Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Junio de 1999

PonenteCARLOS H. CUESTAS
Fecha de Resolución30 de Junio de 1999
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce del fondo de la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el licenciado C.C.G., actuando en representación de J.A.A.H., contra la Resolución de 18 de agosto de 1998, emitida por el Juzgado Undécimo de lo Penal del Primer Distrito Judicial, que rechaza por improcedente el incidente de nulidad interpuesto por el demandante, dentro del proceso seguido a J.A.A.H. por el delito de violación, estupro y abusos deshonestos, en perjuicio de M.M.G.. (Cfr. fojas 14-15).

Esta resolución fue apelada ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el cual, a través del Auto de 19 de octubre de 1998, confirmó la resolución que se recurre.

Es importante precisar que en el incidente de nulidad que se promovió originalmente, se esgrime básicamente que la investigación adelantada por el Ministerio Público se inició "con el yerro de denominar el acto una denuncia en (sic) ves de (sic) querela" (cfr. 20); siendo éste en su opinión, un trámite ajeno a lo que se establece en las normas de procedimiento.

Con la finalidad de sustentar lo expresado, el demandante en su incidente de nulidad invocó el artículo 1978 del Código Judicial, del cual se resalta que los delitos que se refieren al ultraje contra el pudor, requieren querella de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, representante legal, si es menor o de la persona que ejerza la guarda aunque no sea tutora o curadora. Así las cosas, dentro de los delitos ultraje contra el pudor, el demandante incluye el delito de violación carnal, concluyendo en consecuencia, que debió utilizarse específicamente la querella como instrumento a través del cual debe darse inicio a cualquier proceso penal por este hecho punible, y no la denuncia como errónemente permitió el funcionario de instrucción.

A lo expresado por el demandante, el Tribunal A-quo en Auto de 18 de agosto de 1998 señaló que después de la reforma de la Ley 27 de 16 de junio de 1995 se "excluyó de manera clara, los delitos Contra el Pudor y la Libertad Sexual, de entre los delitos que requieren querella del agraviado, a fin de instruir sumario, y conforme lo contempla el artículo 13 del Código Penal." (La Corte subraya)

A su vez, el Tribunal A-quem al revisar en alzada los planteamientos del Juez primario y los del demandante, señaló lo siguiente:

"El Artículo 1978 invocado, establece claramente los delitos que deben iniciarse penalmente mediante querella, siendo estos los delitos de rapto (Art. 221 y ss del Cód. Penal), estupro (Art. 219 del Cód. Penal) corrupción de menores (Art. 226 del Cód. Penal) y ultrajes al pudor. Nótese que no se menciona, como lo hacía antes dicha norma, el delito de violación carnal, regulado en el artículo 216 ibídem.

El recurrente hábilmente pretende incluir el delito comentado dentro de lo concerniente a los delitos de ultraje al pudor, argumento que es improcedente, ya que si el legislador hubiese querido que la violación también se accionara con querella de la agraviada, no lo dejaría fuera de dicha formalidad.

Por otro lado, dicha reforma tiene plena aplicación en el caso bajo estudio, debido a que el ilícito se cometió el día 20 de julio de 1997, siendo la Ley de junio de 1995, por lo que no le asiste razón al censurante con relación al punto cuestionado, situación jurídica que fue debidamente absuelta mediante el Auto de 3 de junio de 1998, donde se abrió causa criminal en contra de su representado por los delitos de violación carnal, estupro y abusos deshonestos ..."

En este sentido se observa que, a fojas 11-19 del presente negocio mediante Vista Fiscal No. 002 de 30 de enero de 1998, se solicitó el llamamiento a juicio del señor A. específicamente por el delito de violación carnal.

Seguidamente se aprecia que los planteamientos vertidos en los hechos de la demanda de inconstitucionalidad enfocan la situación planteada esgrimiendo los puntos expresados ante los Tribunales A-quo y A-quem, indicándose que el sumario se instruyó por delitos contra el pudor y la libertad sexual sin que el mismo se iniciara por medio de querella, como lo exige el artículo 1978 del Código Judicial. Aunado a lo expresado, el actor señala que el J. primario, a través de la resolución de 3 de junio de 1998, decide abrir causal criminal contra el señor A. por el supuesto delito contra el pudor y la libertad sexual.

En vista de lo expresado, el recurrente estima que se han infringido los artículos 32 y 22 de la Carta Política.

En este orden de ideas y con respecto a la violación del mencionado artículo 32, el demandante señala que se violó la garantía del debido proceso al no cumplirse el procedimiento que establece la ley para el inicio del sumario por delitos contra el pudor y la libertad sexual, señalando que "En este caso por tratarse de un supuesto delito de violación carnal o sea contra el pudor y la libertad sexual, la presunta víctima MARTA MORALES GONZALEZ debió presentar ... querella, ante las autoridades correspondientes y no una denuncia por los supuestos delitos realizados en su contra."

En lo concerniente a la vulneración del artículo 22 de la Carta Política, el demandante sostiene que ésta se da ya que al señor A. se le sometió a un proceso donde su defensa no fue garantizada conforme a las garantías legales, en atención a que ha sido sometido a un proceso penal iniciado mediante "la denuncia de un supuesto delito de violación sexual, cuando expresamente la ley señala que los delitos Contra el Pudor y la Libertad Sexual requieren para que se inicie la investigación que la persona afectada presente `Querella´ ante las autoridades competentes. "(la Corte resalta)

Finalmente arguye el actor que se ha violado el principio de la presunción de inocencia, ya que no se ha sometido al señor A. al debido proceso, y por el contrario, se quiere mantener la evolución de este proceso a pesar de haberse iniciado incorrectamente, en "flagrante violación a las normas vigentes sobre procedimiento contenidas en el Código Judicial."

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Por su parte, el Ministerio Público se opone a la pretensión del demandante aduciendo medularmente lo siguiente:

"Este Despacho considera carente de fundamento la pretensión de la parte actora, pues, como claramente se desprende de Autos, la Ley No. 27 de 16 de junio de 1995, cuyo artículo 15 reformó el artículo 1978 del Código Judicial excluyendo el delito de Violación Carnal de aquellos en los que para instruir sumario es necesario querella por parte de la persona agraviada, fue promulgada muy anteriormente a la perpetración del hecho delictivo del cual se acusa al señor J.Á.A.H..

En efecto, como consta en la denuncia suscrita por M.M. GONZÁLEZ el 9 de agosto de 1997, a fojas 1 y siguiente del cuadernillo judicial, la mencionada ciudadana fue objeto de violación carnal el domingo 20 de julio de 1997, por un individuo que posteriormente ella identifica como J.Á.A.H..

Por otro lado, la Ley No. 27 de 16 de junio de 1995, cuyo artículo 15 excluye al delito de Violación Carnal de la formalidad de accionarse Q., fue publicada en la Gaceta Oficial 22,811 de 23 de junio de 1995, empezando a regir a partir de esa última fecha.

El artículo 32 del Código Civil claramente establece, que las leyes concernientes a la sustentación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir; por tanto, dado que a partir de junio de 1995 el delito de violación carnal está excluido de aquellos que necesitan querella de la persona agraviada para poder instruir sumario y que el delito del cual se acusa (sic) J.Á.A.H. fue perpetrado en julio de 1997, no ve esta Procuraduría la pretermisión de trámite procesal esencial alguno, ni violación de la garantía constitucional del debido proceso.

Este Despacho comparte lo dicho por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual al conocer como Ad-quem del Incidente de Nulidad propuesto por el abogado del demandante dentro del proceso penal, señala que hábilmente pretende el apoderado judicial incluir el delito de Violación Carnal dentro de los delitos ultraje al pudor, cuando el artículo en cuestión, luego de su reforma legal, se refiere a los delitos de rapto (Art. 221 y ss. del C.. Penal), estupro (Art. 219 del Cód. Penal), corrupción de menores (Art. 226 del Cód. Penal) y ultrajes al pudor, excluyéndose la violación carnal regulada en el Artículo 216 del mismo cuerpo legal.

Para aun mayor claridad, estimamos conducente reproducir el texto de la norma legal aducida como infringida, tanto antes como después de su reforma.

ARTICULO 1978 DEL CÓDIGO JUDICIAL.

"Artículo 1978: Los delitos de violación carnal, rapto, estupro, corrupción de menores y ultrajes al pudor son de procedimiento de oficio, pero no se instruirá sumario, sino por querella de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, de su representante legal, si es menor, o de la persona que sobre ella ejerza la guarda, aunque no sea tutora ni curadora legal.

ARTICULO 1978 DEL CÓDIGO JUDICIAL, TAL Y COMO FUE SUBROGADO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY 27 DE 1995.

"Artículo 1978: Los delitos de rapto, estupro, corrupción de menores y ultrajes al pudor son de procedimiento de oficio, pero no se instruirá sumario, sino por querella de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, de su representante legal, si es menor, o de la persona que sobre ella ejerza la guarda, aunque no sea tutora ni curadora legal. ...´

Con fundamento en similares motivaciones, tampoco considera este Despacho se ha desconocido el derecho de defensa o la presunción de inocencia del demandante por la resolución atacada, y, por tanto, estima no se ha violado el artículo 22 de la Constitución Política Nacional.

Por todo lo anterior, la Procuraduría de la Administración, respetuosamente, solicita a los Magistrados que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaren CONSTITUCIONAL la Resolución de 18 de agosto de 1998, emitida por el Juzgado Undécimo de lo Penal del Primer Distrito Judicial."

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La infracción que se endilga al artículo 32 de la Carta Política se fundamenta básicamente en que no se cumplió con el procedimiento que establece la ley para el inicio del sumario en contra del señor A.H., por delitos contra el pudor y la libertad sexual, alegando que se permitió la utilización del mecanismo de la denuncia y no de la querella de la afectada para que se verificara el adelanto de la instrucción del negocio penal, a pesar de que el artículo 1978 del Código Judicial mantiene la imperatividad de la querella cuando la investigación tiene por objeto delitos por ultrajes al pudor.

Ahora bien, el Código Penal en el Título Sexto tipifica los delitos contra el pudor y la libertad sexual, contemplándose en el capítulo primero la violación, el estupro y los abusos deshonestos; en el capítulo segundo el rapto y, en el capítulo tercero, la corrupción, el proxenetismo y el rufianismo.

Sobre este punto se advierte que efectivamente los delitos concernientes al ultraje al pudor requieren de presentación previa de querella por parte de la persona legitimada legalmente, para que de esta forma se de inicio a la instrucción del sumario.

Sin embargo es importante destacar que tanto la vista fiscal legible a fojas 11-19 como la resolución de 19 de octubre de 1998 (cfr. 31-34), califican la conducta por la cual es procesado el señor A.H. de violación carnal. Así mismo el demandante le confiere esta denominación al delito investigado en el escrito de inconstitucionalidad que se analiza, al desarrollar el concepto de la violación del artículo 32 de la Carta Política (cfr. foja 40), precisando que en "este caso por tratarse de un supuesto delito de violación carnal o sea contra el pudor y la libertad sexual, la presunta víctima M.M.G. debió presentar cada una querella ante las autoridades correspondientes y no una denuncia por los supuestos hechos delictivos realizados en su contra."

Como se observa el actor considera que la violación carnal es un tipo penal distinto de los delitos contra el pudor y la libertad sexual.

No obstante, el bien jurídico tutelado en el delito de violación carnal es la libertad sexual y no el pudor, entendida la primera como la libertad personal o libre disponibilidad de manifestar su aquiescencia o rechazo a voluntad incondicional, de realizar el acceso carnal, sin que medie fuerza o intimidación y por tanto, sin que se anule la voluntad del sujeto pasivo.

Dicho de otra manera, es la capacidad de actuación que le asiste a cada individuo de disponer de su cuerpo para fines sexuales, ya sea en forma activa o negativa, sin más límites que los establecidos en la ley y el obligado respeto a la libertad ajena.

Por el contrario, el bien jurídico tutelado en los delitos contra el pudor, es el "instrumento a través del cual se manifiesta el bien jurídico y no su fin, ya que precisamente tiende a impedir la producción de un resultado socialmente dañoso en materia sexual", tal como señala la licenciada K.P. en su trabajo de graduación "El Delito de Corrupción de Menores en la Legislación Penal Panameña", Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Políticas, Panamá, 1991, págs. 15-16.

En el Derecho Penal se asume inclusive dos posturas con respecto al pudor, entendiéndose éste desde un punto de vista público y privado. El pudor público será entonces la compostura, la verguenza, la reserva que esa colectividad guarda en un determinado momento histórico y frente a los asuntos de índole sexual, sentimiento que alude a la moralidad pública y a la normalidad de los actos sexuales, siendo una especie de fenómeno desarrollado en las diferentes etapas de la historia que moldea sus propias características.

Mientras que el pudor privado será un sentimiento que dependerá de condiciones individuales y de sensibilidad muy diversas y particulares, como vivencia intransferible en la cual influyen los patrones culturales del medio en el cual se desenvuelva un individuo determinado.

Dentro de esta categoría de delitos tenemos a los abusos deshonestos o actos libidinosos tipificados en el artículo 220 del Código Penal, y no a la violación carnal, que en si supone el asalto carnal que anula o se desentiende de la voluntad del sujeto pasivo contra la cual se fuerza y consuma una relación sexual indeseada, o que suponga el aprovechamiento de quien sea menor de 14 años aun cuando haya brindado su consentimiento.

Por consiguiente, la violación como delito no se encuentra incluido dentro del catálogo de delitos a los cuales se refiere el artículo 1978 del Código Judicial, en virtud de que el objeto jurídico tutelado en la violación es la libertad sexual y no el pudor.

Adicionalmente, la Corte desea expresar que comparte la opinión vertida por la Procuraduría de la Administración cuando señala en los párrafos que se transcriben de su vista fiscal, que la reforma del artículo 1978 del Código Judicial efectuada mediante Ley 27 de 1995 (artículo 15), elimina el delito de violación del listado de hechos punibles que requieren de la utilización de la vía procesal de la querella para que se inicie el sumario.

Esta exclusión se verificó debido a que la penosa situación en la cual queda inmersa la víctima, y a los efectos sicológicos remanentes que la acompañan, impedían que legítimamente se iniciara el sumario a través de la querella.

La intención del legislador patrio se reduce a que el sumario de un delito tan reprochable como la violación carnal pueda ser instruido conforme a derecho, y en respeto de las garantías del presunto sujeto activo, ya sea por la interposición de denuncia o por investigación de oficio de la autoridad competente, de manera tal que se coadyuve a evitar que estos delitos formen parte de la cifra negra de hechos punibles de los cuales las autoridades no llegan a tener conocimiento, por falta de valor o cualquier otro motivo de la víctima o de quienes están legitimados para promover una querella de acuerdo a lo expresado en el artículo 2034 del Código Judicial, reformado por la ley 31 de 1998.

Para evitar estos inconvenientes y procurar la mayor justicia al respecto, se introdujo la reforma del artículo 1978 del Código Judicial, de manera que pueda iniciarse el sumario sin necesidad de que forzosamente deba interponerse querella; siendo perfectamente viable la denuncia del delito ante las autoridades competentes.

Por tanto, dado que se cumplió con el procedimiento atacado por el demandante, se estima que no se conculca el artículo 32 de la Constitución Nacional, que como garantía del debido proceso exige que se lleve a cabo el trámite que exactamente estatuye la ley para cada caso en particular.

En relación con la infracción del artículo 22 de la Carta Política, debe tenerse presente que, como se ha explicado, el Ministerio Público inició correctamente el proceso penal contra el señor A.H. por la comisión del delito de violación carnal, ya que el mecanismo de la querella no es imperativo e inexcusable, y por tanto la denuncia es perfectamente admisible al no encontrarse la violación carnal dentro del catálogo de delitos cuya instrucción debe forzosamente iniciarse por medio de querella.

Por otra parte, el demandante no señala las razones adicionales por las cuales afirma que no se ha garantizado el derecho de defensa del señor A.H., y como es sabido, los actos impugnados ante esta vía se presumen constitucionales mientras no se demuestre lo contrario. En consecuencia, no procede la inconstitucionalidad que se impetra.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Resolución de 18 de agosto de 1998, emitida por el Juzgado Undécimo de lo Penal del Primer Distrito Judicial, por no ser violatoria de los artículos 22 y 32 de la Carta Política ni de ningún otro.

N. y P..

(fdo.) C.H. CUESTAS

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.

(fdo.) H.C.C.

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) A.H.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) YANIXA YUEN DE DIAZ

Secretaria General, Encargada

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