Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Marzo de 2002

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA LÓPEZ
Fecha de Resolución:27 de Marzo de 2002
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA FIRMA CEBALLOS Y CEBALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA, CONTRA EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO PARA EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

 
CONTENIDO

VISTOS:

J.C., integrante de la firma forense Ceballos y Ceballos El doctor J., ha acudido ante esta colegiatura, en representación de F.R. de Araolaza, a presentar advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.

Admitida la advertencia de inconstitucionalidad, se corrió en traslado a la Procuradora de la Administración por el término de 10 días.

FUNDAMENTO DE LA ADVERTENCIA

La advertencia es formulada dentro de la solicitud de pensión de vejez de F.R. de Araolaza a la Caja de Seguro Social.

La acción se produce, según la apoderada, por el temor de que se le exija a la solicitante el cese sus labores como condición para otorgarle la pensión.

Exigencia que, a criterio de la petente, contiene el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte que es del tenor siguiente:

Artículo 2: Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos que establece la Ley Orgánica. Sin embargo, a fin de que el asegurado pueda recibir el primer pago en una fecha cercana a la del retiro, se le faculta para presentar su solicitud por adelantado, dentro de un plazo no mayor de tres meses a la fecha de retiro que él voluntariamente señale. A estos últimos efectos, se considerará como fecha de solicitud la fecha de retiro señalada por el asegurado por el formulario respectivo, y el pago se realizará a partir de esta fecha.

Según la actora el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte resulta violatorio de los artículos 60 y 230 de la Constitución Política.

Estas normas son del texto transcrito a continuación:

"Artículo 60: El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las necesarias a una existencia decorosa.

Artículo 320: Quedan derogadas todas las Leyes y demás normas jurídicas que sean contrarias a esta Constitución, salvo las relativas a la patria potestad y alimentos, las cuales seguirán vigentes en las partes que sean contrarias a esta Constitución por un término no mayor de doce meses a partir de su vigencia."

En apreciación de la actora, la disposición apuntada de inconstitucional desafía el sentir del artículo 60 de la Carta Constitucional, debido a que obliga a quien solicite pensión por vejez a presentar su solicitud dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha del retiro que voluntariamente señale, lo que vulnera el derecho al trabajo, al exigir el abandono del puesto como requisito para conceder la solicitud de pensión. Acotó que el derecho a la jubilación se adquiere al cumplir la edad y pagar las cuotas que exige la ley. Además, que el Decreto Ley no. 14 de 27 de agosto de 1954 no exige prueba de cesantía de la relación laboral o de la proximidad de ese momento, por lo que el artículo impugnado del Reglamento en comentario va más allá de las exigencias de tipo legal y constitucional.

La misma norma desconoce el texto del artículo 320 de la Constitución puesto que pierde vigencia al contrariar el citado artículo 60.

El proponente arribó a la conclusión de que "Si no hay retiro, el beneficiario no podrá recibir los pagos correspondientes a la pensión de vejez."

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Remitida por la Procuraduría de la Administración se aprecia de fojas 14 a 32 la Vista Fiscal No. 407, de 16 de agosto de 2001, contentiva de la opinión emitida por ese Despacho en relación con el presente recurso.

En primer término hizo una síntesis histórica del derecho al trabajo condensado en las distintas Constituciones y del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia sobre la materia.

En el caso que nos ocupa, el artículo 2° del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones por Vejez, Invalidez y Muerte que otorga la Caja de Seguro Social de Panamá establece, en primer lugar, que las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado haya cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica; en segundo lugar, faculta al asegurado para presentar su solicitud dentro de un plazo no mayor de tres (3) meses antes de la fecha del retiro que él voluntariamente señale, esto con la finalidad de que reciba el primer pago en una fecha cercana a la señalada para el retiro.

A simple vista pareciera que la norma no violenta el derecho al trabajo consagrado constitucionalmente, pues resuelve una cuestión practica: que el asegurado presente su solicitud para la pensión de vejez con una anticipación de tres (3) meses a fin de garantizar que los trámites administrativos terminarán a tiempo para que el beneficiario reciba la pensión en la fecha de retiro.

Sin embargo, lo cierto es que, al exigir la norma que el asegurado indique 'la fecha de retiro', presupone el abandono o renuncia al trabajo que esté realizando, a fin de que pueda acogerse a la pensión de vejez.

Se refiere a las Resoluciones No. 2177-85-J.D. de 20 de junio de 1985 y Resolución No. 20946-2001-J.D. de 26 de junio de 2001 que fueron proferidas apoyadas en lo consignado en el artículo 2 impugnado.

Confronta la realidad de que en la generalidad de los casos el monto de la pensión por vejez no satisface las necesidades básicas de los jubilados.

Al abordar la supuesta conculcación del artículo 320 de la Constitución Política no considera probada tal infracción:

"En cuanto a la supuesta infracción del artículo 320 constitucional, conceptuamos que la misma no se ha comprobado pues, tal como ha indicado anteriormente la Corte Suprema de Justicia, en nuestro sistema de control constitucional centralizado en el Pleno de dicha Corporación, no basta con que una norma constitucional indique que todas las leyes a que sean contrarias a la Carta Fundamental queda derogadas, sino que se requiere un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así quedó plasmado en Sentencia de 7 de septiembre de 1990,. . ."

Visto lo anterior, concluye la representante del Ministerio Público que la disposición acusada de inconstitucional sí infringe el Texto Constitucional en su artículo 60, pero no en su totalidad, sino solamente las expresiones "a fin de que el asegurado pueda recibir el primer pago en una fecha cercana a la del retiro", "del retiro" y "del retiro".

DECISIÓN DEL PLENO

Cumplidos los trámites inherentes a este tipo de acción constitucional, corresponde al Pleno dictar su fallo, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones.

La norma sometida a escrutinio en confrontación con el Texto Constitucional es el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones por Vejez, Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social, que señala la fecha de inicio del pago de la pensión de vejez, condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica, y a su vez, permite la presentación de dicha solicitud en un período de 3 meses antes del retiro.

Es de rigor observar que el texto que se acusa de inconstitucional fue reformado mediante Resolución 8008-93-J.D. de 23 de diciembre de 1992, publicado en la Gaceta Oficial No. 22,402 de 26 de octubre de 1993, el texto de la norma quedó como a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 2: Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos y condiciones que establece el Artículo 50 de la Ley Orgánica.

PARÁGRAFO: Se le faculta para presentar su solicitud por adelantado en un plazo no mayor de tres (3) meses a la fecha de retiro que él voluntariamente señale.

Bajo este contexto y pese a lo anterior, el Pleno procederá a emitir un pronunciamiento sobre la cuestión sometida a su consideración, ya que el replanteo de la disposición acusada, en esencia, mantiene lo que es objeto de disconformidad en la presente consulta.

Específicamente el parágrafo del artículo 2 será el objeto del presente análisis, puesto que es esta parte de la norma aquella que contempla la posibilidad de que el petente de la pensión de vejez presente su solicitud en fecha anticipada a su retiro y la objeción de la promotora de la presente acción radica en que el retiro voluntariamente señalado implica una exigencia de cese de labores, como requisito para otorgar la pensión de vejez.

Dicho texto, a juicio de la actora, es contrario al artículo 60 que consagra el derecho al trabajo que le asiste a todo individuo.

La Corte con anterioridad ha proferido sendos pronunciamientos relacionados con el derecho que le asiste a toda persona a procurarse un sustento digno por vía de su trabajo, con objeto de reiterados recursos por violación del artículo 60 de la Carta Magna, antes artículo 63. Así pues, desde 1958 este asunto ha sido objeto discusión en sede constitucional.

Por la relevancia de su contenido recogemos parte de los pronunciamientos que, sobre el tema, ha proferido esta Corporación de Justicia:

En julio de 1958, con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 84-A de la Ley Nº 19 de 29 de enero de 1958 -por la cual se modifica y adiciona el Decreto-Ley 14 de 1954, de la Caja de Seguro Social, la Corte declaró inconstitucional esta norma fundada en las razones:

"La disposición transcrita reconocer en favor de todas las personas el derecho a trabajar en cualquier oficio o profesión sin más limitaciones que las que establezca la ley en lo concerniente a idoneidad, moralidad, seguridad y salud pública.

Pero no solamente está el artículo 84-A en pugna con el artículo 41 de la Constitución, sino también con el 63 del mismo Estatuto, el cual reconoce que `el trabajo es un derecho y un deber del individuo. El derecho al trabajo que tiene todo individuo no está condicionado a ningún principio limitador por lo que prohibir al pensionado o jubilado con la amenaza de suspenderle la pensión jubilación, una vez comprobado el hecho de que está trabajando por cuenta ajena, significa el desconocimiento de una norma fundamental tuteladora de la personalidad.

Por otra parte, la pensión o jubilación reconocidas por una entidad oficial en virtud de una ley que la ha establecido, no constituye una mera expectativa sino un derecho adquirido que no puede ser desconocido por leyes posteriores" (15 de julio de 1958).

Al siguiente año, es decir en 1959, al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 71 de la Ley No. 19 de 29 de enero de 1958, en consideración a que esta disposición ordenaba suspender la pensión de vejez otorgada por la Caja de Seguro Social a todo aquel que gozara de un sueldo, el Pleno de la Corte reiteró la posición asumida en el fallo de 15 de julio de 1958 bajo los siguientes conceptos:

"Al decidir la Corte demanda de inconstitucionalidad del artículo 84-A de la misma Ley 19 de 1958 expresó que esa disposición infringe el artículo 41 de la Constitución Nacional por cuanto dicho precepto reconoce a toda persona el derecho a trabajar en cualquier oficio o profesión sin más limitaciones que las que establezca la ley en lo concerniente a idoneidad, moralidad, seguridad y salud pública, y está en pugna además con el artículo 63 de la Carta Fundamental que reconoce que el trabajo es un derecho y un deber del individuo. En iguales condiciones se encuentra el artículo 27 de la Ley 19 de 1958 que subroga el artículo 71 del Decreto Ley Nº 14 de 1954, con relación a los artículos 41 y 63 del Estatuto aludido, por cuanto el derecho a trabajar que tiene todo individuo no está limitado más que en lo referente a la idoneidad, moralidad, seguridad y salud pública, y el artículo impugnado introduce una modalidad limitadora no autorizada por la Constitución.

La Corte mantiene el concepto de que la pensión o jubilación reconocidas por una entidad oficial en virtud de una ley que las ha establecido, no constituyen una mera expectativa sino un derecho adquirido que no puede ser desconocido ni vulnerado forma alguna por leyes posteriores, y en tal virtud el artículo impugnado es violatorio asimismo del artículo 45 de la Constitución" (7 de mayo de 1959).

Nuevamente en 1964, en vista de la promoción de un recurso de inconstitucionalidad contra el ordinal c) del artículo 61 del Decreto-Ley Nº 9 de 1 de agosto de 1962, que subrogaba el artículo 50 del Decreto-Ley Nº 14 de 1954, Orgánico de la Caja de Seguro Social y el parágrafo del mismo artículo 61, se discutió este tópico.

La norma impugnada en ese entonces disponía lo siguiente:

"Artículo 61: El artículo 50 del Decreto Ley 14 de 1954, quedará así:

"Artículo 50: La pensión de vejez tiene como finalidad reemplazar dentro de ciertos límites los sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña.

Para tener derecho a la pensión de vejez se requiere:

a)...

b)...

c)Que el interesado compruebe a la Caja de Seguro Social que pertenece a la clase pasiva y no asalariados del país.

PARÁGRAFO: A los pensionados que violen la disposición contenida en la letra c) de este artículo se les suspenderá".

En este fallo de 24 de agosto de 1964 el Pleno externó las siguientes apreciaciones:

"En el caso presente la Corte dijo, que la comprobación por el interesado de que pertenece a la clase pasiva y no asalariada del país, esto es, de que no está trabajando por cuenta ajena para tener derecho a la pensión de vejez, exigida en el acápite c) del artículo 61 del Decreto-Ley acusado y la facultad que en el parágrafo que sigue se le da a la Caja de Seguro Social para que suspenda temporalmente la pensión a los que están disfrutando de ella mientras perciban sueldo, no puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico por ser violatorio de la Carta Fundamental.

Las disposiciones contenidas en el acápite c) y el parágrafo siguiente del artículo 61 del Decreto-Ley 9 de 1962, infringen los artículos 41, 63 y 45 de la Constitución Nacional. El primero, por cuanto que el derecho a trabajar que de acuerdo con el mismo se reconoce a todo individuo solo puede limitarse en lo relativo a idoneidad, moralidad, seguridad y salud pública, lo que significa, en otros términos, que la modalidad limitadora que introduce el referido acápite está en abierta pugna con el texto de ese precepto constitucional; el segundo o sea, el 63, porque él declara que el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y finalmente, el tercero porque la pensión o jubilación reconocido en virtud de una ley que las ha establecido como ya lo dijo la Corte,`no constituyen una mera expectativa sino un derecho adquirido que no puede ser desconocido ni vulnerado en forma alguna por leyes posteriores, y, en tal virtud, el artículo impugnado es violatorio asimismo del artículo 45 de la Constitución." (24 de agosto de 1964).

El 21 de febrero de 1984 el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales el artículo 28 de la Ley 15 de marzo de 1975 y el artículo 27 de la Ley 16 de 31 de marzo de 1975.

A grosso modo los puntos expuestos en esta Sentencia se reproducen a continuación:

"En efecto, esta Corporación, por tratarse de una materia de tanta trascendencia nacional para los asociados, tiene que hacer énfasis en esos aspectos que destaca la Vista del Procurador de la Administración, no como mera referencia o repetición inútil sino, al contrario, para reafirmar el criterio sostenido por la Corte sobre el alcance y significado de los dos principios básicos que aparecen consignados en los artículos 60 y 75 del Estatuto Fundamental, en el sentido de que cualquier disposición o norma legal que limite o restrinja en su aspecto formal o material la libertad de trabajo contradice abiertamente las citadas normas constitucionales. Criterio que evidentemente aparece expresado en las sentencias dictadas por el Pleno de la Corporación y reproducidas por el Procurador de la Administración en su Vista.

La Corte, consecuente con las ideas antes expresadas, considera que los artículos 28 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975 y 27 de la Ley 16 de 31 de marzo de 1971, ambos acusados de inconstitucionales, establecen una prohibición que rebasa lo que expresa y terminantemente dispone la Constitución Política en los artículos 60 y 75, objeto de la confrontación constitucional.

Los artículos 28 y 27 de las leyes, mencionados en la demanda, al prohibir a las personas comprendidas o que se acojan al régimen de seguridad social como pensionados por vejez o que reciban las prestaciones concedidas por el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales Obligatorio, que no podrán 'realizar ningún trabajo por cuenta de terceros', inclusive, si lo hacen, faculta a la Caja para 'disminuir el monto de la pensión en suma igual a la que reciba o haya recibido por concepto de salario por cuenta tercero', crean condiciones o limitaciones en abierta y clara contradicción con los principios consagrados por los artículos 60 y 75 del Estatuto Fundamental.

A esa conclusión arriba el Pleno de la Corte, toda vez que el artículo 60 de la Carta Política postula que el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y a pesar de que se trata del mismo principio que ya existía en la Constitución Nacional de 1946, sin embargo, es evidente que, a diferencia de ésta, la Carta vigente, con mayor claridad y trascendencia, también dispone que es una 'obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa'.

La norma constitucional que se confronta con las disposiciones legales acusadas, concebida en su contexto íntegro dentro del marco de una sociedad en constante desarrollo social, económico y político, resulta incuestionable que deja de ser un simple postulado o aspiración, para convertirse en obligante acción por parte del Estado y en efectivo derecho y garantía que por virtud también del artículo 75 de la misma Carta Fundamental, se establecen a favor de los trabajadores.

De allí que la Corte, como garantía de la Constitución Política, reitere, en este caso, el criterio, ya expuesto en fallos anteriores sobre la misma materia, en el sentido de que cualquier Ley que emane del Órgano Legislativo que en lo formal o material tienda a restringir, limitar, impedir o prohibir el pleno y cabal ejercicio del trabajo, más allá de las limitaciones o condiciones determinadas por la propia Constitución, es violatoria de los artículos 60 y 75, porque normas constitucionales como éstas son las que en realidad tienden a dar vida y acción a la Constitución como instrumento de ordenación jurídica e institucional del Estado." (21 de febrero de 1984).

Posteriormente, el 5 de septiembre de 1984 esta Corporación de Justicia reiteró esta posición al declarar inconstitucionales el articulo 1 de la Ley No. 85, de 9 de octubre de 1974, por la cual se reforma el articulo 10 del Decreto de Gabinete No. 17 de 22 de enero de 1969, reformado por el articulo 1 del Decreto de Gabinete No. 294 de 4 de septiembre de 1969 y sucesivamente por el articulo 1 del Decreto No. 375 de 3 de diciembre de 1969, por el articulo 1 del Decreto de Gabinete No. 65 de 31 de marzo de 1970, por el artículo lo del Decreto de Gabinete No. 109 de 24 de junio de 1970 y adicionado por el articulo 20 del Decreto de Gabinete No. 334 de 21 de octubre de 1970, modificado por el Decreto de Gabinete No. 85 de 25 de marzo de 1971 y por la Ley No. 76 de 6 de septiembre de 1974.

Los criterios recogidos en los fallos anteriores revelan la orientación de esta Corporación de Justicia a suprimir cualquier comportamiento tendente a coartar la libertad del individuo de trabajar, y a reconocer que dicho ejercicio sólo está limitado por cuestiones de idoneidad, moralidad, seguridad y salud pública.

Siguiendo los conceptos establecidos por la Corte procede examinar si efectivamente la norma atenta contra el derecho al trabajo previsto en el artículo 60.

Como vimos el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte estipula:

  1. Que para tener derecho a la pensión por vejez se requiere el cumplimiento de los requisitos fijados por el artículo 50 de la Ley Orgánica, que son:

    1. Haber cumplido la edad de 57 años para las mujeres, y de 60, para los hombres.

    2. Haber acreditado un mínimo de 180 cuotas.

  2. Adiciona en un parágrafo la posibilidad de que se presente la solicitud de pensión de vejez tres (3) meses de la fecha de retiro voluntariamente señalada.

    Teniendo como base lo anterior, podemos señalar que si este artículo 2 del Reglamento exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y una de estas exigencias es haber cumplido la edad correspondiente, al agregar la facultad de presentar la solicitud tres (3) meses antes de la fecha de retiro, voluntariamente señalado por el solicitante, es claro entonces que la palabra retiro no se refiere a la edad del peticionario.

    Siendo ello así, es evidente que la voz retiro es aquella que pudiera ser motivo de una ambigua interpretación, y de consecuente confusión y dudosa aplicación en este caso.

    Advertido lo anterior, conviene revisar los distintos significados de este término.

    "Retiro: Decisión de carácter no disciplinario, por la cual el jefe de un servicio retira definitivamente su función a un empleado que, teniendo la edad y tiempo de servicio o la invalidez previstas en la ley para el pago de una pensión, se presume que es incapaz para continuar en el ejercicio regular de la función."

    (CAPITANT, H.. VOCABULARIO JURÍDICO, E.. D., Buenos Aires, 1981, pág. 491).

    M.O., en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales precisó el significado de retirarse como "Abandonar un cargo o empleo. Acogerse al retiro profesional." En cuanto al término retiro se enmarca como la "situación del retirado de un trabajo o profesión."

    "Retirar: Apartar o separar una persona o cosa de otra o de un sitio, profesión, actividad, etc."

    (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Grupo Editorial Océano, Barcelona 1989).

    Una edición más reciente de esta Obra recoge su significado como "Abandonar un trabajo, una competición, una empresa."

    Para G.C. retirarse es alejarse, apartarse; es abandonar lugar o empleo.

    Como se aprecia todas las definiciones llevan implícitas el apartamiento o alejamiento de la vida laboral activa.

    Más aún, la expresión retiro en muchos casos es utilizada como sinónimo de la palabra jubilación. En otros casos se refieren de manera muy específica al retiro por jubilación o al retiro por incapacidad, lo que revela justamente que la expresión es utilizada, en casos como este, para explicar la situación de quien por edad o por incapacidad se aparta de la actividad que regularmente ejecuta. La sola expresión "jubilar" significa el eximir del servicio a un empleado o funcionario por motivo de ancianidad o enfermedad (Pequeño Larousse Ilustrado, 17 ed., E.. Larousse, México 1992).

    De las distintas acepciones revisadas demuestran que el término retiro es utilizado como sinónimo de jubilación, es decir, como el acto propiamente tal de retirarse de la vida activa por enfermedad o vejez. También como el pago que se recibe por esta condición. No obstante, en un contexto general, la expresión encuentra su significado en el apartamiento del quehacer normal que se desempeña.

    Ello confirma que la excerta objeto de discusión no se refiere al presupuesto de la edad, sino al alejamiento de las funciones que, como trabajador activo por cuenta de terceros, desempeña el o la solicitante de la pensión de vejez.

    Situación reforzada por el hecho de que la norma indica que se tomará en cuenta como fecha de retiro la señalada voluntariamente por el o la petente.

    Lo anterior denota que la expresión retiro implica, en este contexto, la separación del asegurado solicitante de la pensión por vejez de sus ocupaciones laborales.

    Si bien no escapa a la percepción de la Corte que el artículo 4to del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, siguiente al examinado, prevé que "si con posterioridad a esa fecha el asegurado continúa cotizando sin haberse aún declarado su pensión, la Caja de Seguro Social de oficio computará dichas cotizaciones", de lo que se desprende que contempla la posibilidad de que el asegurado siga trabajando aún después de la fecha por él o ella señalada en la solicitud, ello no excluye la posibilidad de que se interprete la expresión retiro como la separación del trabajo.

    En opinión de la Corte el parágrafo examinado del artículo 2 del Reglamento, a pesar de que sólo contempla una metodología para el trámite de la pensión de vejez, dada la connotación de la terminología utilizada (retiro) y sus significados, deja un compás abierto para que su interpretación sea asimilada como la exigencia del apartamiento del solicitante de su ocupación laboral, pues como ya lo determinó la Corte en los párrafos que anteceden, la expresión "retiro" supone la separación de la actividad normal que se desempeña o del lugar que se ocupa.

    Tal aplicación, según los criterios establecidos en los distintos fallos de esta Corporación de Justicia, contradice el sentir de la Carta Magna que consagra el derecho al trabajo en su artículo 60, ya que pudiera restringir, limitar, impedir o prohibir el libre ejercicio de este derecho.

    Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL la expresión "de retiro" contenida en el parágrafo del artículo 2ndo. del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. En consecuencia, el parágrafo del artículo 2ndo. del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte quedará así:

    ARTÍCULO 2: Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos y condiciones que establece el Artículo 50 de la Ley Orgánica.

    PARÁGRAFO: Se le faculta para presentar su solicitud por adelantado en un plazo no mayor de tres (3) meses a la fecha que él voluntariamente señale.

    N.,

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) A.C.C.

    (fdo.) G.J.DIXON L.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) J.M.F.

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) C.P.B.

    (fdo.) W.S. FRANCO

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) YANIXSA YUEN

    Secretaria Encargada