Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Julio de 1993

Ponente:JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Fecha de Resolución:16 de Julio de 1993
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RIVERA Y RIVERA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR WELLINGTON FUNG LOW, EN CONTRA DEL RESUELTO ALP-094 DE 30 DE AGOSTO DE 1983, MEDIANTE EL CUAL EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CREA UNAS TASAS POR LA FUMIGACIÓN A PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN CONCEPTO DE SELLOS

 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense RIVERA Y RIVERA, actuando en nombre y representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, ha interpuesto acción de inconstitucionalidad contra el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de Agosto de 1983 dictado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

De acuerdo a los hechos que fundamentan la pretensión, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario estableció en la República de Panamá, a través del resuelto impugnado, el cobro de unas tasas por diferentes servicios que presta, en concepto de sellos, retención de productos, inspección veterinaria, aspersión, desinfección, fumigación e inspección cuarentenearia a todo animal, planta o subproducto de los mismos y/o vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese por los aeropuertos o recintos aduaneros de la jurisdicción nacional.

A juicio de la firma recurrente, el citado resuelto -que aparece publicado en la Gaceta Oficial Nº19.899 de 16 de septiembre de 1983- es violatorio de los artículos 48; 153, numeral 10; 179, numeral 14; y 17 de la Constitución Nacional.

El Procurador General de la Nación, a quien correspondió emitir concepto en la presente acción de inconstitucionalidad, luego de un extenso análisis, considera que el resuelto impugnado no infringe los preceptos constitucionales que se dicen infringidos.

Ahora bien, como quiera que la Corte resolvió en sentencia reciente de 5 de mayo de 1993 una acción de inconstitucionalidad en la cual el objeto debatido era muy similar a la situación que se presenta en este proceso constitucional, no se harán mayores referencias a los puntos de vista jurídicos esbozados por quienes han tenido participación en este negocio.

Partiendo de esta premisa, conviene destacar que la Ley 51 de 2 de diciembre de 1972, expedida por el Consejo Nacional de Legislación, autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para establecer el cobro de tasas por servicios que preste. Dicha Ley fue publicada en la Gaceta Oficial Nº18.477 de 14 de diciembre de 1977, y según el artículo 4 entraría a regir a partir de su promulgación.

Los artículos 1 y 2 de la citada ley son los que han servido de sustento a la expedición del Resuelto que en esta instancia judicial se impugna, pues tales disposiciones preceptúan lo siguiente:

"ARTICULO 1.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cobrar tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena a todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese al país, por cualesquiera de los puertos, aeropuertos o fronteras del territorio nacional".

Exceptúase de este pago, todo vehículo a motor, nave o aeronave, propiedad del Estado o de los municipios".

"ARTICULO 2.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el cobro por la expedición y renovación de permisos de exportación, importación, tránsito o traslados de animales y de productos o subproductos de origen animal o vegetal.

Todas las entidades públicas nacionales o municipales estarán exentas de este pago".

Ahora bien, observa la Corte que en realidad lo que hace el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de agosto de 1983, es desarrollar los preceptos legales que consagra la ley 51 antes mencionada. En otras palabras, dicho resuelto pretende reglamentar la ley 51.

Sobre el particular, resultan elocuentes los razonamientos que expuso el Pleno en la sentencia de 5 de mayo de 1993:

"No es posible en tal virtud, de acuerdo al tenor literal de ese precepto (artículo 179, numeral 14 de la Constitución Nacional), a una interpretación sistemática del magno estatuto y a la costumbre constitucional, desarrollar o reglamentar una ley por medio de un simple resuelto ministerial, que ignora la formalidad constitucional sustantiva de la participación del Presidente de la República en la formación del acto" (Acción de inconstitucionalidad interpuesta por la firma de abogados RIVERA Y RIVERA, en representación del señor WELLINGTON FUNG LOW, contra el Resuelto ALP-036-ADM de 4 de septiembre de 1991, mediante el cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario crea unas tasas por la fumigación de productos y subproductos agropecuarios).

Como puede apreciarse en la transcripción anterior, los resueltos ministeriales, que vienen a ser actos administrativos de carácter individual amparados en una costumbre constitucional cuya vigencia ha permitido, que no poseen la virtud de constituirse en mecanismos a través de los cuales se puedan desarrollar o reglamentar preceptos legales.

Ello es así, por la sencilla razón de que el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Nacional, atribuye de manera exclusiva al Presidente de la República la potestad reglamentaria, que no es otra cosa que la facultad que tiene el Mandatario para reglamentar -a través de un Decreto que también es firmado por el Ministro del ramo respectivo- las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.

Desde este punto de vista, si un resuelto ministerial -que es un acto firmado por el Ministro y Viceministro del ramo respectivo- desarrolla o reglamenta una Ley formal o un Decreto con valor de ley que no ofrezca dudas sobre su constitucionalidad, es obvio que a la luz del artículo 179, numeral 14 de la Carta Magna, deviene en un acto eminentemente contrario a la Constitución y, en consecuencia, inconstitucional por vicio de forma.

En mérito de los razonamientos que preceden, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el Resuelto ALP-094-ADM de 30 de agosto de 1983 dictado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

N. y P. en la gaceta oficial.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.L.L.

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario