Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Diciembre de 1993

Ponente:JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Fecha de Resolución:27 de Diciembre de 1993
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1990 DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, RAMO PENAL

 

VISTOS:

La firma forense CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación del señor MAURICIO CATACH, interpuso acción de inconstitucionalidad contra el auto de 23 de marzo de 1990 mediante el cual el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, abre causa penal contra D.Z.C. como supuesto infractor de disposiciones contenidas en el Título XII, Capítulo V, del Libro II del Código Penal y contra ROSA ROSEMBAUN DE COHEN y MAURIO CATACH como supuestos infractores de lo normado en el Título XII, Capítulo V, Libro II del Código Penal conexionado con el Título II, Capítulo V del Libro I del Código Penal.

Al estudiar el extenso libelo, se colige que los puntos que sustentan la pretensión de la demandante son los siguientes: 1. Que contra su representado el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, abrió causa criminal por la supuesta infracción de normas legales contenidas en el Título XII, Capítulo V, Libro II del Código Penal en concordancia con el Título II, Capítulo V, del Libro I del Código Penal, es decir, como cómplice del delito de quiebra fraudulenta (art.386 del Código Penal).

  1. Que el Juez Segundo Municipal de Colón, Ramo Penal (Cristóbal), mediante auto de 30 de junio de 1986, llamó a juicio a su representado dentro del sumario instruido en ocasión de la denuncia presentada en contra del señor M.C. por simulación de crédito (art.388 del Código Penal), utilizado también como fundamento los mismos títulos y capítulos descritos en el punto anterior.

  2. Que el Fiscal Segundo del Circuito de Colón, dentro del proceso penal promovido por el Tower Bank International Inc. contra su representado, profirió Vista No.67 de 22 de mayo de 1989 recomendando el llamamiento a juicio del señor M.C. por el delito de apropiación indebida.

  3. Que en los tres procesos penales a que se han hecho referencia, el objeto material del proceso es el mismo: las letras de cambio de 1 de febrero de 1982 por B/.500,000.00 y B/.200,000.00, respectivamente, giradas a la orden de MAURICIO CATACH y aceptadas por D.Z.C. como representante de JOYAS ROYAL ZONA LIBRE, S.A.

Lo antes descrito supone, a juicio de la recurrente, la violación del principio conocido por el aforismo latino ne bis in idem, que en materia penal rige de manera amplia y que aparece receptado en el artículo 32 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: "Nadie será juzgado ... más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Según la demandante, la prohibición de doble juzgamiento tiene dos sentidos: uno sustancial (cosa juzgada) y otro procesal (litis pendencia). Sostiene que en su sentido procesal significa que la persona no podrá ser investigada, detenida, ni que se dará curso a una denuncia en su contra tan pronto se conozca que contra ella ya existe otra causa, proceso o acto de persecución por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias.

Lo expresado significa, de acuerdo a la accionante, que el señor M.C. tiene a su favor la garantía de no volver a ser enjuiciado por el mismo hecho, el cual, en este caso, consiste en haberse utilizado unos mismos documentos negociables para cometer supuestamente los delitos por los cuales fue denunciado en fechas distintas. Estos hechos punibles corresponden a los siguientes delitos: de quiebra fraudulenta, simulación de crédito y apropiación indebida.

De acuerdo al análisis que hace la firma que recurre, lo que hace que el auto de 23 de marzo de 1990 viole el artículo 32 de la Constitución Nacional, es que con anterioridad a la expedición de dicha resolución el Juzgado Segundo Municipal de C. había llamado a juicio al señor C. por el mismo hecho. Y si ello es así, no cabe duda de que se produce un doble juzgamiento.

Por otro lado, la demandante considera que el citado precepto constitucional también deviene infringido porque el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, no podía expedir el auto impugnado a menos que el J.C. calificara la insolvencia como fraudulenta, según se desprende del artículo 1905 del Código Judicial. En otras palabras, la recurrente ampara este punto de vista en el conocido principio de perjudicialidad.

Finalmente, se dice que como consecuencia de todo lo anterior, el artículo 17 de la Constitución también resultó infringido.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Correspondió al Procurador General de la Nación emitir concepto en este proceso. Ello se hizo mediante Vista No.36 de 2 de mayo de 1991, cuya parte pertinente pasamos a transcribir:

"El constituyente al elevar a rango constitucional el principio de que 'nadie será juzgado más de una (sic) por la misma causa penal ...', al tiempo que aseguraba la efectiva existencia del concepto de la cosa juzgada, proveía, consecuencialmente, un amparo jurídico al individuo transgresor en el pasado, de una disposición penal, policiva o disciplinaria, que lo resguardara de la posibilidad de ser objeto de un nuevo juicio o persecución, por los mismos hechos ya juzgados.

En el caso que nos ocupa no se trata, como puede verse, de hechos agotados que puedan revelarnos elementos constitutivos de la cosa juzgada. Muy por el contrario, la recurrente ha conjugado, eclécticamente, diversos conceptos constitucionales y legales como lo son el de cosa juzgada, doble persecución, etc., en su afán de demostrar una violación inexistente, adaptándolos, de manera rebuscada, a la situación específica de MAURICIO CATACH ...

El error evidente en que ha incurrido la recurrente consiste en el hecho de ignorar, concientemente, de que en el caso bajo examen no puede hablarse de cosa juzgada, y que, por lo mismo, la tesis que esgrime acerca de la imposibilidad de perseguir penalmente a MAURICIO CATACH, por parte de la Fiscalía y, posteriormente, por el Juzgado Primero, por existir en otros tribunales procesos pendientes que, según ella, son similares es, jurídicamente, inaceptable.

El artículo 1969 del Código Judicial citado por la actora, si bien prohibe la persecución penal, más de una vez, por el mismo hecho se refiere, y eso hay que entenderlo así, a la posible persecución penal que se pretenda realizar contra una persona, por hechos ya juzgados, es decir superados procesalmente, los cuales, para efectos legales, han hecho tránsito de cosa juzgada.

Si nos atenemos a la lógica de la recurrente, obviamente tendríamos que convenir, que las normas procedimentales referentes a la acumulación de procesos serían letra muerta, y de completa inobservancia, en el procedimiento penal.

El perseguir más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria no sería más que la consecuencia de una decisión de un órgano jurisdiccional o de una agencia de instrucción o de un ente administrativo, que se hace patente en un segundo proceso acerca de idénticos hechos fallados en otro anterior, y en donde, además, sea idéntica la persona perseguida.

No es esta la situación que se observa en el caso sub-júdice, ya que para sostener que el auto impugnado, proferido por el Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo Penal, viola la garantía del debido proceso, específicamente el principio de la unicidad en el juzgamiento, se tiene que demostrar que los hechos por los cuales fue llamado a responder en juicio criminal, el imputado MAURICIO CATACH, fueron ya objeto de un pronunciamiento final anterior, que le diera carácter de cosa juzgada.

No siendo ello así, no vemos cómo el auto contradicho haya podido vulnerar la norma constitucional.

Lo que pretende la firma recurrente es convertir el Tribunal Constitucional en Tribunal de Segunda Instancia donde el Pleno de la Corte, desviándose de su verdadera función constitucional consagrada en el artículo 203, ordinal 1, haga un examen valorativo de diversas piezas procesales que guardan relación con otros procesos, aspirando con ello a que se enerven los efectos del auto tachado de inconstitucionalidad, cuando, es evidente, que en su momento tuvo oportunidad de cuestionar dicha resolución jurisdiccional con todos los recursos apropiados que la ley pone en sus manos.

En tal situación soy de opinión que el auto de 23 de marzo de 1990, dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, no viola el artículo 32 de la Constitución".

CRITERIO DE LA CORTE

Cuando el artículo 32 de la Carta Magna establece que nadie será juzgado más de dos veces por la misma causa penal, debe entenderse que la norma lo que está consagrando en realidad es el principio de la cosa juzgada y su elemental consecuencia: la inmutabilidad de la resolución conclusiva del proceso penal, con lo cual se brinda certeza y seguridad jurídica.

En efecto, el proceso no cumpliría sus fines si fuese posible mediatizar, al antojo de las partes, el principal efecto que emana de la resolución que le pone fin a determinada controversia.

Sin embargo, ello no quiere decir que el principio de inmutabilidad de la sentencia no tenga alguna excepción. Esta encuentra respaldo en motivos de humanidad, y opera en determinados supuestos que el legislador ha establecido taxativamente. Es así como este principio cede frente a los casos que dan lugar a la revisión de una sentencia condenatoria, a través del denominado recurso extraordinario de revisión que está regulado en el Capítulo II, del Título VIII, del Código Judicial.

Ahora bien, fuera de la anterior excepción, es consustancial con el principio de la cosa juzgada que un proceso que ha concluido con una resolución firme no pueda reabrirse y dar lugar a un nuevo proceso, para juzgar a la misma persona por los mismos hechos. Es decir, jurídicamente resulta imposible, salvo la excepción anotada, volver a someter a nuevo proceso unos hechos que, cronológicamente y materialmente, correspondan a los mismos por los cuales una misma persona ha sido investigada, enjuiciada y juzgada en proceso anterior que haya culminado con resolución ejecutoriada, aun cuando a tales hechos se les dé una calificación o denominación jurídica distinta.

Y es precisamente en esa imposibilidad donde se aprecia y opera la prohibición del doble juzgamiento (ne bis in idem) a que alude el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 1969 del Código Judicial.

De donde resulta que desde un punto de vista de derecho sustancial, el principio de la cosa juzgada en materia penal significa que nadie puede ser sometido a nuevo proceso por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en un proceso anterior que haya terminado con una resolución firme y, en consecuencia, hecho tránsito a cosa juzgada.

En cambio, desde un punto de vista de derecho procesal, el principio analizado se traduce en la facultad que tiene esa persona de poder aducir la cosa juzgada como excepción, dirigida a enervar la nueva acción penal que se intenta ejercitar en un nuevo proceso, y a eliminar la posibilidad de que se ejerza en su contra una nueva pretensión punitiva.

Como puede apreciarse, esto nada tiene que ver con el supuesto contenido procesal de litis pendencia que la firma recurrente ha pretendido irrogarle al principio de la cosa juzgada.

Ahora bien, la interpretación que se ha dado del artículo 32 de la Carta Magna es la única que encuentra eco de manera uniforme en la doctrina, y que puede dársele a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que tenga razón el Procurador General de la Nación cuando advierte que si ésta no fuera la interpretación correcta, habría que desechar el mecanismo de acumulación de procesos, pues este instituto de nada serviría si se pudiera sostener que se viola la prohibición de doble juzgamiento cuando una persona está sometida a diversos procesos por el mismo hecho, sin que con anterioridad tales hechos hayan sido objeto de pronunciamiento definitivo.

Precisamente la situación por la que, al decir de la firma forense demandante, atraviesa el señor M.C., está regulada por el artículo 2291 del Código Judicial, según el cual "Hay lugar a la acumulación de procesos cuando contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o mas actuaciones distintas". Este precepto añade que "Las partes podrán solicitar al Tribunal competente la acumulación de sumarios instruidos por separado ..." (El énfasis es del Pleno).

El propósito que persigue la acumulación de procesos, ha dicho la Sala Penal de la Corte en reciente sentencia de 22 de julio de 1993:

"no puede ser otro que el de reunir en un solo proceso todos los sumarios que se adelantan en distintas agencias de instrucción contra una misma persona y juzgarlos bajo una misma cuerda, siempre y cuando la acumulación no ocasione un gran retardo (art.2003 ibidem). Con ello se satisface el principio de economía procesal y se le garantiza al inculpado una pena justa en el evento de que sea condenado. Esto es así, porque la aplicación de una acumulación jurídica de penas ... evita la acumulación material de las mismas y con ello el posible perjuicio que surgiría de las sanciones que se impondrían separadamente en los diferentes procesos".

A lo anterior podría añadírsele que por el hecho de que todos los sumarios se acumulan en un sólo proceso, el juzgador tendría mejor óptica para apreciar si entre los procesos que se han instruido por separado existe duplicación de hechos, lo cual evitaría fallos contradictorios. También la acumulación garantiza una comunidad probatoria, al permitir con mayor facilidad de recepción, práctica y contradicción de las pruebas. Ello redunda en beneficio del proceso pues, además de agilizarlo y de elevar el porcentaje de una buena defensa de los intereses de las partes, garantiza una mejor valoración de los medios probatorios por parte del juez.

Todo lo expuesto evidencia la falta de soporte jurídico de que adolece la pretensión de la demandante.

Ahora bien, en otro aparte del libelo de la presente demanda, la accionante expresa que el artículo 32 de la Constitución también resultó infringido porque el juez penal profirió el auto de 23 de marzo de 1990, sin esperar que el juez civil calificara de fraudulenta la insolvencia que originó la investigación por el delito de quiebra. En otras palabras, se afirma que al no atender al supuesto principio de prejudicialidad que, a juicio de la recurrente, rige en esta materia, el juez penal no actuó "conforme a los trámites legales".

Nada menos cierto. Para sustentar su punto de vista, la recurrente invoca el artículo 1905 del Código Judicial. Pero resulta que el precepto que sirvió de base al juez de la jurisdicción civil para remitir copia de lo conducente al Fiscal de Circuito, a objeto de que se realizara la correspondiente investigación penal, fue el artículo 1547 del Código de Comercio (ver fojas 12), que a la letra dice: "La declaratoria de quiebra será transcrita al representante del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha habido delincuencia".

Pues bien, para que la jurisdicción penal pueda conocer un proceso por el delito de quiebra no es necesario que exista previamente un pronunciamiento del juez civil que exprese que la quiebra es fraudulenta, pues para tales menesteres tan sólo basta la declaratoria de quiebra, sin calificativo, del juez civil. Ello se infiere claramente del artículo anterior y del artículo 1562 del Código de Comercio cuando establece que:

"Artículo 1562. La instrucción y demás actos de procedimiento penal por el delito o delitos a que diere lugar la quiebra, se tramitarán independientemente de ésta y o por los trámites ordinarios del Código Judicial.

La resolución que ponga fin al procedimiento penal, será comunicada al juez de la quiebra, quien agregará a los autos certificación de dicho fallo" (La subraya y el énfasis es del Pleno).

Si bien en otras legislaciones, como en la española, la jurisprudencia ha exigido que un juez civil declare la quiebra fraudulenta, como condición objetiva de penalidad (Cfr. R.D.. J.M.. Derecho Penal Español, parte general, Decimotercera edición, revisada y puesta al día por A.S.G., Editorial Dykinson, Madrid, 1990, p.491), lo cierto es que en la nuestra ello no es necesario, conforme se desprende de los artículos antes citados.

Y es que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a la declaratoria de quiebra, sin calificación, la condición de requisito de procedibilidad. Con ello, se persigue garantizar de manera más efectiva una tutela al orden social y se rinde culto al principio de economía procesal. Esto último es así por lo siguiente:

Conforme al autor citado, la jurisprudencia española ha sostenido que, si bien la previa declaración y calificación de la quiebra corresponde al juez civil, ello no obsta para que los tribunales penales puedan entrar a comprobar los hechos que sirvieron de base para la calificación de la quiebra, con lo cual se desplaza, en cierto modo, el valor condicionante de la declaración de quiebra (ibidem).

Como quiera que esto no ocurre en nuestra legislación, es por ello que se dice que en Panamá se rinde culto al principio de economía procesal.

Los razonamientos expuestos demuestran que carece de sustento el segundo cargo de inconstitucionalidad que se le endilga a la resolución recurrida, con fundamento en el artículo 32 de la Carta Magna.

Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta violación del artículo 17 de la Constitución, la Corte reitera su doctrina jurisprudencial, según la cual este precepto es de carácter declarativo y, en consecuencia, al no generar derecho alguno en favor de los asociados, no es susceptible de violación.

Los argumentos que anteceden, llevan al Pleno a la conclusión de que el auto de 23 de marzo de 1990 no infringe los artículos invocados por la firma recurrente ni ningún otro precepto de la Constitución Nacional.

En mérito de lo cual, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el auto de 30 de marzo de 1993 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal.

N. y P. esta resolución en la Gaceta Oficial.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.L.L.

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General