Fallo Nº S/N de 2 de marzo de 2007, "POR EL CUAL SE DECLARA INCONSTITUCIONAL LA RESOLUCION No.042 DE SIETE DE MARZO DE 2003, EXPEDIDA POR EL GOBERNADOR DE CHIRIQUI, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE PASO INSTADO POR FULVIA ANTINORI DE MADRID CONTRA IDELSA MONROY Y OTRO."

PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL SIETE (2007).

VISTOS:

El licenciado Enrique Oldemar Vallejos, actuando en representación de Idelsa Monroy, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 042, de 7 de marzo de 2003, expedida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí.

A través de este acto se dispuso acoger el recurso de reconsideración contra una Resolución No. 237-2002, de 13 de diciembre de 2002, de la mencionada autoridad expedida producto de la interposición del recurso extraordinario de revisión administrativa, previsto por la Ley 38 de 2000, dentro del proceso administrativo de servidumbre instado por Fulvia Antinori de Madrid.

Fundamento de la demanda

De conformidad con el escrito que porta esta acción de inconstitucionalidad, el demandante afirma que se ha violado artículo 32 de la Constitución, que consagra el debido proceso, relacionado con el 62, 168 y 169 de la Ley 38, de 31 de julio de 2000, cuyo libro segundo contiene el procedimiento administrativo general.

Estima el impugnante que el recurso de reconsideración acogido por el acto acusado es improcedente, porque la Resolución No. 237-2002, de 13 de diciembre de 2002, dictada por el Gobernador de la provincia de Chiriquí, en firme y ejecutoriada, sólo podía ser revocada si hubiese sido emitida por una autoridad incompetente; cuando el beneficiario de ella hubiese incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas; si el afectado consiente la revocatoria; o cuando así lo disponga una norma especial, antes de lo que el Gobernador tenía que pedir la opinión legal del Fiscal de Circuito, cosa que no hizo según las constancias procesales. (Cf. f. 7).

Por otro lado, en atención a los artículos 168 y 169 de la Ley 38 de 2000, el trámite a seguir, una vez interpuesto en vía administrativa el recurso de reconsideración, es darle traslado a la contraparte del recurrente. La resolución No. 237-2002 no admitía este recurso; pero, en caso contrario, debió dársele traslado a la señora Idelsa Monroy para que se pronunciara al respecto, actuación que no hizo la autoridad dejándola en indefensión (Cf. f. 8).

Según el actor, la etapa o trámite surtido en el proceso era la producida por el recurso de revisión administrativa, que es un recurso extraordinario, contra cuya resolución no cabe recurso de reconsideración (Cf. f. 9).

Opinión legal del Ministerio Público

Correspondió a la Procuraduría de la Administración emitir concepto en la causa examinada, actuación que hizo mediante Vista No. 625, de 12 de noviembre de 2004 (fs. 18 a 28), señalando que fueron surtidos todos los trámites del proceso de servidumbre indicado y que la Resolución No. 237-2002 del Gobernador de Chiriquí, resolvió revocar la Resolución No. 184, de 28 de agosto de 2002, emitida por la Alcaldía de Alanje, en el sentido de denegar la pretensión de la señora Fulvia Esther Antinori de Madrid de gravar con una servidumbre de paso la finca de los señores Idelsa Monroy M. y Alcibiades Morales A., orientándola para que haga una solicitud respecto de fincas más cercanas a la vía pública, como la de la señora Celsa Morales, a quien no se puede condenar a resistir ese gravamen por no ser parte del proceso.

Sin embargo, la Resolución No. 042, de 7 de marzo de 2003, que revoca la No. 237-2002 es violatoria del artículo 32 de la Constitución, porque desconoce el debido proceso, ya que no se ciñó a los trámites previstos legalmente acerca del recurso extraordinario de revisión de la Ley 38 de 2000, cuya decisión no puede ser revocada por la autoridad.

Opina la Procuraduría que el artículo 200 ibídem establece las formas de agotamiento de la vía administrativa y no existe norma alguna dentro de este procedimiento que permita a la autoridad que resuelva el recurso extraordinario revocar su decisión una vez ésta sea proferida.

En atención a las consideraciones expuestas, solicita al Pleno que declare la inconstitucionalidad del acto acusado (Cf. f. 28).

Examen del Tribunal Constitucional

Expuestas las...

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