conceder o no, a quien quiera, un Certificado de Operación o Cupo, porque ello impide la libertad del oficio del transportista terrestre colectivo o selectivo.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole al Procurador General de la Nación, el turno para emitir su opinión sobre el presente negocio, lo que hizo mediante la Vista Nº 3 de 8 de marzo de 1999.

En ella, manifestó el Jefe del Ministerio Público que, en términos generales, el actor no determinó ningún aspecto específico que considerara inconstitucional en las normas impugnadas.

Trajo a colación un fallo de esta Superioridad, de 25 de mayo de 1994, que declaró no inconstitucionales los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37, así como el artículo 38 de la ley de marras, produciéndose en cuanto a estas normas, el fenómeno procesal de cosa juzgada constitucional; por ello, el análisis de opinión se centró en las otras normas impugnadas.

Dijo que el servicio de transporte público de pasajeros constituye un servicio que pueden brindarlo tanto personas naturales como jurídicas, y que, debido a la naturaleza pública de la prestación, el Estado está obligado a crear un mecanismo que asegure la eficacia y la prestación del servicio, y que garantice los derechos y obligaciones de las partes -transportistas, conductores y usuarios.

Para ello, el Estado creó un sistema de concesiones a favor de determinada persona natural o jurídica para que preste el servicio público de transporte, inspirado en el bienestar social y el interés público.

En este sentido, la concesión de los "Certificados de Operación" o "Cupos" es efectuada por el Ente Regulador.

Consideró que, aunque ni la Ley 14 de 1993 ni el Resuelto Nº 167 de 29 de junio de 1993 -que reglamenta el procedimiento para la concesión de los mencionados Certificados- establecieron requisitos que restringieran la cantidad de usuarios que aspiren a prestar el servicio, eso en vez de obstaculizar la libertad de profesión, ha permitido mayor acceso a todos los interesados para prestar el servicio, desacreditando el argumento del demandante, de que la expedición de los Cupos ha quedado al libre y caprichoso arbitrio del Ente Regulador, atentando contra la libertad de profesión.

Por otro lado, el señalamiento de que las concesiones "caprichosas" desatienden el contenido de los artículos que componen la Ley 14, señaló que el Ente Regulador tiene adscrito en cada provincia un organismo mixto denominado Consejo Técnico Provincial de Transporte, formado por representantes del Ente Regulador, de los transportistas de la respectiva provincia, y de representantes de los usuarios.

Que dichos Consejos tienen la facultad de vigilar la sujeción al procedimiento para obtener los Cupos, así como su traspaso y cambio de unidades. Si las recomendaciones del Consejo Técnico Provincial no son acogidas por el Ente Regulador, aquel puede -en virtud de los artículos 9 y 10 de la Ley 14- interponer los medios impugnativos ante la vía gubernativa, y la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ello implica que el Ente Regulador no puede conceder los Certificados de Operación libre y caprichosamente, ya que está adscrito a un organismo que tiene, entre sus funciones, la de fiscalizar la concesión de los Cupos.

Además, el artículo 33 de la ley de marras -impugnado- señala que los Certificados de Operación serán concedidos de manera gratuita por el Ente Regulador, reconociendo los derechos de los poseedores de dichos Cupos anteriores, y estableciendo que los nuevos Certificados serían concedidos a los aspirantes seleccionados de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, según el orden de prelación.

Todo esto -a juicio del Procurador- demuestra que los mecanismos de control para la concesión de los Certificados de Operación o Cupos, de una manera objetiva, están debidamente recogidos en la Ley, por lo que los argumentos del demandante constitucional carecen de fundamento, ya que ese control, en vez de violar el derecho de profesión establecido en el artículo 40 Constitucional, busca garantizar que las concesiones sean otorgadas a personas que puedan cumplir su compromiso, en pro del interés público y el bienestar social.

En otro sentido, consideró el Jefe del Ministerio Público que los artículos 31 al 38 de la ley de marras, establecen los mecanismos de control para garantizar el interés público y el bienestar social, por lo que no infringe el artículo 40 de la Carta Política.

Luego de transcribir cada una de esas normas, dijo el Procurador que su estudio revela que las mismas protegen al usuario, al concesionario y al transportista, al establecer medidas de control para la concesión de los Cupos, lo que es necesario dada la naturaleza del servicio prestado, como el llevar registro de todos los Cupos otorgados, el reconocimiento de la titularidad anterior a la vigencia de la Ley 14, la concesión del plazo para sustituir el vehículo en caso de pérdida, para reducir los perjuicios ocasionados a los usuarios por la disminución de las unidades de transporte que prestan el servicio, así como la cancelación de los Cupos, de acuerdo al procedimiento legal.

Por lo tanto, reiteró el Opinador que las medidas señaladas en las normas impugnadas no perjudican a los dueños de los Cupos, al determinar las causales que originan la cancelación del Cupo.

Finalmente, en cuanto al numeral 5º del artículo 5 de la ley de marras -que define lo que es Cupo-, no limita la libertad de profesión, porque, en concordancia con la Ley, definió el Cupo como mecanismo creado por el Estado para cuidar y vigilar la concesión del derecho de prestar un servicio público de transporte de pasajeros, a todos los aspirantes que reúnan los requisitos para ello, no siendo posible -considera el Procurador- que la prestación de ese servicio público sea concedido sin que medie un procedimiento que asegure que se rinda el servicio con eficacia y seguridad.

Por todo ello, solicitó el Procurador General de la Nación que los numerales 1, 5 y 6 del artículo 37 y el artículo 38 de la Ley 14 de 1993 sean declarados como cosa juzgada constitucional, en virtud del fallo de 25 de marzo de 1994; y que se declare que los artículos 5, numeral 5º, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 36, numerales 2, 3, 4 y 7 de la misma ley, no violan el articulo 40 Constitucional ni ninguno otra de dicha excerta.

Devuelto el expediente a la Secretaría General de la Corte, se fijó en lista por el término de diez (10) días a partir de la última publicación de los Edictos, para que el demandante y todas personas interesadas presentaran argumentos por escrito respecto al caso.

Por lo tanto, cumplidas las ritualidades procesales establecidas para esta clase de negocio constitucional, se dispone la Corte a resolver el fondo del caso, para lo cual adelanta las siguientes consideraciones.

En primer lugar, concuerda el Pleno con el señalamiento del Procurador General de la Nación, cuando en su Vista, invocó la sentencia de 25 de marzo de 1994, en el que esta Corporación de Justicia declaró NO INCONSTITUCIONALES, los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37, así como el artículo 38 de la Ley 14 de 1993, por lo que, efectivamente, se verifica el fenómeno jurídico denominado SUSTRACCIÓN DE MATERIA CONSTITUCIONAL, ya que la jurisprudencia producida sobre el particular, ha establecido que cuando la Corte se ha pronunciado anteriormente sobre la constitucionalidad de una norma o un acto acusados de inconstitucional, la decisión sentada rige para las acciones interpuestas contra las mismas normas o actos impugnados, a menos que cambie de criterio.

Por lo tanto, el Pleno debe declarar COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL respecto a los ordinales 1º, 5 y 6 del artículo 37, y del artículo 38 de la Ley Nº 14 de 1993, razón por la que no será ventilada la presunta inconstitucionalidad de dichas normas.

En cuanto al análisis de las restantes normas impugnadas por inconstitucionales, debemos, en primer lugar, transcribir la norma superior que presuntamente infringen:

"ARTICULO 40: Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, revisión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes."

Afirmó el actor que la norma fue violada por todos los artículos por él impugnados, en concepto de violación directa por acción (comisión), porque la obligación de tener un Cupo, expedido por el Estado para poder ofrecer el servicio, atenta contra la libertad de profesión que garantiza la norma transcrita, porque, aparte de la reglamentación que debe hacerse cumplir en cuanto a colegiación, moralidad, idoneidad, sindicación para los que quieran explotar la actividad de transporte público de pasajeros, no puede el Estado reservarse el derecho de "conceder a quien quiera", los Cupos o Certificados de Operación, lo cual -a su juicio- coarta la libertad del oficio del transportista, tanto colectivo como selectivo.

Es decir, la esencia de la demanda estriba en que las normas impugnadas dejan al arbitrio del Ente Regulador, la concesión de los Cupos o Certificados de Operación para la explotación del servicio de transporte público, lo que ha producido abusos, injusticias, y coarta la libertad de oficio de los transportistas que aspiran a brindar el servicio.

El numeral 5º del artículo 5 de la Ley 14 de 1993 es del siguiente tenor:

"Artículo 5. Para los efectos de esta ley, regirán las siguientes definiciones:

...

  1. Cupo: Certificado de operación concedido por el Estado al propietario de un vehículo, que lo autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en una ruta o zona determinada."

    No logra comprender esta Corporación de Justicia, cómo ésta norma infringe la libertad de profesión, ya que, lo que la definición de "Cupo" o "Certificado de Operación" revela, es el mecanismo de concesión de Cupos por parte del Estado a los propietarios de vehículos en general, que los autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en una ruta o zona determinada; pero no hace ninguna acepción conceptual en cuanto a los propietarios de vehículos, refiriéndose a todos en general.

    Por lo tanto, no prospera la pretensión.

    Por su parte, el artículo 31 dice lo siguiente:

    Artículo 31. Todo vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte terrestre público debe tener un certificado de operación o cupo, otorgado a su propietario, en el que se hace constar las características genéricas del vehículo, el número de su placa de circulación, las generales del propietario, la linea o ruta en que prestará el servicio y el concesionario responsable del mismo.

    El certificado de operación o cupo, así como el vehículo que éste ampara, pueden ser objeto de garantía, pudiendo el acreedor, en caso de que sea necesario, administrarlos o recibirlos en usufructo hasta tanto recupere su acreencia.

    La primera parte de la norma revela la obligatoriedad de que todo vehículo dedicado a la actividad de transporte público de pasajeros, tenga el Cupo -o licencia- para explotar la actividad. Este requisito debe ser cumplido por todos los propietarios de vehículos destinados al transporte público colectivo y selectivo, con total independencia de quién sea el dueño del vehículo.

    El segundo párrafo de la norma establece los requisitos que debe contener dicho Certificado de Operación, los cuales operan para todos los vehículos. También señala que, tanto el vehículo que presta el servicio, como su Cupo, son objeto de garantía para asegurar una obligación, y también pueden ser objeto de administración por parte del acreedor hasta que recupere su acreencia.

    Esta medida tiende a defender a terceras personas que tengan derechos o intereses afectados por los propietarios de los vehículos y/o sus Cupos, por cualquier motivo -procesos legales por accidentes, etc.

    Esta regla es aplicable por igual a todos los transportistas que exploten el servicio, razón por la que tampoco infringe la libertad de oficio, denunciada por el Licdo. V..

    El artículo 32 de la excerta, señala que:

    Artículo 32. El Ente Regulador llevará un registro de todos los vehículos que presten el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el territorio nacional. Este registro contendrá el número del certificado de operación o cupo del vehículo, sus características, la línea, ruta o piquera donde presta el servicio, el nombre y generales del propietario del vehículo, y si contra el vehículo registrado pesa algún tipo de gravamen.

    La norma señala que el organismo denominado Ente Regulador, tendrá el control de los registros de todos los vehículos que exploten la actividad de transporte público de pasajeros en Panamá, ya que es la entidad creada por el Estado para regir y controlar la actividad en nuestro país, porque, como es lógico, ésta debe ser supervisada por el Estado, precisamente, para evitar abusos.

    Los elementos que debe contener dicho registro -número de Cupo del vehículo, sus características, la línea en la que presta el servicio, identificación del propietario y gravamen contra el vehículo- deben ser cumplidos por igual por todos los propietarios de los vehículos que explotan este servicio público, con la intención de identificar los vehículos de manera certera, así como a sus propietarios y la situación legal por la que atraviesan.

    Tampoco se advierte allí, ninguna violación a la libertad de oficio garantizada por el artículo 40 Constitucional, porque la norma sólo está garantizando la fiscalización de la actividad por medio del Ente Regulador, quien controlará el registro de los vehículos, por lo que tampoco prospera esta impugnación.

    El artículo 33 íbidem, es del siguiente tenor:

    "Artículo 33. El Ente Regulador concederá los certificados de operación o cupos para cada línea, ruta o piquera, gratuitamente, salvo el pago de los derechos de trámite establecidos por el Ente Regulador, previa consulta con los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte.

    Para la prestación del servicio en líneas, rutas o piqueras, que se modifiquen por reestructuración, se seleccionará prioritariamente a los poseedores de certificados de operación o cupos vigentes de otras líneas, rutas o piqueras que hayan sido objeto de disminución de unidades. En segunda instancia, los nuevos certificados de operación o cupos y los que hayan sido objeto de cancelación por las causales previstas en esta Ley, se concederán a los aspirantes seleccionados de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, atendiendo al orden de prelación de las mismas.

    Las listas a que se refiere este artículo serán confeccionadas en la primera Asamblea General de Propietarios de los vehículos de la línea, ruta o piquera correspondiente, de acuerdo a los años de servicios, el orden cronológico, la experiencia y los méritos de los aspirantes. Esta lista estará integrada, en primer lugar, por los conductores no propietarios de la línea, ruta o piquera correspondiente, y, en segundo lugar, po los propietarios de las mismas. La copia del acta y el listado aprobado por la Asamblea General de Propietarios, deben ser registrados ante el Ente Regulador y mantenerse en un lugar visible de la piquera o terminal correspondiente. Los nuevos interesados en la concesión de certificados de operación o cupos que surjan después de celebrada la primera Asamblea General de Propietarios, deben solicitar al concesionario de la línea, ruta o piquera de su interés, que los inscriba en la lista correspondiente, quedando el concesionario obligado a notificar inmediatamente al Ente Regulador esta inscripción. Los certificados de operación o cupos serán otorgados sólo a los nacionales panameños.

    Parágrafo (Transitorio). Los poseedores de certificados de operación o cupos que no sean panameños, deben adecuarse a esta Ley dentro del período de los seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la misma.

    Todas las transacciones realizadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en la que estuviere involucrado el certificado de operación o cupo y/o el vehículo, deben ser registradas ante el Ente Regulador dentro del período de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley."

    El primer párrafo, sólo señala que los Cupos serán concedidos por el Ente Regulador para las líneas, rutas o piqueras de manera gratuita -a juicio de la Corte para evitar favoritismos- con la sola condición de que se paguen los derechos de trámite del Cupo que establezca el Ente Regulador, luego de consultados los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte.

    Es decir, que el ente estatal es quien concede los cupos de manera gratuita, excepto por los gastos de trámite, y que los requisitos para la obtención de dichos Cupos tienen que ser consultados con los Consejos Técnicos de Transporte, que a su vez está formado por representantes de todos los sectores; no observamos allí, ningún favoritismo en favor de algunas personas, ni limitación a libre ejercicio del oficio de transportista.

    Lo que sucede es que, tal como señaló el representante del Ministerio Público, el ente estatal tiene que establecer algunos requisitos para garantizar la calidad y la continuidad del servicio al usuario, y ello es lo que refleja esta porción de la norma.

    Ahora bien, el artículo en estudio también enseña -en su segundo párrafo- que en los casos de selección de piqueras, líneas o rutas que se estuvieran modificando por reestructuración -al momento de la implementación de esta Ley-, se preferiría entonces a las otras líneas, rutas o piqueras que tuvieran certificados vigentes, y que hubieran sufrido disminución de unidades.

    Es decir, en el caso de las líneas, piqueras o rutas que no pudieran prestar el servicio por reestructuración, éstas serán suplidas o reemplazadas por otras líneas, piqueras o rutas que poseyeran Certificado de Operación y que estuvieran en inferioridad numérica de unidades, para así darles la oportunidad, al momento de implementar la Ley 14, de una mayor participación para beneficiarlos.

    Ello, a juicio del Pleno, no constituye ninguna violación a la libertad de oficio; por el contrario, la norma trata de garantizar la participación equitativa de todos.

    La segunda parte del párrafo señala que los nuevos Cupos o Certificados de Operación que fuera a otorgar el Ente Regulador -al iniciar la vigencia de la Ley-, así como los Certificados que hubieran sido cancelados por causas establecidas en la Ley, se le concederían a los aspirantes que se seleccionarían de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, según el orden de prelación.

    Es decir, que los nuevos aspirantes a obtener los Cupos o Certificados de Operación ya existentes o nuevos, se seleccionarían de las listas de espera que -según el siguiente párrafo de la norma- serían confeccionadas por la primera Asamblea General de propietarios de vehículos de las líneas, rutas o piqueras correspondientes, "de acuerdo a los años de servicios, orden cronológico, experiencia y méritos de los aspirantes".

    Ese orden de prelación que establece el artículo en estudio, está determinado por el tercer párrafo de la norma, cuando se refiere a la preferencia de los conductores no propietarios de vehículos, en primer lugar, y luego los propietarios, en segundo lugar, con la misma intención, de lograr una participación equitativa de los transportistas.

    Luego establece el mecanismo de reconocimiento de candidatos a Cupos por el Ente Regulador, mediante copia de acta y listado proporcionado por la Asamblea General de Propietarios.

    Todo esto denota un riguroso mecanismo de selección de candidatos para suplir las líneas, rutas o piqueras que no podían prestar el servicio al momento de aplicar la Ley 14, o de los nuevos aspirantes a los cupos libres o nuevos; cualquier persona puede ser aspirante a un Cupo o Certificado de Operación, siempre que cumpla los requisitos transcritos.

    No constituye esta, ninguna violación a la libertad de oficio, ya que lo que revela la norma, es una regulación en las distintas circunstancias en que se pueden conceder los Cupos o Certificados de Operación; dicha reglamentación no afecta a ninguna piquera o propietario en particular, pues categoriza a los candidatos nuevos que deseen obtener el permiso para explotar la actividad.

    No viola esta norma, el artículo 40 de la Constitución.

    Por su parte, el artículo 34 de la excerta bajo análisis es del siguiente tenor:

    Artículo 34. Después de noventa (90) días de promulgada la presente Ley, se entenderá por definitiva la titularidad del certificado de operación o cupo que conste en el Ente Regulador. Ningún otro documento público o privado será reconocido para tal efecto.

    Esta norma establece el valor del cupo o certificado de operación reconocido y registrado en el Ente Regulador, al entenderse por definitiva su titularidad luego de 90 días de promulgada la Ley 14; enfatiza lo anterior al señalar que no se reconocerá otro documento público o privado para probar la autorización del Estado -Ente Regulador- para explotar la actividad de transporte público de pasajeros.

    Esta valoración o titularidad documental se le reconoce al cupo o certificado de operación, y nada tiene que ver con su concesión por parte del Ente Regulador, ni el modo de otorgarlo, ni las características de los aspirantes para obtenerlo.

    Por lo tanto, tampoco prospera la impugnación contra esta norma legal.

    En otro sentido, el artículo 35 íbidem, dice así:

    Artículo 35. En caso de pérdida de un vehículo de transporte terrestre, el Ente Regulador concederá el plazo de un (1) año para el transporte colectivo; y de seis (6) meses, para el selectivo, contados a partir del momento en que ocurrió la pérdida, para el reemplazo de este vehículo, cuando así lo solicite el propietario del certificado de operación o cupo correspondiente. El Ente Regulador concederá una prórroga de seis (6) meses para el transporte colectivo; y de tres (3) meses, para el transporte selectivo, previa solicitud del interesado, y con la condición de que éste demuestre que tramita la compra o importación de un vehículo sustituto. En estos casos, el concesionario de la línea, ruta o piquera afectada por la pérdida tomará las providencias correspondientes, para satisfacer las necesidades del usuario.

    Esta norma establece el mecanismo aplicable por el Ente Regulador, en caso de que cualquier línea, ruta o piquera pierda un vehículo, señalando plazos para el reemplazo de los mismos, así como sus prórrogas a petición de los propietarios, y requisitos para ello.

    Tampoco observa el Pleno ninguna violación al principio constitucional de libertad de oficio, pues la norma establece un mecanismo para resolver una situación de carencia por parte de la línea, ruta o piquera de que se trate, en términos generales, lo que indica que es aplicable a todas las líneas, rutas o piqueras del país, de transporte colectivo o selectivo.

    Por ser la norma, de aplicación general, no puede violar el principio esbozado por el actor; no prospera la pretensión.

    En cuanto al artículo 36 íbidem, el mismo se expresa así:

    Artículo 36. En caso de incumplimiento de las disposiciones legales o contractuales por parte de los propietarios de certificados de operación o cupos, el concesionario de la línea o ruta respectiva, por decisión de la Asamblea General de los Propietarios, solicitará al Ente Regulador la cancelación del certificado de operación o cupo respectivo, a fin de no ver afectada su concesión.

    Comprobada la causal de cancelación, el Ente Regulador quedará obligado a cancelar el certificado de operación o cupo correspondiente. No obstante, el Ente Regulador se reserva el derecho de cancelar en cualquier momento los certificados de operación o cupos por las causas establecidas en esta Ley y el Contrato de Concesión, aplicables al titular del certificado de operación o cupo.

    Al igual que en el análisis de la norma anterior, el primer párrafo del artículo 36 establece una fórmula general de defensa para los concesionarios de las líneas o rutas involucradas, para que puedan solicitar al Ente Regulador la cancelación de los certificados o cupos de sus propietarios, y así proteger la concesión a su ruta, cuando éstos incumplan sus responsabilidades legales o contractuales.

    Ello ocurre, en primer lugar, mediante acuerdo de la Asamblea General de Propietarios, quienes harán la solicitud al Ente Regulador quien, de comprobar la causal, hará la cancelación del cupo. Como vemos, el mecanismo es imparcial.

    El segundo párrafo señala, de manera complementaria, que el Ente Regulador está facultado, por sí solo, para cancelar los cupos o certificados de operación, si comprueba que el propietario -cualquiera que sea este- ha incurrido en incumplimiento legal o contractual.

    También está autorizado para anular -en cualquier tiempo- dicha autorización para operar, cuando los propietarios de los cupos -cualquiera que ellos sean- hayan incurrido en alguna de las prohibiciones impuestas por la ley.

    Este párrafo es también es de carácter general, y por ello no puede violar el artículo 40 Constitucional.

    Por otro lado, en cuanto a la infracción por parte de los numerales 1 al 7 del artículo 37 de la Ley 14, no estudiaremos la acción contra los numerales 1, 5 y 6, ni la presunta infracción constitucional infringida por el artículo 38, por razón de la cosa juzgada constitucional producida respecto a estas normas, por razón del fallo de 25 de mayo de 1994, en el que el Pleno los declaró no inconstitucionales.

    Los numerales pertinentes establecen los siguientes:

    "Artículo 37. Los certificados de operación o cupos serán cancelados por las siguientes causales:

  2. ......

  3. Por actividades delictivas en las que el vehículo estuviera relacionado, con la participación o el conocimiento comprobado del transportista.

  4. Por la suspensión total o parcial del servicio, sin causa justificada. Se entenderá por causa justificada la imposibilidad de prestar el servicio por daños mecánicos o medidas decretadas por la autoridad pública competente.

  5. Por el uso indebido, en perjuicio del Fisco, de las exoneraciones y subsidios contemplados en la presente Ley.

  6. ........

  7. ........

  8. ........"

    Este artículo establece las causales por las que el Ente Regulador puede cancelar los cupos de marras; el numeral segundo señala que se suspenderá la autorización para explotar la actividad cuando el vehículo ha tenido relación con alguna actividad delictual, si el propietario participó en la misma o si tuvo conocimiento de que su vehículo estuvo relacionado con dicha actuación delictiva.

    Nuevamente, nos encontramos con la constante de que la norma le concede al Ente Regulador la facultad para cancelar el cupo o certificado de operación de cualquier propietario, si su vehículo está involucrado en un hecho punible, si éste tenía conocimiento o participación de la comisión del delito.

    El numeral tercero señala que el Ente Regulador puede cancelar el cupo, si el servicio que presta el propietario del mismo ha sido suspendido "sin causa justificada", entendiéndose por causa justificada que la suspensión por daño mecánico o por medidas que contra él haya decretado una autoridad pública.

    Este numeral también es de aplicación general, ya que la cancelación que puede hacer el Ente Regulador, puede ser contra cualquier propietario de cupo que haya suspendido el servicio sin justificación legal; incluso, define los casos en que la suspensión se considera justificada.

    El numeral cuarto, señala que el cupo o certificado de operación puede ser cancelado por el uso indebido de las exoneraciones y subsidios contemplados en esta Ley, si con ello se defrauda al Fisco.

    Igual suerte que los anteriores corre este numeral, por cuanto el uso indebido de las exoneraciones y subsidios que establece esta Ley 14, y que defrauden al Fisco, puede ser cometido por cualquier propietario de certificado de operación que goce de dichas exoneraciones y subsidios.

    La norma es de aplicación general, y contrario a lo señalado por el accionante, de que "... el Estado se reserva el derecho a conceder o no a quien quiera dedicarse a esta actividad u oficio, un cupo o un certificado de operación, ..., lo que, al hacerse, impide la libertad del oficio de transportista, ...".

    Ya se ha establecido que las normas analizadas establecen el procedimiento para la asignación de los cupos, así como las razones y circunstancias para cancelarlos, las cuales están determinadas por parámetros generales.

    Además, en caso de que ocurrieran las situaciones expuestas por el Licdo. M.V., ello obedecería a la aplicación de la Ley 14 de 1993, y no por su contenido.

    Por consiguiente, es el criterio de esta Corporación de Justicia, que no prospera la presente demanda de inconstitucionalidad, no sin tomar en cuenta que en cuanto a los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37 y el artículo 38, opera el fenómeno jurídico denominado cosa juzgada constitucional.

    En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL respecto a los artículos 37 numerales 1, 5 y 6, así como el artículo 38, y que NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 5 numeral 5º, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 numerales 2, 3, y 4 de la Ley Nº 14 de 26 de mayo de 1993.

    C., N. y P. en la Gaceta Oficial.

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) G.J.D.C.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) J.M.F.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) C.P.B.

    (fdo.) E.A.S.

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General