Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 2019
| Ponente | Efrén Cecilio Tello Cubilla |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2019 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente: Efrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha: 12 de julio de 2019
Materia: Juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva
Incidente
Expediente: 567-10 A
VISTOS:
Pendiente de admisibilidad se encuentra el incidente de desacato interpuesto por el Licenciado C.M.S., en nombre y representación de la sociedad OCEAN POLLUTION CONTROL, S.A., (OPC), contra el Administrador de la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ (AMP), por incumplimiento de la Sentencia fechada 28 de diciembre de 2018, dictada por este Tribunal dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta para que se declare nula, por ilegal, la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OPC; su acto confirmatorio; la negativa tácita, por silencio administrativo, en la cual incurrió la referida entidad pública al no resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha orden verbal; y para que se hagan otras declaraciones (fs. 2-11 del cuadernillo).
Entre otros hechos, señala la parte actora que mediante Sentencia fechada 28 de diciembre de 2018, la S. Tercera declaró ilegal la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OPC, resolución judicial cuya copia autenticada fue remitida a la AMP; que luego que el Administrador de la AMP es notificado de esta decisión, OPC, por conducto de su abogado, interpuso ante la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas de la AMP dos solicitudes, una para que se le renovara el permiso de ocupación del área donde se había construido el Terminal Marítimo de Servicios y otra para que se le diera impulso al refrendo del respectivo contrato de concesión, ya que este último trámite había sido suspendido por la AMP, sin más causa aparente, que el desalojo ordenado (fs. 4-5 del cuadernillo).
Continúa indicando la parte actora, que solicitaron a la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas de la AMP que les certificara si las solicitudes para la renovación del permiso provisional de ocupación y de continuación del trámite para el refrendo del contrato de concesión, habían sido resueltas; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción en estudio no habían recibido respuesta (f. 5 del cuadernillo).
Por otra parte, en cuanto a los alcances que, a su juicio, tiene la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, alega lo siguiente:
"QUINTO: (...) la nulidad surte efectos hacia el pasado, es decir que, la situación jurídica afectada por el acto administrativo anulado por ilegal, se retrotrae a la condición o circunstancias en que se encontraba justo antes de ser afectada por el acto anulado. Esto significa que, declarado ilegal el desalojo ejecutado contra OPC, lo correspondiente conforme a derecho, es que a ésta le sea restituida la ocupación que ejercía sobre el predio donde construyó el terminal marítimo de servicios, sin tener que cumplir nuevamente con los requisitos de ley como la aprobación del estudio de impacto ambiental, actualizar el cronograma de inversión y pagar la tasa de inspección, puesto que ya todo ello se presentó con la solicitud del permiso de ocupación que dio lugar a la Resolución ADM-P No. 043-2008 de 2 de abril de 2008, que lo otorgó.
...
No obstante lo anterior, parece que la AMP ha entendido equivocadamente, que la negativa de otras pretensiones por parte de la Corte en la sentencia de marras, hacía referencia a la restitución de la ocupación del área concesionada y la continuación del trámite para el refrendo del contrato de concesión; cuando en realidad ello corresponde es a la solicitud de indemnización, que aclaró la Corte, es materia de debate en un proceso de indemnización y no en el que se ventiló.
Sin embargo, no ha tenido en cuenta la AMP que la restitución del derecho subjetivo vulnerado, es consecuencia natural e inmediata de la declaratoria de ilegalidad del acto anulado.
Por ende, al declarar la Corte ilegal el acto que privó a OPC de la ocupación del área otorgada y que sirvió de pretexto para suspender el trámite para el refrendo del contrato de concesión, el efecto de la sentencia es la restitución de la ocupación del área referida y el impulso del trámite para lograr el refrendo del contrato, que era en definitivo, una finalidad o propósito del permiso de ocupación interrumpido con el desalojo ya declarado ilegal; esto es, la restitución del derecho subjetivo agraviado..."
Es por ello que, la S. de la Corte Suprema de Justicia...remitió al Administrador de la AMP, copia auténtica de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018, que declaró ilegal el desalojo de OPC, debiendo entenderse, que ello fue para que pudiera restituirle la ocupación del predio del que fue desalojada, y continuara dicha entidad pública, el trámite para el refrendo del contrato de concesión.
...(fs. 6-8 del cuadernillo).
Por lo antes expuesto, estima la parte actora que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 135 de 1943, la AMP debió restituir los derechos vulnerados a OPC, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018, emitida por la S. Tercera; sin embargo, pese a no haber adoptado medida alguna, OPC presentó dos solicitudes formales, de las cuales la AMP sólo se ha referido a una de ellas, exigiendo el cumplimiento de requisitos que son improcedentes; situación que la lleva a concluir que "...respecto a la Sentencia de 28 de diciembre de 2018...ha incurrido en desacato, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1932 numeral 9 del Código Judicial..." (fs. 9-10 del cuadernillo).
CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR
Una vez examinado el libelo contentivo del presente incidente de desacato, el Magistrado Sustanciador procede a verificar si la acción ensayada reúne los requisitos para proceder a su admisibilidad, y en tal sentido efectúa las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 135 de 1943, las autoridades a las cuales les corresponda la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictarán, dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha en que son comunicados de dicha decisión, las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de lo resuelto.
En concordancia con lo anterior, el numeral 9 del 1932 del Código Judicial, aplicable supletoriamente en este tipo de procesos por así estipularlo el artículo 57c de la Ley 135 de 1943, dispone que son culpables de desacato, los que ejecuten hechos que contravengan directamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada, y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de ejecutar algún hecho rehúsen sin causa legal obedecer al juez.
En el marco de nuestra jurisprudencia, la S. Tercera también se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la figura jurídica del desacato, tales como los Autos de 29 de octubre de 2009 y de 13 de diciembre de 2012, cuya parte medular dice así:
Auto de 29 de octubre de 2009.
De acuerdo con los artículos 1932 y siguientes del Código Judicial, la petición de desacato constituye una iniciativa dirigida a lograr que el Tribunal de la causa sancione a quienes injustificadamente incumplen una decisión suya y particularmente, a obligar al omiso a adoptar las providencias necesarias para la pronta ejecución de esa decisión. De lo que se trata, pues, es de sancionar la conducta del individuo que no ejecuta una decisión o una orden del Tribunal.
Auto de 13 de diciembre de 2012.
"El desacato es un mecanismo que ha sido concebido con el fin de vencer la actitud contumaz o desafiante de quien está obligado a cumplir determinado pronunciamiento del tribunal, evitando que el obligado debilite, con su conducta, la firmeza de la declaración y condena proferida. Por tanto, el desacato constituye la desobediencia reiterada de cumplir con un mandato."
Visto lo anterior, tenemos que, en efecto, mediante Sentencia de 28 de diciembre de 2018, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia "...DECLARA QUE ES ILEGAL la orden verbal de desalojo ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OCEAN POLLUTION CONTROL, S.A., y NIEGA el resto de las demás pretensiones formuladas por la parte actora" (fs. 549 y su reverso del expediente principal).
Nótese que este Tribunal únicamente declaró la ilegalidad del acto administrativo impugnado, y negó el resto de las demás pretensiones formuladas por la parte actora en su demanda. Estas últimas consistían en lo siguiente:
"LO QUE SE DEMANDA.
Con la presentación de esta demanda se pretende lo siguiente:
-
(...)
-
Que SE ORDENE a la Autoridad Marítima de Panamá DAR EN CONCESIÓN la superficie de terreno que describe la Resolución ADM-P-043-2008.
-
Que SE DECLARE a la Autoridad Marítima de Panamá como la responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la decisión tomada con respecto a la sustentación del recurso de Apelación, presentado a favor de Ocean Pollution Control, S.A.
-
SE DECLARE que debe pagar a la sociedad Ocean Pollution Control, S.A., la suma de... (B/.35,000,000.00), por los daños y perjuicios causados a mi representado, la sociedad Ocean Pollution Control, S.A., por la decisión tomada y que afecta la actividad mercantil de mi mandante." (fs. 3-4 del expediente principal).
Al respecto, es conocido que cuando se trata de demandas de plena jurisdicción, la parte actora, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 43 (numeral 2), en concordancia con el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, debe solicitar en el apartado que corresponde a "lo que se demanda" no solo la declaratoria de nulidad, por ilegal, del acto administrativo impugnado, sino que también debe formular de manera explícita las prestaciones que, a su juicio, equivalgan al restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, mismas que, en el caso en estudio, son las que aparecen identificadas con los numerales 2, 3 y 4, arriba citadas, pero que, reiteramos, fueron negadas por este Tribunal en su Sentencia de 28 de diciembre de 2018.
Por consiguiente, no se trata de prestaciones que implícitamente se derivan de la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, como equivocadamente lo alega la parte querellante, sino de prestaciones que explícitamente debe solicitar la parte actora en su demanda de plena jurisdicción y a las cuales explícitamente acceda este Tribunal en su Sentencia, sobretodo, en su parte resolutiva. Sin embargo, éste no es el supuesto que se dio en la situación bajo examen, pues, como hemos visto, solamente se declaró la ilegalidad del acto acusado y se desestimaron las demás pretensiones formuladas por la parte actora en la demanda.
Ahora bien, es cierto que la AMP recibió copia autenticada de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018; sin embargo, a través de la misma no se está ordenando al Administrador de la AMP hacer o ejecutar algo, que amerite la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento de lo resuelto; por lo que mal podría dicha Autoridad estar incurriendo en desacato.
También es cierto que OPC, por intermedio de su abogado, presentó dos solicitudes ante el Administrador de la AMP, una de renovación de permiso de ocupación provisional y otra de impulso para el refrendo del contrato de concesión, ninguna de las cuales, según expresa, ha sido resuelta por dicha Autoridad. Esta omisión, a juicio de la parte querellante, se traduce en el incumplimiento de lo resuelto por este Tribunal a través de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018.
Es decir, la parte querellante ha presentado ante la AMP las mencionadas solicitudes, ya que, en su opinión, las mismas se derivan de la Sentencia de 28 de diciembre de 2015; sin embargo, quien suscribe estima que tal afirmación carece de todo sustento, porque a través de la citada resolución judicial esta S. no ordenó a la AMP que renovara a OPC el permiso de ocupación provisional, ni que gestionara lo pertinente para el refrendo por parte de la Contraloría General de la República del contrato de concesión, como equivocadamente lo quiere hacer ver la parte actora.
Además, conviene destacar que la renovación del permiso provisional de ocupación a OPC y el impulso para el refrendo del contrato de concesión, ni siquiera figura entre las pretensiones formuladas por la parte actora en su demanda de plena jurisdicción, por lo que mal podría haber accedido a ello el Tribunal en la decisión que le puso fin presente al proceso contencioso administrativo (fs. 3-4 del expediente principal).
Inclusive, los cuestionamientos hechos por la parte actora en aquella demanda y que guardan relación con el refrendo del respectivo contrato de concesión, no fueron examinados por este Tribunal por transcender del objeto de este negocio jurídico. Citemos:
"En cuanto al cuestionamiento hecho por la sociedad demandante, en el sentido que la AMP debió dar respuesta a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República al Contrato A 2011-2008 y que fueron las causas del no refrendo del mismo, este Tribunal se abstendrá de pronunciarse al respecto, ya que ello trasciende del objeto del negocio jurídico bajo examen, cual es, examinar la legalidad de la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OPC." (f. 548 del expediente principal).
Queda claro entonces que la renovación del permiso provisional de ocupación y de continuación del trámite para el refrendo del contrato de concesión, escapan del alcance de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018, mediante la cual la S. Tercera declaró nula, por ilegal, la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OPC, y negó el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora en su demanda. Por consiguiente, no tiene sentido darle trámite al presente incidente de desacato, por incumplimiento de una Sentencia que únicamente declaró la ilegalidad del acto acusado y negó cualquier otro tipo de pretensión de la parte actora.
Finalmente, en relación con la renovación del permiso provisional otorgado a OPC, vale la pena acotar que esta última interpuso ante la S. Tercera una demanda de plena jurisdicción contra la negativa tácita, por silencio administrativo, en la cual había incurrido la AMP al no dar respuesta a su solicitud de prórroga del permiso provisional de ocupación otorgado a OPC. Sin embargo, dicha acción contencioso-administrativa no fue admitida, por extemporánea, decisión que fue confirmada por el resto de los Magistrados que conforman el Tribunal mediante el Auto de 1 de marzo de 2011 (Exp. 562-10).
Por consiguiente, es evidente que la pretensión que ahora quiere ejercer OPC y que enmarca en el supuesto incumplimiento de la Sentencia de 28 de diciembre de 2018, fue objeto de una demanda de plena jurisdicción que, a la postre, no fue admitida y es distinta a la que dio origen al proceso que culminó con la Sentencia de 28 de diciembre de 2018; criterio éste que corrobora nuestra decisión de no darle curso al presente incidente de desacato.
Las deficiencias presentadas en la acción ensayada no permiten a esta S. hacer el análisis pertinente para determinar la existencia o no de conducta alguna que pudiera enmarcarse en la figura del desacato, motivo por el cual no resulta procedente darle trámite al mismo.
PARTE RESOLUTIVA
Por lo antes expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el incidente de desacato interpuesto por el Licenciado C.M.S., en nombre y representación de la sociedad OCEAN POLLUTION CONTROL, S.A., (OPC), contra el Administrador de la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ (AMP), por incumplimiento de la Sentencia fechada 28 de diciembre de 2018, dictada por este Tribunal, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta para que se declare nula, por ilegal, la orden verbal de desalojo ejecutada por la AMP el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa OPC; su acto confirmatorio; la negativa tácita, por silencio administrativo, en la cual incurrió la referida entidad pública al no resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la dicha orden verbal; y para que se hagan otras declaraciones.
N.,
EFRÉN CECILIO TELLO CUBILLA
KATIA ROSAS (Secretaria)
