Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Octubre de 1998

Que conforme a los trámites legales en los procesos laborales que se ventilan en Las Juntas de Conciliación y Decisión una vez dictada la sentencia, este Tribunal pierde competencia para practicar nuevas pruebas; sin embargo, el Tribunal Superior admitió y convalidó un Auto Para Mejor proveer, que incorporó una certificación de la demandada, que le atribuía al demandante haber tomado vacaciones entre el 16 de octubre y el 14 de noviembre de 1991; auto dictado después de dictada la Sentencia y certificación incorporada al expediente igualmente.

Que conforme a los trámites legales, las pruebas aportadas al proceso y que deben constar en el expediente deben hacerse en la etapa de la diligencia de audiencia, en la que la contraparte tiene la oportunidad de tacharla y objetarla; sin embargo, la Sentencia acusada se fundamenta en una prueba incorporada extemporáneamente y contra la que la contraparte no se le dio la oportunidad procesal de oponerse a la misma, en violación al trámite legal ordenado por la Constitución Nacional.

Que la Junta de Conciliación y Decisión no tenía competencia para practicar pruebas de oficio una vez que en dicho proceso se había dictado sentencia; y la certificación incorporada pecaba de tener un contenido falso porque A.O. no había disfrutado de vacaciones en el período del 16 de octubre al 14 de noviembre; sin embargo, el Tribunal Superior en la sentencia acusada declaró el despido justificado sin que el mismo estuviese fundamentado en algunas de las causas establecidas en la Ley, como lo ordena la Constitución Nacional.

Que por conducto de la sentencia acusa (sic) el Tribunal Superior declaró justificado el despido realizado contra A.O., para lo cual se fundamentó en una causal inexistente por haberse extinguido con el transcurso del tiempo; puesto que no prevee la Ley como formalidad de una causa, actividades fraudulentas y violatorias de los trámites legales, como lo fue la incorporación al margen de estos de una certificación falsa, que hacía constar disfrute de vacaciones y que consta en el expediente.

Que la sentencia acusada violó los trámites de la Ley al convalidar la actuación e incorporación extemporánea de la Junta y fundamentar su decisión en dicha actuación; a la vez que justificó un despido realizado sin que mediara justa causa de las establecidas en la Ley como lo reconoció el magistrado A.R., quien salvó su voto". (FS. 12, 13).

Considera el demandante "que el Tribunal Superior de Trabajo violó el artículo 32 de la Constitución Nacional en forma directa, por cuanto que avaló y admitió una prueba la actuación de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, después de haber perdido la competencia en el proceso, al terminar el mismo mediante sentencia el 15 de junio de 1992; en tanto que dicha actuación y pruebas se dieron después de pronunciada la sentencia, en una clara usurpación de competencia y por consiguiente una actuación extemporánea".

Así mismo, expresa que se infringió en forma directa el artículo 70 de la Constitución Nacional:

"por cuanto que el Tribunal Superior de Trabajo, no obstante reconocer que la nota DRH-AP-100-92 del 23 de julio de 1992, no fue pedida por las partes, sino introducida extemporáneamente por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, la admitió y utilizó para dejar sin efecto los dos (2) meses de caducidad, bajo el pretexto de que: "el hecho cierto es que fue agregada al proceso y forma parte del expediente, por lo cual el Tribunal no puede ignorar su existencia; sin embargo, el Tribunal ignoró la existencia del Trámite Legal que establece que las pruebas se presentarán el día y hora fijada para la audiencia o dentro del término improrrogable y en todo caso, antes de dictar sentencia, de modo que la parte contraria la cual se presenta, tenga la oportunidad de y para oponerse a la misma, trámite incumplido en el proceso (ver art.963, 968 y 969 del Código de Trabajo) e ignorado por el tribunal ad-quem, que implica un acto contrario a la lealtad y probidad procesal".

"Artículo 70. Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente". (Subraya el amparista).

La norma constitucional transcrita, expresa el actor, se infringió en forma directa:

"por cuanto que una de las formalidades establecidas por la Ley para despedir con fundamento en las justas causas establecidas en la Ley, es que la misma debe comunicarse dentro del plazo de dos (2) meses a partir del día que se configura la causal; sin embargo, el Tribunal Superior de Trabajo convalidó un despido notificado después de transcurrido los dos (2) meses de haberse configurado la causal, fundamentando su actuación en que existía en el expediente una nota agregada al margen de los trámites legales que daban cuenta de la interrupción del término de dos (2) meses, que tenía el empleador para despedir, con lo que colocaba, con este pretexto al empleador con términos para despedir el 19 de noviembre de 1991, en tanto que la causal se configuró el 30 de octubre del mismo año; por lo tanto, al autorizar el despido o declarar justificado el mismo el Tribunal infringió la norma acusada en su primer presupuesto "ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa" puesto que la misma se extinguió o dejó de existir una vez que la caducó el derecho a despedir a la empleadora, por el transcurso del tiempo (dos meses); sin embargo, el tribunal sin existencia de causal, revocó la sentencia del a-quo y mucho menos de causa justa".

Finalmente, expresa que como se valoró una prueba no aducida por las partes e incorporada al expediente en forma ilegal y extemporánea, se violaron normas que garantizan el derecho de defensa de las partes.

La Junta de Conciliación y Decisión N° 4, en cumplimiento de lo ordenado por esta Superioridad, en oficio SGP-1999-97 del 26 de noviembre de 1997, remitió el expediente contentivo de la actuación demandada mediante la presente acción de inconstitucionalidad.

De fojas 10 a 19 del expediente que contiene el proceso laboral de marras, se lee en el Acta de la Audiencia, celebrada el 15 de junio de 1992, lo siguiente:

"Abierta la etapa probatoria de demandante presentó las pruebas...