Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Diciembre de 1996

PonenteHUMBERTO A. COLLADO T
Fecha de Resolución26 de Diciembre de 1996
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado L.C.G. ha interpuesto en nombre y representación del señor U.A.B.M. en su calidad de Alcalde del Distrito de la Chorrera, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo Nº4 del Decreto de Gabinete Nº 235 de 30 de julio de 1969, por medio del cual se crea el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E).

El demandante estima que la mencionada norma viola el artículo 245 de la Constitución Nacional, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 245. El Estado no podrá conceder exenciones de Derechos, tasas o Impuestos Municipales. Los Municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo Municipal.".

Por su parte el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº 235 de 30 de julio de 1969 reza así:

"Artículo 4. El Instituto, como Institución del Estado, estará exento del pago de cualquier clase o tipo de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes, o derecho de cualquier índole o denominación, ya sean Nacionales o de cualquier otra clase, a excepción de la Cuota patronal del Seguro Social. Igualmente, gozará de todas las prerrogativas y privilegios de la Nación, concedidos a las demás Instituciones oficiales del Estado.".

Considera el demandante que la violación por parte de este artículo a la norma consagrada en el artículo 245 de la Carta Magna es directa, puesto que exime del pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquier clase o denominación ya sean nacionales o de cualquier otra clase al I.R.H.E., cuando la Constitución prohibe al Estado conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales. Asevera que la Ley 106 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal establece la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, por tanto es su deber impugnar las disposiciones que, como al artículo 4º, consideren inconstitucionales, y los actos legislativos o administrativos emanados de autoridades nacionales que violen la autonomía municipal. Finalmente solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo impugnado.

Corrido el traslado que establece la Ley al señor Procurador de la Administración, éste emitió su criterio a través de la Vista Nº 88 de 17 de febrero de 1993. El Procurador explicó que considera inconstitucional la frase "o de cualquier otra clase" contenida en el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº 235 de 30 de julio de 1969, ya que está en contravención con lo que consagra el artículo 245 de la Constitución Política. Afirma el señor P. que "es lógico que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, como entidad del Estado no hace frente a los impuestos nacionales, pero no puede considerar el articulado 4 del Decreto in comento que no deba hacer frente a los 'de cualquier otra clase' o sea cualquier otro tipo de impuestos M. lo cual pugna como indicamos antes con lo que consagra la norma constitucional referida, es decir el artículo 245.".

En esta etapa le corresponde al Pleno confrontar la norma atacada con la disposición constitucional señalada por el demandante como infringida y cualquier otra que sea pertinente, a lo que procedemos de inmediato.

El Decreto de Gabinete Nº 235 de 30 de julio de 1969 por el cual se crea el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.) ha sufrido una serie de modificaciones en su articulado, de las cuales la más sustancial lo constituye la recién aprobada Ley Nº 6 de 9 de febrero de 1995 (Gaceta Oficial Nº 22.724 de 14 de febrero de 1995) por la cual se establece la privatización parcial de dicha institución. No obstante, las modificaciones introducidas por dicha Ley y por otros instrumentos jurídicos no han incidido en el artículo 4º del Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio de 1969, objeto del presente negocio constitucional, el cual conserva el mismo texto desde su aprobación.

Como se puede observar, el artículo 4º del Decreto bajo examen establece una exoneración de todo tipo de impuesto a favor del I.R.H.E., incluyendo los Municipales, en razón de su calidad de entidad estatal.

Lo anterior nos lleva a disentir del criterio expresado por el señor Procurador de la Administración, en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del artículo impugnado, ya que éste no contradice en ninguna forma lo establecido en el artículo 245 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición para el Estado de exonerar del pago de los impuestos Municipales a persona alguna. Lo que no es posible, es que el Estado decrete la exoneración del pago de los impuestos municipales que ya hayan sido establecidos por Ley, pero nada indica la Constitución en cuanto al señalamiento de los aspectos que pueden ser objeto de impuestos municipales, previo a su institución por los Municipios.

El anterior criterio ha sido mantenido por esta Corte en diversos fallos, de los cuales se destaca la sentencia de 15 de junio de 1993 bajo la ponencia del Magistrado J.M.F., en la cual se declaró que no era inconstitucional el artículo 3 de la Ley 9 de 24 de enero de 1958 que prohibe a los Municipios gravar con impuestos, contribuciones, derechos, rentas, tasas y otros gravámenes las mercaderías y efectos de comercio que se introduzcan, almacenen, transformen o retiren de las áreas de Comercio Internacional (zonas libres o zonitas), o a los establecimientos que se dedican dentro de dichas zonas libres al recibo de almacenaje, transformación o expedición de tales mercaderías. En la parte motiva, el Pleno expresó lo siguiente:

"Siendo que la potestad tributaria de los Municipios es derivada, esto es, que resulta imprescindible que la ley establezca los rubros que pueden ser gravados mediante Acuerdos Municipales, parece lógico que la ley pueda establecer límites a la potestad tributaria de los Municipios, sin que ello represente una lesión al principio consagrado en el artículo 243 (sic) de la Carta Magna.

Desde este punto de vista, el Estado puede limitar, mediante ley, la potestad tributaria de los Municipios, es decir, que el legislador puede señalar las actividades que no pueden ser gravadas por éstos. Pero lo que no puede hacer el Estado es conceder exoneraciones de impuestos, tasas o contribuciones, debidamente establecidas por un Acuerdo Municipal. Este es el sentir del artículo 243 (sic) de la Constitución Nacional.

En el caso que nos ocupa, el artículo 3 de la Ley 9 de 24 de enero de 1958, no establece una exoneración de impuestos, tasas o contribuciones debidamente establecidas en un Acuerdo Municipal. Lo que hace el citado precepto es limitar la potestad tributaria de los municipios: así como la ley establece qué actividades pueden ser gravadas por los municipios, de la misma manera puede establecer límites a la potestad impositiva de éstos. Y esto último no contradice el artículo 243 (sic) de la Carta Política.

En ese sentido, hay que distinguir entre la facultad tributaria de los Municipios -que como se ha dicho deriva de la ley- y la facultad del Estado de prever exenciones tributarias, que ejerce una vez se ha ejercitado la potestad tributaria. Es esta última facultad -la de prever exenciones tributarias de impuestos, tasas o contribuciones establecidas en un Acuerdo Municipal- la que prohibe el artículo 243 (sic) de la Constitución Nacional.". (el artículo correcto es el 245, aclarado mediante resolución de 20 de septiembre de 1993)

Similar criterio mantuvo el Pleno en fallo de ocho (8) de febrero de 1994, veamos:

"Por consiguiente, podemos concluir afirmando que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.), por ser una institución del Estado, la ley la exonera de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias y por tanto está exenta del pago de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes o derechos de cualquier clase o denominación, incluyendo los impuestos municipales, exención que no infringe el artículo 245 de nuestra Carta Magna, ya que lo que prohíbe la norma es que el Estado exonere del pago de impuestos, tasas o impuestos municipales establecidos en ejercicio de la potestad tributaria expresamente otorgada por la ley, la cual puede también limitar esta potestad tributaria de los Municipios, como en el caso de la norma acusada en este proceso constitucional.". (lo resaltado es nuestro).

Como hemos visto, el Estado tiene la facultad de indicar a través de la ley, los rubros que pueden ser objeto de impuestos municipales.

Con la exoneración de impuestos municipales al I.R.H.E., mediante el artículo acusado, no se ha transgredido la integridad del artículo 245 constitucional, puesto que el mismo se refiere a las exoneraciones que el Estado pretenda otorgar cuando los impuestos ya han sido establecidos mediante Acuerdos Municipales; caso en el cual ni siquiera los propios Municipios pueden exonerar a algún particular sino es mediante Acuerdo.

De modo pues, que el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº 235 de 0 de julio de 1969 refleja esa facultad que tiene el Estado de limitar la capacidad impositiva de los Municipios, sin interferir en los gravámenes que ya han sido establecidos a favor de ellos por Ley. No reviste, pues, rasgos de inconstitucionalidad y así procede declararlo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº 235 de 30 de julio de 1969.

N. y publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) H.A.C.

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) R.G.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

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