Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Junio de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución:28 de Junio de 2000
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La Licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON actuando en su propio nombre Y representación, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política vigente, Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 35 de la Ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia.

LA PRETENSIÓN

La norma acusada de inconstitucional es el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia que dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 35: Está prohibido el matrimonio:

  1. ...

  2. A la mujer cuyo matrimonio haya sido disuelto, durante los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución o antes de dar a luz si hubiese quedado embarazada, a menos que, acredite con certificado médico, que no se hallaba en estado de gestación al momento del divorcio. Este certificado, en caso de embarazo posterior, constituirá presunción de la paternidad del cónyuge del nuevo matrimonio; presunción que admite prueba en contrario.

    En los casos de la mujer divorciada o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, el término se contará en la forma en que señale el Capítulo VII, del Título I de este libro;

    ...".

    Sostiene la demandante, que la norma acusada además de tener una redacción confusa, cae en contradicción con lo dispuesto en el artículo 219 del Código de la Familia, que establece la igualdad de ambos cónyuges para contraer nuevas nupcias una vez disuelto el vínculo matrimonial, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.

    DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN

    INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

    La demandante señala que el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia, viola en forma directa por comisión el artículo 19 de la Constitución Política, que garantiza el principio de igualdad y no discriminación ante la ley, que a la letra expresa textualmente lo siguiente:

    ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

    En cuanto al concepto de la infracción, la demandante manifiesta que el numeral acusado crea un fuero o privilegio en favor del hombre divorciado, discriminando por razón del sexo a la mujer divorciada.

    Otra de las normas constitucionales considerada infringida en forma directa por comisión, es el artículo 53 de la Carta Magna que dispone lo siguiente:

    ARTÍCULO 53: El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.

    A juicio de la demandante, la violación consiste en que si los cónyuges tienen igualdad de derechos dentro del matrimonio, también tienen iguales derechos de su disolución y al prohibir el numeral acusado, el matrimonio a la mujer divorciada, se está vulnerando ese principio de igualdad que consagra la antes citada norma constitucional.

    Adicionalmente, considera la demandante que el numeral 2 impugnado, viola también los artículos 15 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por Panamá mediante Ley 4 de 22 de mayo de 1980, cuya aplicación se fundamenta en relación con el valor que le atribuye el artículo 4 de la Constitución Política.

    El artículo 15 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, disponen respectivamente lo siguiente:

    "ARTÍCULO 15:

  3. Los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

  4. ".

    "ARTÍCULO 16:

    Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

    1. El mismo derecho para contraer matrimonio;

    ...".

    Al explicar el concepto de la infracción, la demandante señala que la norma cuya declaratoria de inconstitucionalidad se solicita restringe la libertad de la mujer para contraer nuevas nupcias, lo cual atenta contra las normas antes citadas que establecen la igualdad jurídica entre hombres y mujeres para contraer matrimonio.

    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

    Admitida la demanda por el Magistrado Sustanciador, se le corrió traslado por turno, al Procurador General de la Nación en los términos previstos en el artículo 2554 del Código Judicial.

    El máximo exponente del Ministerio Público al emitir su opinión sobre la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada por la demandante señala que la no discriminación por motivos del sexo, nos indica que tanto el hombre como la mujer, jurídicamente hablando, son iguales, es decir, son sujetos de derecho, no obstante físicamente son muy distintos. Ello es así, porque la mujer en su capacidad de procreación, lleva en sus entrañas durante, alrededor de doscientos setenta días (270) días, un nuevo ser, al que da a luz y al que amamanta, lo que es imposible en el hombre. Por ello, este nuevo ser es también sujeto de derechos y es deber del Estado su protección.

    El opinante señala que el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia y el menor, prohíbe a la mujer el matrimonio durante los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o antes de dar a luz, si quedó embarazada, sin embargo, ese artículo hace la salvedad que si la mujer presenta certificado médico en el que conste que no está embarazada al momento del divorcio, a contrario sensu, se entiende que podrá contraer nuevas nupcias. Agrega el representante del Ministerio Público que esto es así, para evitar, en el caso de un embarazo posterior, que la presunción ya no pueda ser aplicable al cónyuge anterior.

    Finalmente, a juicio del J.M. del Ministerio Público la norma legal impugnada no infringe los artículos 19 y 53 de la Constitución Nacional ni ninguna otra disposición que la integra; ni tampoco infringe los artículos 15 y 16 del Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia no prohíbe el matrimonio a la mujer divorciada, sino que impone una restricción para contraer nuevas nupcias, en el sentido de que debe esperar trescientos (300) días después de la disolución del vínculo o debe presentar al momento del divorcio un certificado en el que acredite que no está embarazada, además de que dicha restricción se impone, porque la misma Constitución en su artículo 52 establece que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores y con este requisito se evita un conflicto de paternidad.

    CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

    Ahora bien, vencido el término previsto en el artículo 2555 del Código Judicial, sin que ninguna persona interesada presentara argumentos escritos, debe la Corte decidir el fondo de la pretensión formulada en el presente negocio constitucional.

    Indudablemente se observa que el punto medular de esta demanda de inconstitucionalidad se centra en el Principio de Igualdad y no discriminación ante la Ley, garantía fundamental que consagra nuestra Carta Magna en su artículo 19, el cual establece lo siguiente:

    ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

    De la norma transcrita se desprende que la Constitución Política Panameña prohíbe todo acto discriminatorio por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas de donde se deduce que todas las personas en situaciones semejantes deben ser tratadas en condiciones idénticas teniendo por tanto el derecho de ejercer y disfrutar de todos los derechos fundamentales consagrados en ese texto legal.

    Observa la Corte, que la demandante en su libelo pretende que se declare inconstitucional el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia ya que a su juicio esta norma legal viola de manera directa por comisión los artículos 19 y 53 de la Constitución Nacional, además de los artículos 15 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

    La norma legal impugnada preceptúa lo siguiente:

    "ARTÍCULO 35: Esta prohibido el matrimonio:

  5. ...

  6. A la mujer cuyo matrimonio haya sido disuelto, durante los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución o antes de dar a luz si hubiese quedado embarazada, a menos que, acredite con certificado médico, que no se hallaba en estado de gestación al momento del divorcio. Este certificado, en caso de embarazo posterior, constituirá presunción de la paternidad del cónyuge del nuevo matrimonio; presunción que admite prueba en contrario.

    En los casos de la mujer divorciada o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, el término se contará en la forma en que señale el Capítulo VII, del Título I de este libro;"

    En cuanto al concepto de violación de la norma legal impugnada, la demandante señala que esta crea un privilegio no justificado en favor del hombre divorciado, discriminando así por razón del sexo a la mujer divorciada. Además señala que la redacción de la norma legal en comento es confusa y contradictoria con lo dispuesto en el artículo 219 del mismo cuerpo legal, que establece la igualdad de ambos cónyuges para contraer nuevas nupcias una vez disuelto el vínculo matrimonial, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.

    Al respecto, el Pleno de la Corte considera que no se produce la violación alegada y por tanto no comparte el criterio plasmado por la demandante en el sentido de que se crea un privilegio en favor del hombre divorciado para contraer nuevas nupcias.

    Sostiene el Pleno que ello no es así por cuanto que la norma es clara y específica cuando señala que prohíbe el matrimonio a la mujer durante los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución o antes de dar a luz si hubiese quedado embarazada, a menos que acredite con certificado médico, que no se hallaba en estado de gestación al momento del divorcio, estableciendo así una prohibición no absoluta ya que el derecho se otorga siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

    A juicio del Pleno, a la mujer divorciada no se le está prohibiendo el matrimonio, sino que se exige el transcurso del tiempo o presentar certificado con el que acredite que está o no embarazada. En este último caso, la mujer ni siquiera tiene que esperar los trescientos días siguientes a la disolución del vinculo matrimonial, ya que con solo cumplir el requisito mencionado, podrá contraer nuevas nupcias.

    En este sentido, el Pleno de esta Corporación de Justicia comparte el criterio del agente colaborador de la instancia en el sentido de que la no discriminación por motivos de sexo nos indica que tanto el hombre como la mujer, jurídicamente hablando son iguales, es decir, son sujetos de derecho, sin embargo existe una verdad ineludible impuesta por la naturaleza que consiste en la diferencia fisiológica, pues la mujer por su condición de tal, a diferencia del hombre, puede concebir en sus entrañas a un nuevo ser que también es sujeto de derecho y por tanto el Estado se obliga a convertirse en garante de ese derecho y de su protección que incluso, está elevada a nivel constitucional.

    En síntesis, consideramos que el contenido del numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia no viola el artículo 19 de la Constitución Política, sino por el contrario busca proteger a los menores, ya que la presentación del certificado de no embarazo, constituirá como la norma lo dice, presunción de paternidad para el cónyuge del nuevo matrimonio y con esto se evitaría un proceso de filiación.

    En cuanto a la violación del precepto constitucional consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna, que reconoce el matrimonio como el fundamento legal de la familia y que el mismo descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges, considera la Corte que no le asiste la razón a la recurrente cuando señala que se viola el principio de igualdad de los cónyuges allí consagrado, pues consideramos que imponer un requisito a la mujer para contraer nuevas nupcias en nada disminuye su capacidad legal respecto al hombre, por lo tanto no se establece ninguna situación de desventaja de la mujer dentro del matrimonio.

    Finalmente, la recurrente plantea la confrontación constitucional de la disposición legal impugnada frente a normas de Derecho Internacional, a saber, los artículos 15 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ratificada mediante Ley Nº4 de 22 de mayo de 1980.

    Al respecto, conviene recordar que la Corte mediante sentencia de 23 de mayo de 1991 al resolver demanda de inconstitucionalidad presentada en relación con la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, estableció que los convenios internacionales ratificados formalmente sólo tienen valor de ley y carecen de jerarquía constitucional y como regla general, no forman parte del bloque de constitucionalidad. (Cfr. H., A., "La Interpretación Constitucional", Editorial Temis, Bogotá, 1998, pág. 104-105).

    Excepcionalmente, ha establecido también la Corte que algunas normas de derecho internacional podrían formar parte del bloque de constitucionalidad siempre que no contraríen los principios básicos del Estado de Derecho, ni las instituciones que sustentan la independencia nacional y autodeterminación del Estado Panameño. (Sentencia de 24 de julio de 1990)

    La Corte ha dicho, también, que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con el artículo 32 de la Constitución en cuanto se refiere a la garantía constitucional del debido proceso. (Sentencias de 8 de noviembre de 1990 y 19 de marzo de 1991). Debe recordarse que el artículo 32 de la Constitución, que consagra la garantía constitucional del debido proceso legal es sumamente escueto, y que el artículo 8 de la Convención extiende la protección procesal a otros aspectos no previstos en el artículo 32.

    De lo anterior podemos concluir que las normas de derecho internacional, como regla general, no tienen jerarquía constitucional en Panamá. Excepcionalmente, ciertas normas de derecho internacional, ratificadas por Panamá, pueden tener jerarquía constitucional si consagran derechos fundamentales que son esenciales para el Estado de Derecho, pero esto, por ahora, solo concierne al debido proceso legal. (HOYOS, A., op. cit. Pág. 106)

    En el presente caso, no considera la Corte necesario integrar un bloque entre las normas de derecho internacional aducidas y los artículos constitucionales citados, ya que estos últimos tutelan suficientemente el principio de igualdad jurídica y las primeras, se limitan a reproducir el contenido del artículo 19 de la Constitución Política.

    Por otra parte, no puede la Corte desconocer la protección que a nivel constitucional se le otorga al menor, protección dentro de la cual está el reconocimiento de la paternidad que es a lo que precisamente tiende la norma cuya inconstitucionalidad se solicita sea declarada que en concepto del Pleno, además de no vulnerar ni prohibir el derecho de la mujer a contraer matrimonio, protege el derecho del menor a definir su procedencia paterna y con ello la secuela de derechos que le son propios.

    De lo anteriormente expuesto, se colige que el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia no es violatorio de los artículos 19 y 53 de la Constitución Nacional ni de ninguna otra disposición que la integra.

    Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia.

    C., N. y Publiquese En La Gaceta Oficial.

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) A.A.A.

    (fdo.) G.J.D.C.

    (CON SALVAMENTO DE VOTO)

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) J.M.F.

    (CON SALVAMENTO DE VOTO)

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (CON SALVAMENTO DE VOTO)

    (fdo.) C.P.B.

    (fdo.) ELIGIO A. SALAS

    CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General

    SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS

    MIRTZA A.F.D.A.,

    GRACIELA J. DIXON C. Y ROGELIO A. FABREGA Z.

    Respetuosamente, nos manifestamos en desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, de negar la pretensión contenida en la acción de inconstitucionalidad promovida por la licenciada M.S.W. contra el numeral 2 del artículo 35 del Código de la Familia.

    El punto medular de la sentencia sostiene, que no infringe la Constitución Nacional la prohibición explícita para la mujer divorciada, de contraer matrimonio si el vínculo matrimonial anterior fue disuelto en los 300 días que preceden a las nuevas nupcias, o que se encuentre embarazada, a menos que acredite con certificado médico que no se hallaba en estado de gestación al momento del divorcio.

    En nuestro concepto, el texto legal impugnado implica una clara lesión al derecho fundamental de igualdad contenido en los artículos 19; 20 y 53 del Estatuto Fundamental, toda vez que restringe el derecho de la mujer divorciada a contraer nuevas nupcias, excepto que cumpla con determinados requerimientos en dicha norma establecidos, lo que no se prescribe para el hombre divorciado.

    No perdemos de vista el razonamiento en que se apoya la mayoría, quienes han justificado la existencia de tal prohibición, en el hecho que si bien existe igualdad jurídica entre hombre y mujer, éstos no son iguales fisiológicamente, y que la mujer, por su condición de tal, puede concebir un nuevo ser que ha de recibir la protección estatal desde su concepción, protección que incluye el derecho del menor a definir su procedencia paterna.

    Consideramos no obstante, que el alcance proteccionista endilgado a la norma resulta excesivo, vulnerador jurídicamente a los derechos de la mujer, y hasta desfasado e inncesario, toda vez que la propia legislación en materia de familia (con el establecimiento de presunciones legales en materia de filiación) y los avances científicos en el campo de la medicina genética que permiten determinar la paternidad, posibilitan el cumplimiento del mismo fin, por medios más razonables, y sobre todo, constitucionales.

    En efecto, aún cuando la opinión mayoritaria del Pleno ha interpretado que el texto censurado cumple un fin esencial de protección para el menor, interés que goza ciertamente de tutela constitucional, lo adecuado y constitucionalmente permisible en estos casos es conciliar ambos bienes jurídicos tutelados, esto es, el interés del menor (consignado entre los derechos sociales de nuestro Texto Fundamental), y la igualdad jurídica de hombre y mujer (tutelada dentro de las Garantías Fundamentales del individuo), no siendo aceptable el reconocimiento de un derecho en detrimento de otro de igual categoría.

    No es necesario siquiera establecer primacías de un derecho constitucional frente a otro en este caso, puesto que no existe contradicción alguna entre estas disposiciones constitucionales, que co-existen armónicamente, gracias a los instrumentos legales que los desarrollen adecuadamente.

    De no existir otros medios que preservaren la identidad del menor, podría justificarse de manera más legítima la prevalencia de la norma impugnada. Sin embargo, insistimos en que nuestro ordenamiento en materia de Familia contiene mecanismos efectivos para preservar aquél fin, como lo es el establecimiento de las presunciones legales previstas en el artículo 268 del Código de la Familia a efectos de determinar la filiación, presunciones que admiten prueba en contrario.

    De otra parte, ya hemos adelantado que la medicina moderna ofrece la posibilidad de practicar pruebas científicas a fin de comprobar la paternidad, cuando sea necesario.

    Lo anterior pone de manifiesto, sin mayor esfuerzo de deducción, que la prohibición de contraer nupcias para la mujer divorciada carece en nuestros días, de sentido lógico y justificación jurídica, y por ende, la subsistencia de esta norma se transforma en un instrumento que alimenta los vestigios de desigualdad por razón de sexo, que la propia Corte de manera sistemática ha venido erradicando con diferentes pronunciamientos de inconstitucionalidad. (v.g. sentencia de 19 de enero de 1994)

    Cuando se examina la posible violación de un derecho fundamental del individuo, el Pleno de la Corte, por su atribución de guardián del texto constitucional, se ve impuesto el deber de ejercer el grado más alto de escrutinio, en vías de que la tutela constitucional sea realmente efectiva.

    Este escrutinio, en nuestro criterio, permite concluir que el artículo 35 del Código de la Familia, en su numeral 2, conculca el derecho que la mujer divorciada, al igual que el hombre divorciado, tiene para contraer nuevas nupcias cuando lo tenga a bien, y por tanto deviene inconstitucional.

    Por todo lo expuesto, salvamos el voto.

    Fecha ut supra.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) G.J.D.C.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

    Secretario General