Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Marzo de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución26 de Marzo de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma R.R. & Asociados, quien actúa en representación de M. de Lima de L. y H. De Lima Jesurun, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, excepciones de cobro indebido y de prescripción de la obligación dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Autoridad de Aseo Urbano y D., a los señores M.B. De Lima Jesurun y H. De Lima Jesurun.

Admitida la excepción propuesta, por medio de la resolución de 24 de febrero de 2017, se ordenó correrle traslado a la ejecutante y a la Procuraduría de la Administración. De igual manera, se ordenó suspender el remate.

  1. ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE.

    Los apoderados judiciales de los excepcionantes fundamentan su pretensión en los siguientes puntos:

    1. Excepción de Cobro de lo Indebido de la Obligación:

      Que la Dirección General de Arrendamiento-Departamento de Condena y Rehabilitación del Ministerio de Vivienda, emitió la Resolución de Condena No. 60-82 de 19 de noviembre de 1982, donde resolvió condenar y declarar inhabitable el inmueble No. 55, construido sobre la finca 20637.

      Que en consecuencia, el propietario de la finca, por disposición legal, no puede cobrar rentas a los inquilinos que la ocupan y adquiere el derecho a la exoneración de los impuestos de inmueble y otros servicios, hasta que sea desocupado el inmueble para su demolición, situación que no se ha dado.

      Que con fundamento a la Resolución de Condena mencionada, el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), emitió la Resolución No. 14 de 21 de marzo de 1983, la cual ordenó suspender el cobro de los recibos de agua y tasas de aseo que recayeron sobre la finca No. 20637, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 18 de 30 de enero de 1961.

      Que lo solicitado no es la prestación gratuita del servicio, sino el cumplimiento de la Resolución Ejecutiva No. 14 de 21 de marzo de 1983, la cual se encuentra en firme y ejecutoriada, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, toda vez que no ha sido declarada contraria a la Constitución, la Ley o Reglamentos. Por tanto, no pueden desconocerse los derechos adquiridos de los propietarios de la finca No. 20637, ya que la actuación se debe presumir legal.

    2. Excepción de Prescripción:

      Que la obligación de pago de las tasas de aseo que mantenían los ejecutados, se encuentran prescritas al tenor del artículo 96 de la ley 106 de 1973, que dispone que “Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado.”

      Que la supuesta deuda, en atención al Memorándum N°04/C.M./09 de 11 de marzo de 2009, emitido por la Dirección Municipal de Aseo Urbano y D., deriva del incumplimiento de pago de cuotas generadas desde enero de 1996, sin embargo, no es hasta el 4 de mayo de 2007, mediante el Auto No.78/JE/07 que inicia el proceso de cobro coactivo por parte del Juzgado Ejecutor de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y D..

      Que al haber transcurrido un plazo superior a cinco (5) años, desde que se produjo la obligación, sin la exigencia de su cumplimiento, se ha producido la prescripción de la misma, al tenor del artículo 96 de la ley 106 de 1973, en concordancia del artículo 4 de la ley 41 de 27 de agosto de 1999.

      Que debe reconocerse la prescripción del pago de las tasas de aseo anteriores a los últimos cinco (5) años, de no considerar probada la excepción de cobro de lo indebido; es decir, las tasas de aseo anteriores al 31 de diciembre de 2011, junto con sus recargos y respectivos intereses.

  2. POSICIÓN DEL EJECUTANTE: AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO.

    La licenciada D.I.A.V., en su condición de Juez Ejecutora de la Autoridad de Aseo Urbano y D., contestó las excepciones de cobro de lo indebido y de prescripción, a través del escrito visible de fojas 13 a 16 del expediente judicial.

    En el mismo, señala en cuanto a excepción de cobro de lo indebido, que se dictó la Resolución Ejecutiva N°14 de 21 de marzo de 1983, por parte del Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales donde ordena a la Sección de Facturación para proceder con la anulación de los recibos de agua y tasa de aseo facturados y no cancelados con cargo de propietario, bajo el contrato N° 7000, a partir del 1 de diciembre de 1982, ya que dicho inmueble fue condenado por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda

    Sostiene que, se comisionó a la Gerencia Comercial Metropolitana para que realizara los ajustes en los registros contables sobre el contrato N°7000 a nombre de I.J. de De Lima, que ampara la finca N°20657, inscrita al folio 488 del tomo 491, como también se autorizó a la Sección de Cobros para que se realice los trámites a fin de que se cobre a los ocupantes del inmueble en vista que no ha sido demolido.

    Manifiesta que, la Autoridad de Aseo Urbano y D. anteriormente pertenecía o era un Departamento dentro del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) del año 1968 a 1984. Por lo que la deuda que se mantenía para antes del año 1982 debía ser saldada o pagada.

    Con respecto a la excepción de prescripción incoada, señala que mediante el Memorándum N°04/C.M/09 de 11 de marzo de 2009, emitido por la Dirección Municipal de Aseo Urbano y D., se indica que se mantiene una deuda desde hace catorce (14) años, por lo que este proceso fue enviado por parte del Departamento de Cartera Morosa del Municipio de Panamá, Dirección Municipal de Aseo Urbano y D. el 27 de noviembre de 2006, dándole la Dirección Municipal de Aseo Urbano, el trámite correspondiente a la fecha de 4 de mayo de 2007.

    Considera que, mientras el inmueble esté ocupado no se puede excluir la facturación, además constan informes del Departamento de Comercialización donde se han realizado inspecciones a la propiedad, y ésta a pesar de poseer una resolución de condena por parte del Ministerio de Vivienda que data del año 1982, se encuentra habitada en los cuarenta (40) que contiene. Es por ello que el servicio de recolección de basura se sigue realizando y por ende, su facturación mensual es continua.

    Indica que, de la tasa de aseo del inmueble, es de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), mensuales, siendo que son cuarenta (40) cuartos cada uno tiene una tasa de DOS BALBOAS CON 50/100 (B/.2.50), que es la tasa mínima que se cobra por ser casa condenada, en observancia de la Resolución emitida por la Dirección General de Arrendamiento de Condena y Rehabilitación del Ministerio de Vivienda.

    Alega que, en base al artículo 34 del Decreto Ley No. 1445 de 13 de diciembre de 2011, que reglamenta la ley 51 de 29 de septiembre de 2010, la Autoridad de Aseo no prestará gratuitamente el servicio de recolección de basura, solamente se exceptúan del pago de la tarifa de aseo los residuos sólidos a la Juntas Comunales, asociaciones sin fines de lucro u otros organismos que colaboren con su gestión.

    Por último, estima que el artículo 96 de la ley 106 de 1973, no es aplicable al caso, ya que el servicio de recolección de basura no es un impuesto municipal, y cada mes se genera una facturación por el servicio prestado ya que el inmueble continúa generando desechos, toda vez que se encuentra habitado, por tanto le corresponde a la entidad, recoger los mismos como parte de su función principal, en aras de procurar la protección a la salud pública y evitar contaminación del ambiente a pesar de que se mantengan morosos en el pago de la tasa de aseo, por ende no se da el fenómeno de la prescripción de la obligación de pagar tasas de aseo.

  3. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    En su Vista Número 621 de 9 de junio de 2017 (fs. 17 a 27 del expediente), el Procurador de la Administración, al analizar la controversia propuesta ante esta Superioridad, solicita se sirva declarar parcialmente probada la excepción de prescripción incoada y no probada la excepción de cobro de modo indebido de la obligación, interpuestas por la R.R. & Asociados, en representación de M.B. De Lima de L. y H. De Lima Jesurun.

    Sostiene que, el inmueble construido en la finca No. 20637, perteneciente a los ejecutados, en la actualidad viven doscientas (200) personas y los cuarenta (40) cuartos están ocupados y en base al artículo 1 de la ley 18 de 30 de enero de 1961, se expresa que los dueños de casas de inquilinato en Panamá podrían quedar exentos de pagar el impuesto de inmueble y servicio de agua desde el momento en que las casas mencionadas sean condenadas mediante decisiones de las autoridades correspondientes, hasta que sean totalmente desocupadas, ya sea por demolición o reconstrucción, situación que no ha ocurrido en el proceso que ocupa nuestra atención, pues el Juzgado Ejecutor de la Autoridad de Aseo Urbano y D. acreditó que el lote que ahora es propiedad de los excepcionantes no se encuentra inhabitable, por lo que no le aplica la norma mencionada.

    Manifiesta que, el artículo 1 de la ley 18 de 30 de enero de 1961, que hace referencia al impuesto de inmueble y a los montos a pagar derivados de la prestación del servicio de agua potable, no alcanza a las sumas generadas de la prestación de servicio de recolección de basura. Además, aun cuando el cobro de ambos servicios se haga a través de una misma factura, no hay que perder de vista que se tratan de distintas obligaciones, cuya recaudación la lleva a cabo diferentes instituciones. Agrega que, los ejecutados no han logrado acreditar que la Resolución 14 de 21 de marzo de 1983, dictada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se encuentre en firme y ejecutoriada.

    Por otro lado, señala que si bien los señores M.B. De Lima Jesurun y H. De Lima Jesurun, son los propietarios actuales de la finca No. 20637, inscrita en el Registro Público al tomo 491, folio 488, asiento 1, en la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá, desde el 24 de abril de 2002, lo cierto es que la deuda que se mantenía con la Autoridad Nacional de Aseo Urbano y D., existía antes de esa fecha.

    Así las cosas, considera que la morosidad correspondiente a la tasa de aseo que registra la finca No. 20637, data de marzo de 1996 a enero de 2017, por lo que siendo la ley 41 de 27 de agosto de 1999, la normativa vigente cuando se generó la obligación bajo examen, y como el Municipio de Panamá era la entidad encargada de cobrarla, se debe determinar el término de prescripción en atención del artículo 96 de la ley 106 de 1973, en concordancia de los artículos 7 y 738 del Código Fiscal, ya que la ley 51 de 29 de septiembre de 2010, no lo contempla.

    Por lo anterior, manifiesta que si a partir del mes de marzo de 1996, momento en que se generó la morosidad de la tasa de aseo, hasta el 26 de enero de 2017, fecha en la que M.B. De Lima Jesurun y H. De Lima Jesurun se notificaron del Auto 06-JE-2017 de 19 de enero de 2017, que modificó el Auto 78/JE-07 de 4 de mayo de 2007 de 4 de mayo de 2007, lo que trajo como consecuencia la interrupción de la prescripción, han transcurrido más de los cinco (5) años que establece el artículo 96 de la ley 106 de 1973, para que opere la prescripción de las obligaciones municipales, por lo que a la entidad ejecutante le ha prescrito el derecho de cobrar la deuda correspondiente entre marzo de 1996 a enero de 2012 manteniéndose vigente las deudas de aseo a partir del mes de febrero de 2012 en adelante.

  4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

    Conocidas las posiciones de las partes involucradas en la presente incidencia, la Sala procede a resolverla, previo a las siguientes apreciaciones.

    El expediente de ejecución revela de fojas 14 a 16, la Resolución de Condena N° 60-82 de 19 de noviembre de 1982, emitida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, por medio de la cual se ordena la condena y posterior demolición del inmueble No. 55, ubicado en calle 2ª. del Corregimiento de Pueblo Nuevo, propiedad de Iradia de De Lima, construido sobre la finca No. 20,637, inscrita al folio 488, del tomo 491, de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá; y comunica a los arrendatarios del mencionado inmueble que deberán desalojar en el término de cuarenta y cinco (45) días contados cinco (5) días después de la notificación de esta resolución.

    Cabe destacar que la finca 20,637, inscrita en el Registro Público de Panamá al folio 488, del tomo 491, de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá; según las constancias registrales adjuntas al expediente se desprende que la señora Iradia de De Lima fungía como la propietaria de la finca, hasta el momento en que la misma, a través de la figura de la donación realiza un traspaso a los actuales propietarios, quienes son los señores H. De Lima y M.B. De Lima.

    Sin menoscabo de lo anterior, consta a foja 22 del expediente ejecutivo el reconocimiento de cuenta fechado de 4 de mayo de 2007, emitido por la Dirección Municipal de Aseo de Panamá contra la señora I.J. De Lima, por la suma de B/.17,855.41, según la certificación de cuenta, en concepto de tasa de aseo morosa de plazo vencido que adeuda.

    Asimismo, observamos, a foja 28 del expediente ejecutivo, el auto que libra mandamiento de pago de fecha 4 de mayo de 2007, contra la señora I.J. De Lima, por la suma de B/. 17,855.41, que comprende el capital adeudado más el 10 % de recargo establecido por ley, monto que se suma a la obligación exigida en concepto de tasa de aseo dejadas de pagar a la Dirección Municipal de Aseo Urbano y D., más el incremento del pago de la tarifa que no se haya cancelado, a partir del último estado de cuenta emitido; sin perjuicio de los gastos de cobranza coactiva que se produzcan hasta la cancelación de la deuda.

    Seguidamente, mediante el Auto de Secuestro No. 132/JE/07 de 7 de mayo de 2007, la Dirección Municipal de Aseo Urbano y D., decretó formal secuestro a su favor y en contra de la señora I.J. de Lima, sobre la finca N°20637, por la suma arriba señalada.

    En este punto, es necesario advertir que, el Auto de 4 de mayo de 2007, fue modificado por medio del Auto N°06/JE/2017 de 19 de enero de 2017, en cuanto al monto adeudado a la Autoridad de Aseo Urbano y D., el cual asciende a la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON 69/100 (30,052.69), en concepto de recolección de desechos, contra los señores H.J. De Lima y M.B. De Lima Jesurun, con número de clientes NIC 272776, actuales propietarios de la finca N° 20637, tomo 491, folio 488, Sección de la Propiedad, provincia de Panamá, quienes son los beneficiados con la prestación del servicio de la recolección de desechos.

    Debemos señalar que, la obligación que se pretende enervar con la presentación de las excepciones bajo examen, tiene su génesis en el incumplimiento de pago del servicio de recolección de residuos, el cual es manejado en la actualidad por la Autoridad de Aseo y Urbano y D., como autoridad autónoma cuya finalidad es la de garantizar la protección de la salud pública; servicio que previamente fue administrado por los Municipios en la Región Metropolitana.

    En este aspecto, al adentrarnos en el análisis de la excepción de cobro de indebido promovida por la parte actora, debemos manifestar que no le es aplicable al presente caso la normativa contenida en la ley número 18 de 30 de enero de 1961, ya que la misma no contempla el servicio de la recolección de los residuos como parte de los servicios exonerados de pago.

    De igual forma, cabe manifestar que la anulación del cargo de tasa de aseo, sobre la finca No. 20657, contemplado en la Resolución No. 14 de 21 de marzo de 1983, con la transferencia del servicio a la esfera Municipal y su desvinculación total de dicha autoridad, y los estados de cuenta emitidos en contra de los propietarios del inmueble en mención, desde el año 1996, coincidimos con la opinión de la Procuraduría de la Administración, en que no se logra acreditar que dicha resolución se encuentre en firme y ejecutoriada.

    Aunado a lo anterior, es preciso indicar que las certificaciones de deuda que se aportan al expediente ejecutivo, prestan mérito ejecutivo según lo establece el artículo 1779 en el numeral 2 del Código Judicial, que a la letra dispone:

    Artículo 1779: Prestan mérito ejecutivo:

    1…

    2. Las copias de los reconocimientos y estados de cuenta a cargo de los deudores por créditos a favor del Tesoro Nacional, de los Municipios, de las Instituciones Autónomas, S. y demás entidades públicas del Estado.

    3...

    En base a lo anterior y en virtud, de que el Juzgado Ejecutor de la Autoridad de Aseo Urbano y D., tiene la facultad para ejercer la jurisdicción coactiva, según el artículo 21 de la ley 51 de 2010, orgánica de la institución, estimamos que la excepción de cobro indebido de la obligación, carece de asidero jurídico y así debe ser declarado.

    Por otro lado, una vez el Tribunal se adentra en el examen de la excepción de prescripción propuesta, observa que las cuotas en las que se fundamenta el proceso ejecutivo, corresponden del mes de marzo de 1996 a marzo de 2009, hasta la concurrencia de VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 41/100 (B/.20,055.41), monto que ascendió a TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON 69/100 (30,052.69), con la emisión del Auto N°06/JE/2017 de 19 de enero de 2017, que modifica el Auto N°78/JE/07 de 4 de mayo de 2007, en cuanto al monto adeudado a la Autoridad de Aseo Urbano y D..

    En este punto, debemos aclarar que siendo que la administración de la recolección de los residuos, estaba a cargo de la esfera Municipal, de acuerdo con la la ley 41 de 1999, por medio de cual se transfieren los servicios relacionados con el aseo urbano domiciliario en el región metropolitana a los Municipios de Panamá, San Miguelito y C., hasta el momento de la promulgación de la ley la ley 51 de 2010, en materia de prescripción de las obligaciones municipales, es aplicable el artículo 96 de la ley 106 de 1973, sobre el Régimen Municipal, que decreta que la prescripción para el pago de impuestos municipales es de cinco (5) años, contados desde que se causa la obligación.

    En este mismo sentido, vemos que tanto el artículo 669 del Código Judicial como el artículo 1649-A del Código de Comercio, regulan lo relativo a la interrupción del término de prescripción, y disponen lo siguiente:

    Artículo 669. La presentación de la demanda interrumpirá el término para la prescripción de cualquier pretensión, que se intente, siempre que antes de vencerse el término de la prescripción se haya notificado la demanda, o se haya publicado en un periódico de circulación nacional diaria o en la Gaceta Oficial un edicto emplazatorio o un certificado del Secretario del Juzgado respectivo en el cual se haga constar dicha presentación.

    Artículo 1649-A. La prescripción se interrumpirá por la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

    Se considera la prescripción como no interrumpida por la demanda si el actor desistiere de ella, o fuese desestimada, o caducara la instancia.

    Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de renovación desde la fecha de nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que este hubiere vencido.

    De las constancias procesales se observa que, la parte excepcionante ha realizado varias gestiones dentro del expediente que, han interrumpido la prescripción de la obligación en reiteradas ocasiones, desde el 7 de agosto de 2007, en que presenta poder para ser representados dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que se le adelanta, promoviendo seguidamente un incidente de excepciones el día 12 de agosto de 2008 y realizando otras acciones, hasta notificarse del Auto N °06/JE/2017 de 19 de enero de 2017, el día 27 de enero de 2017, por medio de sus apoderados judiciales. (Cfr. fojas 131, 132, 136, 146, 167, 168, 174 y 201 a 203 del expediente ejecutivo),

    Así las cosas, debemos resaltar que la obligación era del conocimiento de los apoderados judiciales de los ejecutados, que en un inicio era la señora I.J. De Lima hasta que se constituyeron en deudores M. de Lima de L. y H. De Lima Jesurun, las obligaciones que se hayan ocasionado en concepto de tasas de aseo, desde el mes de marzo de 1996 al mes de agosto de 2007, se encuentran prescritas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 96 de la ley 106 de 1973. Sin embargo, en atención a las actuaciones procesales de los excepcionantes, las obligaciones que se hayan causado a partir de septiembre de 2007 a la fecha, se encuentran vigentes y son exigibles.

    En mérito de lo expresado, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción incoada en lo referente a las tasas de aseo causadas desde el mes de marzo de 1996 al mes de agosto de 2007, manteniéndose las que se hayan causado a partir de dicha fecha; y, DECLARA NO PROBADA la excepción de cobro de lo indebido, ambas excepciones presentadas por la firma R.R. & Asociados, actuando en representación de M. de Lima de L. y H. De Lima Jesurun, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Autoridad de Aseo Urbano y D., a los señores M.B. De Lima Jesurun y H. De Lima Jesurun.

    N.;

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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