Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Marzo de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución11 de Marzo de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado R.N.R., quien actúa en representación de I.M., S., ha interpuesto excepción de prescripción, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Admitida la excepción propuesta, por medio de la resolución de 7 de mayo de 2018, se ordenó correrle traslado a la ejecutante y a la Procuraduría de la Administración. De igual manera, se ordenó suspender el remate.

  1. ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE.

    El apoderado judicial de I.M., S. fundamenta su pretensión en los siguientes puntos:

    Que el Juez Ejecutor de la Autoridad de la Región Interoceánica promueve juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva contra I.M., S., y libró mandamiento de pago ejecutivo en su contra el día 26 de febrero de 2000.

    Que el documento que prestó mérito ejecutivo lo conforma la certificación de morosidad expedida por el Departamento de Recaudación de la Autoridad de la Región Interoceánica, en la que se hace constar que I.M., S., adeuda la suma de Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Balboas con 34/100 (B/.8,886.34), al mes de febrero de 2000.

    Que en las constancias procesales no existe ningún intento formal o escrito, donde conste la iniciativa de la ejecutante por tratar de cobrar los saldos adeudados por el incumplimiento de pago de canon de arrendamiento adquirido mediante contrato, salvo el auto que libra mandamiento de pago, el cual supuestamente se diligenció al notificarse el día 6 de junio de 2000, no obstante, el señor M.A.S.G. jamás realizó dicha diligencia y su firma no es la que consta en el documento referido.

    Que el señor M.A.S.G., realiza una declaración extrajudicial ante notario, con el fin de demostrar que el documento de notificación del auto que libra mandamiento de pago ha sido falsificado.

    Que según nuestra normativa legal en materia fiscal, el numeral 2 del artículo 1073, los créditos a favor del Tesoro Nacional prescriben en un plazo general de quince (15) años, contados a partir de la fecha de la infracción o desde que se causaron los gastos, y que esa fecha sería en este caso para el mes de febrero de 2000, transcurriendo más de dieciocho (18) años hasta la fecha en que se libró el mandamiento de pago.

    Que tomando en cuanto que tampoco se ha interrumpido la prescripción en este caso, ya que no se configuran los supuestos establecidos en el artículo 1649-A del Código Comercio, considera que ha transcurrido en exceso el término de quince (15) años que tenía la Autoridad Marítima para ejercitar la acción en contra de la empresa I.M., S., por lo que debe declararse extinguida la obligación.

  2. LA ENTIDAD EJECUTANTE.

    Si bien es cierto, se observa a foja 18 del expediente, que se le corrió traslado a la entidad ejecutante, sin embargo, la misma no hace uso del término otorgado por la ley para contestar la excepción, objeto del presente análisis.

  3. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    En su Vista Número 979 de 17 de agosto de 2018, el P. de la Administración, al analizar la controversia propuesta ante esta Superioridad, solicita se sirva declarar no viable por extemporánea la excepción de prescripción incoada.

    Señala que, si bien el apoderado judicial de la empresa I.M., S., mantiene que se ha falsificado la firma del su representante legal, el señor M.A.S.G. en el acto de notificación del Auto de 26 de febrero de 2000, emitido por el Juzgado Primero Ejecutor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que libra mandamiento en contra dicha empresa, no obstante, no aporta documentación que lo corrobore, por lo que basándose en la información aportada por la entidad ejecutante, la acción bajo examen resulta extemporánea, al no haberse presentado la excepción incoada dentro del término de los ocho (8) días que establece el artículo 1682 del Código Judicial.

  4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

    Conocidas las posiciones de las partes involucradas en la presente incidencia, la Sala procede a resolverla, previo a las siguientes consideraciones.

    Inicialmente, se observa que mediante el contrato de arrendamiento 145-97 de 29 de agosto de 1997, la Autoridad de la Región Interoceánica y la sociedad I.M., S., cuyo representante legal es el señor M.A.S.G., suscribieron contrato sobre el bien inmueble, propiedad del Estado, tipo lote de terreno de dos mil diez metros cuadrados (2,010 mt2) y el edificio 490 en la comunidad de Curundú, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá, el cual solo podrá ser utilizado para desarrollar actividades comerciales y de industria liviana relacionada a la venta y preparación de muebles y equipos de oficina, por el término de tres (3) años a partir de su perfeccionamiento, por la suma mensual de Setecientos Cincuenta Balboas (B/.750.00), con un incremento anual de dos por ciento (2%).

    Cabe destacar que, mediante Certificación de Morosidad, el Jefe de Recaudación Encargado de la Sección de Recaudación, Dirección de Finanzas de la Autoridad de la Región Interoceánica, certificó que la empresa I.M., S., concesionaria por medio del contrato No.145-97, sobre un terreno propiedad del Estado, ubicado en la comunidad de Curundú, Corregimiento de Ancón, con un canon mensual de Setecientos Ochenta Balboas con 30/100 (B/.780.30), presenta una morosidad de Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis Balboas con 34/100 (B/.8,686.34), al 25 de febrero de 2000. (Cfr foja 27 del expediente ejecutivo).

    En razón del incumplimiento de pago, el Juzgado Ejecutor de la Autoridad de la Región Interoceánica, el día 26 de febrero de 2000 dicta Auto que libra mandamiento de pago contra I.M., S., por la cuantía de Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis Balboas con 34/100 (B/.8,686.34), a que asciende la deuda liquida y exigible de plazo vencido de los arrendamientos del edificio No. 490 en Albrook, otorgado mediante contrato de arrendamiento No.145-97 de 29 de agosto de 1997, dejados de pagar a la Autoridad de la Región Interoceánica en su condición de Administradora de los Bienes Revertidos, más los gastos de cobranza coactiva fijados de forma correspondiente.

    Seguidamente, a través de la diligencia de notificación del auto que libra mandamiento de pago, la autoridad ejecutante señala que “…siendo la una (1:00) de la tarde de hoy seis (6) de junio de dos mil (2000), se apersonó a las oficinas del Juzgado Ejecutor de la Autoridad de la Región Interoceánica, el señor M.A.S. GUILLEN…”, actuando en su condición de representante legal de la sociedad I.M., S., a fin de notificarse del Auto que libra mandamiento de pago de 26 de enero de 2000, dictado dentro del proceso ejecutivo que nos ocupa, cuya cuantía al momento del la diligencia mencionada asciende en su totalidad a la suma de Once Mil Ochenta y Nueva Balboas con 68/100 (B/.11,089.68).

    En dicha diligencia de notificación, aduce la Autoridad Interoceánica que el señor M.A.S.G. expresó estar de acuerdo con la deuda con la autoridad, no obstante, manifestó no poder cancelarla al contado y solicitó que se acreditara a dicha morosidad la suma aproximada de Dos Mil Seiscientos Balboas (B/.2,600.00), que el Banco del Istmo le mantiene retenida a órdenes de la propia Autoridad Interoceánica; y propone realizar un arreglo de pago, el cual es aceptado entre otras acciones por la institución, mediante el Auto No.097-00 de 9 de junio de 2000.

    En este punto, es de lugar manifestar que la el señor M.A.S.G. aduce desconocer el contenido del documento identificado como la diligencia de notificación del auto que libra mandamiento de pago, dictado por el Juzgado Ejecutor de la Autoridad de la Región Interoceánica, el día 6 de junio de 2000, y alega que no compareció ante la entidad ejecutante para notificarse, por lo que la firma estampada en dicho documento a foja 53 del expediente ejecutivo no es suya, lo que pretende probar con una declaración jurada ante notario público.

    En este aspecto, es importante aclarar que el acto administrativo en que se señala que el señor M.A.S.G. se apersonó a la Autoridad de la Región Interoceánica a fin de reconocer la deuda y proponer un arreglo de pago de la obligación, no consta que haya sido invalidado en ninguna parte, por lo que goza de presunción de legalidad.

    Esta presunción de legalidad es mantenida por el acto administrativo, a menos que el mismo se muestre un vicio notorio o evidente. Sin embargo, de no ser este el caso, se desplaza al administrado la carga de accionar con los medios de prueba suficientes que logren desacreditar la presunta legalidad del acto, o lo que viene a ser lo mismo, demuestre su ilegalidad.

    Cabe agregar que, los señalamientos vertidos por la parte recurrente, en cuanto a que alude en sus argumentos que se ha falsificado un documento público, en cuyo caso la vía apropiada para acreditar estas actuaciones sería ante la jurisdicción penal, la cual podría determinar si se ha constituido dicho acto delictivo.

    Una vez aclarado lo anterior, se desprende que las actuaciones procesales que el señor M.A.S.G. se apersonó a la autoridad con el fin de reconocer la deuda que mantiene ante la misma, el día 6 de junio de 2000 e igualmente propone un arreglo de pago, interrumpiendo el término de prescripción con dicha gestión; y promovió la excepción de prescripción que nos ocupa, el día 3 de abril de 2018.

    En este sentido, vemos que el Código Judicial en el artículo 1649-A, regula lo relativo a la interrupción del término de prescripción. Dicha disposición legal establece lo siguiente:

    Artículo 1649-A. La prescripción se interrumpirá por la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

    Se considera la prescripción como no interrumpida por la demanda si el actor desistiere de ella, o fuese desestimada, o caducara la instancia.

    Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de renovación desde la fecha de nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que este hubiere vencido.

    (lo resaltado es de esta Sala).

    En base a lo anterior, debemos señalar que de las propias constancias que se contienen dentro del expediente se desprende que la notificación del auto ejecutivo que libra mandamiento de pago contra el señor M.A.S.G., se verificó a través de la conducta concluyente contemplada en el artículo 1021 del Código Judicial, al mostrarse conocedor del proceso ejecutivo que le sigue la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas. La norma en comento es del tenor siguiente:

    "Artículo 1021: Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal ..."

    En adición a ello, al interrumpirse la prescripción de la obligación el día 6 de junio de 2000, con la diligencia de notificación del auto que libra mandamiento de pago, el accionante tenía un término de ocho (8) días después de realizada dicha notificación para interponer la excepción que estimare correspondiente, y no es hasta el 3 de abril 2018, que presenta la excepción de prescripción que nos ocupa.

    En este sentido el artículo 1682 del Código Judicial, establece que "el ejecutado puede proponer las excepciones que crea que le favorezcan dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo." (el resaltado es de la Sala).

    En base a todo lo expuesto, y considerando que se comprueba lo señalado por el señor P. de la Administración, en cuanto a la extemporaneidad de la acción esta Superioridad deberá declarar no viable la presente excepción incoada, de conformidad con el artículo antes transcrito.

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la excepción de prescripción promovida por el licenciado R.N.R., quien actúa en representación de la sociedad I.M., S., dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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