Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Marzo de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución11 de Marzo de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La licenciada O.M.Q., actuando en nombre y representación de C.A.C.Q., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (en adelante IFARHU), a C.S.C.P., S.S.P. de C. y C.A.C.Q..

Admitida la excepción propuesta, por medio de la resolución de 12 de octubre de 2018, se ordenó correrle traslado al ejecutante y a la Procuraduría de la Administración. De igual manera, se ordenó suspender el remate.

  1. ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE.

    El apoderado judicial del excepcionante fundamenta su pretensión en los siguientes puntos:

    Que el 10 de abril de 1987 el IFARHU y C.S.C.P., como prestataria y representada por S.S.P. de C., quien también funge como codeudora junto a C.A.C.Q., suscribieron contrato de préstamo educativo No.28022 mediante Resolución No. 47 de 25 de marzo de 1987, correspondiente al Programa de Seguro Educativo, para estudiar la carrera licenciatura en finanzas en la Universidad Santa María La Antigua, a partir de abril de 1987, por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS BALBOAS (B/.11,400.00), durante cuatro (4) años y nueve (9) meses, es decir diecinueve (19) trimestres.

    Que C.S.C.P. asistió a las clases en la USMA en el año 1987, 1988 y meses del año 1989, época en la que el país estaba revuelto producto de la dictadura militar del General M.A.N., motivo por el cual dicha Universidad se vio obligada a cerrar temporalmente.

    Que en 1990 S.S.P. de C., madre de la prestataria, C.S.C.P., se ganó una visa de residente en la lotería de visa de residente de los Estados Unidos de América, la cual incluía a toda su familia, es decir, esposo e hijos.

    Que en el año 1990 la familia C.P. se trasladó a vivir permanentemente a los Estados Unidos, dejando atrás la situación de peligro en que se encontraba el país, lo cual es un hecho público y notorio, en donde estima que no se respetaban los derechos constitucionales, y el país se había convertido en un caos.

    Que desde que se le otorgó el préstamo en abril de 1987 a la fecha en que se hizo efectiva la notificación, el 10 de septiembre de 2018, han transcurrido treinta y un (31) años y cuatro (4) meses, por lo cual es claro y evidente que se conforma la figura de prescripción, tal cual lo establece el artículo 29 de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, al haber transcurrido más de quince (15) años desde que se hizo exigible la obligación contraída.

    Que dentro del expediente no se encuentra ninguna pieza procesal que acredite que la prescripción se haya interrumpido.

    Que por las consideraciones señaladas, solicita que se declare probada la excepción de prescripción interpuesta y se levante el secuestro decretado mediante el Auto No.1327 de 3 de agosto de 2018, por el Juzgado Ejecutor del IFARHU, al señor C.A.C.Q., con cédula de identidad personal No. 3-68-39.

  2. LA ENTIDAD EJECUTANTE.

    Si bien es cierto, se observa a foja 12 del expediente, que se le corrió traslado a la entidad ejecutante, sin embargo, la misma no hace uso del término otorgado por la ley para contestar la excepción, objeto del presente análisis.

  3. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    En su V.N. 1977 de 20 de diciembre de 2018, el Procurador de la Administración, al analizar la controversia propuesta ante esta Superioridad, solicita se sirva declarar probada la excepción promovida por el apoderado judicial del señor C.A.C.Q..

    Inicialmente señala que, los ejecutados en este negocio jurídicos no fueron notificados personalmente del Auto que libra mandamiento, ya que si bien, se observa que el IFARHU emitió el edicto emplazatorio número 4 de 27 de febrero de 1997, que fue publicado durante tres (3) días consecutivos, en un diario de la localidad, no obstante, no consta que se haya designado al respectivo defensor de ausente para que se cumplieran con los presupuestos legales para notificarse del auto ejecutivo. Razón por la cual, no se configura la notificación hasta el momento en que el ejecutado C.A.C.Q. presenta poder especial nombrando a un abogado para que lo represente dentro del proceso ejecutivo que le sigue el IFARHU, quien solicita copia del expediente, el día 10 de septiembre de 2018, lo cual constituye una notificación por conducta concluyente.

    Manifiesta que, la entidad ejecutante no realizó ningún pago, por lo que, si la fecha del contrato fue 25 de marzo de 1987, la obligación se hizo exigible luego de transcurrido tres (3) meses siguientes, es decir, a partir del 25 de junio de 1987 la facultad de exigir el pago de la deuda por parte de la ejecutante se debe computar desde esa fecha hasta el 10 de septiembre de 2018, que es en la que se entiende notificado por conducta concluyente del Auto Ejecutivo 1077 de 6 de noviembre de 1996, a través del cual la institución acreedora libró mandamiento de pago.

    Ante el escenario anterior, podemos colegir que han transcurrido más de los quince (15) años que contempla el artículo 29 de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, Orgánica del IFARHU, desde que se hizo exigible la obligación educativa.

  4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

    Conocidas las posiciones de las partes involucradas en la presente incidencia, la Sala procede a resolverla, previo a las siguientes consideraciones.

    Mediante contrato de préstamo educativo identificado con el número 28022 de 25 de marzo de 1987, contenido en la Resolución No.47 de 25 de marzo de 1987, el IFARHU y la señora C.S.C.P., como prestataria, representada por S.S.P. de C., que también funge como codeudora con el señor C.A.C.Q., por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS BALBOAS (B/.11,400.00), para que la prestataria realizara estudios de licenciatura en finanzas en la Universidad Santa María la Antigua, a partir de abril de 1987 y por un término de cuatro (4) años y nueve (9) meses, garantizado por un documento negociable, que en este caso es un pagaré. (Cfr. fojas 2 a 6 del expediente ejecutivo).

    El IFARHU, mediante Auto Nº 1077 de 6 de noviembre de 1996, libra mandamiento de pago ejecutivo contra la señora C.S.C.P., S.S.P. de C. y C.A.C.Q., por la suma de SEIS MIL VEINTE BALBOAS CON 19/100 (B/.6,020.19), en concepto de capital, intereses vencidos, seguro de vida, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos que se produzcan hasta la fecha de su cancelación total. Seguidamente decretó secuestro sobre los bienes de los mencionados, por la misma suma, mediante el Auto Nº 1078 de 6 de noviembre de 1996, el cual fue posteriormente modificado por el Auto No. 1327 de 3 de agosto de 2018, en el que se decreta el secuestro sobre el vehículo marca Ford, modelo freestar, tipo van, año 2005, número de placa única AC7510, motor No. 2FMZA52215BA33817; registrado en el Municipio de Panamá, cuyo propietario es el señor C.A.C.Q., con cédula de identidad personal No. 3-68-39, hasta la concurrencia provisional de NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE BALBOAS CON 40/100 (B/.9,411.40), más las sumas que se causen por efecto de la venta judicial; comunicado al Municipio de Panamá y al Registro Único Vehicular respectivamente.

    De las constancias procesales, se observa que ante la imposibilidad de localizar a los ejecutados, la entidad emite el Edicto Emplazatorio N°4 de 27 de febrero de 1997, para que comparecieran al proceso ya sea por si mismos o por medio de apoderado especial de su libre elección, publicado en el periódico la critica por tres (3) días consecutivos, del 10 al 13 de marzo de 1997, sin embargo, luego de ello no consta que se haya nombrado a un defensor de ausente para que luego de tomar posesión del cargo, siguiera con los trámites procesales correspondientes y se notificara en representación de cada uno de los ejecutados de este proceso, por lo que no se cumple con los presupuestos legales para tenerse como notificados.

    Una vez aclarado lo anterior, es importante destacar que aunque no existe constancia de alguna gestión de la autoridad ejecutante de perseguir el cobro de la obligación, luego de la emisión de del auto que libra mandamiento de pago, ni actuación de la parte excepcionante, sino hasta el 10 de septiembre de 2018, que se notifica por conducta concluyente al otorgar poder especial a su apoderada judicial para que lo representara en este proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el IFARHU, la cual a su vez solicita copia del expediente ejecutivo, dándose por notificada del auto que libra mandamiento en dictado en su contra, a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo 1021 del Código Judicial. La norma en comento es del tenor siguiente:

    Artículo 1021. Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal.

    El apoderado que deseara examinar un expediente y tuviera pendiente alguna notificación personal que directamente le atañe a él mismo, deberá previamente notificarse de la respectiva resolución. En este caso, el secretario le requerirá que se notifique y si no lo hiciere dejará constancia de ello, en el expediente, con expresión de la resolución pendiente de notificación y procederá a hacerla por edicto en los estrados del tribunal.

    El mismo procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado rehúya una notificación personal sobre la cual le haya hecho requerimiento el secretario.

    En este aspecto, debemos señalar que el artículo 29 de la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965, reformada mediante la Ley No. 45 de 1978, Orgánica del IFARHU, preceptúa que las obligaciones que surjan de los actos y contratos del Instituto prescribirán a los quince (15) años, contados desde la fecha en que la obligación sea exigible.

    Revisado el expediente ejecutivo, se observa que la obligación se hizo exigible a partir del 25 de junio de 1987, interrumpiéndose el término de prescripción de la deuda con la presentación del poder especial de abogado y solicitud de copias dentro del proceso ejecutivo el 10 de septiembre de 2018.

    Lo anterior implica que, el derecho del IFARHU, para cobrar su acreencia a los señores C.S.C.P., S.S.P. de C. y C.A.C.Q., se encontraba prescrito desde el mes de junio de 2002, por lo cual, esta Corporación de Justicia coincide con el criterio mantenido por la Procuraduría de la Administración, en cuanto a que se ha perfeccionado, en exceso, el término para que se extinguiese la obligación, conforme lo estipulado en el artículo 29 de la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965, reformada mediante la Ley No. 45 de 1978, Orgánica del IFARHU, el cual establece que dicho término es de quince (15) años.

    En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por la O.M.Q., actuando en nombre y representación de C.A.C.Q., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (en adelante IFARHU), a C.S.C.P., S.S.P. de C. y C.A.C.Q.; y en consecuencia, ORDENA el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en contra del señor C.A.C.Q. a través del Auto No. 1327 de 3 de agosto de 2018, en el que se decreta el secuestro sobre el vehículo marca Ford, modelo freestar, tipo van, año 2005, número de placa única AC7510, motor No. 2FMZA52215BA33817, cuyo propietario es el señor C.A.C.Q., con cédula de identidad personal No. 3-68-39, y cualquier otra medida cautelar o ejecutiva aplicada en su contra, que guarde relación con este negocio jurídico.

    N.;

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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