Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Mayo de 1993

Fecha de Resolución:30 de Mayo de 1993
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS BERRÍOS y BERRÍOS CONTRA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

 
CONTENIDO

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma forense BERRÍOS y BERRÍOS con el objeto de que se declare que es inconstitucional una sección del párrafo tercero del artículo 155 del Código de Trabajo.

La norma que contiene la sección cuya declaratoria de inconstitucionalidad se persigue, es del siguiente tenor:

Artículo 155.- En caso de muerte del trabajador, los salarios que hubiere devengado, las vacaciones completas o proporcionales que hubiere acumulado, y las demás prestaciones derivadas del contrato a que tuviere derecho, serán remitidas por el empleador al Juez Seccional de Trabajo competente, o le podrán ser exigidas, a petición del interesado, para que el J. haga entrega de la suma de dinero correspondiente, si su importe fuere menor a la suma de mil balboas y sin necesidad de juicio de sucesión, a los hijos menores, por conducto de quien o quienes los representen, y en su defecto, al cónyuge, o al conviviente, que al momento del fallecimiento del trabajador convivía permanentemente con él.

En defecto de éstos, el importe de los salarios y vaciones serán entregados a la madre o al padre del trabajador. Cualquier incidente o controversia que surja en la aplicación de esta norma, lo resolverá el Juez competente sumariamente, conforme a la equidad sin fórmula de juicio, con fundamento en las pruebas aportadas y según su criterio.

Si el importe de lo devengado por el trabajador muerto, en concepto de salarios, vacaciones completas o proporcionales u otras prestaciones laborales, fuere superior a la suma de mil balboas, el Juez entregará las sumas correspondientes del modo señalado en el párrafo anterior, previa comprobación de que las pruebas fueren suficientes y la publicación de un edicto donde se ordena la comparecencia a estar en derecho dentro del proceso a todos los interesados dentro del término de cinco días, a partir de la publicación del último edicto, aplicando, en cuanto fuere compatible, el trámite del incidente. En este último caso el Juez suplirá los `vacíos de acuerdo con su prudente arbitrio'.

Dentro de los procedimientos señalados en los párrafos precedentes, el Juez competente podrá ordenar pagos provisionales a los peticionarios cuando las pruebas aportadas fueren suficientes, a su juicio, y las circunstancias lo justificaren. Contra las resoluciones que pongan término a estos procedimientos en primera instancia, sólo se admitirá el recurso de apelación, en el efecto suspensivo" (la subraya es para resaltar la parte impugnada).

De acuerdo al recurrente la parte subrayada de la norma anterior infringe el artículo 32 de la Constitución Nacional, pues la disposición impugnada permite que el juez laboral, "sin competencia para ello y sin el lleno de las formalidades legales", determine quienes son los herederos del causante, lo cual sólo puede ser determinado por los jueces civiles.

El Procurador General de la Nación, en la Vista Nº 14 de 8 de marzo de 1993, tras señalar que el demandante explica detalladamente el concepto de la infracción del precepto constitucional supuestamente conculcado, manifiesta que no le asiste razón al recurrente toda vez que a "la jurisdicción laboral le compete resolver privativamente todas las controversias derivadas del contrato de trabajo; incluso las sumas que corresponden al pago de las prestaciones laborales que corresponden a un trabajador fallecido". Por tanto, agrega, no se patentiza la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que efectivamente el artículo 155 del Código de Trabajo no infringe en lo absoluto el texto ni el espíritu del artículo 32 constitucional.

Luego de largos años de evolución, el derecho laboral ha llegado a adquirir autonomía propia tanto en lo que al derecho sustantivo se refiere como al derecho procesal respecta. Precisamente el artículo 155 del Código de Trabajo representa una expresa manifestación de la autonomía a que se ha hecho referencia.

En efecto, así se deduce de la autorizada opinión del doctor A.H., quien, al referirse al tema de la sucesión laboral (artículos 155 y 156 del Código de Trabajo), señala que "En esta materia se nota claramente la autonomía del Derecho Panameño del Trabajo frente al Derecho Civil... el propósito de las citadas normas es el de establecer mecanismos apropiados, más ágiles que los previstos en el Código Civil, para transmitir los derechos emanados de la relación de trabajo que tenía el trabajador al momento de su muerte, a sus familiares" (H., A.. Derecho Panameño del Trabajo, Litografía e Imprenta LIL, S.A., Panamá, 1982, p. 321).

La Corte, por su parte, en sentencia de 4 de febrero de 1981, sostuvo que "... en el Código de Trabajo de 1972 se desarrolla el principio constitucional de una jurisdicción laboral privativa, instituida para resolver todas las controversias que surjan del contrato de trabajo o por razón de éste..."

Justamente por ello, agregó el Pleno en aquella ocasión, se instituye

"en el artículo 155 del Código de Trabajo un procedimiento especial para la determinación del carácter de beneficiario y de la entrega o pago de las prestaciones laborales que corresponden al trabajador al momento de su muerte. En ese trámite no se toma en cuenta el carácter de beneficiario que correspondería a los reclamantes según el derecho civil. Serán beneficiarios, sin otra consideración, las personas designadas en el contrato de trabajo, según el numeral 2 del artículo 68 del Código de Trabajo y a falta de contrato escrito o de designación, a las personas señaladas en el mencionado artículo 155. Las controversias que surjan las resolverá el Juez de acuerdo con el trámite instituido, que no puede ser derogado por voluntad de los interesados.

La finalidad, generalmente alimentaria de las prestaciones sociales, la sencillez del trámite laboral, su rapidez, su gratuidad libre de costos y las ventajas del sistema probatorio receptado en el proceso laboral, justifican el procedimiento especial consagrado en la Ley laboral, para estos efectos e imponen su observancia, salvo casos en los cuales por no presentarse dependientes o beneficiarios laborales se haga necesario un juicio ante los Tribunales ordinarios para la determinación de herederos conforme a la Ley civil, cuya competencia, obviamente, no corresponde al Juez laboral" (Registro Judicial de febrero de 1981, página 8).

De todo lo anterior se desprende, que la parte del artículo 155 del Código de Trabajo que ha sido denunciada como violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, no infringe tal precepto ni ningún otro de igual jerarquía.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la parte del artículo 155 del Código de Trabajo que a la letra dice "...el Juez entregará las sumas correspondientes del modo señalado en el párrafo anterior..."

N., devuélvase y publíquese en la Gaceta Oficial

(fdo) J.M.F.

(fdo) MIRTZA A.F.

(fdo) AURA E. GUERRA

DE AGUILERA DE V.

(fdo) A.H.

(fdo) C.L.L.

(fdo) R.M.A.

(fdo) E.M.M.

(fdo) R.T.M.

(fdo) F.A.E.

(fdo) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

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SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR F.R. DE MODES EN CONTRA DEL LEGISLADOR MARIO A. ROGNONI. MAGISTRADO PONENTE: DR. C.L.L.T.P., cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Subjefa del Departamento de Apremio y Trámite al Cobro de la Morosidad Patronal de la Caja de Seguro Social, presentó ante el Fiscal de Circuito de Turno de Panamá, denuncia contra la empresa Revista Interamericana, S.A., en su calidad de patrono, cuyo número patronal es 87-280-0309; en la que funge como representante legal el señor M.R., por no haber remitido la empresa la cuota obrero patronal correspondiente a los salarios devengados por los trabajadores durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1992, más los recargos e intereses legales.

En vista de que M.A.R., representante legal de la empresa Revista Interamericana, S. A., es legislador de la República y que de acuerdo al artículo 87 del Código Judicial es la Corte Suprema de Justicia quien tiene competencia privativa en estos casos, le correspondió al Procurador General de la Nación instruir estas sumarias, función que fue comisionada a la Fiscalía Delegada de Turno.

Encontrándose el expediente en la Fiscalía Primera Delegada, la parte denunciante informó, mediante oficio fechado 5 de septiembre de 1992, que el patrono, Revista Interamericana, S.A., había cancelado la cuota obrero patronal descontada a los trabajadores, por lo que la Caja de Seguro Social ya no mantenía pretensión alguna contra el denunciado.

Llegado a este punto en que la causa de la denuncia desapareció, se devolvió el expediente a la Procuraduría General de la Nación, a fin que oficiara lo pertinente en el sumario. En la Vista Fiscal Nº. 63 de 16 de octubre de 1992, el Procurador General de la Nación, en un breve informe, analiza la situación y concluye solicitando a esta Corte "archivar la presente encuesta sumarial dictando sobreseimiento definitivo de carácter impersonal de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 2210 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1984 del Código Judicial, reformado por la Ley 3 de 1991", toda vez que la Caja del Seguro Social desistió de la pretensión punitiva y la causa por la que fue denunciado el legislador M.A.R., en su calidad de R.L. de la Revista Interamericana, S.A., había desaparecido.

Remitido el expediente a esta Superioridad, se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes consideraciones:

Se observa que la presente denuncia fue interpuesta por la Subjefa del Departamento de Apremio y Trámite al Cobro de la Morosidad Patronal de la Caja del Seguro Social; no obstante, de acuerdo con el artículo 582 del Código Judicial, cuando el Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas comparezcan en un proceso deberán hacerlo a través de sus representantes autorizados conforme a la Ley, de allí que en este caso debió presentar la denuncia el Director General de la Caja del Seguro Social y en el expediente no reposa ningún documento en el que conste que se ha delegado la representación en la persona que presentó la denuncia. Luego entonces, esta Corporación considera que la presente denuncia no debió ser admitida por falta de legitimación del denunciante, por lo que tampoco posee legitimación para presentar el desistimiento tal como lo señala el artículo 1984 del Código Judicial:

"Artículo 1984. Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de hurto, ... apropiación indebida, ... siempre que en su ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad;...El desistimiento podrá realizarse por la persona ofendida, su heredero declarado o representante legal, si el imputado no registra antecedentes penales y se hubiere convenido en la reparación del daño. ...". (Subrayado de la Corte).

También se ha podido observar que el artículo 1979 del Código Judicial señala que es necesario presentar querella del agraviado para proceder por los delitos de apropiación indebida (artículo 2030 del Código Judicial) y que la legitimación para actuar debe ser acreditada.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto tenemos que en este negocio concurren dos errores en su presentación, a saber: la falta de legitimidad en la personería del actor y el error en la presentación de la acción.

De acuerdo con el Código Judicial en los artículos 2030, 2031 y 2011, en este caso procede la nulidad de lo actuado y el archivo del expediente y por consiguiente este Tribunal no puede entrar a conocer del desistimiento presentado por los defectos antes enunciados.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley DECRETA LA NULIDAD DE LO ACTUADO y ORDENA el archivo del expediente.

N..

(fo) C.L.L.T.

(fdo) R.M.A.

(fdo) E.M.M.

(fdo) J.F.P.

(fdo) F.A.E.

(fdo) J.M.F.

(fdo) MIRTZA A.F.

DE AGUILERA

(fdo) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo) A.H.

(fdo) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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