Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Agosto de 1994

PonenteRODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución30 de Agosto de 1994
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma de abogados PITTY Y ASOCIADOS interpuso demanda de inconstitucionalidad en contra de la Resolución Administrativa Nº9562 del 18 de noviembre de 1991, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO DE PANAMÁ, mediante la cual "RESUELVE:

Condenar como en efecto condena a E.S.R., de generales conocidas a pagar por vía de multa la suma de diez balboas (B/10.00), por colisión al irse sobre la mano contraria y obligado a pagar los daños ocasionados al auto operado por V.Q.M., los cuales son: defensa delantera, guardafango delantero izquierdo, luz direccional lado izquierdo, tapa del motor, parrilla del radiador, posibles daños mecánicos y los perjuicios ocasionados. Y pagar al lesionado AHARON SHECH la incapacidad definitiva asignada por el Médico Forense la cual es de treinta (30) días.

Se advierte a los interesados que contra esta decisión cabe el Recurso de Apelación ante el superior inmediato, hasta 24 horas después de notificado de la misma. Al igual que el multado tiene plazo de 24 horas, hasta 48 horas, para comparecer al pago de su multa. Vencido el mismo procede la conversión multa-días a razón de un día de prisión por cada balboa de multa impuesta sin que la misma sobrepase los 365 días multa.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Decreto Ejecutivo Nº 159 de 1941, arts.48 y 51 del C. P.

Notifíquese.-El Juez.- (fdo.) Lcdo. J.P. CALDERÓN La Secretaria.- (fdo.) M. DELGADO".

De la demanda se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Nacional y la Ley; y por devuelto el expediente con Vista de traslado que corre a fojas 24 a 39, el negocio se fijó en lista por el término de diez días para que el demandante y las personas interesadas presentaran argumentos por escrito pero sólo lo hizo la firma de abogados proponente de la acción de inconstitucionalidad.

Vencido el indicado término, el proceso de inconstitucionalidad de que conoce el Pleno de la Corte se encuentra en estado de decidir y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se exponen:

"Primero: El día 16 de octubre de 1991 la señora E.S. de R. colisionó el vehículo que conducía con un automóvil conducido por el señor V.Q.M., hecho del cual resultó seriamente lesionado el señor A.S..

Segundo

El señor A.S. viajaba como pasajero en el vehículo conducido por el señor V.Q.M. y en la colisión referida en el hecho anterior sufrió serias lesiones corporales que, además de haberle producido una incapacidad definitiva de 111 (ciento once días), le han ocasionado una incapacidad parcial permanente del 15% (quince por ciento), según dictamen del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Tercero

El primer certificado remitido al Juez Segundo de Tránsito de Panamá dictaminó para el señor A.S. una incapacidad definitiva condicional, al establecer que la misma era de 30 (treinta) días "salvo complicaciones", las cuales se presentaron con posterioridad.

Cuarto

El Juez Segundo de Tránsito de Panamá decidió el proceso administrativo referente a la colisión referida en el hecho primero de esta demanda, sin consultar al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público sobre la posibilidad real de que se presentaran complicaciones en las heridas sufridas debía esperarse para tener la certeza de que tales complicaciones pudieran o no presentarse.

Quinto

La condicionalidad contenida en la frase "salvo complicaciones" daba al certificado de incapacidad expedido por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público la característica esencial de provisionalidad, por lo que no podía servir de base para atribuir la jurisdicción en el negocio al Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá.

Sexto

El Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá expidió la Resolución número 9562, de 18 de noviembre de 1991, sin tener jurisdicción en el proceso administrativo que pretendió resolver.

Séptimo

En el proceso de evolución de las heridas sufridas por el señor A.S. en la colisión referida en el hecho primero de esta demanda, se presentaron complicaciones que motivaron el dictamen del Instituto de Medicina Legal del Ministerio sobre la incapacidad definitiva sufrida por el señor A.S., en 111 (ciento once días), más una incapacidad parcial permanente del 15% (quince por ciento).

Octavo

Por razón de la incapacidad definitiva sufrida por el señor A.S. en la colisión referida en el hecho primero de esta demanda, la jurisdicción para conocer de dicha colisión y de la responsabilidad de los participantes en la misma correspondía y corresponde al Órgano Judicial, a la luz de lo que dispone el ordinal 3 del literal A del Artículo 174 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 136 del Código Penal.

Noveno

La vigencia de la Resolución número 9562 del 18 de noviembre de 1991, del Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá, ha impedido que se castigue un delito que debe ser sancionado según el Código Penal, puesto que con fundamento en su existencia el Juez Quinto de Circuito, Ramo civil, del Primero Circuito Judicial de Panamá, al desatar un proceso de amparo de garantías constitucionales propuesto por el apoderado judicial de la señora E.S. de R., revocó el auto de llamamiento a juicio de la mencionada señora, expedido por el Juzgado Tercero Municipal, Ramo Penal, del Distrito de Panamá, el cual había sido confirmado por el Tribunal de Apelaciones y Consultas, Ramo Penal, con sede en Ancón y se encontraba debidamente ejecutoriado.

Décimo

La resolución Nº 9562, de 18 de noviembre de 1991, del Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá no solamente es inconstitucional por haber sido expedida por un funcionario sin jurisdicción para conocer del proceso que pretendió resolver, sino que además sancionó a la persona responsable de la colisión, la señora E.S. de R., con base en el Decreto Ejecutivo número 159 de 1941, que establece penas de manera inconstitucional, porque la Constitución Nacional reserva sólo a la ley en sentido formal la capacidad de establecer penas".

Seguidamente acusa a la Resolución proferida por el Juzgado de Tránsito de Panamá de infringir los artículos 17, 32, 18 y 2 de la Constitución Política, expresando en el concepto de la infracción constitucional lo siguiente:

"Artículo 17.

La violación de esta norma ha ocurrido en el concepto de violación directa, puesto que la Resolución impugnada constituye una violación de la Ley en su sentido material y formal. dicha resolución, expedida por un funcionario sin jurisdicción para intervenir en el conocimiento del asunto que pretendió resolver, constituye una violación de la ley en sentido formal, es decir, una violación de las normas pertinentes contenidas en el Código Penal y en el Código Judicial que determinan la jurisdicción para el conocimiento de las lesiones culposas cuando la incapacidad del lesionado exceda de los 30 días, y es deber de todas las autoridades el cumplir fielmente lo dispuesto en las leyes procesales y normas sustantivas que les atribuyen jurisdicción y competencia para el conocimiento de los casos sometidos legalmente a su decisión".

"Artículo 32.

La violación de la norma constitucional ha ocurrido en el concepto de violación directa, porque la misma consagra el principio general de la seguridad jurídica y del debido proceso que debe garantizar el Estado a los ciudadanos por parte de los funcionarios o servidores públicos encargados de impartir justicia a través de un proceso legal y de acuerdo a los trámites establecidos por la ley para dilucidar los conflictos sometidos a su decisión judicial; garantía procesal que se ha violado. Si el funcionario que expidió la resolución carecía de jurisdicción a la luz del Código Penal y del Código Judicial, no era por tanto un funcionario competente. Además, los trámites que aplicó no son los establecidos por la ley, porque en el delito de lesiones culposas cuando la incapacidad del lesionado excede de 30 días los trámites son los establecidos en el Libro Tercero del Código Judicial y no en el Reglamento de Tránsito".

Artículo 18.

La violación del precepto constitucional se produjo en el concepto de violación directa, puesto que la resolución impugnada es el producto de una extralimitación de funciones del Juez Segundo de Tránsito de Panamá y por lo tanto su contenido carece de sustento jurídico.

Artículo 2.

La violación a la norma constitucional transcrita en el concepto de violación directa, porque el Juez Segundo de Tránsito de Panamá es una dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, que es una parte integrante del Órgano Ejecutivo, y la Resolución impugnada constituye una invasión de la jurisdicción del Órgano Judicial, establecida y regulada para el caso de lesiones culposas con incapacidad excedente de 30 días por los Códigos Penal y Judicial.

OPINIÓN VERTIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

El alto funcionario del Ministerio Público por su parte al vertir su opinión en la indicada vista de traslado arriba a la conclusión de que:

Somos de la opinión que la Resolución Administrativa Nº 9562, de 18 de noviembre de 1991, proferida por el Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá, es violatoria de los Artículos 2 y 32 de la Constitución Nacional y así solicitamos sea declarado.

Para ello, sostiene:

Si bien el señor P. General de la Nación en el análisis de la confrontación constitucional de la Resolución Administrativa impugnada considera que no infringe los artículos 17 y 18 de la Constitución Política, por la naturaleza declarativa y programática de las mismas que y por sí solas no pueden ser violadas; sin embargo, no opina igual respecto a las acusadas infracciones a los artículos 32 y 2 de la misma Carta Política, coincidiendo de esa forma con el demandante.

En efecto, en cuanto a la violación del Artículo 32 de la Constitución expresa:

"El artículo 32 de la Constitución Nacional consagra la garantía fundamental del individuo al debido proceso legal, al expresar que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

...

Siguiendo este orden de ideas, consideramos oportuno señalar que esa superioridad ha sostenido, reiteradamente, que el artículo 32 de la Constitución Nacional comprende tres principios fundamentales, a saber:

  1. El juzgamiento por autoridad competente.

  2. El juzgamiento conforme a los trámites legales y,

  3. El no juzgamiento por más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

La corte también ha señalado que la violación de uno de los elementos fundamentales que integran la garantía constitucional del debido proceso legal, produce la nulidad de la sentencia.

Así, tenemos que mediante fallo de 8 de mayo de 1990, expresó:

La violación de uno de los elementos fundamentales que integran la garantía constitucional del debido proceso legal produce la nulidad de la sentencia. La nulidad de estos casos sería de rango constitucional.

...

Siguiendo a Chivenda y otros tratadistas que se han dedicado a estudiar el tema de la nulidad de las sentencias señalan que la nulidad puede producirse por vicios intrínsecos a la misma. Dentro del primer grupo estarían aquellas sentencias que han violado el principio de congruencia aquéllas que carecen de los requisitos esenciales de una sentencia. Entre los vicios extrínsecos se encuentran las sentencias que provienen de procesos nulos en los que hubiese faltado alguno de los presupuestos procesales o en los que la sentencia haya sido proferida en virtud de prevaricación, concusión o corrupción del juez. (T.A.A.P.. Nulidades Da Sentenca, Editora Revista Dos Tribunales LTDA, Brasil, 1987, págs. 132 y sig.)

Consideramos que le asiste razón a la parte actora cuando alega que el funcionario que expidió la resolución objeto de la presente demanda, carecía de jurisdicción a la luz del Código Penal y del Código Judicial, toda vez que resolvió sobre la responsabilidad en un accidente de tránsito, cuando el médico forense, después de práctica (sic) el examen de rigor determinó que al lesionado es este caso le correspondían ciento once (111) días de incapacidad definitiva, a partir del día en que ocurrió el ilícito, así como limitaciones funcionales en un 15% -20% de los movimientos del cuello.

El numeral 3 del literal A. del artículo 174 del Código Judicial, establece que los Jueces Municipales conocerán, en primera instancia, los proceso por el delito de lesiones culposas cuando ocurra alguna de las circunstancias prevista en el Artículo 136 del Código Penal.

La norma citada es del tenor siguiente:

Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia:

A. De los siguientes procesos penales:

1. De todos los procesos por delitos penados por la Ley con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años o con pena pecuniaria;

2. Los procesos por delitos contra la propiedad, cuando la cuantía no sea mayor de mil balboas (B/1,000.00) y la pena de prisión no exceda de dos (2); y

3. De los procesos por el delito de lesiones culposas cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 136 del Código Penal.

B. De los siguientes procesos civiles:

1. De los que versen sobre cuantía mayor a ciento cincuenta balboas (B/150.00) sin exceder de mil balboas (B/1,000.000;

2. Dentro de la cuantía que le asigna la Ley, de los procesos de sucesión y de los relativos al aseguramiento de bienes hereditarios, a las herencias yacentes y de división y venta de bienes comunes. En lo que respecta al aseguramiento de bienes hereditarios, podrá iniciar la actuación el Juez Municipal que primeramente tenga conocimiento de la muerte de una persona en las condiciones a que se refiere el Código Judicial; y,

3. De los Juicios Especiales que versen sobre:

a) Justificación de posesión.

b) Alimentos.

c) Practicar a prevención con los Jueces de Circuito las diligencias en que no haya oposición de parte y no estén atribuidos a otra autoridad.

d) Nombrar al personal subalterno con arreglo a lo que dispone la Ley sobre C.J. y su Reglamento.

e) Castigar correccionalmente con multa que no pase de veinte balboas (20.00) o arresto no mayor de 72 horas, a los que le desobedezcan o falten el debido respeto cuando estén en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Por su parte, el Artículo 136 del Código Penal, en el caso de lesiones culposas, establece que cuando la incapacidad del ofendido excediere de treinta (30) días, la sanción será de 1 a 3 años de prisión.

El artículo en comento dispone:

Artículo 136. Si la lesión produce al debilitamiento de un sentido o de un órgano, o una señal visible a simple vista y permanente en el rostro, o si ha puesto en peligro la vida del ofendido, o si la incapacidad excediere de 30 días, o si inferida a mujer encinta apresura el alumbramiento la sanción será de uno a 3 años de prisión.

Como se observa de las normas citadas, y como quiera que la incapacidad que nos ocupa excedió de 30 días, el sindicado en el presente caso violó, con su conducta, normas de naturaleza penal y no de naturaleza administrativa, por lo que corresponde a los jueces municipales penales el conocimiento del negocio y no al juez de tránsito, que es una autoridad administrativa, competente, únicamente, para conocer de las lesiones culposas cuando la incapacidad del lesionado no excediese de treinta (30) días.

Por todo lo expuesto resulta evidente, pues que la Resolución Nº 9562 de 18 de noviembre de 1991, del Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá, es violatoria del Artículo 32 de la Constitución Nacional, toda vez que el proceso de marras no se surtió ante la autoridad competente, (juez municipal penal) ni conforme a los trámites legales correspondientes, tal como lo exige la Carta Fundamental.

...

Respecto a la supuesta violación del artículo 2 de la Constitución Nacional sostiene:

"Esta norma preceptúa que el poder público sólo emana del pueblo y lo ejerce el Estado, conforme lo establece la Constitución, a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes actúan separadamente pero en armónica colaboración.

Esto quiere decir que no existe supremacía de las ramos del poder público sobre las otras. Cada una de ellas tiene bien delimitadas sus atribuciones, en relación con las demás, de acuerdo con lo que dispone la propia constitución. En consecuencia, le está prohibido a cada una inmiscuirse en los asuntos de las otras. En otras palabras, deben circunscribirse a sus propias órbitas de acción, de conformidad con lo que establece la norma fundamental.

Sobre este particular, esa superioridad mediante sentencia de 2 de septiembre de 1981, expresó:

"Esta separación y limitación de las funciones de cada una de las ramas del poder público determina sus propias órbitas de acción, de manera que, constitucionalmente le está prohibido a cada una inmiscuirse en los asuntos de las otras, sin perjuicio del deber, también consagrado constitucionalmente, de colaborar todos entre sí, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, en la realización de los fines del Estado.

La actual Constitución Nacional, señala una serie de formas en que los órganos del Estado colaboran armónicamente.

No se concibe en consecuencia, como colaboración armónica entre los ramos del Poder Público, sino como indebida intromisión de una de las atribuciones de otras, que el Consejo Nacional de Legislación `podrá dar votos de censura contra los Ministros del Estado, Viceministros y Directores de Instituciones Autónomas y Semiautónomas cuanto éstos a juicio de aquél, sean responsables en el ejercicio de sus funciones, de faltas graves, que hayan causado perjuicio notorio a los intereses del Estado', violando así la disposición del Artículo 2 y del ordinal del Artículo 149 de la Constitución Nacional."

Consideramos que le asiste razón al actor cuando afirma que la Resolución Nº 9562 que nos ocupa, es contraria a la citada disposición constitucional ya que, efectivamente, el juzgado de tránsito, al investigar y dictar sentencia en un negocio que no era de su competencia, violó el Artículo 2 de la Constitución Nacional."

EXAMEN DE LA CONFRONTACIÓN CONSTITUCIONAL

Y CRITERIO DE LA CORTE.

El acto impugnado de inconstitucional, como se tiene indicado en líneas iniciales, consiste en la Resolución Nº 9562 del 18 de diciembre de 1991 dictada por el Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá en el caso de la colisión ocurrida el día 16 de octubre de 1991, en la que los conductores E.S.D.R. y V.Q.M. colisionaron sus respectivos vehículos, resultando con lesiones corporales el señor A.S. quien viajaba como pasajero en el automóvil conducido por la última de las personas prenombradas.

En este sentido cabe señalar que, de acuerdo con lo expuesto en la demanda en estudio se acusa a la resolución administrativa de violar los artículos 17, 18, 2 y 32 de la Constitución Política, siendo que el máximo representante del Ministerio Público, en este caso, al coincidir parcialmente con la posición del demandante concluye, en la opinión vertida en la vista de traslado, que el impugnado acto efectivamente viola los artículos 32 y 2 de la Carta Política; pero no así los artículos 17 y 18 del mismo Estatuto Fundamental, basándose en el tradicional criterio jurisprudencial sobre el contenido programático de dichos preceptos constitucionales, sostenido también por reconocidos estudiosos nacionales del Derecho Constitucional panameño.

No obstante lo expuesto, lo cierto es que, en el caso concreto, la confrontación constitucional revela que los principios plasmados por la Constitución en las dos últimas normas precitadas guardan estrecha y armónica relación con la garantía procesal consagrada por el Artículo 32 de la Carta Política, que tiene como presupuestos el enjuiciamiento civil, penal y administrativo por autoridad competente y mediante los trámites legales.

De donde resulta que si en este proceso de inconstitucionalidad de que se ocupa el Pleno de la Corte quedara demostrado, que efectivamente la cuestionada resolución administrativa es violatoria del artículo 32, luego entonces, sin la menor duda también resultarían violados los artículos 17 y 18 todos de igual jerarquía constitucional. Veamos:

El Pleno de la Corte no comparte la opinión emanada del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, ni por ende la posición del demandante.

De conformidad con el ordenamiento legal los jueces de tránsito de Panamá ejercen jurisdicción para conocer y decidir casos de faltas en materia de accidente de tránsito siempre y cuando la incapacidad definitiva de las personas que resulten con lesiones corporales no exceda el determinado por la ley. Específicamente, en casos como el que aquí se estudia, si la incapacidad definitiva excede el límite determinado por la ley (30 días), la jurisdicción ciertamente corresponde a los jueces municipales de la rama judicial penal, es decir, en estos casos se produce la pérdida de la jurisdicción de los jueces de tránsito de Panamá para conocer de la causa. Por el contrario, cuando la incapacidad definitiva no excede el límite de treinta días, la competencia corresponde a los Jueces de Tránsito.

Expuesta la aclaración que antecede, en el caso concreto sometido al control de constitucionalidad que ejerce el Pleno expreso mandato de la Constitución Política, revela que la Resolución Administrativa objeto de este proceso de inconstitucionalidad, no viola el artículo 32 de la Carta Política, ni los artículos 17 y 18 del mismo estatuto fundamental, toda vez que el Juez Segundo de Tránsito de Panamá, al momento de dictar la resolución acusada, efectivamente tenía jurisdicción para asumir la competencia del caso, de forma tal que, el ejercicio de esa competencia no implica una violación de la garantía del debido proceso legal consagrada constitucionalmente.

En este sentido la Corte, ha podido observar que la resolución de 18 de noviembre de 1991 dictada por el Juzgado de Tránsito, en virtud del accidente automovilístico acaecido el 16 de octubre de 1991, fue emitida en atención a la información suministrada por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público mediante Oficio N (/) 111-13355 de fecha 18 de noviembre de 1991, que expresó que, luego del examen médico legal practicado sobre la persona de AHARON SHECH, la "INCAPACIDAD DEFINITIVA" era de "TREINTA (30) DÍAS a partir del día del incidente (salvo complicaciones)", salvedad esta que resulta irrelevante y no modifica el hecho sustantivo del otorgamiento de la incapacidad definitiva.

El Juez de Tránsito dictó la resolución luego de transcurridos más de treinta días de ocurrido el accidente, en base al único Certificado de Incapacidad expedido por el médico forense. Al momento en que el Juez de Tránsito dictó la resolución impugnada sólo constaba en el expediente el certificado de incapacidad definitiva al que se ha hecho referencia, sin que se hubiese aportado ningún otro certificado o informe del cual se desprendiera que la incapacidad de la persona lesionada fuera superior a los treinta días o se hubiese extendido del término inicialmente señalado.

Como viene dicho, la indicación de que la incapacidad se calificaba como definitiva por treinta días "salvo complicaciones" no implicaba que la incapacidad fuere por tal razón provisional, ya que expresamente se había señalado en el certificado expedido por el forense idóneo que la incapacidad era "DEFINITIVA". La mencionada resolución, por la cual se condenó a E.S.R. a pagar daños del auto y además al lesionado por el monto de la incapacidad "DEFINITIVA" determinada, fue notificada a la partes, sin que hubiesen utilizado su derecho a recurrir, quedando así ejecutoriada.

Considera el Pleno improcedente que el Juez de Tránsito declinara la competencia a la jurisdicción penal, ya que había quedado ejecutoriada una resolución oportunamente dictada por un juez competente por lo cual no podía declinarse una competencia que ya había sido ejercida.

En consecuencia pretender que con fundamento en un nuevo certificado médico forense que aumenta la incapacidad, presentado meses después de ejecutoriada la sentencia, se realice un nuevo proceso por la misma causa, conllevaría la violación del principio de cosa juzgada y por lo tanto del debido proceso legal, lo que sería atentar contra la seguridad jurídica.

Finalmente, para concluir con la labor de confrontación constitucional, en cuanto al cargo fundado en la supuesta violación del Artículo 2 de la Constitución, la Corte considera demasiado forzados los argumentos que se expresan sobre el concepto de la pretendida infracción. Si bien la organización de los tres Órganos del Estado está basada en el principio de la separación y la colaboración armónica, en el caso concreto de esta resolución administrativa no significa que, en el evento, de haberse comprobado que el Juez de Tránsito se extralimitó en sus funciones, ello produzca a su vez la violación del principio contenido en la precitada norma constitucional, es la responsabilidad de los servidores públicos por esa causa está establecida expresamente en el Artículo 18 de la misma Carta Política, el cual sería, en tal caso, el precepto constitucional violado.

En consecuencia, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 9562 del 18 de noviembre de 1991, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO DE PANAMÁ NO viola los Artículos 17, 18, y 32 ni ninguno otro de la Constitución Política de la República, y por ende resulta QUE NO ES INCONSTITUCIONAL.

N., A. y P. en la Gaceta Oficial.

(fdo.) E.A.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.L.L.T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General.

=

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS R.T.M. Y AURA E. GUERRA DE V..

En la decisión adoptada por mis distinguidos colegas del Pleno de esta Alta corporación, se mantiene la constitucionalidad de una resolución que, a mi juicio, violenta el artículo 32 de la Constitución Política de la República.

Participo con la posición adoptada por el Pleno cuando sostiene lo siguiente:

"...

De conformidad con el ordenamiento legal los jueces de tránsito de Panamá ejercen jurisdicción para conocer y decidir casos de faltas en materia de accidentes de tránsito siempre y cuando la incapacidad definitiva de las personas que resulten con lesiones corporales no exceda el determinado por la ley. Específicamente, en casos como el que aquí se estudia, si la incapacidad definitiva excede el límite determinado por la ley (30 días), la jurisdicción ciertamente corresponde a los jueces municipales de la rama judicial penal, es decir, en estos casos se produce la pérdida de la jurisdicción de los jueces de tránsito de Panamá para conocer de la causa. Por el contrario, cucando la incapacidad definitiva no excede el límite de treinta días, la competencia corresponde a los Jueces de Tránsito.

...".

No obstante, disiento de lo que seguidamente se indica al mantener como constitucional una resolución dictada por el Juez Segundo de Tránsito de Panamá en un asunto que no es de su competencia, ya que la incapacidad definitiva era mayor de treinta días.

El Juez de Tránsito no puede, contrario a lo expuesto por el Pleno, dictar la resolución que resolvía el accidente de tránsito ocurrido entre los vehículos conducidos por la señora E.S.D.R. y por el señor V.Q. MORALES el día 16 de octubre de 1991, cucando recibió el certificado expedido por el Instituto de Medicina Legal, en el cual se establecía la incapacidad de uno de los pasajeros heridos en el accidente, en treinta días definitivos, salvo complicaciones. Su obligación era la de esperar el transcurso de esos treinta días para remitir al herido con un nuevo oficio, tal como lo hiciera el 18 de diciembre de 1992, al Instituto de Medicina Legal para su evaluación. El hecho de así no hacerlo y dictar la resolución con fundamento a una incapacidad que no era la definitiva, no puede otorgarle competencia para conocer de ese accidente.

Lo expuesto me lleva a apartarme del respetado criterio del resto de los Magistrados del Pleno.

Fecha Ut-Supra,

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS g.

Secretario General

En la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la firma de abogados PITTY Y ASOCIADOS en contra de la Resolución Administrativa Nº 9562 de 18 de noviembre de 1991 expedida por el Juzgado Segundo de Tránsito de Panamá se adoptó la decisión mayoritaria que antecede, en virtud de la cual se declara que la Resolución censurada no es inconstitucional. Las razones que se apartan de la decisión de esta Corporación Judicial las señalo sucintamente así:

  1. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público expidió el 18 de noviembre de 1991 un certificado médico sobre la incapacidad definitiva otorgada al señor AHARON SHECH señalando que la misma era de treinta (30) días a partir del accidente, salvo complicaciones y posteriormente el mismo Instituto de Medicina Legal, bajo la responsabilidad de otro médico expidió el certificado Nº 21-357 de 8 de enero de 1992 que evalúa nuevamente al paciente, reconsidera la incapacidad definitiva anterior y le asigna ochenta y un días (81) provisionales. Nuevamente el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público expidió el certificado Nº 26-8592 de 5 de junio de 1992 que da cuenta de una nueva evaluación médica del señor SHECH en la que le asigna incapacidad parcial permanente del 15% e incapacidad definitiva de ciento once (111) días a partir del accidente.

  2. En materia de lesiones personales, la legislación interna asigna la competencia en consideración a dos elementos fundamentales, cuales son el término de la incapacidad definitiva y el lugar y los efectos corporales que produce el daño físico inflingidos a la integridad corporal.

Lo anotado demuestra que el Juzgado de Tránsito carecía de competencia para conocer del caso y a ello se agregan las constancias de autos que informan que mediante una acción de amparo de garantías constitucionales ante un Juzgado Circuital Civil se revocó el auto de 1º de septiembre de 1992, proferido por el Juez Tercero Municipal de Panamá, Ramo Penal que asumió el conocimiento del caso una vez conocida la incapacidad definitiva a que dieron lugar las lesiones recibidas por AHARON SHECH en la colisión de tránsito del 16 de octubre de 1991, a que se refiere este caso.

Fecha Ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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