Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Mayo de 2000

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución30 de Mayo de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La Licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, en su propio nombre, recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la frase "El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho" contenida en el artículo 835 del Código de la Familia, por violar los artículos 19, 20 y 43 de la Constitución Nacional.

Los hechos que fundan el recurso estriban en que la frase acusada desnaturaliza el carácter social con el que fue concebido el Código, cual es -entre otros- garantizar la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en las relaciones familiares.

Que la frase en comento "establece un fuero o privilegio personal en favor de los matrimonios celebrados a partir del 3 de enero de 1995", fecha en que entró a regir el Código de la Familia, violándose el principio de que no habrá fueros o privilegios personales, el de la igualdad de todas las personas ante la ley, así como principios universales de derechos humanos, como el de protección a la familia.

Que, pese a que el artículo 43 de la Constitución consagra el principio de irretroactividad de las leyes, establece una excepción, consistente en las leyes de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese, características ambas que contiene el Código de la Familia, razón por la que la frase impugnada viola la Constitución.

En cuanto a las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de la infracción, el artículo 19 de la Excerta Fundamental -prohibición de fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas- fue violado, toda vez que la frase acusada establece un fuero o privilegio personal a favor de los matrimonios o uniones de hecho que se celebren a partir de la vigencia del Código de la Familia -3 de enero de 1995-, ya que les será aplicable todo lo relativo al régimen económico matrimonial que contiene el Código de la Familia, mientras que a los matrimonio o uniones de hecho celebrados antes de la entrada en vigencia de dicho Código, le son aplicables las normas del Código Civil, sobre la misma materia, lo que constituye una discriminación que viola el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Que, pese a que el Código de la Familia brinda igualdad de derechos a los cónyuges y uniones de hecho en cuanto al régimen económico matrimonial, la frase criticada instituye un trato diferente en esta materia a ambas uniones, celebradas antes del 3 de enero de 1995, originando un efecto discriminatorio.

La violación del artículo 20 constitucional -igualdad de panameños y extranjeros ante la ley establece excepciones por las que puede la ley subordinar o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general- consiste en que la frase demandada establece una "desigualdad jurídica" en perjuicio de los matrimonios y uniones de hecho celebrados antes de la vigencia del Código en debate, ya que se les aplica un tratamiento jurídico distinto en cuanto al régimen económico matrimonial, violando así el principio de igualdad de los seres humanos ante la ley.

Por último, el artículo 43 de la Carta Fundamental -no retroactividad de las leyes, excepto las de orden público e interés social cuando en ellas se exprese- fue violado según la Licda. S.W., porque la frase acusada contradice el carácter social del Código de la Familia, que es un instrumento para corregir las desigualdades jurídicas que han existido en las relaciones familiares, por lo cual, al establecer la irretroactividad del Código respecto al régimen económico de los matrimonios y uniones de hechos celebrados antes del 3 de enero de 1995, el artículo impugnado viola ese principio social que establece el artículo 3 del Código de la Familia y por ende, el 43 de la Constitución.

Admitida la demanda, se corrió traslado por el término de diez -10- días al Ministerio Público, correspondiéndole el turno para conocer el caso al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto mediante la Vista Nº 36 de 3 de agosto de 1995.

En cuanto a la presunta violación del artículo 19 constitucional, consideró el Jefe del Ministerio Público que la correcta interpretación constitucional induce a considerar que la violación de éste artículo ocurre cuando un acto realizado por los poderes constituidos genera, dentro de los supuestos establecidos en el mismo, poder, facultad, prerrogativa o privilegio en favor de determinada persona o personas, a título personal.

Destacó que la jurisprudencia nacional ha señalado que la violación de la norma se produce cuando alguna de las circunstancias previstas en ella crea un poder o prerrogativa a favor de determinada persona, rompiendo así, la igualdad de los ciudadanos ante la ley; para ello, citó un fallo del Pleno, de 11 de enero de 1991.

Afirmó el Procurador que el régimen económico matrimonial es "desencadenado y no originario", porque para su existencia es requisito sine quanon, la celebración del matrimonio, cualquiera que sea dicho régimen; y en caso de que no se adopte ningún régimen económico, generalmente las legislaciones tienen uno supletorio, que en Panamá, antes de la entrada en vigencia del Código de la Familia, era el de separación de bienes, y después de entrar en vigor, es el de participación en las ganancias.

Señaló que el Código bajo análisis recoge tres sistemas o regímenes económicos, que son, el Régimen de Participación en las Ganancias, el Régimen de Separación de Bienes, y el Régimen de Sociedad de Gananciales.

En cuanto a las impugnaciones de la demandante, conceptuó el Procurador que el artículo 19 de la Constitución sólo es violable cuando se establecen fueros o privilegios personales, o sea, concebidos a título personal.

En el presente negocio se habla de una colectividad, no de una persona a la que se le haya concedido derecho o privilegio especial, sino que las relaciones económicas matrimoniales de esa colectividad están regidas por el Código de la Familia, mientras que las el de los matrimonios o uniones de hecho anteriores a dicho Código, se rigen por el Código Civil; por ello, la frase contenida en el artículo 835 del Código de la Familia no infringe el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la presunta violación del artículo 20, conceptuó el Opinador que los matrimonios celebrados bajo la vigencia del Código Civil, en materia de divorcio, por estar regulados bajo ese ordenamiento jurídico, los cónyuges contrajeron todos los deberes, derechos y obligaciones que se generaron en ese acto jurídico. Igual ocurre con los matrimonios celebrados desde la vigencia del Código de la Familia, que se llevan a cabo bajo los parámetros de éste ordenamiento jurídico, generando para las partes deberes, derechos y obligaciones dimanantes de ese acto jurídico.

Considera que, pese a que el Código de la Familia ha logrado una conquista en materia de regulación del patrimonio familiar; pero "retrotraer la legislación actual a situaciones anteriores atenta contra la seguridad jurídica que debe procurar el derecho para no colisionar con los derechos adquiridos, que precisamente protege el artículo 43 de la Carta Magna."

Por todo lo anterior, la frase del artículo 835 del Código de la Familia no viola el artículo 20 constitucional.

El artículo 43 de dicha excerta -carácter no retroactivo de las leyes, excepto las de orden público o interés social cuando en ellas así se exprese-, mantiene el principio de seguridad jurídica en defensa de derechos adquiridos, y establece por excepción, que las leyes son retroactivas cuando son de orden público o interés social, siempre y cuando allí se exprese.

La frase impugnada -a juicio del Ministerio Público- reafirma de manera expresa, el principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley en lo referente al régimen económico de los matrimonios celebrados o de hecho, porque se regirán por las disposiciones anteriores.

También aduce el Procurador que el artículo 438 del Código de la Familia reafirma el principio de no retroactividad de la ley, en lo referente a los negocios y procesos que se estaban tramitando cuando entró en vigencia el Código de marras, ya que se rigen por las disposiciones anteriores.

El Procurador General de la Nación interpretó el artículo 43 constitucional, en el sentido de que las leyes son retroactivas cuando son de orden público o interés social, cuando en ellas se exprese que son retroactivas.

Dijo que el Código de la Familia es una ley de orden público e interés social y se aplica con preferencia a otras leyes -lo señala su artículo 3º- pero por ninguna parte indica que sea aplicable retroactivamente; que el artículo 835 de dicho Código estipula que el régimen económico de los matrimonios celebrados o de hecho, antes de su vigencia, se rigen por las disposiciones anteriores; también señaló que los procesos que estaban en trámite al tiempo de entrar a regir la excerta, se rigen por las normas previas.

Por lo tanto, la demandante no ha demostrado la violación denunciada; conceptúa que sus argumentos inducen a considerar que lo que en realidad motiva la pretensión, es la modificación de la norma, toda vez que, pese a ser de orden público e interés social, no tiene efectos retroactivos.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días, luego de la publicación de los Edictos, para que todas las personas interesadas presentaran sus argumentos por escrito sobre el caso, término que precluyó sin ser utilizado.

Luego de agotadas las formalidades legales establecidas para este tipo de negocio, se dispone el Pleno a emitir su decisión de fondo, no sin antes verter las siguientes consideraciones.

La Licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON impugna mediante la presente acción, el contenido de la parte inicial del artículo 835 del Código de la Familia, que dice así:

"ARTÍCULO 835: El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, los negocios y los procesos que se hallen en trámite al entrar en vigencia este Código, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores." (Subraya de la Corte)

La frase subrayada es la impugnada por la actora, y que a su parecer, viola los artículos 19, 20 y 43 de la Constitución Nacional.

El artículo 19 constitucional es del siguiente tenor:

"ARTICULO 19: No habrá fueros o privilegios personales, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo o ideas políticas."

La presunta infracción consiste en que aquella norma establece un fuero o privilegio personal en favor de los matrimonios o uniones de hecho celebrados a partir del 3 de enero de 1995, a las que se le aplica el régimen económico del Código de la Familia, mientras que a las uniones anteriores se les aplica el régimen establecido por el Código Civil, constituyendo una discriminación que transgrede la norma transcrita.

En opinión de esta Corporación de Justicia, no existe tal infracción, ya que -como lo señala el Ministerio Público- la excerta constitucional in examine garantiza la inexistencia de fueros o privilegios "personales", y que se pueden suscitar por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Esos fueros o privilegios tienen que ser en razón de la persona que los goza, y además se reflejan en favoritismo racial, de nacimiento, de clase social, de sexo, de religión o de ideas políticas. Ello significa, tal como lo ha dejado sentado la Corte, que fuera de los casos señalados en la norma, no puede reconocerse otros fueros o privilegios.

En el caso que nos ocupa, no puede haber violación del artículo 19 constitucional, porque la frase impugnada dispone la aplicación del artículo 835 a los matrimonios, celebrados o de hecho, efectuados antes de la entrada en vigencia del Código; no son personas individuales, sino colectividades que constituyen el fundamento legal de la familia según lo establece el artículo 53 de la Constitución, así como también el núcleo de la sociedad; la normativa constitucional tocante a la familia y el orden legal que la desarrolla, tratan al matrimonio como un ente jurídico autónomo, de forma independiente a los cónyuges que lo componen.

Además, aunque la circunstancia anotada no hiciera incongruente la violación denunciada, la misma tendría que ser por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Desde otro punto de vista, es oportuno manifestar que la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha afirmado que la norma legal que se considera infractora, no debe ser contemplada de manera aislada, sino en relación con otras que la complementen.

Desde esta perspectiva, observamos que el artículo 81 del Código de la Familia guarda relación con el punto planteado, y para ello transcribimos el mismo:

ARTÍCULO 81: El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código o el señalado por la ley.

La norma revela que los cónyuges pueden establecer voluntariamente el régimen económico al que quieran someter su matrimonio, mediante capitulaciones matrimoniales; por lo tanto, al tener la potestad de establecer voluntariamente el sistema económico de su unión marital, pierde todo sentido el argumento de la actora, de que existe privilegio para los matrimonios celebrados después de la entrada en vigencia del Código de la Familia, ya que antes de su vigencia, como luego de su entrada en vigencia, los matrimonios -y uniones de hecho- podían y pueden escoger de común acuerdo, el régimen económico que los va a regir.

Por lo tanto, no prospera la pretensión de la demandante.

En otro orden de cosas, consideró la Licda. S.W. que la frase que inicia el artículo 835 del Código de la Familia también violó el artículo 20 de la excerta máxima, que es del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. ....

......" (Subraya de la Corte)

La presunta infracción consiste en que el artículo 835 del Código de la Familia establece una desigualdad jurídica en perjuicio de los matrimonios y uniones de hecho celebrados antes del 3 de enero de 1995, que se les aplica un régimen patrimonial diferente -inferior- al establecido por el Código.

Por lo tanto, violó el principio constitucional de igualdad de todos los seres humanos ante la Ley.

Tampoco prospera este argumento, a juicio del Pleno, porque lo que consagra la norma fundamental es el principio de igualdad, pero entre nacionales y extranjeros, y no referente al régimen legal aplicable a los matrimonios y uniones de hecho, según afirma la petente. Añade el artículo 20 las razones o motivos por las que pueden establecerse excepciones a dicha igualdad, en favor de los nacionales.

Por lo tanto, nada tiene que ver el contenido del artículo que se considera violado, respecto al cargo de inconstitucionalidad que se le atribuye al primer párrafo del artículo 835 del Código de la Familia.

Finalmente, corresponde al Pleno verificar la presunta violación del artículo 43 constitucional por parte del párrafo acusado; la excerta que se presume infringida, reza así:

"ARTÍCULO 43: Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada."

El cargo de inconstitucionalidad en perjuicio de esta norma por parte de la frase infractora, radica en que ésta contradice el carácter social del Código de la Familia, ya que es un instrumento de corrección de desigualdades jurídicas en torno a las relaciones familiares.

Que, al establecer la irretroactividad del Código respecto al régimen económico de los matrimonios o uniones de hecho celebrados antes del 3 de enero de 1995, y por tratarse de una Ley de interés social, el artículo 835 viola el citado "principio social" contenido en el artículo 43 constitucional.

En primer lugar, debe discrepar la Corte de los argumentos de la demandante -contradicción al carácter social del Código de la Familia- toda vez que, sustituir el régimen económico matrimonial y de las uniones de hecho, violaría los derechos adquiridos en el orden patrimonial de los matrimonios y uniones de hecho celebrados con arreglo al Código Civil.

El artículo 43 constitucional establece enfáticamente como excepción al principio general de irretroactividad de las leyes, las de orden público o interés social, "cuando en ellas así se exprese".

Ello no significa que todas las leyes de orden público o interés social tienen efecto retroactivo, sino las que indiquen dicha retroactividad expresamente.

Así lo declaró la Corte, en fallo de 13 de septiembre de 1996, que indicó lo siguiente:

"... la Corte estima que la ley impugnada, es decir, la Ley Nº 29 de 23 de junio de 1995 no tiene carácter retroactivo como lo afirma el demandante. Ello es así por cuanto, en primer lugar, para que una ley tenga carácter retroactivo la misma debe señalarlo expresamente. Y es que la Corte no observa en qué manera la Ley Nº 29 extiende su eficacia sobre el Contrato de Concesión Nº 98 de 1994, ...... De lo anterior se colige, pues, que cuando la Ley Nº 29 de 23 de junio de 1995 fue suscrita, la misma no fue aprobada con carácter retroactivo alguno por lo que mal puede resultar violatoria del artículo 43 de la Constitución Nacional. No procede, pues, el presente cargo. (Negrilla de la Corte)

Consideramos que el extracto reproducido no amerita mayor comentario.

Otra decisión de la Corte cuya evocación es oportuna, está en la sentencia de 21 de junio de 1993, que en su parte pertinente dice:

...... La comentada norma constitucional como es bien sabido, tal como aparece en el Estatuto Fundamental vigente clara y expresamente dispone, a diferencia de los textos de las anteriores Constituciones que precedieron a la actual que las leyes tendrán efecto retroactivo, excepto las de orden público e interés social'... cuando en ellas así se exprese.

La aserción transcrita confirma que la interpretación correcta del artículo 43 de la Constitución consiste en que las leyes de orden público e interés social deben manifestar expresamente que son retroactivas.

Esa misma decisión, señala más adelante que

"De ahí que nuestra tercera Constitución de la era republicana -la de 1946- superó esta deficiencia al establecer en su artículo 44: 'Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social'.

El precepto contenía, sin embargo una seria imprecisión. Su terminología parecía dar a entender que bastaba con una Ley fuera de orden público o de interés social para que necesaria y automáticamente tuviera efecto retroactivo. Y este no había sido en realidad el querer del contribuyente(sic) ni era lo adecuado y conveniente."

De lo anterior se resume que la Constitución de 1946 decía escuetamente que solo las leyes de orden público e interés social tenían efecto retroactivo, sin excepción, pero también dice que, aunque la norma estaba redactada de esa forma, no era el sentido que el Legislador le quería atribuir a la norma, y así debía entenderse, que no todas tenían efecto retroactivo.

Luego entonces, si la norma en la Constitución de 1946 estaba redactada sin incluir la frase "... cuando en ellas así se exprese", con mayor razón ahora, el actual artículo 43 que sí la contiene, debe interpretarse en el sentido de que la ley debe estatuir expresamente que tiene efectos retroactivos.

Es decir, que las leyes de orden público e interés social deben señalar expresamente que tienen efecto retroactivo.

El artículo 3 del Código de la Familia, dispone que:

ARTÍCULO 3: Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y se aplicarán con preferencia a otras leyes. En consecuencia, no pueden ser alteradas o variadas por voluntad de los particulares, bajo pena de nulidad, salvo en los caos expresamente permitidos por este Código." (Subraya de la Corte)

El efecto principal y directo de las leyes de orden público e interés social, es precisamente lo que a continuación indica la norma, que se aplicará con preferencia a otras leyes, pero con efectos hacia el futuro; pero ello no entraña la retroactividad de la misma, toda vez que invadiría los derechos adquiridos en el orden patrimonial de los matrimonios y uniones de hecho celebrados con arreglo al Código Civil.

Este principio de no violación de los derechos adquiridos está expuesto también en el artículo 3 del Código Civil, que a la letra dice:

"Artículo 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos."

Ello implica que el Código de la Familia no puede trastocar derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia, sin perjuicio de que -como ya hemos señalado- su normativa no indica que es aplicable con efectos retroactivos, pues no fué expresamente aprobada con tal carácter.

Por lo tanto, considera esta Corporación de Justicia que el párrafo demandado, tampoco infringe el artículo 43, ni ninguno otro de la Constitución Nacional.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho...", contenido en el artículo 835 del Código de la Familia.

C., N. y P. en la Gaceta Oficial.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H.CUESTAS G.

Secretario General

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